En Cuba, la corriente puede regresar a las tres de la madrugada y levantar a una casa entera: alguien debe encender la turbina antes de que baje la presión del agua; otra persona cocina, carga los teléfonos, lava la ropa o revisa qué quedó en el refrigerador. Nadie sabe cuánto durará. Tampoco cuándo volverá el agua. La rutina deja de obedecer al reloj y comienza a organizarse alrededor de una oportunidad eléctrica que puede desaparecer en cualquier momento.
Durante años, esa forma de vida se ha contado como cansancio, inventiva o capacidad de adaptación. Una investigación de Yunier Broche-Pérez y Zoylen Fernández-Fleites permite mirarla desde otra pregunta: ¿qué le ocurre a la salud mental cuando un apagón no solo deja una casa a oscuras, sino que impide realizar las tareas que sostienen la vida?
Los investigadores no utilizaron una muestra probabilística nacional, pero las 415 personas adultas encuestadas vivían en Cuba y respondieron voluntariamente un cuestionario en línea difundido en grupos de Facebook y WhatsApp, redes universitarias, espacios vinculados con necesidades básicas, grupos de migración y comunidades de interés general. La mayoría tenía educación universitaria, el 68.2% eran mujeres y el 72% residía en la región central de la isla. Estos rasgos reflejan la forma en que circuló la convocatoria, no la composición completa del país.
El estudio tampoco realizó diagnósticos, sino que se utilizó la escala DASS-21, un instrumento de autoinforme que identifica niveles de síntomas de depresión, ansiedad y estrés durante un período determinado. ¿Significa esto que sus resultados son menos preocupantes? Para nada; una aclaración metodológica no elimina la gravedad de un problema, solamente lo sitúa en un contexto. En esa muestra, el 55.4% de las personas quedó en el rango extremadamente severo de depresión, el 66% en el de ansiedad y el 65.8% en el de estrés. En ninguno de los tres dominios hubo participantes en el rango normal.
Estadísticas con contexto y subtexto
En la investigación, publicada a mediados de este año en la revista Social Science & Medicine, los autores no solo preguntaron cuántas horas duraba un apagón, sino que identificaron dos dimensiones que resultaron decisivas al no definir solamente la cantidad de tiempo en que no se tiene corriente, sino también la funcionalidad de ese tiempo. Una enunciación que pudiera parecer pueril y obvia, pero que fácilmente se pasar por alto cuando hablamos de estadísticas frías: no es solo el apagón, son las actividades, tareas y procesos que quedan suspendidos, interrumpidos hasta que se puedan retomar.
En la primera dimensión, dirigida únicamente a las condiciones específicas del apagón —su frecuencia, duración, imprevisibilidad y posibilidad de contar con una fuente alternativa—, se registró que más del 40% de los encuestados sufre apagones casi todos los días y el 20% todos los días. También se contabilizó que más del 50% especificaba que los cortes más largos de energía habían sido entre 24 y 36 o más horas. Tres cuartos de las personas encuestadas no contaban con una fuente alternativa de electricidad.
Estos datos, por sí solos, serían ya bastante preocupantes, pero con la incorporación de la segunda dimensión de la variable, operacionalizada para enfocarse en la funcionalidad del tiempo de apagón, se tornan mucho más sombríos. Más del 70% reportó dificultades para preparar o conservar alimentos, aproximadamente el 80% para trabajar o estudiar, el 69.2% para mantener la interacción social, el 90% aproximadamente para mantener su salud física, y el 93.3% para su salud mental. En el plano emocional, más del 70% refirió problemas de sueño casi siempre o siempre, cerca del 80% irritabilidad o cambios de humor y el 83% desesperanza o falta de motivación.
En las Ciencias Sociales el contexto no solo aporta un escenario que puede redefinir cualquier elemento básico dentro de una investigación, sino que la mayoría de las veces aporta matices definitorios en el análisis de una problemática o fenómeno. Es decir, no es suficiente preguntar las horas que dura un apagón y no necesariamente una cantidad de horas superior es directamente proporcional a menos necesidades básicas cubiertas: seis horas son vitales para una cirugía, un turno de trabajo nocturno o para el cuidado de una persona encamada. La hora en el reloj no contiene por sí sola el contexto social de quien la atraviesa.
Por eso, una política que solo publique horarios de apagón puede ser necesaria y aún así insuficiente. Las familias necesitan saber qué ocurrirá con el agua, los servicios de salud, el transporte, las escuelas, los medicamentos y los canales de comunicación. La previsibilidad no elimina la escasez, pero permite tomar decisiones con menos miedo y distribuir mejor los recursos limitados.
Ese resultado ayuda a corregir una costumbre del lenguaje público: tratar el apagón como un paréntesis. Para quien no puede conservar comida, bombear agua, conectarse a una consulta, estudiar, trabajar o dormir, el corte no suspende la vida. La reorganiza alrededor de la imposibilidad.
El apagón como infraestructura
El 14 de julio de 2026, Reuters reportaba el tercer colapso de la red nacional en nueve días. La agencia describió un sistema envejecido, con interrupciones frecuentes y prolongadas, que dejó sin electricidad a cerca de diez millones de personas. En mayo, barrios de La Habana habían pasado hasta 20 o 22 horas diarias sin servicio, según un reporte que citó al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy durante una comparecencia de urgencia en la Mesa Redonda, sobre la ausencia de diésel y fuel oil.
El apagón por sí solo sería suficiente para alterar la cotidianidad y la rutina que estabiliza la mayor parte de nuestra salud mental, sin embargo, el contexto aportado por la investigación demuestra que el corte eléctrico funciona como una infraestructura para la caída de una cadena de servicios básicos que facilitan el deterioro de la planificación familiar, laboral y vital en general. Cada falla multiplica las siguientes.
En marzo, también Reuters documentó filas para recibir agua de camiones cisterna en la capital. La empresa Aguas de La Habana confirmó que la falta de electricidad afectaba el bombeo y la distribución. Para una familia, el problema aparece como una cubeta, una cola y una elección: beber, cocinar, bañarse o lavar. Quien puede pagar una pipa o instalar un sistema de respaldo compra una parte de la tranquilidad. Quien no puede, pone su cuerpo y su tiempo para resolver lo que el servicio público no garantiza.
La incertidumbre también trabaja: obliga a vigilar la llave, calcular la batería del teléfono, anticipar el próximo corte, reorganizar comidas y posponer tareas. La persona que espera noticias de un familiar enfermo no sabe si el silencio se debe a la falta de cobertura, de batería o a algo peor. Quien cuida no descansa cuando vuelve la corriente: aprovecha ese momento para hacer las tareas acumuladas. Y esa carga no se reparte de manera neutral. En muchos hogares son las mujeres quienes la llevan. Las redes vecinales ayudan: alguien presta una cocina, comparte una batería o guarda un fármaco en su refrigerador. La solidaridad resuelve una urgencia, pero no reemplaza un acueducto, una farmacia abastecida, un transporte regular ni una política de cuidados.
Dos responsabilidades que no se anulan
El 29 de enero de 2026, la administración de Donald Trump declaró una emergencia respecto al gobierno de Cuba y abrió la posibilidad de imponer aranceles adicionales a países que suministraran petróleo a la isla. En junio, Estados Unidos sancionó a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET). La prensa internacional informó que esas medidas añadían obstáculos a la importación de combustible y que la presión estadounidense ya había reducido de forma drástica los suministros.
Una política que dificulta la llegada de combustible a un país dependiente de las importaciones tiene consecuencias previsibles. Llamarla “presión contra el gobierno” no impide que el costo llegue a las casas. La población no puede ser tratada como el medio para alcanzar un objetivo de política exterior.
La presión externa tampoco borra la responsabilidad interna. El deterioro de las termoeléctricas, los problemas de mantenimiento, la dependencia energética, las redes de agua averiadas y las decisiones de inversión preceden a las medidas de 2026. El Estado cubano administra los principales sistemas de electricidad, salud, agua, transporte y saneamiento. Le corresponde explicar prioridades, publicar información verificable, proteger los servicios esenciales y permitir que las personas reclamen sin miedo.
Ambas responsabilidades pueden nombrarse a la vez. Estados Unidos no puede presentar como apoyo al pueblo una política que agrava el abastecimiento de servicios básicos. El gobierno cubano no puede utilizar esa presión para ocultar sus decisiones, concentrar la información o exigir resistencia ilimitada. Cuando cada parte convierte el sufrimiento en prueba de su propio relato, la respuesta vuelve a posponerse.
Resistir no es recuperarse
La resiliencia tiene sentido cuando una persona atraviesa una emergencia y encuentra una salida. Levantarse de madrugada para cocinar, cargar los teléfonos y llenar un tanque puede ser una respuesta temporal. Repetirlo durante meses, sin saber cuándo terminará la crisis, es otra cosa: una transferencia de responsabilidades que consume tiempo, salud y esperanza.
La respuesta no puede limitarse a recomendar paciencia, respiración o pensamiento positivo mientras permanecen intactas las condiciones que producen el agotamiento. Se necesitan consultas profesionales accesibles, continuidad en los tratamientos, medicamentos seguros y accesibles, apoyo a quienes cuidan y vías de emergencia que funcionen con poca conectividad. También hacen falta horarios confiables, datos territoriales sobre las interrupciones y protección efectiva para hospitales, acueductos, ambulancias, centros de alimentación, escuelas y telecomunicaciones.
El estudio de Broche-Pérez y Fernández-Fleites reconoce sus límites: el diseño transversal no permite demostrar causalidad, los datos son autoinformados, la muestra no es representativa, y puede existir solapamiento entre algunas medidas de impacto funcional y los síntomas. Sus autores proponen estudios longitudinales, registros objetivos de los apagones y análisis diferenciados por territorio y grupo social.
Todavía no sabemos cuántas personas han abandonado un tratamiento por falta de electricidad, transporte o medicamentos. Tampoco cuántas dejaron de estudiar, trabajar o cuidar porque la rutina se volvió imposible. No existe una serie pública que conecte horas de apagón, cortes de agua, ingresos, edad, género, responsabilidades de cuidado y síntomas de salud mental en todo el país.
Sin embargo, la ausencia de esos datos no reduce el problema, expone cuánto se administra sin observar y cuánto sufrimiento permanece nombrado apenas como “cansancio”.
La mayor contribución de esta investigación no es el porcentaje que circula en redes sociales, es haber desplazado la pregunta de “cuántas horas dura el apagón” a “cuántas funciones desaparecen durante ese tiempo”. Allí la crisis deja de ser una avería técnica y entra en la casa.
El cuerpo no recibe esta crisis por capítulos. La recibe como calor, sed, hambre, insomnio, deuda, espera, una llamada que no entra y el miedo de que el hospital tampoco pueda responder. La recuperación comenzará cuando vivir no dependa de resistirlo todo.
