Cinco años del Decreto Ley de Bienestar Animal en Cuba: ¿qué ha cambiado?

A finales de septiembre de 2025, la imagen de un perro al que habían agredido con un machete en La Habana apareció en mi teléfono mientras scrolleaba. Junto a la foto, una publicación de su dueña en un grupo de Facebook que aboga por una ley de protección animal en Cuba aseguraba que Ron, el beagle agredido, estaba fuera de peligro y ya comenzaba a recuperar sus sentidos. El post agradecía las numerosas muestras de apoyo recibidas y exigía “justicia legal”, que las instituciones gubernamentales correspondientes hicieran su trabajo y el agresor respondiera ante la ley.

“No estoy pidiendo más violencia, no estoy de acuerdo con ella, cada vida vale y debe ser cuidada, por tanto, con esto hago firme mi palabra en contra de cada publicación que se ha hecho incitando a la violencia contra esa persona”, escribió.

Días después, otra publicación, en el grupo XL_Colonias, narraba un encuentro entre miembros de Sanidad Animal, Aniplant y el Jefe del Sector de Casablanca, municipio de Regla, con el agresor de Ron, “esperando su arrepentimiento”, a lo que este respondió tranquilamente que “lo volvería a hacer”.

Se le impuso una multa de 3.000 CUP.

A partir de 2019, los reclamos por una ley que protegiera a los animales en Cuba comenzaron a amplificarse y a hacerse más visibles que nunca. Un punto de partida esencial fue la marcha del 7 de abril de ese año por el Día del Perro, que convocó a cientos de personas que compartían un mismo ideal: lograr el reconocimiento de los derechos de los animales. En años sucesivos, también hubo protestas frente a la sede de Zoonosis en La Habana y del  Ministerio de la Agricultura (MINAG).

Aunque desde el 15 de noviembre de 2019 la prensa oficialista aseguraba que instituciones como el MINAG trabajaban en la “elaboración de disposiciones jurídicas para garantizar el bienestar de los animales”, el Decreto-Ley 31/2021 de Bienestar Animal se aprobó en Cuba a finales de febrero de 2021, luego de muchísimas presiones de protectores y animalistas de la isla. Publicado en la Gaceta Oficial No. 25 Extraordinaria el 10 de abril de 2022, el documento dice “regular los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales para garantizar su bienestar”.

Bienestar, que no es lo mismo que protección. Y es esta precisamente la mayor crítica que se le ha hecho desde entonces. Lo primero, desde la ciencia, se centraría en la calidad de vida de los animales, mientras que lo segundo está enfocado en las acciones y legislaciones, la defensa activa y el rescate de los animales.

“La lucha fue de 35 años aproximadamente, por una Ley de Protección Animal, y lo que aprobaron fue un Decreto Ley de Bienestar Animal —me cuenta Grettel Montes de Oca, protectora y activista desde hace casi 20 años—. Después de la marcha del 7 de abril de 2019, empezaron a llamar a algunos animalistas, muy pocos; yo estuve en tres reuniones en el Ministerio de la Agricultura y en otra en Aniplant con Nora García y el presidente de Sanidad Animal para hablar de la situación de los animales. De todas esas largas e intensas reuniones, ellos escogieron lo que quisieron y redactaron un decreto sin tener en cuenta mil cosas importantes. De hecho, no tuvieron en cuenta que el maltrato animal es un delito. Entonces, desde el mismo momento en que se aprobó ese Decreto Ley, los animalistas empezamos a exigir una modificación”, continuó.

El documento establece qué se entiende por bienestar animal, describe el enfoque One Health en el que se basa (vínculo entre humanos, animales y ecosistemas), y los principios que rigen el bienestar animal, entre ellos que los animales deben vivir en condiciones que permitan su subsistencia como especie; que deben ser atendidos, cuidados y protegidos por las personas; que no pueden ser abandonados, maltratados o sometidos a acciones degradantes; que se les debe garantizar una muerte indolora y rápida; así como las limitaciones en el tiempo e intensidad de trabajo o la garantía de alimentación reparadora y el reposo. Además, incluye las responsabilidades de las autoridades, las obligaciones de bioseguridad, las sanciones y el régimen contravencional, entre otros aspectos.

Para miembros de la organización CEDA (Cubanos en Defensa de los Animales), representados en este texto por Wendy Reyes, “el Decreto‑Ley 31/2021 introdujo avances importantes al reconocer el bienestar animal, prohibir el maltrato y establecer principios modernos de protección, pero su propio diseño tiene vacíos significativos y su implementación ha sido mínima”.

“El texto no define con claridad las responsabilidades institucionales, no establece mecanismos de financiamiento, carece de protocolos efectivos de inspección y sanción, y no crea canales formales para integrar a los grupos protectores. Además, no ofrece una estrategia sólida para abordar el problema de los animales callejeros. En conjunto, es una norma insuficiente y poco operativa, que requiere mejoras profundas para tener impacto real”, añadió.

Por un lado, aunque el decreto reconoce y condena el maltrato —sin tipificarlo como delito penal—, el abandono y otras prácticas contra los animales, no prohíbe otras como las peleas de gallos o los sacrificios de especies con fines religiosos o rituales. Esto, unido a las sanciones prácticamente simbólicas como las multas entre 1.500 y 4.000 pesos cubanos, las deficiencias del sistema veterinario estatal sin resolver, la ausencia de un sistema de refugios dentro del marco legal, o el nulo o casi nulo funcionamiento de las vías para denunciar, son varios de los reclamos que continúan.

El 5 de marzo de 2025, el MINAG publicaba una nota informativa en la que condenaba un acto de maltrato a un gato, perpetrado por una mujer residente en el municipio de Regla, en la capital. Frente al crimen, que resultó en la muerte del felino, la institución aseguró que a la persona se le había impuesto una multa de 3.000 CUP y otra de 7.000 CUP, esta última por el hurto del animal, e instaban a la población a “reportar inmediatamente los casos a las autoridades competentes”; a “cooperar con los procesos investigativos”; y a “promover una cultura de respeto hacia la vida animal”. Sin embargo, para quienes integran organizaciones como CEDA, estas vías no siempre funcionan:

“Tenemos experiencias de seguidores que nos han contactado porque no logran comunicarse con los teléfonos o correos electrónicos previstos, y este es un problema frecuente. Nosotros orientamos a todas las personas que nos escriben [sobre] un caso de maltrato [que deben] llamar y enviar correos, y recopilar evidencia para que la denuncia tenga la mayor efectividad posible. Sin embargo, muchas veces terminan desistiendo al no lograr comunicarse o [al] no recibir respuesta”, explican.

Igualmente, Grettel Montes de Oca dice no saber de ningún caso que haya funcionado con la denuncia: “Conozco personas que han querido denunciar y no han podido hacerlo de ninguna manera porque han estado llamando días y días seguidos, en diferentes horarios, a los teléfonos que dio el Ministerio de la Agricultura para esos servicios, y ni siquiera responden las llamadas. Es decir, que no funciona absolutamente nada”.

Para V., veterinario que pidió permanecer en el anonimato, no puede existir una ley que separe bienestar de protección animal, o de la cual se desvinculen los ministerios a los que compete una ley como esa: Justicia, Agricultura, y Salud Pública, a donde pertenecen Zoonosis y sus campañas arcaicas y crueles para lidiar con la sobrepoblación de animales callejeros. El que se haya derivado el asunto solo al MINAG es, en su opinión, una estrategia del Estado para distraer y no ocuparse realmente de lo que debe.

“Solo hicieron un pequeño decreto, que está horrible, pero es un paso por el que se luchó muchísimo. [Sin embargo], no se le exigió a Salud Pública que cambiara sus prácticas, o al Ministerio de Justicia que debe tomar más partido, porque quien tenga la capacidad de maltratar a un animal, se lo puede hacer a una persona. La lógica es decir: si esta persona es capaz de hacer eso o no fue responsable de atender a su animal, entonces le toca el peso de la ley y no solo una medida administrativa”, explica.

Una ley de protección animal, concluye V.,  debería promover un manual de tenencia responsable y tener estructuras (personales y materiales) que faciliten campañas de esterilización, así como proyectos y programas de rescate, entre otras.

Para nadie es un secreto que la mayor parte del peso en la protección animal en Cuba ha caído desde tiempos inmemoriales sobre los hombros de activistas y personas que, simplemente, no pueden voltear la mirada cuando ven que un animal necesita ayuda.

“El gobierno no puede asumir el manejo de poblaciones caninas y felinas. Debería estimular que todo el que quiera ayudar lo pueda hacer, pero hace lo contrario”, me dice el veterinario V.

El 25 de enero de este año, el medio oficialista Cubadebate publicó un texto sobre el “acaparamiento animal”, es decir, cuando una persona alberga en su hogar a “más animales de los que puede cuidar”. Ahora bien, aunque es cierto que tener en casa a decenas de perros y gatos sin condiciones reales de infraestructura, alimentación e higiene para ello está lejos de ser la opción ideal, la autora no se cuestiona qué ha llevado a que protectores y animalistas hayan asumido esa función a pesar de los escasos recursos. ¿Qué alternativa tienen? El artículo 12 del Decreto Ley de Bienestar Animal dice que le corresponde al Centro Nacional de Sanidad Animal “autorizar la creación de entidades y centros para la atención, acogida, rescate y rehabilitación de los animales”, pero ¿cuántos han permitido hasta la fecha?

Es, en cambio, muy irrespetuoso asumir que el cuidador pierde “el conocimiento del número de animales que posee” y no se percata de que “los animales están desnutridos o en mal estado de salud”, o que, incluso, “los tutores o cuidadores piensan que los están ayudando y sin embargo están en similares condiciones que cuando están en situación de abandono”. El problema de salud que pudiera generarse en Cuba de no ser por protectores, veterinarios y animalistas independientes y de sus campañas de rescate, esterilización, vacunación, desparasitación y adopciones responsables, podría ser de proporciones gigantes.

Aún así, no son suficientes. La pandemia por COVID-19 también golpeó el trabajo de estas organizaciones y protectoras independientes que justo habían logrado encontrarse en terreno común siete años atrás. Así lo narra Grettel Montes de Oca:

“Cuando empezó la pandemia ya todo se empezó a desmoronar de nuevo: esa fuerza que había adquirido el movimiento animalista, desgraciadamente, se empezó a desintegrar. Empezaron a irse muchas personas, sobre todo voluntarios. El éxodo ha sido tan fuerte que quedamos muy pocos. Pero el movimiento ha seguido, gracias a dios y al universo, con los que quedamos aquí, con los de afuera que nos apoyan de alguna manera, exigiendo todos los días [en] las redes sociales, que es la única manera que tenemos de decirlo todo. No [somos] reconocidos por el Estado cubano, somos grupos de protección voluntarios. Entonces seguimos en la guerra, porque esto es una guerra”.

Y este éxodo, el mayor en la historia de Cuba y que ha arrojado fuera de la isla a cerca de dos millones de personas en los últimos cinco años, ha traído como consecuencia también uno de los principales problemas que enfrentan activistas y grupos animalistas: el abandono.

“Muchas mascotas quedan atrás cuando sus dueños emigran; y la falta de educación sobre el cuidado de los animales —tanto de compañía como de otras especies— es cada vez más evidente. No existen condiciones para realizar esterilizaciones masivas y continuas que ayuden a prevenir el abandono y la presencia de animales domésticos en las calles”, dice Wendy Reyes, de CEDA.

Para Grettel el abandono es uno de los aspectos más tristes dentro del maltrato animal y es, en su opinión, imparable en el contexto cubano, en el que las personas “se van del país y no son capaces ni siquiera de buscarles un lugar definitivo, una adopción, un conocido, un amigo, para que el animal no se quede en la calle totalmente abandonado y desprotegido”.

En este escenario, la cobertura que ofrecería una ley de protección animal y su correcta implementación no solo beneficiaría a los animales, sino a aquellas personas que trabajan día y noche en pos de ayudarles, sin beneficios materiales, solo por el amor que les tienen.

En enero de 2023, mi pareja y yo decidimos adoptar a una perrita. Teníamos claro que queríamos darle una oportunidad a una rescatada, cachorra aún y de alguna mezcla de razas que no creciera demasiado, por el espacio. London llegó a través de un post que hice en grupos de animalistas en Facebook al que una señora respondió con una foto de tres hermanos que habían sido abandonados a su suerte en un basurero de Alamar. London era la única hembra. Siempre cuento que lloré al ver esa imagen: aquella era mi perrita, no había lugar a dudas. El domingo siguiente manejamos hasta la zona 24 de Alamar y hemos estado juntas desde entonces, ahora fuera de Cuba.

A la persona que la abandonó, con total impunidad y probablemente sin cargo de conciencia alguno, quiero decirle con este texto que London es feliz y que algún día existirá en Cuba una ley destinada, específicamente, a personas como ella.