El 18 de junio, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunciaba un conjunto de medidas destinadas a reactivar la economía nacional y realizar transformaciones económicas y sociales durante su intervención en la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.
Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el alcance de los cambios que se implementarían en el país.
¿Cómo cambiaría la intervención del Estado en la economía cubana?
Las nuevas medidas incluyen una descentralización de las decisiones económicas en favor de mayor autonomía para las empresas estatales y el sector presupuestado. Así, se amplían las facultades del sistema empresarial estatal para que opere en condiciones similares al resto de los actores económicos; se les autoriza la aprobación de los precios mayoristas y minoristas; y se faculta a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y a las empresas para decidir sobre la creación, fusión y liquidación de empresas y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) estatales, sin depender de la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación.
Además, las entidades que participan en las cadenas de suministros tendrán acceso al mercado cambiario; las escalas salariales podrán ser negociadas con los trabajadores y el sindicato, en función de las capacidades económicas y financieras de las empresas; se permitirá que realicen inversiones y moneticen activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía y la inversión extranjera, así como transformarlas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones y que puedan comprar acciones a otras empresas.
De igual forma, se plantea reducir la cantidad de ministerios y estructuras presupuestadas del Estado, eliminar la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo en algunos sectores, implementar incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada, facultar a los empleadores para aprobar jornadas laborales reducidas, permitir el teletrabajo desde el exterior e incluir la superación en el extranjero por interés personal como causa justificada de la suspensión del cumplimiento del servicio social, con la conformidad del empleador.
También, realizar una reforma salarial en el sector, con un incremento del salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos cubanos (CUP) y la actualización en las demás escalas salariales a partir de julio, y evaluar la posibilidad de poner en práctica un incremento anual, en función de la inflación y las posibilidades del país.
¿Cuáles son los principales cambios en el sistema de planificación económica?
Marrero Cruz señaló que resulta vital transformar el sistema de planificación a partir de una transición a través de la cual el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos y le da mayor participación a las señales del mercado.
De este modo, las empresas estatales accederán de forma descentralizada a insumos, divisas, combustibles y otros recursos para su producción mediante mecanismos de mercado y se ampliarán los límites de aprobación de las inversiones.
En este contexto, se plantea una transformación digital como base de la gestión del gobierno. Las acciones incluyen crear un nodo tecnológico nacional de software y hardware e inteligencia artificial, con el fin de emplear esta última en la administración pública; aplicar un sistema de remuneración competitivo que tribute al impulso de la exportación de servicios profesionales en tecnologías digitales e inteligencia artificial; permitir la inversión extranjera en la ampliación de las capacidades de los centros de datos de Etecsa; además de autorizar al sector privado a brindar servicios de centros de datos que no alojen plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país.
Por su parte, habrá cambios en la autonomía en la gestión de los municipios, con mayores responsabilidades en la planificación del desarrollo económico, la gestión presupuestaria y la prestación de servicios; la posibilidad de exportar e importar directamente y de estimular y gestionar la Inversión Extranjera Directa (IED); la creación de fondos municipales a partir del aporte de las utilidades del sistema empresarial; el establecimiento del pago de la recogida de desechos sólidos urbanos, mediante la aplicación de tarifas diferenciadas sin subsidios y subsidiadas para los hogares; así como el reconocimiento de las asociaciones entre municipios para proyectos y servicios compartidos.
Paralelamente, si bien en la Asamblea Nacional del Poder Popular se ratificó que se mantiene la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, se introducen cambios en las formas de propiedad, al permitir la compra de acciones de empresas y propiedades estatales por parte de personas naturales y jurídicas estatales, no estatales, nacionales y extranjeras; así como reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales.
Al mismo tiempo, se amplían las posibilidades para las formas de gestión no estatal, con la autorización de la creación de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la plataforma de actores económicos, la reducción de trámites para la constitución y operación de negocios, el incremento del límite de contratación a más de 100 trabajadores en las MIPYMES, la autorización para que una persona natural pueda ser titular o poseer acciones de más de una empresa privada, y la ampliación de las formas societarias bajo las que pueden organizarse las empresas privadas.
De igual forma, se conceden derechos reales en usufructo y superficie a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios; se autorizan los depósitos de divisas en efectivo para actores no estatales y su acreditación en cuentas bancarias en la misma moneda depositada, además del derecho de extraerlo; y la reducción de la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.
¿Qué medidas se proponen para el funcionamiento de la economía?
En este ámbito se proponen acciones para modificar el funcionamiento del sistema bancario, cambiario, tributario y de seguros, la política de precios, la IED y el comercio exterior.
Como resultado, se estipula la participación del capital privado en actividades bancarias y financieras; el establecimiento de instituciones financieras privadas y de microcrédito; la eliminación de restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales; la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales sin autorización administrativa previa; la creación de entidades financieras exclusivas y especializadas en activos virtuales; la aceleración del procedimiento de automatización de los bancos y la reducción de los trámites; la conclusión del proceso de eliminación de los límites en las transferencias bancarias y en la extracción por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.
Asimismo, se plantea incorporar actores no estatales al mercado de divisas y el otorgamiento de licencia de operaciones a casas de cambio privadas, crear un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados, implementar un sistema de subasta de divisas, y realizar devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipos de cambio.
En cuanto al sistema tributario, se espera mejorar la imposición al consumo mediante la implementación gradual del impuesto sobre el valor agregado (IVA), con impositivos reducidos a productos de la canasta de bienes y servicios; establecer la factura electrónica fiscal con incentivos que promuevan su asimilación por parte de los contribuyentes; aplicar una bonificación al impuesto sobre las ventas y servicios en operaciones bancarizadas; reducir la carga fiscal del sector empresarial por concepto del impuesto sobre utilidades, con el objetivo de incrementar sus capacidades de crecimiento e inversión; y aplicar un tipo impositivo reducido de impuesto sobre utilidades para el sector agropecuario, con el fin de estimular la producción.
También, crear incentivos fiscales para los actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector social; actualizar el impuesto sobre ingresos personales de acuerdo con el actual escenario inflacionario, incrementar las cuantías fijas de los impuestos sobre el transporte terrestre, embarcaciones, documentos, impuestos ambientales y la tasa de radicación de anuncios comerciales; además de diseñar tarifas arancelarias e incentivos que favorezcan los procesos productivos nacionales y la importación de materias primas, materiales, tecnologías y equipamiento para el uso de fuentes renovables de energía.
En el caso de los seguros, se prevé implementar nuevas modalidades de cobertura, con un seguro de vida de carácter complementario a las protecciones de la Seguridad Social, el cual podría usarse después de la jubilación del asegurado; expandir la comercialización de pólizas de seguro en divisas y regular con carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil.
Con respecto a los precios, se considera descentralizar la aprobación de precios y tarifas a las empresas y administraciones territoriales y locales y eliminar la formación de precios por el método de gastos. En su lugar, se empleará el precio de referencia del mercado o por correlación, según su posición en la cadena de valor.
Por su parte, las transformaciones en el sector de la IED incluyen impulsar la participación de la inversión extranjera en empresas privadas; extender el límite de otorgamiento de derechos de superficie hasta 99 años y el derecho de usufructo por más de 50 años; permitir que los negocios con capital extranjero puedan abrir cuentas bancarias en el exterior y que los inmobiliarios puedan realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales; eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar a los trabajadores de empresas extranjeras; reducir la documentación, los plazos y descentralizar la aprobación de estas inversiones; así como autorizar este tipo de inversiones en zonas patrimoniales que hasta el momento no se encontraban permitidas.
En relación con el comercio exterior, se estipula autorizar la exportación e importación directa para empresas privadas y cooperativas y la venta de marcas y patentes en el mercado internacional por las instituciones científicas.
¿Qué sectores económicos se incluyen en las reformas?
Las propuestas incluyen medidas específicas para sectores estratégicos, como el energético, donde se permitirá la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles; la operación de la red de servicentros por diferentes actores económicos, incluidas las MIPYMES; la otorgación de incentivos financieros para las acciones que impulsen la transición energética y beneficios fiscales a las inversiones energéticas con impacto social, entre las que se encuentran aquellas realizadas en centros de servicios a la población, sociales o de cuidado.
En el sector agropecuario y de producción de alimentos se estipula ampliar el derecho de usufructo de tierras, eliminar restricciones para productores, autorizar a las cooperativas a importar y comercializar directamente los combustibles que requieren para operar, a gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables y a abrir cuentas bancarias en divisas en el exterior y en bancos cubanos.
Además, se decide que la contratación y la concertación de precios de las producciones agropecuarias serán acordadas entre el productor y el comprador, se creará un Sistema Nacional de Información de Precios de los mercados de los productos agropecuarios y se diseñarán incentivos para que todos los actores económicos comercialicen insumos agropecuarios en divisas y en pesos y que tengan acceso al mercado cambiario.
En cuanto al comercio, la gastronomía y los servicios, se recomienda priorizar las formas de gestión no estatal y las modalidades de inversión extranjera para el fomento, desarrollo y gestión de estas actividades; reordenar el comercio mayorista, con énfasis en la creación de mercados de abastos con acceso directo de personas naturales y jurídicas; crear cadenas de tiendas, restaurantes y redes de gastronomía de marcas reconocidas u otras que se extiendan por todo el país e invitar a franquicias extranjeras de alimentos ligeros a invertir en Cuba y expandir sus cadenas por el territorio nacional.
De igual forma, licitar parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento a empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas, pero con condiciones para su explotación; formalizar en las comunidades los vendedores de diversas modalidades y habilitar el carnet de vendedor ambulante con un régimen simplificado de impuestos; así como la creación de un sistema automatizado digital, auditable y público para la licitación de locales y activos a todos los actores económicos.
En el sector del transporte, se propone eliminar la restricción establecida para la adquisición de vehículos por los diferentes actores económicos y estimular la movilidad eléctrica fotovoltaica; así como permitir la importación directa con carácter comercial por personas jurídicas estatales o privadas para el ensamblaje y la comercialización de vehículos eléctricos de las clases de ciclomotor, motocicletas y triciclos.
Para el turismo, se recomienda agregar a las modalidades de negocios ya existentes los arrendamientos, el otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, la concesión de áreas en desarrollo en diferentes regiones del país, y la venta de inmuebles tanto para inversionistas extranjeros como para cubanos residentes en el exterior y residentes en el país; permitir la aplicación de todas las modalidades de negocios en los cayos y en otras zonas patrimoniales que requieran de inversión extranjera; y autorizar el desarrollo inmobiliario y la modalidad de empresas mixtas y arrendamiento en las marinas turísticas.
Asimismo, aprobar beneficios tributarios y fiscales para proyectos de ecoturismo y otras modalidades de turismo especializado; autorizar la renta de autos a empresas estatales, la inversión extranjera y las formas de gestión no estatal; y la constitución de agencias de viajes a empresas mixtas, a empresas ciento por ciento extranjeras y a formas de gestión no estatal.
¿Cuáles serán los cambios en los subsidios y la protección social?
Como parte de las medidas se establecen acciones para la protección social y otras destinadas a modificar el sistema actual. Entre estas se encuentran, digitalizar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma Soberanía para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad; respaldar los comedores del sistema de atención a las familias, hogares de alimentación comunitaria, de niños sin cuidado parental, de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales; así como establecer precios diferenciados, descuentos, o cupones solidarios para personas en situaciones de vulnerabilidad.
También, crear módulos básicos mensuales para personas y familias vulnerables, ofrecer empleo, capacitación y aprendizaje a estas personas, crear fondos de emergencia local con aportes privados, apoyar servicios funerarios para familias sin recursos, impulsar ferias y ventas populares en comunidades, diseñar tarifas diferenciadas para los servicios de círculos infantiles y beneficios fiscales a los talleres donde laboran personas en situaciones de discapacidad.
En cuanto a la pensiones, se decidió eliminar el límite establecido para el pago de la contribución social del sector no estatal, considerar un máximo de diez años como parte de los 30 años mínimos exigidos para el régimen contributivo, si las personas los han dedicado a cuidados familiares, y establecer un ingreso mensual por ayuda, equivalente a un salario mínimo, para los jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio o del empleo que se inscriban a un curso de preparación o capacitación para luego trabajar.
Asimismo, los trabajadores que, por decisión de la empresa, interrumpen su labor, recibirán una protección monetaria equivalente a entre un mínimo de tres y un máximo de seis veces su salario básico hasta que pueda resolver esa situación. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, se establece la protección equivalente a un mes de remuneración en caso de quedarse sin empleo.
Con respecto a los subsidios, se propone transitar de la canasta familiar normada a las ventas controladas sin subsidio en la red de comercio, con el fin de eliminar los subsidios a productos y transformarlos en subsidios a personas que lo requieran. Con este fin, se determina crear un fondo de protección social, como condición previa a estas transformaciones, a partir del “ahorro” que se genere por la eliminación de los subsidios.
¿Cómo se implementarán las medidas?
Las medidas no entrarán en vigor de manera simultánea, sino a través de un proceso gradual que requerirá modificaciones legales, regulatorias e institucionales. La propuesta contempla la elaboración de nuevas normas, la adecuación de marcos jurídicos existentes y la participación de distintos organismos en la puesta en práctica de los cambios. Según Marrero Cruz, la implementación tendrá en cuenta la mitigación de los impactos negativos y la adopción de acciones correctivas, así como un sistema de aprendizaje para los principales cuadros y ejecutivos.
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