Sesenta segundos le toma a un agente de ShotSpotter, el sistema de detección de disparos que se utiliza en más de 120 ciudades de Estados Unidos, identificar y reportar a la policía disparos de armas de fuego en la zona donde se encuentre instalado.
Funciona de la siguiente manera: cuando se dispara un arma, el sonido es captado por sensores acústicos ubicados estratégicamente en áreas de la ciudad. La triangulación del audio identifica la ubicación de los disparos y el sonido es analizado por algoritmos de aprendizaje automático. Si este sonido coincide efectivamente con el de un disparo (o varios), ShotSpotter envía una señal al Centro de Revisión de Incidentes, donde un especialista lo revisa y añade otros datos resultantes de la lectura de la señal (“tiradores múltiples”, “armas automáticas”) y envía la información a la policía.
A pesar de que el sistema ha recibido críticas como que el nivel de precisión que alegan (97 %) no es en la realidad tan alto, sus reportes son utilizados y aceptados como evidencia en la corte estadounidense.
La madrugada del 30 de abril de 2020, cerca de las 2:00 a.m., ShotSpotter reportó un incidente en el barrio de Adams Morgan de Washington D. C.: un arma había sido disparada aproximadamente 32 veces en la calle 16th Northwest, cerca del número 2630, donde se encuentra la Embajada de Cuba en Estados Unidos desde julio de 2015.
El hombre que la Policía Metropolitana encontró al llegar allí sostenía en sus manos una bandera estadounidense y habría manejado desde Pensilvania para “confrontar a sus enemigos”. Es decir, a “los cubanos”.
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Ilustración: Emilio Cruañas (Emii).
En la noche del 29 de abril de 2020, Alexander Alazo, de 42 años, salía desde la casa de su esposa, en Pensilvania, rumbo al Distrito de Columbia con un rifle semiautomático AK-47 en el suelo de su Nissan Pathfinder 2015. Cuando llegó a su destino –la calle 16th Northwest– pasó de largo frente a la Embajada de Cuba para luego regresar 15 minutos después y estacionarse justo frente a ella.
Lo que sucedió después quedó registrado por la cámara de seguridad de la Embajada:
Alexander Alazo bajando del auto con una bandera cubana –previamente embarrada de gasolina– llena de frases escritas, a la que intentó prender fuego sin éxito.
Alexander Alazo tirando la bandera al suelo y extrayendo del auto un arma que disparó contra el edificio.
Alexander Alazo arrojando el arma contra la reja de la Embajada y extrayendo del auto una bandera de Estados Unidos que colocó sobre sus hombros mientras gritaba frases que no se escuchan en la grabación.
La Policía Metropolitana llegando al lugar y efectuando el arresto de Alazo.
Durante los interrogatorios que siguieron a su detención, Alexander Alazo confirmaría estos eventos. También diría que esperaba que en la Embajada hubiese personas a esa hora y que alguien saliera en ese momento, posiblemente el embajador, y que, si eso hubiese sucedido, él, Alexander Alazo, le hubiese disparado.
Que estaba convencido de que la Seguridad del Estado cubana –o el crimen organizado– lo perseguía hacía algún tiempo. Y que le había parecido que una mujer lo vigilaba unos días antes de esa madrugada. Que “los cubanos son el enemigo”, que los odiaba. “I need to get them before they got me”, así dijo.
Lo anterior lo cuenta el sargento James Grebas durante la audiencia preliminar que tuvo lugar por medio de videoconferencia el 14 de mayo de 2020, y estuvo presidida por el juez Michael Harvey mientras Alazo, representado por Tony Miles (defensor público designado) se encontraba bajo custodia, donde aún permanece a la espera de juicio.
Grebas, quien llegara al lugar de los hechos cuando Alazo estaba siendo detenido, es empleado del Servicio Secreto en la división de Misiones Extranjeras (Foreign Missions Branch) hace doce años y trabaja patrullando alrededor de embajadas, cancillerías y residencias diplomáticas hace dos. Al reporte de disparos esa madrugada, el sargento Grebas había sido llamado a asistir a la policía y ahora era citado por el gobierno de Estados Unidos, representado por Stuart Allen en esta audiencia, para servir como testigo.
A través de la evidencia presentada por Allen –fotos extraídas del video de vigilancia de la Embajada y de las body-worn cameras que usa la Policía Metropolitana, para empezar–, Grebas reconstruyó los hechos que identifican a Alexander Alazo como autor intelectual y factual del ataque. Al menos a los ojos del juez Harvey, quien al finalizar la audiencia preliminar dictó causa probable para los tres cargos federales que se le imputan a Alazo:
- ataque violento a un funcionario o locales de funcionarios extranjeros utilizando un arma mortal o peligrosa, o intento de hacerlo;
- transporte interestatal de un arma de fuego y munición con la intención de cometer un delito grave;
- y dañar intencionadamente un inmueble perteneciente u ocupado por un gobierno extranjero en los Estados Unidos.
A estos, un gran jurado añadiría luego un cuarto cargo: el de uso, portación y descarga de un arma de fuego durante un delito de violencia.
Un rato antes, la defensa había argumentado, entre otras cosas, que el gobierno había fallado al presentar pruebas que sustentaran los dos primeros cargos, argumentando que ninguna persona había resultado dañada durante el incidente y que la única evidencia de que ello hubiese sido posible recaía en una lista de nombres y cargos facilitada por el embajador cubano; asimismo, que existía la posibilidad de que Alazo hubiese adquirido el arma en el propio Washington, o que la hubiese guardado en algún lugar de la ciudad hasta esa noche.
A ello, el gobierno respondió nuevamente con el testimonio de James Grebas, quien había sido también testigo de los interrogatorios a que fuera sometido el acusado a su detención. En ellos Alazo afirmaba haber viajado con el arma, que había adquirido en Loudoun, Virginia, en el suelo del asiento del copiloto “por protección”.
Entre los objetos levantados de la escena se listan: un rifle semiautomático estilo AK-47, aproximadamente 32 casquillos en la acera y la calle frente a la Embajada, una bandera cubana embarrada de gasolina y escrita a mano, una bandera de Estados Unidos, y una chaqueta que usaba el detenido con las letras FBI en ella, posiblemente añadidas a mano. Dentro del auto se encontraron además ocho cartuchos que coincidían con el tipo de munición usada por el arma recuperada.
Una serie de reportes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) del Departamento de Justicia parecieran ser concluyentes al respecto. En ellos, según presentó Allen, se puede leer un informe de rastreo donde se identifica a Alexander Alazo como comprador de un rifle semiautomático manufacturado por Century Arms International, modelo M70AB2, calibre 7.62, el 10 de abril de 2020 en Loudoun Guns Inc., Leesburg, Virginia. La fecha y el lugar donde esa misma arma fue recuperada –y verificada mediante su número de serie– es efectivamente el #2630 de 16th Street NW, Washington D. C., el 30 de abril de 2020.
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El 11 de mayo de 2020, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel exigía en Twitter al gobierno estadounidense una respuesta a las “denuncias sobre ametrallamiento a nuestra embajada en Washington”. “No olvidamos larga historia de terrorismo vs [sic] nuestros diplomáticos” se lee en el tuit.
Un día después tendría lugar una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en la que el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reconoció la “actuación profesional y rápida de las fuerzas de la policía local y del servicio secreto en el momento del ataque”, a la vez que increpaba al Departamento de Estado por haber demorado “casi cinco días para ponerse en comunicación con las autoridades cubanas y emitir alguna comunicación de carácter oficial” acerca de lo que calificó como “ataque terrorista”.
“Ante una situación de esta gravedad, es necesario denunciar el silencio cómplice del gobierno de los Estados Unidos”, dijo.
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Ilustración: Emilio Cruañas (Emii).
Alexander Alazo, 44 años en 2022, aún no tiene fecha de juicio.
El 4 de febrero pasado, en representación de Estados Unidos, Matthew M. Graves, entregó una moción que pedía una evaluación psiquiátrica del acusado. Las bases eran las siguientes: el 18 de octubre de 2021, el doctor Joseph Gorin había realizado un reporte con su evaluación neuropsicológica de Alazo, que fue discutida en status conference del 27 de enero. Según el gobierno, el reporte despertaba cuestionamientos acerca de las capacidades del acusado y, por tanto, creía prudente solicitar un examen más profundo y detallado para determinar si este se encuentra en condiciones de considerar la actual oferta de culpabilidad que está sobre la mesa de diálogo.
Ahora bien, según el expediente del caso de Alexander Alazo, la primera referencia a este posible acuerdo de culpabilidad data del 17 de febrero de 2021, pero solo se menciona como una posibilidad que las partes podían perseguir. La siguiente mención, registrada el 12 de octubre de 2021, sí evidenciaría la existencia de un acuerdo (plea agreement and statement of offense), todavía por firmar y oficializar.
Aunque la defensa –llevada actualmente por Sabrina P. Shroff– se opuso a la evaluación psiquiátrica argumentando que la capacidad de Alazo para proceder a juicio no era de relevancia en este caso al no haber demostrado ningún comportamiento que indique que no sea competente, la jueza Amy Berman Jackson aprobó la moción y ordenó la ejecución de una evaluación a llevar a cabo por el Department of Behavioral Health del Distrito de Columbia antes del 24 de marzo de 2022 y cuyos resultados deberán ser presentados antes del día 31.
La próxima status conference tendrá lugar entonces el 18 de abril de 2022, a pocos días de cumplirse dos años de los sucesos que mantienen a Alexander Alazo en custodia en la Correctional Treatment Facility de Washington D. C.
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