En Carbonera, un poblado de Matanzas, una mujer afirmaba llevar 24 días sin corriente y tres meses sin agua. A cientos de kilómetros de allí, otras comunidades como Altamira y San Juan Sevilla, en Santiago de Cuba, denunciaban similar situación de días enteros sin agua, mientras que en el reparto Álex Urquiola, en Holguín, sumaban dos meses sin el servicio. Por esos días, muchos barrios de La Habana describían apagones casi permanentes, edificios sin bombeo y noches intentando dormir bajo temperaturas sofocantes. Aunque cambian las provincias, los municipios y las voces, el ciclo es el mismo: falla la electricidad, luego escasea el agua y la rutina comienza a depender de una pregunta sin respuesta concreta: ¿cuándo volverá la luz?
El 5 de abril de este año, Cibercuba publicó una nota sobre ciclos de agua de hasta 40 días en Santiago de Cuba. El texto desató decenas de comentarios de personas que aseguraban vivir situaciones similares en otros territorios del país. Desde Santiago de Cuba, una vecina escribió que en su barrio acumulaban ya más de 60 días sin agua y que las viviendas ubicadas a partir del segundo piso llevaban aún más tiempo sin recibir el servicio. También aparecieron mensajes desde Manicaragua, en Villa Clara, donde usuarios hablaban de tres y cuatro meses de espera; y en Perico, Matanzas, una mujer decía haber perdido la cuenta de los meses sin poder recoger agua en su vivienda. “Y ni hablar del color del agua”, añadía otro usuario.
Lo que pareciera ser una suma de experiencias individuales es en realidad un asunto de interés público, al tratarse de un patrón que se reproduce en todo el país y compromete condiciones indispensables para ejercer derechos humanos básicos como el acceso al agua, a la salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la información y a la protección en caso de encontrarse en situación de vulnerabilidad.
El gobierno cubano explica la crisis del Sistema Electroenergético Nacional mediante el deterioro acumulado de las centrales termoeléctricas, la escasez de combustible, las dificultades para importar piezas de repuesto y las restricciones financieras que atribuye, entre otras causas, al embargo estadounidense. Los partes diarios de la Unión Eléctrica informan sobre unidades fuera de servicio, déficits de generación y afectaciones previstas; datos indispensables para entender el sistema pero que dicen mucho menos sobre lo que ocurre cuando la crisis cruza la puerta de una vivienda. Un apagón es mucho más que una bombilla apagada.
Por ejemplo, en Triunvirato, Matanzas, el robo del aceite de un transformador dejó fuera de servicio a la subestación eléctrica que alimenta tanto a la comunidad como a las estaciones de bombeo que deben tributar a esta, según denunció en Facebook el activista Yadiel Cepero. Y este no es un caso excepcional; una avería o cualquier otra eventualidad en un punto de la infraestructura puede desencadenar una serie de afectaciones que trasciende la falta de electricidad. Nombrarlo apagón simplifica una realidad bastante más compleja.
La conexión más evidente es el agua. En buena parte del país, los sistemas de abasto dependen de estaciones de bombeo alimentadas por el Sistema Electroenergético Nacional. En edificios multifamiliares la situación suele agravarse porque, aun cuando exista agua en las cisternas, sin energía eléctrica los motores no pueden elevarla hasta los tanques de almacenamiento desde donde baja a los apartamentos. La rutina doméstica comienza a girar entonces alrededor de conseguir unos litros de agua para cocinar, beber o mantener una higiene básica. Pero ¿quién tenía la obligación de evitar que una familia llegara a vivir así?
Martha Méndez Mellor, vecina de la calle Independencia en Ciego de Ávila, denunció en el periódico local Invasor que su cuadra llevaba 36 días sin agua. El ciclo era de 17 días, pero la baja presión y los apagones impedían llenar las cisternas. En un momento, dijo, estuvieron 22 horas sin electricidad y, cuando regresó, el agua ya había sido retirada. La zona incluye ancianos encamados, embarazadas, niños, personas con discapacidad y pacientes con cáncer. También solicitaron pipas, pero no las recibieron.
Antes de acudir a un tratado internacional o a una declaración política, miremos la propia Constitución de la República de Cuba. En ella se norman, en primer lugar, las obligaciones que el Estado reconoce frente a los ciudadanos que viven bajo su jurisdicción y que incluyen el acceso al agua potable y al saneamiento, el derecho a la salud, a una alimentación adecuada y a una vivienda compatible con un hábitat seguro y saludable. Derechos que, dentro de un hogar, nunca aparecen ni se ejercen por separado. Es por ello que, cuando falla un servicio esencial, los demás comienzan a caer uno detrás de otro.
La Constitución cubana formula esas obligaciones coincidiendo con principios ampliamente reconocidos por los derechos humanos, que entienden el acceso al agua, a la salud y a condiciones de vida adecuadas como requisitos indispensables para vivir con dignidad. En esa misma línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que el derecho al agua no consiste únicamente en la existencia de infraestructura o de recursos hídricos, sino en que las personas puedan disponer de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para su vida cotidiana.
La falta prolongada de estos servicios también tiene consecuencias físicas, por ejemplo, puede comprometer la alimentación de un bebé, agravar los efectos del calor extremo sobre una persona mayor o impedir la refrigeración de un medicamento. Proteger la salud no significa únicamente garantizar hospitales, médicos o medicinas, implica también asegurar las condiciones que permiten conservarla antes de que aparezca la enfermedad.
Ahora bien, la misma interrupción eléctrica se vive de manera muy distinta según los recursos de cada hogar. Quien dispone de una cisterna, una bomba propia, paneles solares, baterías o una planta eléctrica enfrenta la emergencia con herramientas que otras familias simplemente no tienen. Y esa diferencia no pasa inadvertida para la Constitución, que reconoce una protección especial para las personas adultas mayores y para quienes viven con discapacidad, y obligaría al Estado a adoptar medidas que protejan de manera reforzada a quienes soportan mayores riesgos cuando esos servicios dejan de funcionar.
Otro de los derechos reconocidos por la Carta Magna y vulnerados durante la actual crisis es el de recibir información veraz, objetiva y oportuna sobre la gestión pública. Cuando una familia sabe con suficiente antelación a qué hora comenzará un apagón, todavía puede llenar recipientes de agua, cocinar, cargar un teléfono móvil, conservar un medicamento o reorganizar el cuidado de una persona dependiente. Cuando esa información no existe, cambia constantemente o resulta insuficiente, la incertidumbre se convierte en un problema más de la crisis. Esa falta de información tampoco permite acceder a datos comprobables como cuántas personas permanecen sin electricidad y sin agua o incluso qué protocolos extraordinarios existen para asistirlas.
El 30 de junio pasado, el periodista Adelth Bonne Gamboa transmitió en vivo en Facebook para mostrar lo que llevaba casi una semana ocurriendo en su edificio de Santos Suárez, municipio Diez de Octubre. Mientras las autoridades locales informaban en los grupos comunitarios que el servicio de agua había sido restablecido, Adelth afirmaba que la cisterna permanecía vacía y las viviendas —habitadas en su mayoría por personas mayores— acumulaban seis días sin recibir una gota. Durante el recorrido abrió las llaves, mostró el nivel de la cisterna y conversó con vecinos que confirmaron la situación. “Dicen que desde las tres de la tarde están bombeando agua. Aquí está la cisterna. Vengan y compruébenlo ustedes mismos”, insistía frente a la cámara. Además, según denunció, las autoridades solo habían respondido en ocasiones anteriores cuando la protesta vecinal había alcanzado mayor visibilidad.
El problema empieza en el sistema eléctrico, pero termina dentro de las casas. El recorrido de esta crisis electroenergética puede comenzar en una termoeléctrica o en un transformador, pero termina junto a una llave de agua seca, un refrigerador en el que se pudren los alimentos o un teléfono sin carga que puede ser indispensable para comunicarse ante un accidente o pedir ayuda por diversas causas.
Se le pide al pueblo muchos sacrificios, más del que pueden resistir las personas, pero es importante preguntarse qué debe hacer el Estado para protegerle; ni más ni menos que lo que dicta su propia Constitución.
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