La generacion universitaria de las penumbras

“Los estudiantes son el baluarte de la libertad y su ejército más firme”.
José Martí

El 10 de abril, Abel Tablada de la Torre, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), confirmó lo que desde inicios de marzo ya había generado indignación dentro y fuera de las redes sociales: su contrato no sería renovado por el Ministerio de Educación Superior.

A pesar del reclamo de estudiantes —incluida la propia Federación Estudiantil Universitaria (FEU)— y de colegas, la decisión adquirió un carácter definitivo. Quedaba escrito en piedra: Abel Tablada no volvería a ejercer la docencia en la casa de altos estudios que no solo lo vio graduarse a mediados de los 90, sino a la cual consagró décadas de su vida.

El doctor en Ciencias Técnicas pidió que la institución hiciera públicas las razones de su separación —colegas y estudiantes merecían una respuesta—, pero, hasta la fecha, las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento escrito. Quizás sea una de tantas respuestas que nunca lleguen.

Se presume, sin embargo, que el detonante fueron sus “publicaciones críticas” en redes. Tal vez las “tres preguntas incómodas” que dirigió a la Asamblea Nacional del Poder Popular en junio de 2025, en medio del tarifazo de Etecsa que desencadenó la primera huelga masiva estudiantil después del 59. O el texto titulado “La Universidad y la resiliencia”, publicado en febrero de este año al encontrarse una universidad sin electricidad, como la mayoría de las casas cubanas.

“La resiliencia es admirable para mantener un sistema educativo (…). Gracias a esa resiliencia se han graduado cientos de arquitectos e ingenieros en la CUJAE y otros miles en todo el país. Es una proeza. Pero la resiliencia en exceso se puede convertir en asumir como normal condiciones que no deberían prolongarse tanto en el tiempo”, escribió Tablada.

“Discriminación política”, tose alguien en la audiencia después de darse a conocer la decisión punitiva del Ministerio de Educación Superior (MES). No sería la primera vez, quizás ni siquiera la última.

Tampoco debería sorprender. Si la censura y la exclusión han sido herramientas históricas de la dirección del PCC para imponer un orden social, ¿por qué habría de ser distinta esa lógica dentro de las casas de altos estudios?

Hoy es un día cualquiera de abril y hace casi quince horas que, en alguna casa —en varias casas— de la Isla, la luz se ha vuelto un inquilino intermitente. Tampoco habita con regularidad los pasillos universitarios. Si hay un país que cruje, ¿por qué no habrían de crujir también las universidades que lo sostienen? Porque, compañeros y compañeras, las universidades son microensayos de la sociedad.

Las universidades no son solo campos de estudio, sino también campos de batalla. Un espacio donde se configuran y disputan formas de organización, conflicto y futuro —como diría el pedagogo brasileño y simpatizante del castrismo, Paulo Freire.

El domingo 8 de marzo, cuando se cumplía el segundo día consecutivo de protestas —vecinos de varios municipios de la capital ocupaban el espacio público golpeando ollas y sartenes por “una luz” que no terminaba de llegar—, Mario vio en el estado de WhatsApp de un amigo la convocatoria a una sentada pacífica, prevista para las 10:00 a.m. del lunes en la escalinata de la Universidad de La Habana.

Esa misma noche se abriría en WhatsApp el canal Acción Reforma Universitaria.

Ya había pasado un mes desde la conferencia de prensa de Miguel Díaz-Canel, en la que se abordaron de manera general las medidas de contingencia tras la paralización del envío de petróleo a la isla, a raíz de la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Donald Trump, que declaraba a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La Universidad de La Habana, como otras —bajo orientaciones del MES—, anunciaron la extensión de la modalidad semipresencial, el uso de plataformas digitales para gestionar y acceder a materiales docentes y científicos, y el regreso a sus provincias a los  estudiantes procedentes de fuera de la capital. Las acciones de contingencia debían durar solo un mes. Pero no fue así, no podía serlo.

Con el paso de los días, esa promesa empezó a disolverse en la práctica: audioconferencias —clases impartidas solo por voz—, profesores sin electricidad o conexión para responder, reiteradas caídas de plataformas saturadas por la sobrecarga y la inestabilidad técnica. De acuerdo con reportes del diario El País, el punto de quiebre llegó con la convocatoria masiva de la FEU, que instó a estudiantes imposibilitados de asistir a clases a cubrir necesidades de las autoridades locales como recoger la basura, limpiar hospitales o incluso impartir clases en escuelas primarias.

Mario fue el segundo en llegar a la escalinata el 9 de marzo.

“Poco a poco empezó a llegar más gente y, cuando ya éramos como 15 o 20, comenzaron a aparecer más miembros de la directiva. Era algo curioso porque, según me decían, es muy raro ver a toda la dirección junta, y ese día estaban todos ahí. Mientras más estudiantes llegaban, más altos cargos iban saliendo”, relata. “En menos de una hora apareció también mucha prensa internacional, muchísima”.

Recuerda que hubo quienes no pudieron llegar al punto de encuentro porque la Seguridad del Estado “no los dejó”. Pasadas las 10:00 a.m. ya habían cerrado calles aledañas y bloqueado los accesos a la universidad. A algunos estudiantes que ya estaban dentro de la Colina tampoco les permitieron salir para unirse; a otros se les retuvo y se les sustrajeron las identificaciones.

“Aun así, llegamos a ser como 30 personas”, agrega.

Las demandas del estudiantado se centraban en el plano académico: la incertidumbre del modelo semipresencial, los costos de la conectividad y los llamados trabajos sociales como sustitutos del tiempo universitario. Pero también incluían duras objeciones al accionar de los cuadros y dirigentes de la FEU que dicen representarlos.

“Uno de los puntos más fuertes fue el tema de la FEU dentro de la facultad. Se cuestionó mucho a sus dirigentes, su cercanía con la administración y se pidió directamente su remoción”, señala Mario.

En un momento de la sentada irrumpió el viceministro de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez, y la situación se tensó. Comenzaron a presionar a los estudiantes para que abandonaran la escalinata, pero nadie accedió. No fue hasta la llegada del ministro Walter Baluja que el estudiantado y la dirección se trasladaron a un aula para conversar. Se puso todo sobre la mesa.

“Salió mucho el tema de la falta de información y, en general, de decisiones que se quedan a nivel institucional y no bajan a los alumnos”, dice Mario.

Al día siguiente comenzó a circular un comunicado bajo la firma de Acción Reforma Universitaria (ARU) con un plan de acción para continuar el proceso iniciado el día anterior, en el que se dejaba clara la no pertenencia de la agrupación a ninguna organización o entidad política, nacional o extranjera.

“No respondemos a ningún interés que a los del estudiantado universitario, del que formamos parte. No aceptamos, por tanto, el secuestro de nuestra voz y opinión por parte de ninguna institución o individuo” (sic).

Las demandas, enumeradas, apuntaban a un proceso de reforma y democratización de la FEU —“ya que ha fallado en su objetivo fundacional de representar los intereses de los estudiantes”—, con un nuevo modelo electoral en el que los candidatos dejen claro el papel que desean desempeñar y los problemas que buscan resolver; un relevamiento exhaustivo y transparente en cada universidad del país para conocer la situación real del estudiantado —datos precisos sobre disponibilidad de recursos tecnológicos (dispositivos y conectividad), acceso a la energía eléctrica en los hogares y distancias que muchos alumnos, especialmente deben recorrer— para evaluar si existen condiciones mínimas para sostener la semipresencialidad; el cese de los hostigamientos y sabotajes a ARU; y la reapertura del diálogo en torno a las medidas aprobadas unilateralmente por Etecsa en 2025.

“La solución de permitir a los estudiantes comprar un paquete de datos sectorial adicional fue en su momento insuficiente y hoy insignificante ante las duras condiciones en las que se encuentra el país”, sentenciaban.

El último mensaje de ARU en el canal de WhatsApp data del 26 de marzo, en el que se convoca a un debate abierto.

La generación universitaria del apagón ha resultado especialmente incómoda para el poder político, quizá más que las anteriores que, con sus propias coordenadas espacio-temporales, siempre lo fueron de una u otra forma. La generación de los blogs, de las redes, de las memorias flash, de los pasaportes… Pero la generación de las penumbras, heredera tardía del Período Especial (sin haber nacido necesariamente en la década de los 90), ha sido capaz de hacer algo que las nuestras, sus antecesoras, no lograron por distintos motivos: disputar su representación. Organizan, cuestionan, negocian, se exponen. Y en ese movimiento tensionan una estructura que históricamente ha absorbido o neutralizado el conflicto.

En mayo de 2025, Etecsa impuso recargas a su saldo principal hasta un máximo de 360 CUP (equivalentes a 6GB) en un período de 30 días; después, los usuarios tendrían que pagar en dólares. En un país donde el salario mínimo no supera los 2.100 pesos, la medida fue justificada por el propio Díaz-Canel ante el inminente riesgo de un “colapso tecnológico”.

El “tarifazo” del monopolio de las telecomunicaciones, asociado además a la vigilancia y la censura estatal, desencadenó un malestar entre el estudiantado universitario que se tradujo en asambleas públicas y que mutó en un paro estudiantil, donde no solo se disputaba el acceso a la información dentro de las aulas, sino el del pueblo como colectividad mayor y como sujeto político activo. Aquí, el antagonista no era solo Etecsa, sino el Estado.

Una veintena de facultades en todo el país exigieron la derogación de la medida, la destitución del presidente nacional de la FEU y la renuncia de decanos y rectores; algunas incluso llamaron a emprender acciones legales contra Etecsa.

El paro finalizó casi una semana después en el mismo sitio donde se inició, a principios de junio: la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, tras reuniones con el ministro de Educación Superior, la creación de mesas de diálogo para proponer alternativas a las medidas de Etecsa y una votación de 172 a 82 votos entre estudiantes en huelga.

La efectividad de las protestas y el alcance de sus objetivos, a casi un año del estallido, siguen en tela de juicio. Pero lo cierto es que la irrupción del estudiantado —junto a los docentes que acompañaron— ya forma parte de la historia de las luchas en un país que parecía derrotado por el cansancio y el hastío.

“Ante las amenazas, [los estudiantes] están defendiendo el derecho a la protesta; ante el ‘paternalismo’ de Estado (siempre una forma de autoritarismo), que los llama, como siempre, ‘confundidos’ e ‘incitados desde el exterior’, han producido algunos de los documentos políticos más importantes de Cuba en las últimas décadas”, declaró en su momento el ensayista Julio César Guanche.

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Los universitarios cubanos nunca estuvieron confundidos. Ni los de ahora ni los de antes. Julio Antonio Mella comprendió el poder del estudiantado desde el inicio.

Fundador de la Federación de Estudiantes Universitarios, hijo bastardo, modelo de Tina Modotti y simpatizante del trotskismo, Mella entendió la universidad como un laboratorio político. Por eso impulsó la Reforma Universitaria durante la década de 1920, defendiendo una autonomía total —administrativa, económica y política— como condición para la independencia de la educación frente al poder. Para él, la universidad no debía ser una simple fábrica de títulos, sino una palanca de transformación social en clave popular. Y la historia le ha dado la razón.

El Mayo Francés (1968) comenzó con la protesta de más de mil estudiantes en Nanterre. Como efecto dominó, las movilizaciones crecieron hasta alcanzar una magnitud imprevista, obligando al gobierno de Charles de Gaulle a convocar elecciones anticipadas. En octubre de 2019 fueron los estudiantes quienes desencadenaron y protagonizaron el estallido social en Chile, tras el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, la capital.

En 1926, Mella fue expulsado del Partido Comunista —partido que él mismo había fundado— por realizar una huelga de hambre sin autorización. Casi un siglo después, su rostro fue retirado de la Manzana de Gómez para levantar allí el primer gran hotel de lujo de Cuba —de verdad—: el Hotel Kempinski, de estilo europeo, casi parisino, destinado a visitantes nacidos en la cuna del imperialismo.

La metáfora no necesita explicación. La autonomía universitaria tampoco: está tan ausente del sistema educacional cubano como la estatua misma del dirigente.

Efectiva o no, según el observador y el analista de turno, lo cierto es que el paro de 2025, como movimiento orgánico, ocurrió. La reciente sentada en la escalinata, también. Y, en medio de un país sin luz, las universidades —incluso con aulas vacías— vuelven a funcionar, una vez más, como laboratorio político. Por primera vez en mucho tiempo, la chispa —posible catalizador— está presente.

¿Serán los estudiantes quienes comiencen a desmontar las estructuras a su alcance más inmediato y a disputar, desde ahí, las formas de representación que durante décadas les fueron ajenas?

Suena la canción de Osvaldo Farrés. Quizás, quizás, quizás.

“Es hora, desde hace rato, de pensar entre todos qué universidad y, sobre todo, qué país queremos, porque la verdad más incómoda, la que las autoridades no quieren escuchar, es que hay una variedad inmensa de formas de ver la realidad y el futuro, una variedad inmensa de anhelos y de posicionamientos políticos”, escribió en febrero Abel Tablada de la Torre.