El reciclaje en República Dominicana se hace sin documentos

Benzo Jean Pierre es un haitiano que llegó a República Dominicana hace 20 años. Lleva 17 trabajando en Duquesa, el segundo vertedero más grande del país, que recibe la basura de este y los otros cinco municipios que componen El Gran Santo Domingo.

Duquesa es uno de los 350 que hay en toda República Dominicana. Fue un terreno donado hace más de 50 años al Estado dominicano; desde entonces se han ido vertiendo capas inmensas de basura. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, cada día llegan ahí 5,200 toneladas de desechos de los capitalinos, un tesoro para personas como Benzo.

“Yo estoy trabajando duro para que mis hijos no vengan a hacer el mismo trabajo que yo estoy pasando”, cuenta Benzo mientras recoge algunos residuos en los alrededores de su vivienda. Todos los días inicia su labor a las seis de la mañana, almuerza al mediodía y prosigue su labor sin descanso: separar lo que aún tiene valor de lo que ya no lo tiene, hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente.

En Duquesa, especialmente en el barrio Los Casabe, “viven muchos, muchos, muchos haitianos”, dice Robinson García Silfa, vicepresidente del Movimiento Nacional de Recicladores del país. “El haitiano por lo regular, o no solamente al haitiano: el pobre por lo regular, se muda cerca de donde más podrá conseguir qué hacer”, agrega.

De los 10 mil ‘buzos’ -como se conoce a los recolectores de residuos sólidos- que hay en el país, alrededor del 60% son migrantes haitianos, según cifras del Movimiento Nacional de Recicladores. “Los migrantes haitianos que se dedican a buzos son indocumentados, la mayoría con familias grandes, con hijos nacidos en el país y a su vez sin documentaciones”, según García Silfa.

En el barrio llamado ‘Batey Duquesa’ hay entre 25 y 30 casas. Allí viven en su mayoría migrantes haitianos. La casa de Benzo, ubicada muy cerca de las faldas de basura del vertedero, es de concreto desde hace unos meses, según cuenta. Antes era de zinc y madera, estaba a punto de colapsar sobre su cabeza, la de su esposa y las de sus hijos. Así que fue reconstruida hace algunos meses, gracias al apoyo de una asociación de ayuda a migrantes en el país, cuyos representantes visitaron el vertedero y lo encontraron merodeando cerca de la zona.

Una de las razones por las que esta población carece de los servicios más básicos para vivir es que no cuenta con la nacionalidad dominicana. Ni ellos ni sus hijos, aunque estos hayan nacido en el país, ya que los hijos de inmigrantes haitianos no son naturalizados por el solo hecho de nacer en este territorio, y la legislación dificulta el proceso de legalización.

Esta problemática es algo que vienen arrastrando desde décadas atrás, que conlleva desde conflictos políticos entre Haití y Dominicana, así como el tema de inmigración irregular de los haitianos a su país vecino. Asimismo, algunas regulaciones y la emisión de sentencias -como la 168/13- ha impedido dicha oportunidad a los hijos de haitianos, al considerarlos extranjeros por la nacionalidad de sus padres.

Igualmente, las leyes dominicanas no permiten que hijos de migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad puedan acceder a la nacionalidad sin antes llevar un proceso de regulación, que conlleva un papeleo que muchos haitianos no pueden costear o tramitar.

Asimismo, otra de las complicaciones para acceder a la nacionalidad es el caso de hijos de dominicanos con ascendencia haitiana que no fueron registrados de manera oportuna, a quienes se ha negado el registro tardío a través de la institución responsable, la Junta Central Electoral Dominicana.

“Todos esos muchachos que yo tengo ahí -dice refiriéndose a sus hijos- no tienen documentos, nosotros somos ilegales aquí”, expresa Benzo con su mejor español, ya que su lengua natal es el creole. Su esposa, embarazada de su sexto hijo, lo mira sonriente. Dice que él se esfuerza por dar una mejor vida a su familia, pero no cree que ellos puedan llegar a ser más que buzos.

De acuerdo con García Silfa, el migrante haitiano viene al país a buscar dinero y comida para poder enviar a sus familiares . “Los que vienen sin documentos ni nada (…) van a meterse a un vertedero a buscar la forma de cómo sobrevivir”, dice García Silfa.

Desde la división de la isla La Hispaniola -la única de la región con dos países- la migración ha sido constante; pero a través de los años y la destrucción de los recursos en el vecino país Haití, la migración de estos ciudadanos ha incrementado en busca de mejoría, ya que es su único vecino por tierra y con mejores condiciones económicas y de vida.

La búsqueda por documentos

Juancito Jean, otro haitiano que reside en Los Casabes, a solo unas cuadras del vertedero, cruzó la frontera sin documentos, pagando unos cinco mil pesos (100 dólares) a un transportista de migrantes y nunca legalizó su estancia. Hace 18 años, Juancito decidió recoger hierros y plásticos para venderlos a las afueras de Duquesa.

Asegura que gana mejor que trabajar como albañil en las construcciones, ya que recogiendo desechos en el vertedero se puede llevar hasta 500 pesos diarios (10 dólares), uno o dos dólares más que en la construcción; además, se libra de sufrir los maltratos de cargar materiales o arriesgar su vida sin protección alguna.

Para Juancito no hay muchas más opciones laborales en República Dominicana. “Sin documentos no queda más que vivir de lo que podemos”, dice. Como él hay muchos que, por carecer de visa o permiso para establecerse legalmente en el país, solo les queda la basura como refugio y forma de vida.

Pero esta problemática no es exclusiva de haitianos. Del 40% restante de recolectores que hay en el país, se calcula que al menos la mitad son dominicanos sin documentos.

Indocumentados en su propia tierra

Carlos Suero, de 27 años, es uno de ellos. Por no haber sido reconocido legalmente por sus padres al nacer, no posee una identificación que lo ayude a dedicarse a otra labor, así que lleva 14 años trabajando como buzo.

Suero es uno de los miles de dominicanos no declarados o reconocidos, de los sectores más empobrecidos del país, por lo cual carecen de identificación personal ni registros de existencia. No existe un registro oficial de la cantidad exacta de personas que están en esta situación, que arropa generaciones de una misma familia sin documentos de identidad.

“Hay muchos recicladores sin documentos, que es una de las cosas que les troncha el camino a quizás pensar en otra cosa. `No tengo cédula, no tengo documentos, no tengo nada, no me queda más que estar entre la basura’”, añade Silfa, refiriéndose a sus compañeros de labor.

Y aun en los casos en los que logran conseguir papeles, después de años dedicados al reciclaje, muchos deciden seguir viviendo de los vertederos. Emilio Pérez es un buzo de nacionalidad dominicana e hijo de dominicanos.

Desde que tiene memoria y trabaja en el vertedero desde que amanece hasta que se oculta el sol. “Si hay un chin (poco) de aluminio o de metal o hierro, subo, lo vendo, me dan algo, me mantengo con eso”, cuenta.

Con 42 años, cuatro hijos y dos nietos, Emilio obtuvo su documento o cédula de identidad hace poco. “Sí tengo documentos, pero ya no tengo edad para hacer otra cosa”.

Pero no fue la suerte de Bryan, quien a sus 27 años no está legalmente reconocido. Sus padres, dominicanos, no lo reconocieron legalmente a la hora de su nacimiento ante la Junta Central Electoral.

“Cuando mi mamá me tuvo, mi papá me abandonó. Y ya ella tenía muchos muchachos qué mantener, yo fui de los más pequeños”, cuenta Bryan, quien fue criado por su abuela en el sector de Cristo Rey de Santo Domingo.

Sin partida de nacimiento ni posteriormente cédula de identidad, no pudo terminar sus estudios básicos y hoy opta por trabajar entre la basura, por la falta de documentación que es requerida a la hora de solicitar un empleo.

“Uno no puede trabajar en otra cosa si no tiene cédula o no estudió”, admite, y agrega que se acostumbró a vivir entre la basura.

Todos los caminos llevan a Duquesa

Según un mapeo de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, en República Dominicana hay 10 mil buzos o recicladores -todos informales- y más del 70% de ellos trabajan en vertederos a cielo abierto, ubicados en la periferia de las ciudades. El resto trabaja en las calles, como ‘chatarreros’, buscando entre la basura o comprando botellas de plásticos o vidrio.

En la capital del país, la mayor parte de los buzos (cerca de 700) trabajan en Duquesa y la mayoría vive en barrios cercanos, como Los Casabes y Batey Duquesa. A unos ocho kilómetros de distancia de ese vertedero se encuentra la Estación de Transferencia de Desechos en el Distrito Nacional, la capital dominicana. En ella trabajan otros 750 buzos, “todos registrados en el Movimiento Nacional de Recicladores en el país”, según García Silfa.

La estación es parte de la ruta que siguen los desechos del Gran Santo Domingo, que inicia cuando el camión de basura pasa por los diferentes sectores (barrios). Junto a la Estación, en el céntrico barrio capitalino La Zurza, el Ayuntamiento del Distrito Nacional habilitó un espacio para que los buzos tengan dónde separar los residuos reciclables, para luego venderlos y sacar el dinero de la comida del día. La mayoría de ellos reside en esa zona.

En dicho espacio existen muchas personas con empleo formal del gobierno, tanto en el área administrativa como en el manejo de maquinaria pesada para acoplar los desechos, y personal de manejo de camiones de basura y seguridad. En tanto que el trabajo de separación de los desechos queda a mano de los buzos, que aunque se llevan ganancia en la venta de su recolección, le sirve como mano de obra gratuita a dicho ayuntamiento, dentro de las propias instalaciones de la Estación.

Generalmente, los capitalinos esperan la llegada del camión recolector para sacar los tanques de basura de sus casas, o la depositan en algún punto destinado para dicho fin, como los contenedores colocados en algunas calles o lugares habilitados por la costumbre dentro de los barrios, cualquier calle o avenida, sin ningún orden. Luego los camiones llevan los desechos a la Estación de Transferencia, donde se hace una primera selección de materiales que pueden ser reciclados.

“Hacemos un trabajo de separación de todo a lo que le encontramos cierto valor agregado; lo sacamos, lo vamos acumulando, luego lo vendemos. Este es un material que ya la alcaldía del Distrito Nacional no tiene que pagar para que sea llevado a Duquesa”, cuenta Silfa.

Quienes separan residuos en la Estación también son trabajadores informales, que venden los productos reciclables a empresas o personas en los alrededores del vertedero, lo que les sirve como ganancia propia. Los compradores van desde pequeños comerciantes que se encuentran en la calle cercana al vertedero, o grandes industrias multinacionales que se dedican al reciclaje en el país, como Klinetec dominicana, Resicla, Green Love y otros.

El resto de los desechos continúa en la ruta, con los empleados de gobierno que reciben la basura en el camión. La autoridad no permite la incorporación de trabajadores informales para la recolección de basura casa por casa, ya que al viajar en los camiones corren riesgos que los ayuntamientos no podrían asumir.

Los camiones van al vertedero de Duquesa, donde los buzos se lanzan sobre el recolector para poder sacar los mejores desechos para su posterior venta. Aunque en Duquesa existe una nómina de empleados, ellos no clasifican los desechos sino que fungen como vigilantes, o conductores de camión que remolcan la basura de un lugar a otro, para dar espacio a las próximas volquetas de residuo que lleguen en el transcurso del día.

Esa ruta pasa por la Estación, pero hay muchas otras que no. Los camiones que recogen los desechos de municipios del Gran Santo Domingo, como Santo Domingo Este, Oeste y Norte, Los Alcarrizos y Pantoja no poseen una estación de transferencia, por lo que llevan la basura directamente al vertedero.

Ese servicio le implica un gasto millonario a cada sector. Distrito Nacional, por ser la zona más poblada de las que despachan residuos al vertedero, gasta más: paga unos siete millones de pesos dominicanos mensuales (poco más de 120 mil dólares estadounidenses) de su presupuesto anual por las toneladas de basura que envía.

Por su parte, el ayuntamiento de Santo Domingo desembolsa cada mes 3.5 millones de pesos (60 mil USD) y el de Santo Domingo Oeste 500 mil pesos (8 600 USD) mensuales. Los ayuntamientos de Los Alcarrizos y Pantoja también envían sus residuos a Duquesa, por los que pagan 115 mil pesos (casi 2 000 USD) al mes de sus presupuestos entre ambos. Santo Domingo Norte no paga porque es en su territorio que está asentado el vertedero, según datos del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

La recolección de los residuos sólidos es un servicio que pocos ciudadanos pagan. Aunque se emite una factura mensual por parte de los ayuntamientos, no siempre llega a la población o simplemente el ciudadano no paga, ya que no existe sanción alguna ni corte del servicio.

Debido a dicha situación han recapitulado en la emisión de nuevas facturas para el pago del servicio, tras la actualización de los datos de sus clientes; estableciendo que el costo del mismo se mantendrá entre cuatro o cinco dólares al mes.

“Lo que vendemos nos da para comer”

La mayoría de los buzos vive al día. Gracias a lo que logran recolectar y vender, llegan a ganar entre 200 y 250 dólares al mes -entre 11 mil y 15 mil pesos dominicanos-, comparable al salario que ganaría un conserje o, incluso, un recolector de basura del Ayuntamiento, quienes viajan en los camiones recolectores.

Carlos Suero se dedica al reciclaje desde los 13 años. Aunque inició con metales y plásticos, hoy se dedica especialmente a recolectar sacos de hilo, que son muy demandados en la industria de los alimentos. Asegura que con lo que recicla en las ocho horas que trabaja en la Estación de Transferencia diariamente, le da para comer. Dice que por 100 sacos se puede ganar aproximadamente unos 500 pesos dominicanos, lo que equivale a unos nueve dólares.

En tanto Silfa, quien lleva más de 15 años como reciclador y hoy es miembro directivo del movimiento fundado en 2011, junto a la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, explica que los precios de los materiales son variables pero ninguno rebasa un dólar por libra. “El aluminio está a 15 pesos la libra (25 centavos de dólar), el hierro está entre cinco y seis pesos la libra. Del vidrio lo que se vende son botellas y la botella está a tres pesos la de presidente”, detalla.

Asimismo, destaca que el plástico HDPE (galones) se vende en el país a cinco pesos dominicanos por unidad, al igual que el cobre a 100 pesos la libra (dos dólares), así como el bronce. “El cobre se consigue en el alambre y el bronce por lo regular son herramientas hechas de cobre. Cosas que la gente tiene en su casa, que tienen valor a veces hasta sentimental pero termina botando. Como son cosas que aparecen poco, son más costosas”, refiere.

Incluidos por primera vez en una ley

El representante de los recolectores asegura que estos trabajadores no tienen beneficios salariales, seguro de salud, seguridad social ni pensión. “Si no trabajan no comen ni ganan dinero”, sentencia Robinson García Silfa.

Indocumentados o documentados, los recicladores o ‘buzos’ no son reconocidos como parte del sector laboral formal ni reciben los beneficios de ley otorgados por el Estado dominicano. “La realidad es que el reciclador no anda buscando el nombramiento, no anda buscando un empleo, lo que anda buscando es ser reconocido. En primer orden que se reconozca bien el trabajo que hace y pues también ser remunerado por la labor que hace, que es una labor ambiental”, puntualiza el líder.

Una nueva legislación podría cambiar el panorama de estos trabajadores. El 6 de febrero de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos de la República Dominicana, que por primera vez incluye a los buzos de los ayuntamientos como recolectores formales de basura.

Con esta ley, se busca reconocer a los recicladores. En su artículo 50, busca incentivar a la organización de los recicladores de base para que participen de forma individual o colectiva y presten sus servicios en las diversas fases de manejo integral de residuos sólidos.

Al volverse parte formal de los ayuntamientos, percibirían beneficios básicos como seguro de salud, seguro de vida, seguro de vejez y posibilidades de acceder a créditos bancarios.

Aún se espera que la ley sea promulgada y que sea emitida una resolución para su implementación, por parte de los legisladores dominicanos.

“Iríamos casa por casa a motivar a las personas a separar desde el origen y automáticamente la persona sabe que los materiales valorizados se los va a entregar a un reciclador, que es quien va a hacer la ruta selectiva”, dice García Silfa al referirse a la separación de los materiales.

Añadió que la basura que ya no se puede reciclar irá al vertedero sin necesidad de separarla, lo que reducirá el trabajo de selección dentro del mismo. “Eso sería una ayuda para la alcaldía, podríamos decir que va a tener una familia que separa, que recicla, que reusa si es necesario, y una familia que le va a guardar su basura organizada en la más mínima expresión”.

Ilustración de portada: Andrea Paredes.

Este reportaje es parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes.