La administración de Donald Trump cancelará el programa de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, de acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), publicado en el Registro Federal este 25 de marzo.
El programa permitía el ingreso de 30.000 migrantes mensuales de esos países a Estados Unidos, quienes recibían permiso de trabajo y autorización para permanecer en el territorio nacional durante dos años por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.
Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el contenido del documento y los efectos que tendrá en sus beneficiarios.
¿Cuándo se hará efectiva la medida?
El documento señala que la cancelación del programa entrará en vigor en la fecha de su publicación oficial en el Registro Federal y la protección otorgada por el parole terminará 30 días después, es decir, el 24 de abril.
La medida afectará a los aproximadamente 532.000 migrantes que ingresaron como beneficiarios del programa entre octubre de 2022 y enero de 2025, quienes deberán abandonar el territorio nacional estadounidense antes de que concluyan los 30 días o correrían el riesgo de ser deportados, con la excepción de aquellos que posean otra vía legal para permanecer en el país.
El gobierno estadounidense había eliminado el funcionamiento del parole en una de las órdenes ejecutivas emitidas el 20 de enero, sin embargo, en ese momento no implementó ninguna acción para revertir las protecciones que ya se habían otorgado.
En este sentido, el DHS argumenta que el parole humanitario fue creado como una medida temporal que no otorga estatus migratorio ni admisión formal al país, y debió haber sido empleado de forma limitada y otorgarse según las circunstancias específicas de cada persona, en vez de usar criterios generales de elegibilidad.
¿Por qué se decidió terminar el programa?
El texto explica que el programa ha sido ineficiente para incrementar la seguridad fronteriza, no ha mitigado los efectos de la migración irregular, resulta incompatible con la política exterior de la administración actual, además de existir otros factores que no justifican su continuidad.
Con respecto al primer punto, el DHS detalla que el parole contribuyó al crecimiento de la población en el país sin un estatus migratorio definido, no mejoró significativamente la seguridad de la frontera y no se logró contener el flujo migratorio general.
Además, menciona que, si bien se esperaba que se lograra una reducción de la migración irregular al ofrecer una vía legal para entrar al país, la llegada de migrantes sin documentación se mantuvo elevada y la cifra de aplicantes en los puntos oficiales de entrada aumentó considerablemente.
En cuanto a la migración irregular, no se materializaron los efectos esperados de reducir la presión sobre organizaciones de ayuda, comunidades locales y gobiernos estatales, sino que se generaron nuevas dificultades a nivel interno, pues el programa creó una sobrecarga en recursos esenciales como vivienda, educación, servicios de salud, asistencia legal y sistemas de seguridad social en diversas ciudades, además de retrasos en el sistema judicial migratorio por el incremento en el número de casos.
De igual forma, la administración actual considera que el parole no es coherente con las nuevas directrices de política exterior, las cuales buscan un enfoque más restrictivo, priorizan la rápida deportación de migrantes sin documentación válida y refuerzan mecanismos como los Protocolos de Protección a Migrantes, los cuales obligan a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos mientras se resuelven sus casos.
Por su parte, dentro de los otros factores que el DHS indica que no justifican la continuidad del programa se encuentran fallas encontradas en los procesos de seguridad y verificación de los aplicantes, la no erradicación de los riesgos asociados al cruce por rutas peligrosas y el empleo de redes de tráfico humano para llegar a la frontera, así como el excesivo uso de recursos para procesar las solicitudes de admisión recibidas.
Debido a ello, el DHS sostiene que el programa no solo ha dejado de ser necesario, sino que su continuidad representa una carga operativa, económica y de seguridad para el país.
¿Qué efectos anticipa el gobierno estadounidense que tendrá la terminación del parole?
El DHS refiere que su cancelación tendrá efectos en industrias y empresas que hayan contratado a migrantes beneficiarios del programa, debido a que sus autorizaciones de trabajo cesarán automáticamente y se deberán cubrir los puestos vacantes. También, los arrendadores de viviendas podrían enfrentar impagos o la necesidad de buscar nuevos inquilinos de forma rápida.
No obstante, enfatizan que desde un inicio el parole tuvo un carácter temporal y tales efectos habrían ocurrido incluso cuando se cumpliera el plazo de dos años de cada caso.
De igual forma, se señala que, si bien el DHS planea utilizar la remoción expedita para agilizar deportaciones, se espera que muchas personas intenten regularizar su estatus antes de la fecha límite, mediante solicitudes de asilo, visas humanitarias, ajuste de estatus u otras peticiones, lo cual podría generar una sobrecarga mayor al sistema migratorio que ya se encuentra sobresaturado y presenta más de 1.400.000 casos pendientes.
De acuerdo con la publicación, esta fue una de las razones por las cuales se decidió no permitir que los beneficiarios permanecieran en el país hasta que se cumplieran sus permisos y establecer el período de 30 días para la salida, pues después de dos años de presencia continua tendrían derecho a juicio ante un tribunal migratorio y ello generaría aún más sobrecarga en el sistema migratorio.
Paralelamente se estima que la terminación del programa podría crear tensiones con los países de origen de los migrantes en los casos donde no se cuente con acuerdos y estos se nieguen a recibir a los ciudadanos deportados. Con el fin de evitarlo, el DHS especifica que se implementarán sanciones y medidas diplomáticas que incentiven la cooperación en la repatriación de los migrantes.
Personas hacen fila dentro de una instalación migratoria oficial en Estados Unidos. Foto: Mani Albrecht / Defense Visual Information Distribution Service.
¿Es posible evitar la implementación de la medida?
El propio DHS precisa que los migrantes admitidos bajo el programa pueden solicitar cualquier beneficio migratorio o estatus para el que sean elegibles, sin embargo, en caso de que no lo obtengan serán considerados como “extranjeros en proceso de admisión”, lo cual implica que no han sido admitidos formalmente en el país y son sujetos a medidas de deportación.
Un artículo publicado por National Public Radio (NPR) el 22 de marzo señalaba que un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes presentó una demanda en los tribunales federales contra la eliminación del programa con el objetivo de restablecerlo para las cuatro nacionalidades.
No obstante, ese mismo día, la Casa Blanca publicaba el memorando presidencial Prevención de Abusos en el Sistema Legal y los Tribunales Federales, en el cual instruía al Fiscal General y al DHS a implementar nuevas medidas para sancionar a abogados y bufetes que presentaran litigios frívolos contra el Estado, particularmente en casos de inmigración, seguridad nacional y elecciones.
El memorando especifica que algunas firmas de abogados han asesorado a migrantes para que oculten información en solicitudes de asilo, por lo cual el Fiscal General deberá revisar litigios de los últimos ocho años para identificar posibles abusos y recomendar medidas adicionales al Presidente.
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