Especies endémicas y en peligro en Cuba: ¿qué estamos haciendo para que no desaparezcan?

El 24 de noviembre de 2025, la agencia Reuters publicó un texto sobre los esfuerzos realizados por profesionales en la Ciénaga de Zapata para salvar de la extinción al manjuarí, un pez endémico de Cuba que figura desde 2020 en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Considerado uno de los peces de agua dulce más primitivos que existen en el mundo, se le puede encontrar sobre todo en los pantanos de la Ciénaga de Zapata, en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. Según la nota de Alien Fernández para Reuters, luego de siglos de explotación, la pérdida de su hábitat y la amenaza de especies invasoras, un equipo liderado por el biólogo Andrés Hurtado ha puesto en práctica un método para reproducir al manjuarí y reforzar su bastante debilitada población.

Lamentablemente, son muchas más las especies cubanas que enfrentan peligro de desaparecer completamente y no todas se benefician de esfuerzos como los que describe la citada nota, los cuales incluyen la creación de un criadero y la producción de comida para alimentar a los manjuaríes antes de liberarlos.

Según el Proyecto para la Gestión Integrada del Agua, la Tierra y los Ecosistemas en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Caribe (IWECO, por sus siglas en inglés), Cuba se encuentra entre las diez islas más importantes del mundo en cuanto a la riqueza de su biodiversidad. De las cerca de 19.500 especies de flora y fauna identificadas en la isla, 8.378 son endémicas (42,7%), siendo las plantas con flores, los insectos, los moluscos, los anfibios y los reptiles las de mayor grado de endemismo.

El portal Biodiversidad Cubana publicó un estudio que analiza cuáles son las áreas del país más expuestas al impacto del cambio climático, a partir de un cálculo de la pérdida o aumento de especies en cada región para el año 2050, considerando como “más vulnerables” a aquellas donde el cambio sería mayor. Los resultados señalan, sobre todo, las áreas bajas y llanas, especialmente grandes llanuras como la de Zapata, Colón, Júcaro, el valle del Cauto, el sur de Camagüey y el archipiélago Jardines de la Reina, lugares que podrían sufrir pérdidas significativas de biodiversidad, más graves si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen.

En un informe realizado en 2019 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente de Cuba, en la isla habría 157 especies de animales vertebrados en diferentes categorías de amenaza: ​​52 en peligro crítico, 42 en peligro y 63 vulnerables. Entre los invertebrados terrestres, afirma el documento, son los moluscos el grupo más amenazado, con 34 especies vulnerables y 31 en peligro crítico.

Asimismo, la Convención para la Diversidad Biológica apunta que aproximadamente el 10% de la fauna cubana y el 2% de sus plantas vasculares se consideran “en riesgo o en peligro de extinción”, debido sobre todo a la modificación de los hábitats naturales.

¿Pero qué otros factores de riesgo enfrenta la biodiversidad en la isla?

Además de los asociados a la pérdida o modificación de los hábitats: deforestación, urbanización, agricultura en desarrollo –este último en menor medida, teniendo en cuenta la ociosidad de los campos cubanos–, la biodiversidad cubana debe lidiar con los huracanes, la subida del nivel del mar, la variabilidad climática o las especies invasoras (como la mangosta común, el pez león o algunos roedores y plantas costeras). Además, podemos mencionar la caza furtiva, la comercialización de animales “exóticos” como mascotas, para ritos religiosos (como la jutía y algunas aves), o para alimento (caguama, cocodrilo), como se puede comprobar con una rápida búsqueda en grupos de compraventa en redes sociales como Facebook.

Ahora bien, ¿de qué maneras protegen las leyes cubanas a sus especies endémicas? En primer lugar, el artículo 90 de la Constitución de la República de Cuba recoge como un deber del Estado y la ciudadanía “proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano”. En segundo lugar, la Ley 150/2022 del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente –que sustituyó a la histórica Ley 81– fijó las bases para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. A esto se suman normas específicas que prohíben la caza, captura, comercio o exportación no autorizada de especies protegidas, así como un régimen de sanciones administrativas y penales para quienes dañen la flora y la fauna.

El país es firmante de convenios como la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) mediante el cual se compromete legalmente, a nivel internacional, a controlar y regular el comercio de especies silvestres amenazadas, tanto de fauna como de flora.

Existe además un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que preserva hábitats clave donde se concentran muchas especies exclusivas del archipiélago, como el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en Guantánamo y Holguín; el Parque Nacional Viñales, en Pinar del Río; la Ciénaga de Zapata, en Matanzas; o la Reserva de la Biosfera Baconao, en Santiago de Cuba.

Sin embargo, la existencia de un marco legal no es garantía, en la práctica, de que se respete –tanto por parte del Estado como por la ciudadanía– lo regulado en materia de protección de la biodiversidad. Por un lado, la apuesta constante por hacer del turismo el sostén de la economía cubana ha afectado a los ecosistemas marinos (destrucción de dunas y manglares, construcción en playas donde anidan tortugas, actividades náuticas que dañan pastos marinos y arrecifes); y por el otro, está la caza y pesca ilegal de especies que se mueven por un mercado alternativo para suplir alimentos que no llegan por otras vías o simplemente como menú “exótico” en restaurantes.

Para el biólogo, ensayista y divulgador ambiental cubano Isbel Díaz Torres, “Es cierto que existen áreas protegidas, decretos, estrategias, planes. El problema es que proteger en el papel no es lo mismo que conservar en la realidad. La conservación real exige ciencia activa, monitoreo constante, infraestructura funcional, transparencia y participación ciudadana. Y hoy prácticamente ninguno de esos elementos está garantizado, y mucho menos [es capaz de] sostenerse de manera consistente”, dijo a Periodismo de Barrio.

“La ciencia cubana sigue siendo completamente gubernamental, sin autonomía real. En un contexto de crisis económica profunda, colapso institucional, corrupción y éxodo masivo de científicos, sobre todo jóvenes, es difícil pensar que la biodiversidad sea una prioridad efectiva. A eso se suma la falta de comunicación pública: las instituciones científicas y ambientales no dialogan con la población, no rinden cuentas y no comparten datos de manera abierta” añadió.

A nivel gubernamental, Cuba cuenta, desde 2010, con una Estrategia Cubana para la Conservación de las Plantas (ECCP), que ha sido actualizada para el período 2023-2030, además del Plan Nacional para la Conservación de la Fauna Silvestre Cubana (PNCFSC) (2024-2030), según el portal Biodiversidad Cubana.

El primero “incluye una propuesta de acciones complementarias relacionadas con la conservación de plantas para apoyar la implementación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y las políticas nacionales de protección medioambiental”, y cuenta con objetivos como promover el uso sostenible y la conservación de la flora, así como el conocimiento acerca de esta; o aumentar las acciones en pos de su adecuado manejo y protección, siempre con participación activa de la ciudadanía.

Por su lado, el PNCFSC se presenta como un “marco de trabajo” para frenar la pérdida de fauna en el país. Su propósito general es orientar y coordinar acciones para el estudio, preservación y uso sostenible de las especies animales, acciones que priorizan la educación, capacitación y buen uso de la información, así como la identificación y protección de hábitats, además del control de las especies invasoras.

Como la del manjuarí, otras iniciativas, estatales y civiles, velan por la protección y conservación de la biodiversidad cubana. Según el Marine Conservation Institute, el archipiélago Jardines de la Reina constituye una de las mayores áreas marinas protegidas que “permanecen intactas” en el Caribe. “Desde su protección inicial en 1996, la cantidad de peces en el parque ha aumentado hasta en un 50%, y su biodiversidad continúa creciendo gracias a estrictas regulaciones y esfuerzos de vigilancia”, explican en su web.

En lo que a protección y restauración de manglares se refiere, la Península de Guanahacabibes se ha beneficiado del proyecto MangRes –Restauración de manglares como solución basada en la naturaleza en Reservas de Biosfera de América Latina y el Caribe–, de la Unesco, el cual promueve la restauración de diferentes especies como el mangle rojo, así como “la documentación de conocimientos locales sobre su uso y gestión, y la formación de capacidades para la gobernanza ambiental, la educación para el desarrollo sostenible y el intercambio de conocimientos”. Asimismo, el proyecto Manglar Vive llegó a las costas de Mayabeque a mediados de la década pasada, beneficiando sobre todo el área protegida del Golfo de Batabanó –específicamente un tramo de 84 kilómetros entre Punta Sucia y Punta Mora–  donde, luego de seis años de su implementación, reportaban la buena salud de los manglares gracias a la reforestación integral y otras acciones para comprender mejor el impacto del cambio climático en esos ecosistemas.

La Revista de Investigaciones Marinas publicó en 2025 el artículo “Conservación del manatí antillano Trichechus manatus (Sirenia, Trichechidae) al norte de Villa Clara, Cuba”, sobre el peligro de extinción que enfrenta esa especie en la isla. La actividad humana sobre estos mamíferos y sus ecosistemas –incluso “en áreas destinadas para su protección”, alerta la investigación– es la principal causa de su posible desaparición.

Para estos autores, la conservación del manatí depende de un enfoque integral que combine la protección de hábitats, la reducción de amenazas humanas, el monitoreo continuo (realización de censos y observaciones periódicas), así como el fomento de una educación ambiental a las comunidades que conviven con los manatíes. Concretamente, se refiere a resoluciones que entraron en vigor en 2017 para regular la actividad pesquera en el área, “entre ellas se destaca la creación de la Red de Vigilancia Cooperada (Red de Varamientos) y la adopción de la Resolución No. 133 de 2017, del Ministerio de la Industria Alimentaria (…). En la actualidad la especie también se encuentra amparada por la Ley 150/2022 “Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”.

Otras especies como las polymitas han sido prioridad para proyectos y alianzas internacionales en pos de su conservación, especialmente la Polymita sulphurosa, una de las más amenazadas y cuya distribución se considera muy restringida. “Cualquier desastre natural o humano podría causar su completa extinción”, una alerta que se puede leer en la página de The Rufford Foundation, organización que impulsó un proyecto para la conservación y manejo de la Polymita versicolor y la Polymita sulphurosa en las provincias de Guantánamo y Holguín hace 10 años. Los objetivos incluían actualizar la información sobre distribución geográfica y número de individuos fuera de las áreas protegidas. Con esos datos, la fundación propondría al Centro Nacional de Áreas Protegidas la creación de nuevos espacios de ese tipo donde ya habitaran las polymitas, además de promover la educación ambiental en las comunidades aledañas.

La sociedad civil cubana también ha hecho importantes aportes no solo a la conservación de la biodiversidad, sino también a la educación popular acerca de su importancia. Uno de los que no ha parado de trabajar desde su creación en 2021 es Nativa. Red de Microviveros, una iniciativa ciudadana para la protección de la flora autóctona de la isla.

En una entrevista publicada en 2023 en Periodismo de Barrio a uno de sus fundadores, Juan Carlos Sáenz de Calahorra, decía: “Cuando uno nombra las plantas hace que existan individualmente. Estableces una relación afectiva con ellas y conoces que el jubabán y la siguaraya son parientes: Trichilia hirta y Trichilia havanensis. Empiezas a descubrir todo eso. Es algo apasionante, sobre todo para los niños. Yo quisiera que esa cultura comenzara desde la enseñanza primaria. Muy poca gente ha visto un almiquí, por ejemplo, pero los árboles son omnipresentes. Imagínate si los niños supieran nombrar cada árbol”.

No podemos dejar de mencionar la organización Guardabosques, activa entre 2007 y 2019, y que se dedicó a promover “el ecologismo, participó en acciones de reforestación, transformación comunitaria y educación ambiental, y denunció las irregularidades gubernamentales y las depredaciones del entorno ante organismos internacionales”, según se puede leer en la web del actual proyecto que ha ampliado su radio de acción a la Florida y busca empoderar a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y Latinoamérica en temas medioambientales.

Aunque, en opinión de Isbel Díaz Torres “se ha marginado sistemáticamente el activismo ambiental” y se le ha tratado como una “amenaza”, muchos de estos proyectos han logrado avanzar y lograr resultados que, aunque modestos en algunos casos, no dejan de ser relevantes en la lucha contra el cambio climático.

“El activismo cumple una función clave de supervisión, denuncia y vigilancia ambiental, especialmente en contextos donde el Estado no se audita a sí mismo –explica el especialista–. Pero no solo a los activistas, se ha excluido a la ciudadanía en general, [a] campesinos, productores agrícolas y comunidades locales. La conservación no puede imponerse desde arriba. Sin participación social, sin incentivos ecológicos reales y sin educación ambiental crítica, cualquier política está destinada al fracaso”, concluyó.

El desafío ya no tiene que ver con diseñar políticas, sino que incluye garantizar una educación integral que logre concientizar a las comunidades, así como un pleno acceso a la justicia en temas ambientales. Se trata de democratizar la información y entender que, si no se actúa con rapidez, especies endémicas y ecosistemas completos podrían desaparecer antes de que se comprenda plenamente su valor.