Esa es hoy la situación de las familias de varias mujeres cubanas que permanecen en la cárcel desde que participaran en las protestas políticas del 11 y 12 de julio de 2021, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles cansados de la escasez de alimentos, en medio de una crisis sanitaria agravada por la pandemia de coronavirus y gritando a coro la palabra “Libertad”. Luego de que el pueblo se uniera en estas protestas inéditas, nunca vistas en el país desde la llegada de la Revolución al poder, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a sus aliados a hacer frente a los manifestantes. «La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios» fue la frase que, pronunciada en la televisión nacional, significó casi una orden de combate y desató la represión de las fuerzas policiales contra los civiles.

Desde entonces, más de un hijo —incluso menores de edad— ha tenido que quedar al cuidado de un familiar, más de una madre no ha vuelto a recoger al niño a la salida de la escuela, más de un matrimonio se ha congelado en el tiempo y más de un padre ha dicho que no puede más. Hay en todos ellos un sufrimiento común, una exigencia transversal en la lucha contra el poder político y en el reclamo por la justicia de sus seres queridos.

De las 1.484 personas detenidas por salir a las calles durante las protestas, 218 fueron mujeres, según los registros de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J. Hoy 57 de esas mujeres se mantienen en prisión, la mayoría con condenas de más de cinco años de privación de libertad y acusadas por los delitos de desorden público, desacato y atentado. En varias ocasiones, gobiernos y organizaciones internacionales han denunciado las injustificadas detenciones y las penas abusivas, pero el gobierno cubano ha hecho caso omiso a cualquier tipo de denuncia sobre sus constantes violaciones a los derechos humanos.

La mujer cubana ha estado en todos los escenarios importantes de lucha contra el poder en los últimos años, ya sea desde podios más públicos o desde la sala de la casa: se les vio en las protestas de julio y también  manifestarse a las afueras del Ministerio de Salud Pública reclamando atención médica para sus hijos; se les ha visto con tanques y cubos plásticos plantadas en las calles por la falta de agua o comida; han protagonizado las campañas por el reclamo de una ley contra la violencia de género en medio de la ola de feminicidios reportados en el país; se les ha visto protestar por mejoras en la vivienda o reclamando la leche subsidiada de sus hijos.

Esta serie, que no pone nombre ni rostro a sus protagonistas, llega en el Mes de la Historia de la Mujer. Pretende ser un llamado de atención sobre la situación que viven las presas políticas cubanas y el dolor que dejan sus ausencias. En un mes como marzo, cuando se reivindica la figura femenina, esta serie reúne las historias de varias mujeres en un mismo reclamo y expone la fractura de la familia cubana, inevitablemente atravesada por la política. Que sirva de denuncia y sea una manera de recordar a las detenidas, las encarceladas, las apresadas, las enjuiciadas, las condenadas que no merecen, que no deberían ser ni lo uno ni lo otro.

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Periodismo de Barrio responde algunas preguntas para comprender la situación de los derechos humanos en Cuba que expone el capítulo “Cuba: Eventos de 2022”.

¿Cómo se reprime en Cuba?

Las detenciones arbitrarias son una forma de represión para intimidar a críticos del régimen, activistas por los derechos humanos, opositores políticos, periodistas independientes, etc.; en la mayoría de los casos, los agentes no presentan órdenes judiciales.

Los llamados “disidentes” cubanos son también víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar fuera del país o entrar a la Isla, allanamientos de sus viviendas y prohibiciones para la libre circulación, además de la confiscación de materiales de trabajo.

Paralelamente, el gobierno limita la información que proviene del exterior, bloquea el acceso a páginas web de noticias, controla los medios de comunicación oficiales, y restringe parcial o completamente el acceso a datos móviles en el territorio nacional.

En los últimos años se han aprobado diversas legislaciones que reducen aún más la libertad de expresión: el Decreto-Ley 370/2018, el cual establece en su artículo 68 que la difusión de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de la personas es una violación de la ley y quienes incurran en esto serán sujetos a la aplicación de diversas sanciones; el Decreto 35/2021, que determina los usos de los servicios de telecomunicaciones en el país; y el nuevo Código Penal (Ley 151/2022), aprobado en mayo de 2022, que abre las puertas a la imposición de penas de privación de libertad a opositores al régimen.

Durante los juicios contra los manifestantes del 11 de julio, los fiscales emplearon pruebas poco confiables y sin verificar. Muchos de los participantes en las protestas fueron imputados con cargos vagos e imprecisos, como desacato o desorden público, y otros con el delito de sedición, por el cual recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión.

¿Cuántos presos políticos hay en Cuba?

El nuevo Código Penal abre las puertas a la imposición de penas de privación de libertad a opositores (Foto: Archivo de Goon Vibes).

Hasta enero de 2023, había 1077 prisioneros políticos en Cuba, según datos de la organización Prisoners Defenders. De ellos, 36 son menores de edad y 17 de estos se encuentran en proceso o ya han sido condenados por el delito de sedición, con una pena media de 5 años de privación de libertad.

Las prisiones y centros de detención en el país poseen una sobrepoblación y existen condiciones de hacinamiento, explica el informe de HRW. Los presos que inician huelgas de hambre o critican al gobierno son encerrados a menudo en celdas de aislamiento, sufren maltrato físico e incluso tortura, se les restringen las visitas familiares y se les niega atención médica. Además, no existen mecanismos para presentar reclamos por abusos y el gobierno no permite que organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos tengan acceso a las cárceles.

¿Qué ocurre con los derechos económicos, sociales y culturales?

Para enero de 2023, más de 149.000 cubanos tenían casos migratorios pendientes ante las cortes de Estados Unidos (Foto: Periodismo de Barrio).

La escasez de medicamentos, alimentos, productos básicos y cortes en el suministro eléctrico limitan las posibilidades de los cubanos de ejercer este tipo de derechos, explica el documento. Ello ha conducido a una ola migratoria sin precedentes, que ha superado los máximos históricos de las décadas de 1980 y 1990.

Para enero de 2023, 149.764 cubanos tenían casos migratorios pendientes ante las cortes de Estados Unidos, en comparación con 129.513 en 2022, 38.925 en 2021, 31.896 en 2020 y 26.443 en 2019, según datos de Trac Immigration.

Por otra parte, si bien Cuba ha ratificado 90 convenios y un protocolo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código de Trabajo, aprobado en 2014 y actualizado en 2020, incumple tratados sobre libertad sindical y derechos de sindicación de los trabajadores, al no permitir la existencia de sindicatos independientes no controlados por la Central de Trabajadores de Cuba.

De igual forma, el gobierno viola los derechos humanos de los trabajadores de la salud enviados al extranjero, pues impone restricciones a su privacidad, libertad, circulación, así como libertad de expresión y asociación.

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+?

En los últimos años, la Isla ha impulsado diferentes medidas relacionadas con los derechos de las mujeres, como el Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres o las disposiciones incorporadas al respecto en el nuevo Código de las Familias; sin embargo, el gobierno continúa sin adoptar acciones para frenar los casos de feminicidios e ignora los reclamos de la sociedad civil sobre la implementación de una Ley Integral contra la Violencia de Género.

Al mismo tiempo, a pesar de que el Código de las Familias abre las puertas para que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, y de que la Constitución cubana prohíbe la discriminación con base en la orientación sexual e identidad de género, el informe de HRW señala que integrantes de la comunidad LGBTIQ+ sufren violencia y discriminación, sobre todo en el interior de la Isla.

¿Puede la comunidad internacional generar alguna influencia en el estado de los derechos humanos en Cuba?

A pesar de los reclamos de la sociedad civil, en Cuba no se ha aprobado una Ley Integral contra la Violencia de Género (Foto: Periodismo de Barrio).

La comunidad internacional no ha logrado conseguir avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba. El HRW explica que el embargo económico de Estados Unidos es usado por el gobierno para justificar los problemas nacionales y los abusos. A su vez, la medida estadounidense genera simpatía hacia la Isla en otros países, los cuales, quizás bajo diferentes circunstancias, habrían condenado las prácticas que se llevan a cabo en el territorio.

En 2022 el Alto Representante del Consejo de la Unión Europea emitió dos declaraciones que condenan la situación de los derechos humanos en Cuba, específicamente en relación con los juicios y sentencias de los participantes en las protestas del 11 de julio y la ausencia del respeto a los estándares internacionales y los principios básicos de transparencia y debido proceso. Además,  se publicó una declaración conjunta con Canadá en la que instaban a la Isla a respetar y proteger la libertad de expresión.

Desde 2016 la Unión Europea mantiene con Cuba un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC), el cual contempla la realización de diálogos informales periódicos en materia de derechos humanos y la creación de iniciativas de cooperación al respecto. En septiembre de 2021, el Parlamento Europeo proponía una resolución para la suspensión del Acuerdo y solicitaba la adopción de sanciones contra los responsables de violaciones de los derechos humanos. No obstante, hasta el momento, el ADPC sigue vigente.

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