Al finalizar su primer día de mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump había emitido 46 acciones presidenciales. De estas, aproximadamente el 20% se enfocaban en cambios a la política migratoria e incluían la revocación de medidas implementadas durante la administración de Biden, la eliminación de programas destinados al procesamiento de solicitudes de asilo, la aplicación de estándares más rigurosos para el ingreso al país y el otorgamiento de visas, así como la reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender cómo afectarán las nuevas disposiciones a los migrantes.
¿Cuántos migrantes residen en Estados Unidos?
Según datos del Pew Research Center, 47,8 millones de migrantes residían en Estados Unidos en 2023. Esta cifra mostraba un aumento de 1,6 millones en comparación con el año anterior y representaba el mayor incremento desde el año 2000.
A su vez, los migrantes constituían el 14,3% de la población total del país. De ellos, la mayor parte eran ciudadanos naturalizados y residentes legales permanentes o temporales, mientras que alrededor del 23% se encontraban en el país sin autorización, lo cual equivalía a casi 11 millones de migrantes.
Por su parte, en 2024 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registró 1.614.268 encuentros con migrantes en la frontera sur.
Encuentros con migrantes en la frontera sur de Estados Unidos en 2024 (en total de encuentros por mes). Fuente: Elaboración propia con datos de la CBP.
Si bien los encuentros presentan una tendencia descendiente desde marzo de 2024, Trump ha declarado emergencia nacional en esta frontera. Bajo el precepto de que la soberanía de Estados Unidos se encuentra bajo ataque, determinó la necesidad de emplear fuerzas armadas como la Guardia Nacional y miembros de la Reserva del Ejército para obtener el control operacional de la frontera; construir barreras físicas adicionales con el fin de mejorar la seguridad; así como evaluar la eliminación de restricciones que impiden el empleo de sistemas aéreos no tripulados dentro de un rango de cinco millas de la frontera.
De igual forma, empleó el precepto de violación de la soberanía estadounidense para establecer que la situación en la frontera puede considerarse una invasión al país. Por ello, implementó los artículos 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), los cuales permiten al presidente suspender la entrada a territorio nacional de cualquier extranjero o grupo de extranjeros si considera que serían perjudiciales para los intereses nacionales y le otorgan autoridad para imponer restricciones en la entrada y salida de personas.
De este modo, Trump extiende esta suspensión a los migrantes que intenten ingresar al país sin autorización e instruye al Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el fiscal general que adopten las medidas adecuadas para rechazarlos, repatriarlos y retirarlos de la nación.
También se dispone detener a la mayor cantidad posible de personas sospechosas de violar leyes migratorias; eliminar la práctica conocida como “captura y liberación”, la cual permitía que los migrantes esperaran la resolución de sus casos en libertad en territorio estadounidense; y deportar de forma rápida a los migrantes que ingresen sin autorización.
En este sentido, se estipula construir nuevos centros de detención; mantener retenidas a las personas que se encuentran en espera del fallo en sus procesos migratorios; y aplicar cargos criminales en contra de quienes violen las leyes migratorias y aquellos que faciliten su entrada irregular.
Asimismo, las denominadas “jurisdicciones santuario” podrían ser sancionadas con restricciones en el acceso a fondos federales si intentan interferir con las acciones migratorias y el fiscal general debe evaluar y adoptar otras medidas legales para evitar la falta de cooperación.
Las nuevas políticas migratorias incluyeron la revocación de diversas órdenes ejecutivas emitidas por la administración de Biden, enfocadas a la reunificación familiar, los sistemas de asilo y el acceso a vías legales para ingresar al país.
Dentro de las acciones anuladas se encontraban igualmente la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y la suspensión de la aplicación del Título III de la Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (también conocida como Ley Helms-Burton), las cuales había ocurrido solo seis días antes, el 14 de enero.
¿Cómo afectarán las nuevas disposiciones a los migrantes en Estados Unidos y sus familiares?
Además de las acciones para detener las entradas irregulares a través de la frontera, se realizará una revisión en el sistema de emisión de visas y en las personas aprobadas para admisión, con el fin de evitar el ingreso a quienes posean actitudes hostiles hacia los ciudadanos estadounidenses, su cultura, gobierno, instituciones, principios fundadores y que pudieran ayudar a organizaciones terroristas extranjeras o que amenacen la seguridad nacional.
Esto incluirá la identificación de países con procesos poco estrictos de verificación de antecedentes penales, cuya información sea insuficiente para garantizar que la entrada de sus ciudadanos en Estados Unidos sea libre de riesgos.
Paralelamente, el 27 de enero se suspendían todas las decisiones relativas a las solicitudes de asilo durante 90 días. Después de este período, se determinará si su reanudación se encuentra acorde con los intereses de Estados Unidos.
No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional, en conjunto con el Departamento de Estado, pueden aceptar admitir algunos refugiados si se determina que su entrada resulta de interés nacional y no presenta un riesgo para la seguridad o el bienestar del país.
De igual forma, se eliminaron todos los programas de parole, considerados contrarios a las políticas de Estados Unidos, dentro del cual se incluía el destinado a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como el uso de la aplicación CBP One como método para conceder parole o facilitar la entrada de migrantes. Esta última dejó de funcionar el 20 de enero y las citas que se encontraban previstas fueron canceladas.
Otra de las acciones adoptadas fue la referida a la concesión de la ciudadanía estadounidense, la cual establece los criterios que deben seguirse para su adquisición en caso de nacimiento. Así, se determina que no serán elegibles para obtener la ciudanía las personas cuya madre se encontraba en el país de manera ilegal en el momento del nacimiento y el padre no era ciudadano estadounidense, ni residente permanente; y aquellos cuya madre estuviera presente de forma legal, pero con una residencia o visa temporal (permisos de turismo, estudio o trabajo) y el padre no fuera ciudadano o residente permanente.
Sin embargo, se establece que estas disposiciones se aplicarán solo después de 30 días de la emisión de la orden.
¿Podrían ocurrir otros cambios migratorios durante los primeros 100 días del mandato de Trump?
Las prioridades establecidas por el nuevo presidente para su administración se centran en mejorar la seguridad del país, a través de políticas migratorias; la reducción de la inflación y la búsqueda de la independencia energética con la explotación de combustibles fósiles; reformas administrativas en la forma en que opera el gobierno; además de restaurar los “valores estadounidenses”, lo cual incluye la eliminación de políticas para los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Con respecto a las políticas migratorias, las acciones incluidas en las prioridades han sido abordadas en su totalidad en las disposiciones creadas el primer día de su mandato. No obstante, algunas de estas medidas establecen un período para que departamentos y agencias gubernamentales las implementen y evalúen su efectividad, por lo que podrían tener correcciones y ajustes en función de sus resultados.
