¿Qué dice el último informe de Cuba al Comité de la Discriminación contra la Mujer?

El 18 de octubre pasado Cuba presentó su IX informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento aborda temas relacionados con la igualdad y la violencia de género, los derechos de las mujeres, los programas creados para protegerlas y la legislación que las ampara, así como las acciones que se habrían implementado para educar e informar a la población.

Periodismo de Barrio responde varias preguntas para comprender el contenido de este informe.

¿Qué es el CEDAW?

El CEDAW es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y entró en vigor en 1981.

La convención establece principios fundamentales como la igualdad, la integridad personal, la participación política y la nacionalidad. Además, define la discriminación contra las mujeres y plantea estrategias para erradicarla mediante la adopción de políticas públicas que promuevan la equidad de género.

Una de las funciones del Comité radica en examinar los informes presentados periódicamente por los países que han ratificado la convención y realizar observaciones con recomendaciones específicas de acciones que deben implementarse. También, puede recibir denuncias individuales por violaciones a los derechos de las mujeres y llevar a cabo investigaciones en casos de abusos graves o sistemáticos.

¿Qué medidas reporta el informe que se han implementado para garantizar los derechos de las mujeres?

De acuerdo con el informe presentado por el gobierno de la Isla, la legislación cubana garantiza los derechos de las madres trabajadoras al otorgar licencias de maternidad de hasta un año, con la posibilidad de compartirla entre ambos progenitores; además, existe una bonificación para trabajadoras por cuenta propia que tengan dos o más hijos menores de 17 años, la cual reduce en un 50% las cuotas mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Personales, en función de los ingresos familiares.

Según datos oficiales, a finales de 2021, funcionaban en Cuba 1.086 círculos infantiles; las tasas de mortalidad materna se redujeron de 43,8 a 37,4 por cada 1.000 nacidos vivos en 2019; se habían creado protocolos para la atención en caso de interrupción del embarazo; el acceso a métodos anticonceptivos modernos se situaba en el 77% y se habían fortalecido los servicios de planificación familiar y atención integral a la salud de las mujeres. Sin embargo, en contraste con las cifras que proporciona el gobierno, al igual que con otros medicamentos, la disponibilidad de anticonceptivos también se ha visto afectada por la escasez de divisas en la Isla para importarlos o adquirir las materias primas que permitan fabricarlos. Así, las dificultades en su suministro regular a las farmacias han ocasionado el fortalecimiento de un mercado informal de compra, venta e intercambio para cubrir, al menos en parte, las necesidades de la población, pero a precios mucho más altos que los del mercado estatal si los tuvieran disponibles.

De igual forma, la crisis económica y social que enfrenta el país también ha impactado la tasa de mortalidad materna, la cual para 2023 había ascendido a 38,7 por cada 1.000 nacidos vivos, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Por su parte, la tasa de mortalidad infantil se situaba en 7,1 por cada 1,000 nacidos vivos en ese año, un incremento de 2,1 en comparación con 2019.

Paralelamente, el texto señala que se han implementado estrategias sectoriales de género con el fin de eliminar las desigualdades en estos ámbitos. Estas “incluyen acciones para la promoción de las mujeres a cargos y puestos dentro de las estructuras del Estado y el gobierno”, pero el documento no menciona las estrategias específicas que se han puesto en práctica, ni los indicadores empleados para medir su efectividad.

Del mismo modo, en 2021 el gobierno creó el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, con el objetivo de impulsar la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades, así como la eliminación de los factores que impiden obtener mejores resultados en este sentido.

El informe señala que los principales desafíos radican en el ámbito familiar, donde prevalecen formas tradicionales de pensamiento que resultan en una distribución desigual del trabajo doméstico y ocasiona que la mayor parte de la carga recaiga en las mujeres, las cuales dedican entre 10 y 14 horas más que los hombres al trabajo no remunerado.

¿Qué acciones se habrían adoptado para prevenir la violencia de género?

De acuerdo con el informe, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal se ha reforzado el enfrentamiento a la violencia de género y familiar, mediante la inclusión de 36 figuras delictivas relacionadas con estos fenómenos y el agravamiento de las sanciones –aunque la legislación no tipifica explícitamente el feminicidio como delito–; la posibilidad de imponer una prohibición de acercamiento a la víctima como medida cautelar; la extensión de la protección legal a las parejas de hecho afectivas; el reconocimiento de un delito por violencia de género y familiar o por motivos discriminatorios como circunstancia agravante; la unión de las figuras delictivas de violación y pederastia en el delito de agresión sexual; así como la actualización del delito contra el derecho de igualdad, el cual incluye diversas formas de discriminación.

También informan que el país cuenta con la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, aprobada en 2021, la cual posee siete ejes enfocados en derechos humanos y género, la atención centrada en la persona, la participación activa de las víctimas en los procesos, y la recopilación de datos estadísticos de calidad, entre otros.

No obstante, el impacto de las políticas de género en la Isla enfrenta importantes limitaciones, entre ellas la falta de autonomía que poseen organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), cuya actuación a menudo se caracteriza por enfoques conservadores en sus estrategias, políticas y manejo de situaciones de violencia de género. A ello se suma la falta de transparencia del Estado en la gestión y divulgación de información, lo cual dificulta una evaluación crítica y efectiva de los avances y desafíos existentes.

En un informe presentado a la CEDAW por un grupo de organizaciones de la sociedad civil cubana, se analiza la violencia sistemática del Estado cubano contra la mujer, la ausencia de un marco legal que las proteja, los tratos crueles y degradantes a las mujeres privadas de libertad, y la persecución contra activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, por mencionar ejemplos, y además se expone que la estrecha alineación de la FMC con el Estado cubano y el Partido Comunista de Cuba (PCC) compromete su efectividad.

Si bien la FMC debería operar como un mecanismo independiente en defensa de los derechos de las mujeres, en la práctica esta vinculación limita su capacidad de actuar de manera autónoma o de criticar políticas que pudieran perjudicar a las mujeres. Ello resulta en un enfoque más orientado a los objetivos políticos del gobierno que a la promoción genuina de la igualdad de género.

Por otra parte, desde 2019 representantes de la sociedad civil cubana han exigido una Ley Integral contra la Violencia de Género en el país. Sin embargo, hasta el momento, no existen refugios para mujeres víctimas en la Isla, ni se ha creado esta legislación, a pesar de que datos oficiales del gobierno han reconocido que más de 16.000 mujeres y niñas viven en hogares violentos, lo cual demuestra la necesidad de un enfoque integral para abordar el problema y proteger a las víctimas, explica un artículo publicado por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

Según el Informe Anual de Feminicidios en Cuba 2023, elaborado por el OGAT, Cuba fue el país que registró un mayor incremento de feminicidios en América Latina en ese año, con un aumento de 150%, con respecto al 2022. En total, se verificaron 89 feminicidios, de los cuales un 85,4 % fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

La provincia con más casos fue La Habana, con 11 feminicidios, seguida por Matanzas y Santiago de Cuba, con nueve, mientras que Cienfuegos fue la que tuvo menor cantidad, con dos.

El OGAT alerta que estas cifras pudieran ser mayores debido al subregistro generalizado y a la falta de acceso a información confiable, pues el gobierno no publica cifras oficiales completas ni reconoce plenamente la magnitud del problema. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan varias limitaciones, desde recursos insuficientes hasta criminalización de su activismo, pues son vistas más como opositoras que como aliadas en la lucha por los derechos de las mujeres.

Cuba forma parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde 1980. Hasta la fecha, ha presentado seis informes periódicos, los cuales son revisados por el CEDAW y sus recomendaciones deben abordarse en un informe de seguimiento. A partir de 2013, diversas organizaciones de la sociedad civil de la Isla, como CUBALEX, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y OGAT, han enviado también sus propios reportes al CEDAW.