Para 2020, el 51.24% de la superficie agrícola de Cuba no estaba cultivada y el 12.06% de la tierra era ociosa, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. En abril de 2021 se aprobaron 63 medidas destinadas a incrementar la producción de alimentos en el país, dentro de las cuales 30 tuvieron carácter priorizado.
Las medidas surgieron de un diagnóstico realizado sobre el desempeño del sector y sus principales problemas, así como de las inquietudes planteadas por productores agropecuarios.
Las acciones propuestas partían del reconocimiento de que la agricultura cubana no lograba alcanzar los niveles productivos para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, señalaba en una Mesa Redonda el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca.
Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el impacto que han tenido estas medidas.
¿Cuáles fueron los principales problemas identificados en la agricultura cubana?
De acuerdo con Tapia Fonseca, la evaluación realizada encontró problemas estructurales, organizativos, productivos y socioeconómicos que limitaban el desempeño del sector. Los estructurales y organizativos radicaban en la existencia de estructuras sobredimensionadas, la no separación de las funciones estatales y empresariales, la presencia de demasiados intermediarios entre el productor directo y el cliente final que encarecían los precios, el exceso de trámites burocráticos para la entrega de tierras ociosas, así como la falta de control en su utilización.
Los productivos consistían en una limitada aplicación de los resultados de la ciencia y la innovación, como consecuencia de la ausencia de un vínculo directo entre los centros de investigación y los productores.
En los socioeconómicos se detectaron limitaciones en la red de servicios públicos, la migración hacia áreas urbanas, el envejecimiento de la población de zonas rurales, el alto riego debido a las sequías y el cambio climático, la insuficiencia en los recursos materiales y financieros, el impago a los productores, además de la existencia de empresas y cooperativas con pérdidas y deudas sin respaldo en el sistema bancario.
¿Qué medidas se propusieron para impulsar la producción de alimentos?
Una de las medidas propuestas fue la reducción de las tarifas de los servicios de electricidad y agua (Foto: Periodismo de Barrio).
Las medidas se centraron en las tarifas de servicios, los precios y la comercialización de insumos y productos agropecuarios, los seguros y productos bancarios, los impuestos y el desarrollo local.
De este modo, se redujeron las tarifas de los servicios de electricidad y agua, además de establecerse que las contrataciones de ambos se realizaran directamente con el productor agropecuario.
Con respecto a la electricidad, para los productores que contaban con tarifas M3A se aplicó una disminución de aproximadamente 28.5%, mientras que para los que poseían tarifas M3B se estableció una reducción de 14.83% durante el horario pico, 24.42% por el día y 31.13% en la noche ―explicó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, en la citada Mesa Redonda―.
En lo referente a la tarifa del agua, esta disminuyó en 32% para el arroz y 22% para el resto de los cultivos. De igual forma, se aplicó una rebaja de 10 pesos (de 17.50 a 7.50 pesos) por cada 1000 metros cúbicos de agua subterránea empleada.
Asimismo, las medidas incluyeron la disminución en aproximadamente un 20% de la tarifa de aviación en la producción de arroz, y en un 60% de los precios de piensos nacionales para la producción porcina.
También se fijó el precio de acopio del arroz de cáscara húmeda en 6922 pesos por tonelada, y se descentralizaron los precios en la venta de malanga, plátano, boniato, mango, guayaba, fruta bomba y tomate a los gobiernos locales y grupos empresariales, mientras que se aplicaron precios centralizados para la entrega a industrias, el consumo social, las dietas médicas y el Sistema de Atención a la Familia, especificó Bolaños Weiss.
En cuanto a la ganadería, se estableció el precio de 9.00 pesos por litro de leche de vaca, excepto cuando se incumpliera el plan de entrega, que se mantendría en 7.50 pesos por litro. Además, se incrementó el precio por el servicio de enfriamiento de leche hasta cinco horas de 15 a 25 centavos por litro.
Se autorizó en la red minorista la venta liberada y directa (sin intermediarios) de leche y sus derivados y de la carne de ganado menor, así como la comercialización de la carne bovina, después de cumplir con el encargo estatal y con la condición de garantizar que no hubiera decrecimiento en la masa ganadera.
A su vez, se amplió la nomenclatura de productos autorizados para su venta directa al turismo por las empresas, Unidades Empresariales de Base (UEB), cooperativas y productores agropecuarios, además de permitirse las ventas directas a las tiendas en pesos y divisas.
Paralelamente, se establecieron dos modalidades de seguros agropecuarios: por inversión ―que cubre los costos desde la siembra hasta la cosecha― y por rendimientos ―según la unidad de área y los precios de venta―. También se aprobó la creación, por las cooperativas con capacidad financiera, de fondos en los bancos con el fin de otorgar a los asociados garantías de financiamiento para capital de trabajo.
Con relación a los impuestos, se determinó reducir de 5% a 2% el pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales para los ingresos generados en 2021 y 2022, con carácter retroactivo para los ya abonados en 2021.
A la par, se decidió priorizar la asignación de fondos de la contribución territorial para el desarrollo local en aquellos proyectos que fomentaran producciones agropecuarias y contribuyeran a mejorar los asentamientos rurales y las comunidades agropecuarias, según expuso en la Mesa Redonda el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito.
Se estableció el objetivo de consolidar la producción de alimentos a nivel local con el fin de lograr el autoabastecimiento de los municipios, potenciar el desarrollo de la minindustria para la elaboración de productos y fortalecer el sistema de economía circular.
¿Qué se ha logrado con la aplicación de las medidas?
Durante una actualización ofrecida en diciembre de 2021 a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la implementación de las medidas, el ministro de Agricultura declaró que hasta la fecha se habían realizado 158 contratos de exportación con productores por un valor de más de 15 millones de dólares estadounidenses.
Además, informó que hasta noviembre de ese año, 9256 productores se habían beneficiado con 7905 nuevas pólizas de seguro, de las cuales 4730 eran por inversión y 5583 por rendimiento. De igual forma, se habían aprobado créditos agropecuarios por un valor de 588 664 000 pesos, destinados al arroz, el plátano, la yuca, la guayaba, el ganado vacuno y el porcino.
A inicios de febrero de 2022, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, precisaba que se habían obtenido 30000 toneladas más de productos agrícolas en el primer mes del año como resultado de las estrategias aplicadas.
No obstante, el Doctor en Economía Pedro Monreal advierte que resulta “problemático atribuir tal incremento a la efectividad de las medidas si no se aportan elementos que permitan entender una posible relación de causa–efecto”. Al mismo tiempo, agrega que esta cifra representa solo el 7% de la producción mensual de viandas y hortalizas lograda durante el primer trimestre de 2019, antes de la pandemia.
¿Son suficientes estas medidas para incrementar la producción de alimentos?
Según los datos sobre Cuba del Banco Mundial, el valor agregado del sector se redujo en 22.9% durante 2020. Al revisar las cifras de 1971 a 2020, este último fue el segundo año con peor desempeño desde 1991, cuando se experimentó un descenso de 23.9%.
Pedro Monreal señala que en un sistema agrícola con muy alto peso privado, como lo es el cubano, sería necesaria la integración entre Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y productores agropecuarios privados en otras actividades para favorecer las ventajas de la escala e intensidad de capital, pues pasar a un agro moderno que permita la seguridad alimentaria requiere una modificación sustancial del actual esquema de usufructo: términos de arrendamiento mayores, fuertes garantías legales, mercados de derecho de arrendamiento y aumento de la escala de fincas.
Muy interesante y objetivo.
La mejor medida que se puede tomar para aumentar la producción es precisamente no tomar ninguna, no topar ,no regular y todos los otros “ar” que solo traen desmotivación al campesino, denle la tierra al que tenga los recursos para hacerla producir, dejen el miedo infundado a la concentración de la riqueza, si producto de hacer producir la tierra y de ofertar alimentos a la población algunos se hacen ricos, bienvenidos sea la riqueza, hagan las cosas diferentes, décadas de políticas fallidas solo han dado como resultado una escasez de alimentos casi crónica y un empobrecimiento del campo.