Poco más de 150 kilómetros separan al municipio de Güira de Melena, en Artemisa, de la Isla de la Juventud. Para Ángel Delgado y sus hijos menores de edad, recorrer esa distancia significó poner fin a siete meses sin ver a Lizandra Góngora Espinosa, recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres Los Colonos. El prolongado aislamiento familiar había sido denunciado formalmente por la organización de derechos humanos Cubalex, el 3 de agosto pasado.
El reencuentro ocurrió bajo la vigilancia de oficiales del penal y no alivió la preocupación de la familia. Lizandra apareció ante su esposo y sus hijos con el rostro y el cuerpo inflamados. La activista del Partido Republicano de Cuba, condenada a 14 años por las protestas del 11 de julio de 2021, les dijo en un susurro que las autoridades médicas le suministraban fuertes psicofármacos para mantenerla sedada y dócil.
“Nos dieron una visita de una hora. Yo la vi en malas condiciones. Estaba llorando, diciéndole cosas con incoherencia a los niños: que si ella no los volvía a ver, que la perdonaran. Ella estaba inflamada, con la cara hinchada y me dijo que era el medicamento, que le estaban dando un medicamento muy fuerte para tenerla sedada”, relató Ángel Delgado a la periodista Ivette Pacheco para Martí Noticias.
La maternidad como rehén
La violencia política en Cuba adopta formas específicas y selectivas cuando se ejerce contra mujeres disidentes. Cuando una mujer es encarcelada la represión no se limita a privarla de libertad: también puede dirigirse contra su cuerpo y contra su lugar dentro de la familia mediante presiones psicológicas que organizaciones independientes describen como formas de violencia de género institucional.
La plataforma de apoyo feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) ha denunciado de manera reiterada que la represión estatal contra las disidentes incorpora una marcada dimensión de género, y ha alertado en particular sobre el empleo de “violencia vicaria e institucional” dirigida a quebrantar a las madres mediante el acoso y la intimidación a sus hijos menores de edad.
Amnistía Internacional, por su parte, ha expuesto en sus informes de monitoreo la existencia de una “sofisticada maquinaria de control” y de prácticas de violencia de Estado dirigidas a desgastar física y psicológicamente a las defensoras de derechos humanos y a las familias de los prisioneros políticos. A estas denuncias se suman las alertas del grupo de trabajo Justicia 11J y los reportes jurídicos de Cubalex, que han documentado el agravamiento de la vulnerabilidad de las presas de conciencia, ademas de prácticas como el alejamiento geográfico de sus familias, el aislamiento y las provocaciones físicas dentro de la prisión.
En una sociedad donde las tareas de cuidado recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, una asimetría que el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) describe como una sobrecarga de supervivencia ante la falta de redes de amparo público, el hecho de que Lizandra Góngora sea madre de cinco hijos, tres de ellos menores de edad, la convierte en una persona especialmente vulnerable.
El acoso y el chantaje no comenzaron tras las rejas. Antes de su arresto definitivo, el 22 de julio de 2021, Góngora utilizaba sus redes sociales para denunciar el hambre, la escasez de alimentos y el desamparo de las familias numerosas en Cuba. De acuerdo con testimonios recogidos por Cubanet, las advertencias de la Seguridad del Estado alcanzaban también a su entorno más cercano. Entre las amenazas se incluía retirarle la patria potestad sobre sus hijos, una figura que el Código de las Familias de 2022 sustituyó por la de “responsabilidad parental”.
“No le dan derecho a hablar ni con sus hijos. Hace rato que no habla con ellos y hace casi dos meses que no los ve. Los niños están en una edad de desarrollo en la que necesitan a su madre”, había denunciado su esposo Ángel Delgado en julio de 2023 en Martí Noticias.
La distancia tiene costo de clase y de género
Para la familia de Lizandra, la Isla de la Juventud no es solo un lugar lejano, es la distancia que les impide verla y hablar con ella. El traslado a Los Colonos ocurrió después de que firmara, junto con otras prisioneras recluidas en El Guatao, una carta escrita con su propia sangre en la que exigían la liberación de los manifestantes del 11J, en respuesta a una petición humanitaria del Papa Francisco.
Las autoridades ordenaron su traslado al Establecimiento Penitenciario de Mujeres Los Colonos y este se ejecutó, sin notificar a su familia, el viernes 31 de marzo de 2023 a las 4:00 p.m., según reportó el periodista Tomás Cardoso para Martí Noticias el 2 de abril de 2023. El hecho también fue denunciado por el medio independiente ADN Cuba.
Llegar hasta la Isla de la Juventud requiere combinar transporte terrestre con barco o avión, un viaje que la familia no puede costear de manera regular. Para un padre obrero a cargo de tres menores, la falta de recursos convierte la visita en una posibilidad excepcional y limita la comunicación de los hijos con su madre.
La Ley 152/2022 de Ejecución Penal atribuye al Ministerio del Interior la facultad de determinar el establecimiento penitenciario donde una persona cumple su condena y realizar sus traslados. La legislación cubana no reconoce expresamente que las personas presas tengan derecho a permanecer cerca de su domicilio o de sus hijos; pero sí incluye la reinserción social entre los principios de la ejecución penal, y la define como un proceso en el que el Estado debe ofrecer oportunidades para reforzar o preservar los vínculos familiares.
La protección más directa de los derechos de los hijos proviene de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Cuba el 21 de agosto de 1991. Su artículo 9.3 reconoce el derecho de los menores separados de uno o ambos progenitores a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de manera regular, salvo que resulte contrario a su interés superior. El propio artículo contempla que la separación pueda originarse en la detención o el encarcelamiento de un progenitor.
En ese marco, el problema del traslado de Lizandra Góngora no consiste en que la legislación cubana reconozca un derecho expreso a cumplir condena en La Habana —no lo hace—; sino en el efecto que la decisión tuvo sobre un vínculo familiar que la Ley 152/2022 de Ejecución Penal afirma que debe preservarse y que el derecho internacional protege desde la perspectiva de los hijos.
“Ellos me han amenazado con que me pueden mandar para Guantánamo, para Pinar del Río, para otra prisión, y creo que eso es una injusticia porque mi dirección es de La Habana. Ellos hacen con nosotros, los reclusos, principalmente los presos políticos, lo que les da la gana”, denunció la activista en julio de 2023, en un mensaje de audio grabado desde su encierro y difundido por Martí Noticias.
En agosto de 2022, durante su reclusión en El Guatao, había transmitido otra declaración a través del mismo medio: “Me obligaron a abandonar a mis ‘mambisitos’, me quitaron mi vida”.
La ley frente a la práctica: siete meses para una visita de una hora
La Ley 152/2022 de Ejecución Penal reconoce también, entre los derechos de las personas privadas de libertad, el de realizar llamadas telefónicas y recibir visitas familiares. Su reglamento, aprobado mediante el Decreto-Ley 74/2023, establece periodicidades concretas para las visitas de las mujeres reclusas, que varían según su régimen y condición penitenciaria. Para aquellas sancionadas que cumplen en régimen severo o de mínima severidad, los intervalos previstos oscilan entre 15 y 35 días. Además, el artículo 45.3 dispone que las visitas familiares tienen una duración de dos horas y permite expresamente la participación de los hijos menores.
La experiencia de los hijos de Góngora ha estado muy lejos de esas disposiciones. Cubalex denunció el 3 de agosto de 2026 que habían transcurrido siete meses sin poder verla. Cinco días después, Martí Noticias relataba el reencuentro que ya hemos descrito desde la voz de Ángel Delgado: una hora bajo estricta vigilancia. La escena, además, colocó a los niños ante una experiencia para la que no parecían existir condiciones de preparación ni protección suficientes.
En una prisión separada de su hogar por el mar y un viaje que la familia apenas puede pagar, una llamada telefónica deja de ser un trámite penitenciario para convertirse en la única forma en que los niños mantienen contacto regular con su madre.
Los estándares penitenciarios internacionales, entre ellos las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok, recomiendan que las personas presas sean ubicadas, en la medida de lo posible, cerca de sus hogares y que, en el caso de las mujeres, se consideren sus responsabilidades de cuidado y las desventajas de su reclusión lejos de la familia. Además, las primeras protegen la comunicación regular de las personas presas con sus familias; mientras que las segundas establecen específicamente que las sanciones disciplinarias impuestas a mujeres no deben incluir la prohibición del contacto familiar, especialmente con sus hijos.
En el caso de Góngora, las denuncias sobre el endurecimiento de sus condiciones de encarcelamiento por su conducta y su resistencia adquieren otra dimensión cuando esas restricciones alcanzan también las posibilidades de comunicarse con sus hijos. Ella misma ha insistido, desde prisión, en que esa resistencia tiene límites que no está dispuesta a negociar.
“Quiero hacer saber al mundo entero que la llamada Justicia Penal me sancionó a catorce años de privación de libertad; yo me declaro inocente porque pensar diferente e ir en contra del régimen ilegal y corrupto que hay en nuestro país, no es un delito. Pero yo mantengo mi situación firme y mi posición también, y no les tengo miedo. Mis principios no son negociables; aunque eso me cueste, yo sé que renacerán nuevas Lizandras aún más fuertes y capaces”, sostuvo Góngora desde prisión en una declaración transmitida en agosto de 2022 y difundida por Martí Noticias.
Sus palabras muestran una resistencia sostenida desde el encierro y una maternidad marcada por la distancia. Para su familia, esa separación se traduce en viajes difíciles de costear, visitas breves y comunicaciones interrumpidas. En el caso de Lizandra Góngora, la condena no termina en la prisión: se prolonga en la distancia que separa a una madre de sus hijos.
