El pasado 2 de agosto la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicaba la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba sobre la bancarización de las operaciones en la Isla. “Se trata de realizar todos los pagos de servicios, productos, y demás operaciones comerciales y financieras, mediante el uso de instrumentos de pago y canales electrónicos preferiblemente, en lugar de utilizar dinero en efectivo”, especifica el Banco Central de Cuba (BC).

Periodismo de Barrio responde varias preguntas para comprender el tema y sus implicaciones.

¿Por qué se implementó la bancarización de las operaciones?

La Resolución apunta que existe un ascenso del uso del dinero en efectivo en las transacciones económicas, lo cual ha provocado un retroceso en los niveles de bancarización e inclusión financiera. Ello, unido a los elevados costos de emisión, transportación, procesamiento y almacenamiento del efectivo, han impulsado la necesidad de incrementar el empleo de canales electrónicos de pagos, con el fin de dinamizar las finanzas de todos los actores económicos y su relación con la población.

Si bien el BC especifica que el efectivo no dejará de emplearse y los comercios podrán continuar el cobro a los clientes por esa vía, la bancarización busca crear un proceso gradual con el objetivo de minimizar su uso.

Según un artículo publicado en Bloomberg, el país presentaba en junio una inflación interanual de 44,98%, crisis de liquidez y afectaciones en la red de cajeros automáticos, debido a la falta de partes y piezas de repuesto. En este sentido, el doctor en Economía Pedro Monreal argumenta que la bancarización parece ser una solución para que el Estado no asuma el costo de la disponibilidad de la demanda de efectivo, problema que podría ser causado por la necesidad de emitir billetes de mayor denominación ante la depreciación del peso cubano (CUP), y agrega que, probablemente, el costo de impresión de los billetes de bajas denominaciones (de 1 a 50 CUP) sea mayor que el valor que poseen estos billetes.

¿A quiénes afecta la Resolución?

La Gaceta menciona que las disposiciones se aplican a empresas estatales, organizaciones superiores de dirección empresarial, unidades presupuestadas, cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, productores agropecuarios, agricultores individuales, pescadores comerciales, micro, pequeñas y medianas empresas, proyectos de desarrollo local, trabajadores por cuenta propia, artistas y creadores, las modalidades de inversión extranjera y las formas asociativas creadas al amparo de la Ley de Asociaciones.

Además, incluye a las personas naturales o jurídicas que realizan actividades comerciales y de servicios legalmente autorizadas.

¿Cuáles fueron las principales medidas adoptadas?

La bancarización implica aumentar el empleo de canales electrónicos de pago, mientras se reduce gradualmente el uso de efectivo (Foto: Periodismo de Barrio).

La Resolución cubre tres aristas: 1) límites máximos por operación, 2) depósitos, y 3) extracción de efectivo.

Con respecto a la primera, establece un límite máximo de 5.000 CUP por operación para los cobros y pagos en efectivo. Las operaciones superiores a este monto deberán realizarse por canales electrónicos de pago. Sin embargo, en esta acción no se incluyen los movimientos realizados por personas naturales, los cuales dependen de la disponibilidad que posea cada banco o cajero automático, explicó Alberto Quiñones, vicepresidente del BC.

En cuanto a los depósitos en efectivo, determina que los ingresos recibidos por los actores económicos se verán reflejados en sus cuentas el siguiente día hábil bancario a la fecha de recepción.

Por su parte, para la extracción se dispone un plazo de seis meses, en el cual pueden realizarse operaciones que superen el monto de 5.000 CUP destinadas al pago de salarios y retribuciones a trabajadores; subsidios y prestaciones de la seguridad social y de estudiantes; pensiones alimenticias y anticipos de dieta.

Las personas naturales que cuenten con tarjetas de salarios, pensiones, haberes personales y cuentas de ahorros no poseen limitaciones para retirar efectivo de los cajeros automáticos.

¿Qué alternativas posee Cuba al uso de efectivo?

Durante los últimos años han surgido en la Isla diversos canales electrónicos de pago. Actualmente se emplean las terminales de punto de venta –conocidas como POS, por sus siglas en inglés–, los cajeros automáticos, las pasarelas de pago Transfermóvil y Enzona, la banca telefónica ofrecida por los bancos y la banca remota, detalla el BC.

De 2019 a 2022, las operaciones digitales aumentaron en más de 50%, pues pasaron de representar un 11,37% del total a 63,36%, explicó Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del BC, en una Mesa Redonda. Sin embargo, señaló que el empleo de los medios de pago electrónicos aún resulta incipiente entre los actores económicos.

¿Cuáles son las principales dificultades que posee Cuba para la puesta en práctica de la bancarización?

La digitalización financiera requiere inversiones en infraestructura que permitan soportar el proceso (Foto: Periodismo de Barrio).

Los principales problemas asociados a la implementación de estas acciones se concentran en el acceso a la tecnología, la infraestructura y la seguridad de las operaciones que se realicen a través de medios electrónicos.

El Gobierno cubano ha recalcado que el proceso ocurrirá de forma gradual, en correspondencia con las condiciones económicas y tecnológicas de cada localidad. Las personas que no posean teléfonos móviles con la posibilidad de instalar aplicaciones para el uso de medios de pago electrónicos podrán usar efectivo o también el pago por tarjeta.

Por otra parte, el propio vicepresidente del BC, Alberto Quiñones, reconoció que no existen cajeros automáticos en 100 municipios del país y el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, admitió que se requieren inversiones en infraestructura que permitan soportar este proceso.

Al mismo tiempo, la digitalización crea preocupaciones en torno a las medidas que deben adoptarse para evitar robos y jaqueos. Rodríguez informaba en la Mesa Redonda que se habían creado controles rigurosos para el uso de las plataformas, los cuales incluyen mecanismos de protección y la gestión de cuentas de usuarios, transacciones y datos personales.

El economista Pedro Monreal señala que más allá de las dudas sobre la carencia de la infraestructura técnica necesaria, en Cuba no parece existir la capacidad técnica y legal para enfrentar el cibercrimen que eventualmente sobrevendría, pero algunos probables desarrollos futuros pudieran ser la instauración de sistemas biométricos de acceso y la adopción de una moneda digital centralizada.

Sin embargo, esto a su vez abre las puertas a otro tipo de preocupaciones. En gran parte de los países, los controles de seguridad de las aplicaciones de bancos y medios de pago electrónicos han debido evolucionar para poder hacer frente a nuevos tipos de delitos que surgen en el entorno digital y comprenden la autenticación de los titulares de las cuentas, mediante datos biométricos.

Monreal apunta que el posible establecimiento de este tipo de sistemas biométricos de acceso “pudiera entrañar riesgos para el derecho a la privacidad de los ciudadanos y facilitaría el control estatal sobre ellos”.

Paralelamente, agrega que la efectividad en el empleo de la digitalización financiera depende del estatus socioeconómico de los participantes y puede crear desigualdad, pues el efectivo es importante para las personas de menores ingresos dado que amortigua impactos de choques económicos y flexibiliza la satisfacción de necesidades diarias.

Hasta ahora “no se han hecho explícitas las eventuales desventajas que la marcha forzada hacia la digitalización financiera pudiera tener para sectores pobres en Cuba, ni la capacidad de estos para la inclusión digital”.

Sobre el autor

Olivia Marín Álvarez

Doctorante en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Máster en Relaciones Internacionales por la misma Universidad (2018). Graduada de Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (2012).

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