La Ley 150 “Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente” fue publicada en la Gaceta Oficial este 13 de septiembre; sin embargo, había sido aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el 16 de mayo de 2022.
La legislación tiene como objetivo “proveer elementos sustantivos para la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, el Patrimonio Natural, e incorporar la dimensión ambiental en los planes de desarrollo económico y social”; además de “propiciar una mayor participación multidisciplinaria, intersectorial y ciudadana en la implementación de otras políticas vinculadas a los recursos naturales o que se relacionan con la gestión y calidad ambiental”.
Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el contenido del documento.
¿Cómo se gestionarán los recursos naturales?
La nueva Ley establece el empleo sostenible de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas (Foto: Yailín Alfaro).
El texto establece la protección de la diversidad biológica, el Patrimonio Natural y el empleo sostenible de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas. Al mismo tiempo, propone adoptar medidas que permitan conservar estos recursos de acuerdo con su capacidad de renovación, con el fin de garantizar su perdurabilidad para las generaciones futuras.
En este sentido, se crea la Lista Roja de Especies catalogadas según su endemismo, amenaza de extinción, representatividad en los ecosistemas, protección bajo acuerdos internacionales que Cuba ha firmado, así como valor ecológico, económico o de importancia para la preservación de un ecosistema determinado.
De igual forma, para la importación e introducción de especies nuevas o genéticamente modificadas en el medio ambiente se estipula la necesidad de evaluar el impacto, riesgo y posibles reacciones en las especies que habitan en el ecosistema, así como para la salud humana.
También se prohíbe la exportación de especies animales, vegetales, o de microorganismos protegidas por convenios internacionales, cuya salida del país pueda afectar la conservación de la diversidad biológica nacional; y aquellas que puedan reportar beneficios al Estado por el uso de sus recursos genéticos.
¿Qué implica el empleo de los recursos genéticos de las especies?
De acuerdo con el documento, los recursos genéticos constituyen “cualquier material de origen vegetal, animal, microbiano u otro que contengan unidades funcionales de herencia con valor real o potencial y la información secuencial genética”.
El Estado cubano posee la titularidad de estos recursos y sus derivados dentro del territorio nacional, aun si ha concedido permiso para acceder a ellos y utilizarlos. Así, las personas que realicen actividades que generen beneficios derivados de su empleo se encuentran obligadas a distribuirlos de forma justa y equitativa.
Del mismo modo, se protege el acceso a los conocimientos tradicionales sobre el uso de los recursos genéticos de las comunidades locales.
¿De qué forma se protegen los ecosistemas?
El uso y explotación de los ecosistemas terrestres debe permitir el mantenimiento de su capacidad productiva (Foto: Joyme González).
La gestión de las aguas terrestres y las cuencas hidrográficas se realiza con base en un manejo integrado que asegure que las actividades económicas y sociales se lleven a cabo con una adecuada protección, saneamiento y uso racional del agua. Debe garantizarse el equilibrio y relación con otros ecosistemas como bosques, montañas y humedales, además de evaluar la capacidad de recarga de los acuíferos.
Las normas creadas para su protección deben regular las actividades, mecanismos, acciones e instrumentos destinados a su administración y uso sostenible.
Con respecto a los ecosistemas terrestres, su uso y explotación debe permitir el mantenimiento de su capacidad productiva, pero, al mismo tiempo, garantizar el equilibrio del hábitat; evitar y corregir acciones que favorezcan la erosión, salinización y degradación de los suelos; realizar acciones de conservación, rehabilitación, regeneración y reforestación; además de aplicar enfoques de sostenibilidad.
Por su parte, las fases de investigación geológica, explotación y procesamiento en la actividad minera requieren una evaluación de impacto ambiental, la cual incluya valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos. Las personas naturales o jurídicas que realicen esta actividad adquieren la obligación de rehabilitar las áreas degradadas como resultado de sus acciones y los ecosistemas vinculados a estas.
¿Qué es la aplicación de enfoques de sostenibilidad?
El enfoque de sostenibilidad es empleado en el sector agrícola y en el sector del turismo con el fin de garantizar la preservación de los recursos naturales. En el caso de la agricultura, se implementa para mejorar la capacidad productiva y buscar la seguridad alimentaria de la población. Su puesta en práctica incluye el reciclaje, el manejo preventivo de plagas y enfermedades, la conservación de la diversidad biológica de especies productivas, el establecimiento de una política adecuada para las variedades resistentes al cambio climático, el uso racional de insumos biológicos y productos químicos para reducir al mínimo la contaminación ambiental, la preparación de los suelos con tecnologías que contrarresten la degradación; así como el uso ordenado y controlado de los organismos genéticamente modificados en los programas de desarrollo agrícola.
En cuanto al turismo, el sector debe tomar en cuenta sus impactos económicos, sociales y ambientales en el empleo de las potencialidades de los recursos naturales y de los bienes y servicios ecosistémicos. De esta forma, las instituciones encargadas del desarrollo de actividades turísticas se encuentran obligadas a establecer y controlar el cumplimiento de planes para la protección de los recursos naturales en las áreas donde se llevan a cabo actividades de este tipo. Tales planes deben establecerse con base en la mejor información científica disponible y satisfacer los requisitos y exigencias establecidos por las autoridades competentes.
¿Cómo se regula la contaminación?
Los desechos, junto al sector energético, la agricultura y la industria son responsables de la mayor cantidad de emisiones contaminantes (Foto: Periodismo de Barrio).
De 1990 a 2020 Cuba redujo sus emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) en 8,31 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt de CO2e), según datos de Climate Watch.
El año con mayor cantidad de emisiones después de 1990 fue el 2016, con 39,54 Mt de CO2e. Desde ese momento, estas han experimentado un descenso sostenido hasta alcanzar las 35,62 Mt en 2020.
Emisiones de GEI de Cuba de 1990 a 2020, en en Mt de CO2e (Elaboración propia con datos de Climate Watch).
A pesar de que el país no ha planteado una meta de reducción de emisiones en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la nueva legislación establece un Sistema de Control de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, el cual contiene información sobre las emisiones y transferencias al ambiente de sustancias químicas o contaminantes potencialmente dañinos, así como datos sobre la naturaleza, cantidad y localización de tales emisiones o transferencias, con el fin de adoptar políticas que permitan contrarrestarlos y determinar las fuentes, sectores y áreas geográficas de mayor incidencia.
Para 2020, el sector responsable de la mayor cantidad de emisiones era el energético, con un 63,55% del total, seguido por la agricultura (25,27%), los desechos (8,25%) y los procesos industriales (2,93%).
Con respecto a otras formas de contaminación, se estipula la creación de normas para los niveles sonoros permisibles, la realización de estudios e investigaciones destinadas a identificar el origen, procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones de ruido, vibraciones mecánicas y otros factores físicos, así como la adopción de medidas para su eliminación o atenuación.
¿Cuáles son las acciones destinadas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático?
La legislación plantea la necesidad de reforzar las capacidades nacionales de respuesta a los impactos adversos del fenómeno e incorporar análisis de resiliencia en la planificación territorial, con el fin de garantizar que las medidas de adaptación se enfoquen en la protección de las personas y la adopción de soluciones naturales.
En este sentido, la Isla debe fortalecer sus capacidades para enfrentar las tormentas e inundaciones, desastres con mayor incidencia en las últimas tres décadas, con 53,16% y 30,38% respectivamente.
Promedio anual de desastres naturales de 1990 a 2020 en Cuba, en porcentaje del total anual de desastres anuales (Fuente: Elaboración propia con datos de Climate Watch).
El documento también plantea la aplicación de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación para la adopción de acciones, elevar el conocimiento y la percepción de riesgo de la sociedad, así como la creación de mecanismos que proporcionen información objetiva al respecto.
De igual forma, se prohíbe la tala y se estipula la realización de acciones de rehabilitación y recuperación de los bosques de manglares, ecosistemas esenciales para la protección de las zonas costeras ante tormentas.
¿Cómo se financian las acciones para proteger el medio ambiente en Cuba?
La Ley contempla el financiamiento de proyectos destinados a la protección del medio ambiente (Foto: Jans Sosa).
La sostenibilidad financiera en el uso y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente se implementa mediante instrumentos económicos. Así, el sistema nacional de contabilidad incluye un apartado de contabilidad ambiental, el cual refleja las inversiones y los gastos corrientes empleados en soluciones ambientales.
Entre las acciones contempladas se encuentran créditos con bajas tasas de interés y plazos amplios de amortización; financiamiento total o parcial a proyectos o actividades destinados a la protección del medio ambiente, el uso sostenible de recursos naturales y el enfrentamiento al cambio climático; además de bonificaciones arancelarias en las importaciones de tecnologías limpias y para la reducción de emisiones y de ruido, equipos de poco consumo energético y destinados al monitoreo y la investigación ambiental, plantas para el tratamiento y eliminación de contaminantes, y productos biodegradables.
¿Cuáles son los principios que rigen la nueva legislación?
El documento establece el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado y el deber de protegerlo. Del mismo modo, estipula la transparencia y el acceso a la información y justicia ambiental de las personas naturales y jurídicas, además de la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones.
Para ello establece un conjunto de principios enfocados en priorizar acciones que eviten o reduzcan el daño ambiental, por ejemplo: la obligación de contar con los medios y financiamientos necesarios para la rehabilitación del medio ambiente si se ejecutó una actividad contaminante; así como la desvinculación del crecimiento económico de la degradación ambiental mediante una mayor eficiencia en el uso de los recursos y la creación de estilos de vida sostenibles.
¿Cómo se aplica la responsabilidad ante daños ambientales?
La legislación estipula la reparación de los daños ambientales a través de la rehabilitación de los ecosistemas afectados (Foto: Periodismo de Barrio).
La legislación define como daño ambiental “toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo inferido a los recursos naturales y el medio ambiente”. Este tipo de daño ocurre cuando los efectos son permanentes o a largo plazo, la recuperación excede los tres años, provoca pérdida o disminución de la capacidad del ambiente para proporcionar bienes y servicios y lesiona o puede lesionar la salud o la vida de las personas.
Si se ejerce daño ambiental se estipula la reparación del daño mediante la rehabilitación del ecosistema afectado. En caso de que esta rehabilitación no sea posible, el causante se encuentra obligado a realizar una indemnización por los perjuicios, de acuerdo con la valoración de los bienes y servicios de los ecosistemas o recursos naturales perjudicados.
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