Albergues: la espera interminable

La ciudadela de Paseo 656, entre 27 y Zapata, sufrió un derrumbe parcial en 2008, poco tiempo antes de que pasara el huracán Ike. Entonces, las autoridades municipales de Vivienda se reunieron con sus habitantes. Aseguraron que se repararía el inmueble, que estaría listo en seis meses. Mientras, el ruinoso caserón de tres pisos ubicado en la esquina de 15 y B les serviría como comunidad de tránsito.

Algunos se apuraron en la mudanza. A otros, la policía los obligó a salir. Doce años después, la casona alberga a más de 20 familias provenientes de distintos lugares y solo dos se han mudado por el otorgamiento de viviendas.

Ana Reina Delgado, enfermera de 34 años, tenía un niño pequeño cuando llegó de Paseo 656. En 15 y B tuvo otros tres, que ahora tienen 11, 7 y 2 años de edad. Los cuatro son asmáticos, aclara. Viven hacinados en dos habitaciones que se desmoronan con la humedad, las filtraciones y el tiempo. El esposo de Ana Reina, albañil, tuvo que romper una pared del cuarto y dejarla en los ladrillos para que no siguieran cayendo trozos.

La madrugada del 9 de julio de 2018, mientras estaba embarazada de su última hija, se desplomó un pedazo de techo y le cayó en la barriga. A uno de los niños, que dormía con ella, le dio en la cabeza. El pequeño no sufrió daños graves, pero esa noche Ana Reina ingresó en el hospital con la presión arterial descontrolada.

“El proceso de adaptación a este lugar también fue negro”, dice Ana Reina. “Había una cocina, un baño y un teléfono para todos, pero nos hemos ido independizando. Ahora tampoco hay motor de agua. Para coger un poco tenemos que levantarnos de madrugada, que es cuando único entra, y cogerla de una llave que hay en el portal”.

En 2019, cuando el Gobierno declaró que priorizaría a las madres con tres o más hijos menores de 12 años en el otorgamiento de casas, la Dirección Municipal de Vivienda citó a Ana Reina. Le pidieron los datos de sus niños: nombre, edad, inscripción de nacimiento, resumen médico. “Aún no han dado respuesta”, dice ella.

Ese año se definió la política para erradicar o modificar las 105 comunidades de tránsito existentes en La Habana. Según la Agencia Cubana de Noticias, estos sitios serían transformados en viviendas. Además, se construirían otras en sus alrededores y se adaptarían locales en desuso para otorgarlos a personas albergadas o que vivieran en casas en peligro de derrumbe.

Reinaldo García Zapata, presidente del Poder Popular en la provincia, explicó entonces que durante el 2020 se trabajaría en las primeras 26 comunidades de tránsito, “incluidas las 11 más complejas”. Añadió que el plan debía concretarse en tres años, aproximadamente.

En enero de 2020, una brigada de construcción llegó a 15 y B para reparar la fachada. Los vecinos relatan que cayó un pedazo de techo y Vivienda declaró el sitio inhabitable. Después, el esposo de Ana Reina apuntaló un tramo del portal.

La casa de Yanara Rubio Amore no sufrió afectaciones con el derrumbe de Paseo 656, pero el riesgo que suponía el huracán la hizo mudarse con sus tres hijos. En 15 y B, Yanara ha tenido otros tres varones, también asmáticos, de 11, 8 y 2 años de edad. A su “apartamento”, ubicado en el tercer piso, se llega por una escalera tan rota como las cosas que hay dentro.

“Al llegar, reparé el techo por esfuerzo propio porque se le caían los pedazos, pero ya está malo de nuevo. Inventé una cocinita y armé el baño donde había un retrete antiguo. La barbacoa también la hice por mi cuenta, porque no cabíamos en un solo cuarto. Cada vara de madera costó 80 pesos y 250 las vigas de hierro para reforzarla”, explica.

Durante las lluvias, se filtra agua por las grietas de las paredes e inunda la casa. Por eso, ella y los niños pasan el mal tiempo en la sala, bajo la barbacoa. En 2019, a Yanara también le pidieron en Vivienda los datos y documentos de sus hijos.

“Aquí estamos, esperando un milagro”, dice. “No quisiera que me legalizaran esto. Está muy malo. Que me lleven para La Lisa, Alamar o San Agustín. Lo que quiero es una casa decente porque aquí se pasa mucho trabajo”.

Yolanda Robinet Sarrión, maestra alfabetizadora de 85 años, y su hijo de 57, vivieron en un solar de Habana Vieja hasta 2014. Cuentan que el cuartico de madera que compartían se empapaba con la lluvia, que había ratones y cucarachas.

La gente fue abandonando el lugar hasta que quedaron ellos y otras pocas familias. Entonces, Vivienda les cedió una habitación en una ciudadela ubicada en la calle B, entre 15 y 17, Vedado. Allí tuvieron que terminar el baño y hacer la instalación eléctrica por su cuenta. El cuarto se mojó durante años, hasta que una brigada de mantenimiento tiró una manta en el techo.

“Nos dijeron que era de tránsito, pero estamos peor que antes. Aquello, por lo menos, era de uno. Aquí no hay privacidad ni para bañarse”, afirma Yolanda. También cuenta que la humedad hizo que una pieza de yeso del techo cayera al suelo mientras ella dormía.

“La última persona que se fue de aquí porque el Estado le dio casa fue hace 20 años”, dice Yolanda. “Ninguno de nosotros va a durar eso”.