“Las ratas son parte de la familia de las casas colindantes con el río”, dice Olga Lidia Ordoñez Giménez; llegó hace seis años proveniente de una permuta y ahora vive sola, “al ladito del río”.

En palabras del entonces primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, la basura es “el principal desafío de la ciudad en estos momentos”. En dicha reunión del Grupo Temporal de Trabajo, en agosto del pasado año, se refirieron a un día en específico donde se recogieron 17000 metros cúbicos de desechos, lo cual representaba el 74% del total de la basura. No obstante, como promedio en La Habana se recoge solo el 68% de los desechos, mientras que el resto, entre 4000 y 5000 metros cúbicos, se mantiene cada día en la ciudad.

Según cifras oficiales, La Habana genera casi 24000 metros cúbicos de desechos cada 24 horas. Si se esparciera esa cantidad de basura sobre un campo de fútbol (90 metros de largo por 45 de ancho), se formaría una capa de aproximadamente 5,7 metros de altura.

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La basura afecta directamente la vida de las personas (Foto: Leonardo Ruiz Rivera).

Olga viste una licra y un pulóver negro con la icónica boca de los Rolling Stones. “El río es el basurero del vecindario. Nadie viene a limpiarlo. Lo hacen solo cuando llueve, gracias a Dios”. Con el río y la suciedad, también vienen los mosquitos.

Jorge Gallardo Núñez vive a pocos metros de Olga y para él lo que hace falta es un alcantarillado. Así se eliminan las enfermedades y los insectos. Jorge es delgado. Viste pantalón corto y chancletas, descamisado. Tendrá alrededor de 50 años. La parte posterior de su casa también da al río.

—Las señoras que tienen niños tiran los excrementos ahí. Cuando sube el río todo eso se mete en los patios. La rata anda por aquí que es lo más grande de la vida. No hay una pastilla, un veneno para eliminarlas.

Jorge y un grupo de vecinos han decidido no tirar sus desechos al río. Apilan la basura en un rincón y, una vez que esta se hace insoportable y obstruye el paso, entonces la queman.

El Mambí es uno de los más de 60 barrios de La Habana, y uno de los siete de Guanabacoa, que entraron en el “Plan de transformación integral de barrios vulnerables”. El proyecto comenzó a aplicarse en agosto de 2021 e incluía un grupo de acciones para erradicar problemas materiales y sociales en comunidades vulnerables de la capital. Sin embargo, aunque en los primeros tres meses se realizaron 26000 acciones sociales y 7290 labores constructivas, según el exgobernador de La Habana, Reynaldo García Zapata, las acciones estuvieron enfrascadas en resolver problemas menos complejos como la entrega de libretas de abastecimiento, la legalización de viviendas, ofertas de vinculación laboral y de continuidad de estudios, atención a adultos mayores, y reparación de instituciones y espacios públicos como parques, consultorios, bodegas, comedores sociales, etc. Otros problemas que conllevan mayor presupuesto, como la construcción y rehabilitación de viviendas, la pavimentación de los suelos, el saneamiento básico, la reparación del alumbrado y el transporte, los cuales no son ajenos a cualquier otro barrio fuera de estos 65 más vulnerables, son más difíciles de resolver.

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“Palo alto” o “sitio de aguas” son las etimologías más aceptadas por los investigadores en cuanto al nombre taíno Guanabacoa. Conocida como la villa de Pepe Antonio, héroe cubano que enfrentó a los ingleses cuando la toma de La Habana, o tierra del babalao, por ser centro del culto de las religiones afrocubanas, menos se le conoce por ser sitio de un amplio patrimonio hidráulico. Antes de enero de 1959, 11 de las 27 marcas de agua mineral comercializadas en Cuba radicaban y utilizaban el agua de Guanabacoa. Los Baños de Santa Rita, un sitio de pocetas naturales, eran reconocidos a nivel nacional por las propiedades medicinales y el estado de pureza de sus aguas. La empresa La Cotorra comercializaba 20 millones de botellones de agua al año, que se distribuían a cada rincón de la Isla.

El agua corre por todo el municipio debido a los cientos de arroyos que se entrelazan con las calles, pasando en ocasiones por debajo de las mismas casas. En la actualidad, estos riachuelos son concebidos como vertederos naturales, alcanzando altos niveles de contaminación. La insalubridad y proliferación de desechos sólidos en el municipio, la falta de educación ambiental, la pobre infraestructura para la gestión de los desechos y la falta de respuesta institucional, han hecho de la basura un panorama habitual en el municipio.

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Debido a la basura y la consecuente contaminación, las aguas de Guanabacoa se tornan de color verde olivo (Foto: Leonardo Ruiz Rivera).

—Los arroyos no tienen nada que ver con nosotros. Antes sí, pero ya no pertenecen a nosotros –dice un trabajador de Servicios Comunales de Guanabacoa que prefirió permanecer en el anonimato. Su institución es la encargada de la recogida de desechos sólidos. En diciembre de 2022, en una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Ministros decidió que los Servicios Comunales pasaran a empresas, otorgándoles mayor autonomía para gestionar sus propios desechos.

Guanabacoa tiene una población de 113000 habitantes y una superficie de 188 kilómetros cuadrados; el segundo municipio de mayor extensión territorial de La Habana. Según los trabajadores, para recoger los más de 2000 metros cúbicos de desechos sólidos que se generan en el transcurso de un día en el municipio, la Empresa de Comunales contaba hasta el mes de mayo con dos colectores, un tractor y dos camiones de volteo; mientras que una Mypime (micro, pequeña y mediana empresa) contratada contaba con seis camiones, además de otros vehículos menores que sirven para la recogida de residuos.

Debido a la incapacidad de gestión de Servicios Comunales para hacerse cargo de la basura, y con la puesta en vigor de la Resolución 246 del Ministerio de Finanzas y Precios, el gobierno contrató a las Mypimes para colaborar en la recogida de basura. Estas Mypimes especializadas realizan contratos con las Empresas Comunales de cada municipio, pero más allá del arrendamiento de algunos equipos o facilidades para adquirir el combustible, los nuevos actores económicos tampoco han dado respuesta a la crisis de saneamiento de la Isla debido, entre otras cosas, a la política de impuestos e impagos de los organismos oficiales.

Hasta inicios de este año, se tenían reportes de pagos de hasta 50 pesos cubanos (aproximadamente 0.14 USD según el cambio informal) por metro cúbico de basura recogida, mientras que los impuestos ascendían al 10% por los servicios y 5% por ingresos personales, además de la contribución a la seguridad social. Por último, el aumento del precio del combustible ha atentado contra la eficiencia de las Mypimes.

Yanet Hernández, gobernadora de La Habana, explicó en agosto del 2023 que solo el 39% de los 440 equipos de servicios comunales se mantenía operando y que su disponibilidad técnica estaba reducida al 40% debido a la falta de neumáticos, baterías, llantas y otros insumos, mientras que 11 de los 29 colectores de la Empresa Provincial de Higiene estaban paralizados.

—Hay zonas por donde Comunales no pasa porque no hay camión. Incluso, hay veces que estamos recogiendo los tanques y se nos acerca la población y nos pregunta por qué no recogemos del piso. Porque no lo pagan, eso es doble trabajo –vuelve el trabajador.

Los recogedores que forman parte de la plantilla de Comunales son los que utilizan el colector, camión de color naranja, preparado solo para voltear los tanques de basura. La realidad es que muchas veces estos tanques no dan abasto por la demora de la recogida y la basura es arrojada en cualquier sitio, llegando en ocasiones a obstruir el paso del propio colector hacia el tanque.

—A nosotros antes nos pagaban especializada (basura del tanque) y convencional (basura del piso). Ahora, hagamos lo que hagamos, solo nos pagan la especializada.

Los colectores cuentan con seis o siete años de explotación, dando dos viajes por la mañana y por la tarde en distintas zonas.

—La gente dice que no recogemos la basura, pero hay que estar aquí adentro para ver lo que está pasando. Cuando se rompe un camión, son los choferes los que se gastan 10000 pesos y más de su bolsillo. Normalmente cobramos entre 15000 y 17000 CUP; pero si no lo arreglamos se parquea el vehículo y nos quedamos con el salario básico: 3500 pesos.

El director provincial de Servicios Comunales de La Habana, Onelio de Jesús Ojeda, declaró a finales del pasado año que más de 200 equipos se encontraban paralizados, estando solamente en funcionamiento 63 camiones colectores y 175 camiones de volteo, mientras que de los 25 minicargadores con los que cuenta la empresa, apenas se mantenían tres trabajando.

Fuera de los lugares céntricos de Guanabacoa como la avenida principal o el centro histórico, en repartos como El Mambí, Habana Nueva o Callejón del Sapo, la recogida de la basura puede tardar semanas o meses. Los desechos en los arroyos o sitios sin pavimentación no entran dentro de los objetivos de recogida.

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En numerosas esquinas de Guanabacoa se puede encontrar la frase: “No arrojar basura” (Foto: Leonardo Ruiz Rivera).

Jesús Sánchez Hernández vive en la calle Samaritana y tiene una ceiba justo en la esquina de su casa. Esta ceiba no tiene ofrendas. Sirve como punto de referencia para arrojar basura.

Jesús dice que Comunales no pasa por esa zona. Paga para que un vecino lo ayude con una pala, aunque a los tres días la basura vuelve al mismo sitio, entrando en ocasiones a su casa cuando el río sube por la lluvia. Quemarla no es una opción debido a la religiosidad de Jesús y la cercanía de la ceiba a su casa.

Leonor Álvarez vive también en Samaritana. A una cuadra de su casa hay un vertedero mayor que el de Jesús. Un puente y una calle ancha, sin tanques, con más de 20 metros de desechos en los laterales, dejan un pequeño espacio en el centro para que transiten los vehículos. El olor es fuerte, olor de basura mojada y podrida.

—Las moscas te levantan en peso. Un día de viento, como hoy, es horrible. Recoges tu jardín, vuelves a tirar la basura para allá, pero como se demoran en recogerla, se vuelve a meter –dice Leonor.

“La basura en Cuba hace años es un problema medioambiental”, así lo reconoce Joel Hernández Marín, quien fuera especialista en Educación Ambiental del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

El CITMA surge en 1994, y tres años después se crea la Ley de Medio Ambiente. También en 1997 se crea la Estrategia Ambiental Nacional, la cual ha contado con tres actualizaciones (2006, 2010 y 2020), y en ella se recogen los principales problemas y acciones para cuidar el medioambiente. En reiteradas ocasiones, la expresidenta del CITMA, Elba Rosa Pérez Montoya, reconoció en espacios públicos las limitaciones y retos que aún quedan por enfrentar: la descontaminación de las bahías y la eliminación de focos contaminantes en los asentamientos humanos, etc.

En el 2017 se aprobó la Tarea Vida, plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático que consta de 5 acciones estratégicas y 11 tareas. Tanto la Tarea Vida como la Estrategia Ambiental Nacional son los principales proyectos del CITMA.

—La basura es veneno. Las ratas traen miles de enfermedades como la rabia y la pulga; los mosquitos, el dengue. Mucha gente entonces decide quemarla, pero el humo que desprende no es un humo cualquiera. En esa basura hay pintura, animales muertos y, sobre todo, plástico. El plástico es derivado del petróleo y tarda mucho en degradarse. Se va fragmentando y se convierte en microplásticos, los cuales estamos comiendo y respirando –dice Joel Marín, quien también fue parte del cuerpo de Guardabosques.

Los microplásticos tienen afectaciones en el medioambiente, los animales y los seres humanos. En estos últimos, según un estudio realizado en el 2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se puede afectar la salud reproductiva en los adultos, además de trastornos del desarrollo neurológico, problemas hormonales, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras.

—Yo no vivía en Guanabacoa cuando eso –prosigue Joel Marín–, pero la mamá de mi hijo me contó que ella se bañaba en el río de Las Lajas cuando niña. Una persona que tiene 47 años; hoy aquello es un vertedero. Estamos afectándonos la salud y perdiendo el espacio de socialización.

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La basura puede pasar meses sin ser recogida (Foto: Leonardo Ruiz Rivera).

—Nos exigen, pero no nos dan nada para trabajar, solo un par de botas y guantes cada dos años –dice visiblemente molesto otro de los trabajadores de Comunales de Guanabacoa.

Varios de ellos están sentados en una de las tantas cafeterías de la avenida Corral Falso.

—¿Cómo uno que está en la oficina cobra más que yo, si supuestamente tengo utilidades y estoy arriba de la peste, de la infección? –pregunta–. Cada tres meses nos tienen que pagar esas utilidades. Nos pagaron las primeras dos veces. Las dos últimas, que tocaban en enero y abril, no las pagaron, porque simplemente no había dinero.

El sitio es pequeño. Cuenta con dos mesas bajo techo, pegadas a la acera. Los carros pasan dejando un ruido largo que se cuela en la conversación. Uno de los trabajadores pide un refresco y el otro una cajetilla de cigarros.

—Entran botas y gomas para los camiones y se desaparecen…

La plantilla de la Empresa de Servicios Comunales de toda La Habana se encuentra al 68%, lo cual representa una fuerte inestabilidad en la fuerza de trabajo. Para suplirla, han acudido a los reclusos y a sancionados domiciliarios.

Uno de los trabajadores se termina su refresco, pero no tiene donde botarlo.

—En el almacén quedan como 20 tanques de basura. Hasta hace nada había 300 –comenta.

El otro, más tranquilo, explica que al parecer son contratos que tiene la empresa con otras compañías que necesitan tanques, pero que Comunales no debería entregar los tanques nuevos cuando la situación en el municipio, precisamente con los tanques, es crítica. “Los queman y se roban las ruedas y el plástico”, dice.

Para este reportaje se intentó contactar en reiteradas ocasiones con algún representante de los Servicios Comunales de Guanabacoa a través del perfil institucional en Facebook, de llamadas telefónicas y de visitas al organismo. Finalmente se logró establecer comunicación con Mislady Martínez, directora de la empresa, quien se negó a brindar declaraciones y a compartir información sobre el estado actual de la recogida de desechos en el municipio.

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En la misma punta de la Loma de la Cruz, se encuentra uno de los vertederos más grandes de la zona (Foto: Leonardo Ruiz Rivera).

La Loma de la Cruz está a 70 metros sobre el nivel del mar, a la entrada de Guanabacoa. Desde lo alto del cerro se tiene una panorámica completa de la bahía de La Habana. En las faldas de la montaña descansan la Fuente del Obispo y los manantiales de La Cotorra, patrimonios culturales e hidráulicos del municipio.

Por aquí no resuena Guanabacoa con sus carretones y pregones. Aquí solo está Miguel, quien pastorea tres cabritas por encima de uno de los vertederos más grandes de la zona, en la misma punta de la Loma de la Cruz.

—¿Cada cuánto tiempo la recogen? Cuando se tranca la calle –dice Alberto Cabana, el vecino más cercano al vertedero.

Alberto y otros dos vecinos se levantan todos los días temprano y recogen la basura, que en ocasiones llega hasta sus casas.

—El problema es que dicen que esto no lo tienen registrado como un vertedero. Pues traigan a un inspector.

El vertedero está situado en una de las pendientes de la loma. La solución engañosa que han encontrado es arrojar la basura al precipicio, siendo imposible para los equipos recogerla posteriormente.

En el portal de la casa de Alberto el sol pega fuerte. Miguel, quien no quiso hablar al principio, se acerca con sus cabras y se mantiene a una distancia prudencial. De pronto, grita: “Si cada 10 días viniesen aquí, no pasara eso, pero llamas y dicen, ‘ya está reportado’. Se han pasado hasta tres meses sin recogerla”.

—Ahí abajo hay círculos y escuelas. A veces tú ves a las madres con los niños caminando por encima de la basura y de los animales muertos –concluye Alberto.

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La basura se acumula y es arrojada al precipicio, imposibilitando posteriormente su recogida (Foto: Leonardo Ruiz Rivera).

—El sistema de recogida de basura está colapsado y el sistema de reciclaje en Cuba no existe. Casi toda la basura que se recoge termina en un vertedero –dice Joel Marín, quien además fuese especialista en la Gestión de la Protección de los Recursos Naturales en su paso por el cuerpo de Guardabosque.

Rosa María Reyes, directora de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, declaró que en la capital existen 55 puntos fijos para la recogida de materias primas, mientras que solo se recuperaba el 40% de la basura. Entre las principales limitaciones que argumentó estaban la actual situación energética del país que “afecta los ciclos de recogida de desechos sólidos”, además de “no contar con la infraestructura óptima para poder hacer esa clasificación en origen de los materiales reciclables del hogar”.

—Cuando trabajé en el CITMA sí se realizaban proyectos de educación ambiental, pero yo soy del criterio de que puedes hacer todos los proyectos educativos del mundo que, si solo se quedan en educar, no van a funcionar. Tienen que ser sostenibles y devenir procesos de gestión ambiental. Que aprendan que la basura es mala, pero que aprendan también qué hacer con ella, porque somos seres humanos y generamos basura. Y si a eso logras ponerle un tratamiento que genere alguna entrada de dinero, mejor, porque esa persona o comunidad se va a hacer cargo de ella –continúa Marín–. Toda la gestión y la educación ambiental está muy ligada a la economía, a la vida social de la gente.

Joel Marín opina que a la par de los procesos de educación y gestión ambiental tiene que ir un sistema de control. En el 2023, el Gobierno Provincial de Poder Popular de La Habana aprobó la Resolución 190, un grupo de medidas para respaldar el cumplimiento del Reglamento para el Ornato, la Higiene y los Servicios Comunales. Multas de 2500 a 3000 pesos a quienes arrojaran desechos fuera de los depósitos y en los horarios no establecidos, o movieran de su ubicación contenedores de la vía pública; las sumas ascendían a los 3500 y 4000 pesos si arrojaban escombros, madera, metales o materiales inapropiados en los depósitos destinados a la recogida de los desechos domiciliarios.

—Tiene que haber gente poniendo multas. Pero si la esquina de mi casa está llena de basura, donde Comunales pasa una vez a la semana, si pasa, no puede venir un policía a decirme que no puedo botar basura. La falta de atención de las instituciones encargadas de los desechos sólidos de la ciudad es tanta, que al final es una cadena –afirma Joel Marín.

Guanabacoa crece entre la basura y la contaminación. El abandono ante la proliferación de desechos sólidos en el municipio condiciona la forma en que la sociedad vive y enfrenta esta crisis.

La entrada Guanabacoa en desamparo se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Con la lluvia los vecinos se encierran huyéndole a lo que se ve; sin embargo, pocas formas hay de huirle a lo imperceptible: el agua dispersa los microorganismos, las larvas, la orina de las ratas, que es el medio predilecto de la leptospira, una de las principales causas de muerte por infecciones en Cuba. Crecen los criaderos de Aedes aegypti, colocando al dengue como el rey de nuestras endemias, pues viene superando los 3000 casos anuales (reportados) desde 2019. Crecen las sarnas, las micosis y otras enfermedades no solo humanas, cuya cadena de transmisión se rompe solo si las soluciones se abordan desde el Estado.

La lluvia, que no detiene sus estragos, se mezcla ahora con el líquido pestilente de los desechos orgánicos. A eso se le llama lixiviado, una sustancia altamente contaminante que se filtra, pasa al manto freático y de ahí a las aguas de la ciudad. La basura de las cercanías del Almendares ―incluido el basurero de 100 y Boyeros― vierte su lixiviado al río y, con ello, al mar. No es posible atravesar el Bosque de La Habana sin distinguir el olor, que empeora con los años.

El problema de la acumulación de residuos sólidos se extiende por todo el país. Si bien la cuestión sanitaria no es la que prima en estos debates, las toneladas de basura que produce la vida urbana ocupan el paisaje cotidiano y avivan la idea de la sobrevivencia en un país colapsado.

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El problema de la acumulación de residuos sólidos se extiende por toda Cuba (Foto: Periodismo de Barrio).

De acuerdo con la Real Academia Española, “desecho” es aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo; “residuo”, la parte o porción que resta de un todo. En inglés ambas palabras se engloban en waste. Cuando se intenta definir cada término para su estudio, nos enfrentamos a lo subjetivo: el que un objeto sea considerado basura depende sobre todo del criterio de su propietario.

Los centros urbanos tienen un gran problema para lidiar con la basura. En ello tiene mucho que ver la afluencia de la población rural hacia la ciudad, la presencia de industrias y empresas grandes o medianas, los ingresos per cápita con su efecto en los patrones de consumo.

Es un problema universal: según el Banco Mundial, los países con bajos ingresos eliminan más del 90% de sus desechos quemándolos o conformando vertederos al aire libre. En África, por ejemplo, solo se recicla el 5% de incontables toneladas de desechos.

La composición de la basura es diferente en cada región. Los países con altos ingresos generan más residuos secos disponibles para el reciclaje, como plástico, vidrio, papel, cartón y metal. En los países con ingresos medios y bajos (la mayoría del planeta) los materiales que podrían reciclarse representan solo el 16% del flujo de residuos, dato en el que influye el mal tratamiento a la hora de su clasificación. La gestión de los desechos también tiene un patrón determinado por los ingresos: los países empobrecidos suelen verter el 93% de sus desechos a cielo abierto, mientras que las regiones más ricas solo acuden a ese método en un 2% de las ocasiones.

Basándose en el volumen de residuos generados, su composición y la forma en que se gestionan, se estima que en 2016 se liberaron a la atmósfera 1600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, equivalentes a dióxido de carbono (CO2), a partir del tratamiento y la eliminación de residuos sólidos, debido principalmente al vertido a cielo abierto y a su evacuación en vertederos. Esto supone aproximadamente el 5% de las emisiones mundiales. Se prevé que, si no hay mejoras en el sector, las emisiones de CO2 relacionadas con los residuos sólidos aumentarán hasta 2600 millones de toneladas al año en 2050.

Globalmente se producen 0,74 kilogramos de residuos per cápita al día. Las tasas de cada país fluctúan entre 0,11 y 4,54 kilogramos. Los volúmenes de generación de residuos están correlacionados con los niveles de renta y las tasas de urbanización. El Banco Mundial considera que, en un escenario sin cambios, en 2050 se generarán 3400 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Luego de estimar sus desechos en aproximadamente 0,99 kilogramos per cápita al día, se pronostica que la cantidad total de residuos originados en los países de renta baja, incluida la región de América Latina y el Caribe, aumente más de tres veces de aquí a 2050.

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La Habana genera entre 20.000 y 25.000 toneladas de residuos al día (Foto: Joyme González).

El vertedero de 100 y Boyeros es, sin dudas, el más famoso del país y el más grande, con algo más de 40 años de explotación. En él reposan 52 millones de metros cúbicos de basura; alcanza los 25 metros de alto y 105 hectáreas de extensión. Surgió a pocos kilómetros del corazón de la ciudad, luego de que casi fuera olvidado el vertedero de Cayo Cruz, una de las principales fuentes contaminantes de la bahía de La Habana.

Si tenemos en cuenta que una tonelada de residuos sólidos produce al menos 200 metros cúbicos de gases de efecto invernadero en una proporción de, aproximadamente, 48% de metano y 52% de dióxido de carbono; que quemarla equivale a 6000 metros cúbicos de humo; que 200.000 toneladas de basura anual emiten alrededor de 24.000 millones de metros cúbicos de gases en 20 años; y que el contenido altamente tóxico de las cenizas volantes aceleran el metabolismo del cáncer, causan problemas de fertilidad, dermatitis, afecciones respiratorias y demás patologías, estamos ante un problema de salud pública que atañe a todos.

Solo La Habana genera entre 20.000 y 25.000 toneladas de residuos diariamente. Siempre se dice que las ciudades del “interior” son más limpias que la capital, y es lógico, al ser menos gentrificadas y agitadas. Sin embargo, el bulevar de Baracoa, la calle Real de Pinar del Río, el parque Céspedes de Santiago de Cuba, el parque Vidal de Santa Clara y el malecón de Cienfuegos, famosos por sus limpios recorridos, también se han visto alcanzados por la desidia, la falta de combustible, la dejadez de los gobiernos locales.

El Estado cubano reguló el uso de los recursos naturales a partir del artículo 27 de la anterior Constitución, de febrero de 1976. Ese mandato fue complementado por la Ley 81/1997, “Ley de Medio Ambiente”, que brinda los principios y normas generales que rigen la actividad, y por disposiciones complementarias de diferentes rangos jurídicos que contienen las normas sustantivas específicas y las normas adjetivas para cada esfera de protección. Esta tuvo su antecedente en la Ley 33/1981, “Ley de protección del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales”.

Pero los desechos sólidos, conocidos comúnmente como basura, no son tratados de forma explícita en la Ley 81, aun cuando en uno de sus artículos se recogen algunas prohibiciones al respecto; su regulación fue dispuesta en el Decreto Ley No. 54, “Disposiciones Sanitarias Básicas”, dictado por el Ministerio de Salud Pública el 23 de abril de 1982, donde él mismo queda encargado de velar por su cumplimiento.

Dichas normas estuvieron más bien encaminadas a orientar las actividades de control higiénico-sanitario y epidemiológico en el país, por lo que abordan lo referente a los desechos sólidos y aspectos como las regulaciones relativas a los cementerios, los restos humanos y el proceso de cremación. Justo sería señalar que aunque estas Disposiciones no son específicas de la esfera de protección ambiental, marcaron un hito en cuanto a su custodia legal.

Entre otras normas que regulan la recolección de desechos encontramos el Decreto No. 201 del 13 de junio de 1995 y el Reglamento para el Ornato, la Higiene y los Servicios Comunales en La Habana, aprobado en 2023.

Los residuos sólidos tienen también su espacio en la Estrategia Ambiental Nacional (2007-2010), dictada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente con fecha 21 de marzo de 2007. Documento rector de la política ambiental cubana donde se establecen los principios de este quehacer a nivel nacional, la Estrategia caracteriza los principales problemas ambientales del país y propone las vías e instrumentos para su prevención, solución y minimización, con vistas a hacer un uso racional de los recursos naturales y a alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible.

A pesar de las leyes y normas existentes, los vertederos no han dejado de crecer a lo largo del país (Foto: Felko).

Cabe mencionar también la Ley No. 41/1983, que en su artículo 65 establece la competencia del Ministerio de Salud Pública para dictar medidas relacionadas con el control sanitario del ambiente, así como con la prevención y el control de los residuales sólidos. La nueva Ley de Salud Pública repite las disposiciones medioambientales de la anterior legislación y estrena un concepto que hoy ocupa las mesas de debate de la Organización Mundial de la Salud: “una salud” (One Health). Este da nombre a una estrategia global que busca la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, con el fin de poder elaborar e implementar programas, políticas y leyes más efectivos.

En diciembre de 2022, previo al Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, el Consejo de Ministros decidió que serían los municipios los encargados de implementar sus propios métodos para el manejo de los servicios comunales y la recogida de desechos sólidos (incluidos los servicios necrológicos), y sustituir las Direcciones Provinciales de Servicios Comunales por las Direcciones de Patrimonio y Construcción, adscritas a la gobernación provincial. En resumidas cuentas: que cada gobierno local se encargue de su propia basura.

De tal manera, muchas provincias usan equipos de tracción animal, camiones y carros Ampliroll, algún buldócer o retroexcavadora, cuyo destino no es otro que la acumulación de los desechos en algún rincón oculto de la ciudad. Oculto tal vez al propio Gobierno, no así a la gente que vive alrededor de los grandes basureros locales, a quienes se les llama amablemente “convivientes indirectos de la basura”: ella constituye su sustento económico, la dinámica de su existencia, y, muy a nuestro pesar, esta simbiosis es fundamental para la vida útil de la basura.

Pero tampoco esta medida bastó para aliviar la podredumbre. La prensa local y las redes sociales llevan años llamando la atención sobre los microvertederos que crecen en las esquinas, la negligencia que los nutre, los roedores que se cuelan en las casas, el mal olor y la contaminación que derivan de ellos. Más allá de la ley escrita, los carretones dejaron de pasar cada 72 horas, como estaba establecido, y los “ampliroles” podían esperar semanas rebosantes de desechos, escombros y restos de la poda de árboles.

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Para acceder a los beneficios económicos asociados al reciclaje, se tendría que hacer una inversión millonaria (Foto: Periodismo de Barrio).

“Cultura de segregación de la basura” le llamó Taymí Martínez Naranjo, diputada por el municipio de Matanzas, a la urgente necesidad de que fuera el núcleo familiar el responsable de clasificar los desechos vertidos. Así, a partir de septiembre de 2023 comenzaron a aplicarse altísimas multas tras el velo de un “grupo de medidas” que respaldaban el cumplimiento del Reglamento para el Ornato, la Higiene y los Servicios Comunales.

El Gobierno de La Habana, por su parte, aprobó una nueva resolución (la 190 de 2023) que en un solo día permitió ejecutar 1449 acciones de control y aplicar 554 multas de 2500 a 3000 pesos, aumentadas al doble si lo vertido incluía escombros, maderas, metales u otros objetos inapropiados. No es menos cierto que el manejo de los desechos comienza por la vivienda, mas si fuera de ella no existen las disposiciones para su separación, tratamiento adecuado y reciclaje, si los carros de recogida no pasan a tiempo y la basura se acrecienta, de muy poco sirve separar el vidrio del cartón o disminuir la acumulación de residuos en los cestos domésticos.

Pero reciclar es caro. Para llegar a beneficios económicos se tendría que hacer una inversión millonaria. Habría que disponer de combustible suficiente para los tantos camiones que deben pasar por todo barrio cada tres días, así como de sus piezas y neumáticos; habría que tener capital para operar las grandes plantas de reciclaje y para las plantas de biogás que convierten el metano en energía, haciendo de la gestión de desechos una tarea económicamente sostenible y comercialmente rentable.

También se ha unido al debate la intersectorialidad, un método fundamental para tratar el tema de la basura, ya que este compete tanto a Salud Pública y Servicios Comunales como al Ministerio de Finanzas y Precios, al de Economía y Planificación y al de Trabajo y Seguridad Social. Se acordó emitir entonces la Resolución 246 del Ministerio de Finanzas y Precios, en la que se modifican los tributos en el sector del trabajo por cuenta propia y su sistema de control, con el objetivo de incluir a las mipymes en la recogida de la basura, ya que ellas pueden importar equipamientos y manejar de forma más o menos autónoma su propio capital. Recaería entonces sobre los privados el peso de la basura.

Asimismo, en la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera aparece en  2014 la “oferta” de un negocio de reciclaje de residuos sólidos urbanos: “El objetivo principal del proyecto es la reducción gradual hasta sus niveles mínimos, del volumen total de residuos generados que hoy se envían a vertederos o rellenos sanitarios, evitando un impacto negativo al medio ambiente y la salud humana, el cual comprende todas las etapas del proceso, comenzando por su correcta selección, recogida, tratamiento, reciclaje y valorización energética para generar electricidad, calor y producir abono orgánico, enviando a los Rellenos Sanitarios solo los residuos no reciclables inertes sin posibilidades de valorización, aunque en etapas posteriores pudieran estudiarse algunos usos de esta fracción inerte”. El capital inicial se estima en 1000 millones de USD (primera etapa de la inversión) para una Planta Integral de Procesamiento de Residuos, lo que incluye el mejoramiento del sistema de recolección y vertido.

En el 2022, el Consejo de Ministros estableció que los municipios son los encargados de implementar sus propios métodos para el manejo de los servicios comunales (Foto: Joyme González).

Con la profunda crisis resultante del reordenamiento monetario, la pandemia de COVID-19, la hiperinflación y el cúmulo de medidas erráticas derivadas de dicha situación, el problema de la basura crece. Los particulares, al verse sobrepasados por los impuestos, la escasez de recursos y medios de protección, así como por la propia acumulación de residuos, se retiran de dichas labores.

Solo en Holguín, por citar un ejemplo, la basura alcanza los 6993 metros cúbicos diarios, y la prestación del servicio de barrido, recogida y deposición final de los desechos sólidos está seriamente afectada. Hasta finales del pasado año, de 804 carretoneros en la provincia trabajaban solo 465, mientras que en Las Tunas lo hacían unos 60 de los 230 que había meses atrás. En La Habana, terminando agosto de 2023 solo funcionaba el 40% de los equipos destinados a la recogida de basura. El coordinador de programas del Gobierno capitalino, Orestes Llanes Mestre, declaró en octubre de igual periodo que se recogía el 74% de la basura que se generaba diariamente, y que los municipios con mayor déficit en la recolección eran Cerro, Plaza de la Revolución, Marianao y Centro Habana. La cifra actual debe de estar bastante por debajo, si se atiende a la tendencia y a la crisis multisistémica que se vive en el país.

Hasta diciembre de 2023, las entidades estatales pagaban la basura a los privados hasta 50 pesos por metro cúbico; ellos, a su vez, deben agenciarse sus propios medios de trabajo. Entre las razones de la renuncia de tantos están los impagos de las entidades, el alza de los precios de la gasolina y el diésel, y el cambio del régimen de tributación, que establece un aporte del 10% sobre el impuesto de los servicios y del 5% sobre los ingresos personales, además de la contribución especial a la seguridad social, lo que apenas deja provecho en un oficio tan duro. Servicios Comunales tampoco facilita a los privados la adquisición de medios de trabajo y protección, lo que acrecienta la inconformidad de quienes pudieran ser un alivio a la crisis medioambiental y sanitaria de los residuos.

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Con el agravamiento de la crisis, la prestación del servicio de barrido, recogida y deposición final de los desechos sólidos está seriamente afectada (Foto: Periodismo de Barrio).

Las soluciones inmediatas son poco probables. Con una crisis político-económica que se agudiza en lo que pareciera ser su “rigor mortis”, no hay tiempo para ocuparse de la basura. Pudiera resultar un alivio que la inversión extranjera se encargara de la financiación de proyectos nacionales que tengan el reciclaje y el saneamiento de las ciudades como objetivo fundamental. Las autoridades sanitarias europeas prefieren la prevención y el reciclaje, mientras señalan como actividades más nocivas la quema de residuos y su eliminación a través de vertederos, aunque estos resulten más baratos a corto plazo. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), por ejemplo, promueve con fondos que exceden los 11 millones de francos suizos la utilización de biomasa como fuente de energía renovable, fundamentalmente en el medio rural. Liderada por la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey», en Matanzas, treinta han sido los municipios involucrados.

En las diferentes fases del proyecto se usaron las aerobombas ―conocidas como molinos de viento―, los calentadores solares de agua y los paneles fotovoltaicos para alumbrado y riego. Los resultados son alentadores. El empleo de biogás en las viviendas que poseen biodigestores ha reducido el consumo de electricidad entre un 40 y un 70%. De mayor complejidad y tamaño, varios biodigestores han sido instalados en centros porcinos de los municipios Martí y Calimete, con una notable capacidad de generación de electricidad. Fueron creadas, además, ocho redes de distribución de biogás en Cabaiguán, que benefician a 524 personas en 112 viviendas rurales. Este año COSUDE se retira de Cuba y los proyectos con financiación extranjera van disminuyendo. La mirilla se coloca ahora sobre los negocios particulares que, con muy poco (o ningún) beneficio estatal, son los únicos que pudieran importar y hacer de la basura un medio de sustento. Sin embargo, las mypimes no tienen infraestructura para otra cosa que alimentar los grandes vertederos provinciales.

¿Cuánto puede hacer con su basura un país sumergido en la peor crisis tras su última revolución? Muy poco. La medida más barata (y civilizada) sería reducir los desechos domésticos ―en un 10%, tal como recomienda la Unión Europea―, pero la salud no puede esperar a que esto sea implementable. Es el Estado quien debe responder a un problema que, más que estético, es sanitario, medioambiental. Al cabo de años de indolencia y crisis, la salud (en su sentido más amplio) requiere soluciones gubernamentales que atiendan lo urgente; de lo contrario, solo se multiplicará de forma significativa el gasto en tratamientos y terapias. El costo humano, el padecimiento nacional pocas veces puede ser desglosado en una hoja de presupuesto. Las prioridades siguen siendo otras.

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Para ello establece multas en un rango entre 750 CUP y 20.000 CUP a los incumplidores en los ámbitos relacionados con los depósitos de basura, los animales, el derrame de agua, el vertimiento de desechos en la vía pública, el respeto a las normas sanitarias en establecimientos, así como la generación de residuos en áreas inadecuadas.

Con respecto al primero, dispone multas entre 2.500 y 3.000 pesos para quienes dañen los depósitos colectivos para la recogida de desechos domiciliarios, arrojen basura fuera de estos o cambien su ubicación. Además, prohíbe vaciar escombros y otros desechos inapropiados en tales contenedores.

En lo referente a los animales, el texto señala que los domésticos o de corral no pueden permanecer en playas, cementerios, fuentes de abastecimiento de agua, plantas de tratamiento de agua potable y de residuales líquidos o en los lugares de disposición final de desechos sólidos. Tampoco deben encontrarse en zonas urbanas los animales de tiro y monta, como ganado porcino, equino, bovino y caprino.

En cuanto a los derrames de agua, se establece una multa de 2.000 a 3.500 pesos y la obligación de reparar los salideros en viviendas, instalaciones o locales. De igual forma, se penalizan los derrames ocasionados por acciones de limpieza, la conexión clandestina de tuberías a las redes de distribución o de recogida de aguas negras del servicio público.

Por su parte, se crean sanciones al vertimiento de escombros, materiales de construcción, animales muertos, desperdicios, desechos contaminantes de fácil dispersión y otros residuos en la vía o espacios públicos, solares yermos y edificaciones.

A su vez, para los establecimientos se disponen multas por el incumplimiento de las normas sanitarias en las instalaciones de recolección, tratamiento o disposición final de desechos sólidos o líquidos y por la apertura de centros de trabajo que infrinjan estas normas. Del mismo modo, por impedir la puesta en práctica de medidas destinadas a la erradicación de vectores de enfermedades transmisibles, por la implementación de acciones que afecten el buen funcionamiento de tragantes, redes pluviales, albañales y acueductos, así como por no mantener la limpieza e higiene en áreas públicas y privadas colindantes con centros comerciales y gastronómicos.

En relación con los desechos en áreas inadecuadas, se estipula que para la realización de piques en la vía pública se debe contar con un permiso, señalizar el área y garantizar la recolección de los desechos resultantes; al igual que en el caso de la tala y poda de árboles.

La Resolución apunta que las apelaciones a las multas impuestas se resolverán por la comisión de control de la legalidad de cada organismo y por los consejos de administración municipal.

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Duquesa es uno de los 350 que hay en toda República Dominicana. Fue un terreno donado hace más de 50 años al Estado dominicano; desde entonces se han ido vertiendo capas inmensas de basura. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, cada día llegan ahí 5,200 toneladas de desechos de los capitalinos, un tesoro para personas como Benzo.

“Yo estoy trabajando duro para que mis hijos no vengan a hacer el mismo trabajo que yo estoy pasando”, cuenta Benzo mientras recoge algunos residuos en los alrededores de su vivienda. Todos los días inicia su labor a las seis de la mañana, almuerza al mediodía y prosigue su labor sin descanso: separar lo que aún tiene valor de lo que ya no lo tiene, hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente.

La casa donde Benzo Jean Pierre vive con su familia (Foto: Kharla Pimentel).

En Duquesa, especialmente en el barrio Los Casabe, “viven muchos, muchos, muchos haitianos”, dice Robinson García Silfa, vicepresidente del Movimiento Nacional de Recicladores del país. “El haitiano por lo regular, o no solamente al haitiano: el pobre por lo regular, se muda cerca de donde más podrá conseguir qué hacer”, agrega.

De los 10 mil ‘buzos’ -como se conoce a los recolectores de residuos sólidos- que hay en el país, alrededor del 60% son migrantes haitianos, según cifras del Movimiento Nacional de Recicladores. “Los migrantes haitianos que se dedican a buzos son indocumentados, la mayoría con familias grandes, con hijos nacidos en el país y a su vez sin documentaciones”, según García Silfa.

En el barrio llamado ‘Batey Duquesa’ hay entre 25 y 30 casas. Allí viven en su mayoría migrantes haitianos. La casa de Benzo, ubicada muy cerca de las faldas de basura del vertedero, es de concreto desde hace unos meses, según cuenta. Antes era de zinc y madera, estaba a punto de colapsar sobre su cabeza, la de su esposa y las de sus hijos. Así que fue reconstruida hace algunos meses, gracias al apoyo de una asociación de ayuda a migrantes en el país, cuyos representantes visitaron el vertedero y lo encontraron merodeando cerca de la zona.

Una de las razones por las que esta población carece de los servicios más básicos para vivir es que no cuenta con la nacionalidad dominicana. Ni ellos ni sus hijos, aunque estos hayan nacido en el país, ya que los hijos de inmigrantes haitianos no son naturalizados por el solo hecho de nacer en este territorio, y la legislación dificulta el proceso de legalización.

Esta problemática es algo que vienen arrastrando desde décadas atrás, que conlleva desde conflictos políticos entre Haití y Dominicana, así como el tema de inmigración irregular de los haitianos a su país vecino. Asimismo, algunas regulaciones y la emisión de sentencias -como la 168/13- ha impedido dicha oportunidad a los hijos de haitianos, al considerarlos extranjeros por la nacionalidad de sus padres.

Igualmente, las leyes dominicanas no permiten que hijos de migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad puedan acceder a la nacionalidad sin antes llevar un proceso de regulación, que conlleva un papeleo que muchos haitianos no pueden costear o tramitar.

Buzos haitianos realizando trabajo en el vertedero de Duquesa (Foto: Kharla Pimentel).

Asimismo, otra de las complicaciones para acceder a la nacionalidad es el caso de hijos de dominicanos con ascendencia haitiana que no fueron registrados de manera oportuna, a quienes se ha negado el registro tardío a través de la institución responsable, la Junta Central Electoral Dominicana.

“Todos esos muchachos que yo tengo ahí -dice refiriéndose a sus hijos- no tienen documentos, nosotros somos ilegales aquí”, expresa Benzo con su mejor español, ya que su lengua natal es el creole. Su esposa, embarazada de su sexto hijo, lo mira sonriente. Dice que él se esfuerza por dar una mejor vida a su familia, pero no cree que ellos puedan llegar a ser más que buzos.

De acuerdo con García Silfa, el migrante haitiano viene al país a buscar dinero y comida para poder enviar a sus familiares . “Los que vienen sin documentos ni nada (…) van a meterse a un vertedero a buscar la forma de cómo sobrevivir”, dice García Silfa.

Desde la división de la isla La Hispaniola -la única de la región con dos países- la migración ha sido constante; pero a través de los años y la destrucción de los recursos en el vecino país Haití, la migración de estos ciudadanos ha incrementado en busca de mejoría, ya que es su único vecino por tierra y con mejores condiciones económicas y de vida.

La búsqueda por documentos

Juancito Jean, otro haitiano que reside en Los Casabes, a solo unas cuadras del vertedero, cruzó la frontera sin documentos, pagando unos cinco mil pesos (100 dólares) a un transportista de migrantes y nunca legalizó su estancia. Hace 18 años, Juancito decidió recoger hierros y plásticos para venderlos a las afueras de Duquesa.

Asegura que gana mejor que trabajar como albañil en las construcciones, ya que recogiendo desechos en el vertedero se puede llevar hasta 500 pesos diarios (10 dólares), uno o dos dólares más que en la construcción; además, se libra de sufrir los maltratos de cargar materiales o arriesgar su vida sin protección alguna.

Para Juancito no hay muchas más opciones laborales en República Dominicana. “Sin documentos no queda más que vivir de lo que podemos”, dice. Como él hay muchos que, por carecer de visa o permiso para establecerse legalmente en el país, solo les queda la basura como refugio y forma de vida.

Pero esta problemática no es exclusiva de haitianos. Del 40% restante de recolectores que hay en el país, se calcula que al menos la mitad son dominicanos sin documentos.

Indocumentados en su propia tierra

Carlos Suero, de 27 años, es uno de ellos. Por no haber sido reconocido legalmente por sus padres al nacer, no posee una identificación que lo ayude a dedicarse a otra labor, así que lleva 14 años trabajando como buzo.

Suero es uno de los miles de dominicanos no declarados o reconocidos, de los sectores más empobrecidos del país, por lo cual carecen de identificación personal ni registros de existencia. No existe un registro oficial de la cantidad exacta de personas que están en esta situación, que arropa generaciones de una misma familia sin documentos de identidad.

“Hay muchos recicladores sin documentos, que es una de las cosas que les troncha el camino a quizás pensar en otra cosa. `No tengo cédula, no tengo documentos, no tengo nada, no me queda más que estar entre la basura’”, añade Silfa, refiriéndose a sus compañeros de labor.

Y aun en los casos en los que logran conseguir papeles, después de años dedicados al reciclaje, muchos deciden seguir viviendo de los vertederos. Emilio Pérez es un buzo de nacionalidad dominicana e hijo de dominicanos.

Buzos haitianos realizando trabajo en el vertedero de Duquesa (Foto: Kharla Pimentel).

Desde que tiene memoria y trabaja en el vertedero desde que amanece hasta que se oculta el sol. “Si hay un chin (poco) de aluminio o de metal o hierro, subo, lo vendo, me dan algo, me mantengo con eso”, cuenta.

Con 42 años, cuatro hijos y dos nietos, Emilio obtuvo su documento o cédula de identidad hace poco. “Sí tengo documentos, pero ya no tengo edad para hacer otra cosa”.

Pero no fue la suerte de Bryan, quien a sus 27 años no está legalmente reconocido. Sus padres, dominicanos, no lo reconocieron legalmente a la hora de su nacimiento ante la Junta Central Electoral.

“Cuando mi mamá me tuvo, mi papá me abandonó. Y ya ella tenía muchos muchachos qué mantener, yo fui de los más pequeños”, cuenta Bryan, quien fue criado por su abuela en el sector de Cristo Rey de Santo Domingo.

Sin partida de nacimiento ni posteriormente cédula de identidad, no pudo terminar sus estudios básicos y hoy opta por trabajar entre la basura, por la falta de documentación que es requerida a la hora de solicitar un empleo.

“Uno no puede trabajar en otra cosa si no tiene cédula o no estudió”, admite, y agrega que se acostumbró a vivir entre la basura.

Todos los caminos llevan a Duquesa

Según un mapeo de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, en República Dominicana hay 10 mil buzos o recicladores -todos informales- y más del 70% de ellos trabajan en vertederos a cielo abierto, ubicados en la periferia de las ciudades. El resto trabaja en las calles, como ‘chatarreros’, buscando entre la basura o comprando botellas de plásticos o vidrio.

Camiones desmontando basura en el vertedero de Duquesa (Foto: Kharla Pimentel).

En la capital del país, la mayor parte de los buzos (cerca de 700) trabajan en Duquesa y la mayoría vive en barrios cercanos, como Los Casabes y Batey Duquesa. A unos ocho kilómetros de distancia de ese vertedero se encuentra la Estación de Transferencia de Desechos en el Distrito Nacional, la capital dominicana. En ella trabajan otros 750 buzos, “todos registrados en el Movimiento Nacional de Recicladores en el país”, según García Silfa.

La estación es parte de la ruta que siguen los desechos del Gran Santo Domingo, que inicia cuando el camión de basura pasa por los diferentes sectores (barrios). Junto a la Estación, en el céntrico barrio capitalino La Zurza, el Ayuntamiento del Distrito Nacional habilitó un espacio para que los buzos tengan dónde separar los residuos reciclables, para luego venderlos y sacar el dinero de la comida del día. La mayoría de ellos reside en esa zona.

En dicho espacio existen muchas personas con empleo formal del gobierno, tanto en el área administrativa como en el manejo de maquinaria pesada para acoplar los desechos, y personal de manejo de camiones de basura y seguridad. En tanto que el trabajo de separación de los desechos queda a mano de los buzos, que aunque se llevan ganancia en la venta de su recolección, le sirve como mano de obra gratuita a dicho ayuntamiento, dentro de las propias instalaciones de la Estación.

Generalmente, los capitalinos esperan la llegada del camión recolector para sacar los tanques de basura de sus casas, o la depositan en algún punto destinado para dicho fin, como los contenedores colocados en algunas calles o lugares habilitados por la costumbre dentro de los barrios, cualquier calle o avenida, sin ningún orden. Luego los camiones llevan los desechos a la Estación de Transferencia, donde se hace una primera selección de materiales que pueden ser reciclados.

“Hacemos un trabajo de separación de todo a lo que le encontramos cierto valor agregado; lo sacamos, lo vamos acumulando, luego lo vendemos. Este es un material que ya la alcaldía del Distrito Nacional no tiene que pagar para que sea llevado a Duquesa”, cuenta Silfa.

Quienes separan residuos en la Estación también son trabajadores informales, que venden los productos reciclables a empresas o personas en los alrededores del vertedero, lo que les sirve como ganancia propia. Los compradores van desde pequeños comerciantes que se encuentran en la calle cercana al vertedero, o grandes industrias multinacionales que se dedican al reciclaje en el país, como Klinetec dominicana, Resicla, Green Love y otros.

El resto de los desechos continúa en la ruta, con los empleados de gobierno que reciben la basura en el camión. La autoridad no permite la incorporación de trabajadores informales para la recolección de basura casa por casa, ya que al viajar en los camiones corren riesgos que los ayuntamientos no podrían asumir.

Trabajos en vertedero de Duquesa (Foto: Kharla Pimentel).

Los camiones van al vertedero de Duquesa, donde los buzos se lanzan sobre el recolector para poder sacar los mejores desechos para su posterior venta. Aunque en Duquesa existe una nómina de empleados, ellos no clasifican los desechos sino que fungen como vigilantes, o conductores de camión que remolcan la basura de un lugar a otro, para dar espacio a las próximas volquetas de residuo que lleguen en el transcurso del día.

Esa ruta pasa por la Estación, pero hay muchas otras que no. Los camiones que recogen los desechos de municipios del Gran Santo Domingo, como Santo Domingo Este, Oeste y Norte, Los Alcarrizos y Pantoja no poseen una estación de transferencia, por lo que llevan la basura directamente al vertedero.

Ese servicio le implica un gasto millonario a cada sector. Distrito Nacional, por ser la zona más poblada de las que despachan residuos al vertedero, gasta más: paga unos siete millones de pesos dominicanos mensuales (poco más de 120 mil dólares estadounidenses) de su presupuesto anual por las toneladas de basura que envía.

Por su parte, el ayuntamiento de Santo Domingo desembolsa cada mes 3.5 millones de pesos (60 mil USD) y el de Santo Domingo Oeste 500 mil pesos (8 600 USD) mensuales. Los ayuntamientos de Los Alcarrizos y Pantoja también envían sus residuos a Duquesa, por los que pagan 115 mil pesos (casi 2 000 USD) al mes de sus presupuestos entre ambos. Santo Domingo Norte no paga porque es en su territorio que está asentado el vertedero, según datos del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

La recolección de los residuos sólidos es un servicio que pocos ciudadanos pagan. Aunque se emite una factura mensual por parte de los ayuntamientos, no siempre llega a la población o simplemente el ciudadano no paga, ya que no existe sanción alguna ni corte del servicio.

Debido a dicha situación han recapitulado en la emisión de nuevas facturas para el pago del servicio, tras la actualización de los datos de sus clientes; estableciendo que el costo del mismo se mantendrá entre cuatro o cinco dólares al mes.

“Lo que vendemos nos da para comer”

La mayoría de los buzos vive al día. Gracias a lo que logran recolectar y vender, llegan a ganar entre 200 y 250 dólares al mes -entre 11 mil y 15 mil pesos dominicanos-, comparable al salario que ganaría un conserje o, incluso, un recolector de basura del Ayuntamiento, quienes viajan en los camiones recolectores.

Carlos Suero se dedica al reciclaje desde los 13 años. Aunque inició con metales y plásticos, hoy se dedica especialmente a recolectar sacos de hilo, que son muy demandados en la industria de los alimentos. Asegura que con lo que recicla en las ocho horas que trabaja en la Estación de Transferencia diariamente, le da para comer. Dice que por 100 sacos se puede ganar aproximadamente unos 500 pesos dominicanos, lo que equivale a unos nueve dólares.

En tanto Silfa, quien lleva más de 15 años como reciclador y hoy es miembro directivo del movimiento fundado en 2011, junto a la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, explica que los precios de los materiales son variables pero ninguno rebasa un dólar por libra. “El aluminio está a 15 pesos la libra (25 centavos de dólar), el hierro está entre cinco y seis pesos la libra. Del vidrio lo que se vende son botellas y la botella está a tres pesos la de presidente”, detalla.

Asimismo, destaca que el plástico HDPE (galones) se vende en el país a cinco pesos dominicanos por unidad, al igual que el cobre a 100 pesos la libra (dos dólares), así como el bronce. “El cobre se consigue en el alambre y el bronce por lo regular son herramientas hechas de cobre. Cosas que la gente tiene en su casa, que tienen valor a veces hasta sentimental pero termina botando. Como son cosas que aparecen poco, son más costosas”, refiere.

Incluidos por primera vez en una ley

El representante de los recolectores asegura que estos trabajadores no tienen beneficios salariales, seguro de salud, seguridad social ni pensión. “Si no trabajan no comen ni ganan dinero”, sentencia Robinson García Silfa.

Indocumentados o documentados, los recicladores o ‘buzos’ no son reconocidos como parte del sector laboral formal ni reciben los beneficios de ley otorgados por el Estado dominicano. “La realidad es que el reciclador no anda buscando el nombramiento, no anda buscando un empleo, lo que anda buscando es ser reconocido. En primer orden que se reconozca bien el trabajo que hace y pues también ser remunerado por la labor que hace, que es una labor ambiental”, puntualiza el líder.

Una nueva legislación podría cambiar el panorama de estos trabajadores. El 6 de febrero de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos de la República Dominicana, que por primera vez incluye a los buzos de los ayuntamientos como recolectores formales de basura.

Con esta ley, se busca reconocer a los recicladores. En su artículo 50, busca incentivar a la organización de los recicladores de base para que participen de forma individual o colectiva y presten sus servicios en las diversas fases de manejo integral de residuos sólidos.

Al volverse parte formal de los ayuntamientos, percibirían beneficios básicos como seguro de salud, seguro de vida, seguro de vejez y posibilidades de acceder a créditos bancarios.

Aún se espera que la ley sea promulgada y que sea emitida una resolución para su implementación, por parte de los legisladores dominicanos.

“Iríamos casa por casa a motivar a las personas a separar desde el origen y automáticamente la persona sabe que los materiales valorizados se los va a entregar a un reciclador, que es quien va a hacer la ruta selectiva”, dice García Silfa al referirse a la separación de los materiales.

Añadió que la basura que ya no se puede reciclar irá al vertedero sin necesidad de separarla, lo que reducirá el trabajo de selección dentro del mismo. “Eso sería una ayuda para la alcaldía, podríamos decir que va a tener una familia que separa, que recicla, que reusa si es necesario, y una familia que le va a guardar su basura organizada en la más mínima expresión”.

Ilustración de portada: Andrea Paredes.

Este reportaje es parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes.

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Es un ejército de más de 10 mil personas –en el más modesto cálculo- que barren las calles, recogen basura casa por casa, la reciben y separan en los camiones y rescatan los residuos reciclables en el proceso; todo sin un contrato, sin protección y sin ninguna paga. El único ingreso de estos recolectores es lo que ganan con la venta de los residuos a centros de acopio, sumado a las simbólicas propinas que les da la ciudadanía por esta labor: entre 200 y 300 pesos (10 a 15 dólares estadounidenses, USD) en total por día.

“No es que haya recibido un contrato, que me den Seguro Social, yo tengo que ver por mis propios medios y la forma de salir adelante es con la ayuda de las personas”, dijo a este equipo Francisco Bustamante, barrendero voluntario de Iztapalapa, el municipio más poblado de la Ciudad y de todo el país. “Aparte el barrido es como la vista para la gente, que ve limpio y dicen ‘bueno, te vamos a regalar la propina’. Andar de voluntario es pesado pero es un trabajo y pues bienvenido, la cosa es trabajar para salir adelante”, agregó.

El trabajador de 34 años relató cómo se gana la propina de la ciudadanía, que es su único ingreso: “metiendo y sacando basura, correteando al camión; yo recojo los residuos de las casas porque de ahí viene la propina, de ahí es que yo recibo un pago, no es que el gobierno o alguna instancia me apoye económicamente por el barrido. Según yo, todos los barrenderos deberían estar basificados, recibir un sueldo, y ahora sí: te exijo que barras todo y lo dejes limpio”, expresó el barrendero voluntario.

Aunque el artículo 10 de la Ley de Residuos Sólidos obliga a los gobiernos municipales a contar con suficientes trabajadores para realizar el servicio público de Limpia, durante 2019 la Ciudad contó con un barrendero formal por cada mil 183 habitantes, según cifras de la secretaría local de Medio Ambiente. Asimismo, hubo un camión recolector para recibir la basura de 3 469 habitantes, sin considerar a la población ‘flotante’ que solamente trabaja en la capital pero radica en otra entidad.

Muchos barrenderos recogen la basura casa por casa y la llevan al camión recolector (Foto: Claudia Altamirano).

Además de subsanar las carencias del servicio oficial sin remuneración, los voluntarios también han salvado del colapso a la CDMX durante la pandemia de Covid19, según el Sindicato de Trabajadores de la Ciudad. Con una aplastante mayoría de hombres en el servicio de Limpia y por lo menos la mitad con una edad entre 50 y 70 años, el conjunto del personal de Aseo constituye una población de alto riesgo –además por la naturaleza de su labor-. Por ello, el gobierno tuvo que mandar a confinar a 50% de su personal oficial durante casi todo 2020.

“Se está cubriendo con ambas partes: una parte la hace la gente de base que tiene la condición de operar, y el resto los voluntarios. Poco más del 50% de los basificados está considerado para poder pasar la pandemia en sus hogares”, puntualizó Julio Miranda, integrante del Directorio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de CDMX.

Por su parte, el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas confirmó que en su demarcación gran parte del personal de Limpia se confinó por la emergencia sanitaria y son los voluntarios quienes están supliendo esta carencia. “Nosotros estamos trabajando mágicamente con el 30% del personal de ese tipo de áreas, porque es personal que efectivamente tiene una edad avanzada. La actividad se sigue realizando, y ¿quién la realiza? Pues sin duda, quienes se quedaron y en parte los voluntarios”, dijo el funcionario en entrevista con este equipo.

Estado favorecido con el trabajo gratuito

Estas dinámicas laborales son conocidas -aunque no reconocidas- por el gobierno de la Ciudad. En el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (una compilación anual de datos sobre basura y su gestión) se detalla la participación de los voluntarios y su importancia. “La recepción se favorece con el trabajo de personas sin contrato formal con el gobierno, mejor conocidos como voluntarios, cuyo trabajo consiste en la recuperación de materiales susceptibles a reciclaje y de cuyas ventas obtienen ganancias”, señala la edición 2018 del documento.

El beneficio del reciclaje informal no solo es logístico. Al seleccionar la basura antes de que sea enviada a los sitios de disposición final (proceso conocido como pre pepena), estos trabajadores evitan que 1 803 toneladas de residuos lleguen  cada día a los rellenos sanitarios, que cobran 211.84 pesos (10.3 USD) por tonelada ingresada, según cifras del Inventario 2019. Al año, el gobierno de la Ciudad ahorra 139.4 millones de pesos (6.7 millones USD) gracias a la pre pepena.

El Inventario 2018 también admite que los trabajadores voluntarios no solo apoyan al chofer de camión, sino que pueden ser rolados (sic) en las actividades que les sean encargadas, ya sea acompañando a los vehículos recolectores o mediante el barrido manual de calles, lo que según la Constitución, es obligación exclusiva del gobierno.

El alcalde Vidal Llerenas explicó que esto ocurre porque se genera un mercado: por un lado hay una necesidad del gobierno porque con su personal no se da abasto, y por el otro están esas personas que obtienen sus ingresos básicamente de propinas y del reciclaje. “Es algo que se da, una incapacidad de cubrir completamente las necesidades y la posibilidad de que esas personas obtengan ingresos. Es una irregularidad, por supuesto, es algo que se tendría que arreglar”, reconoció el alcalde.

Azcapotzalco fue la única en responder a las solicitudes de entrevista que este equipo hizo en octubre de 2020 a las 16 alcaldías en que se divide la Ciudad de México, siendo la autoridad directamente responsable, para preguntarles por qué no son contratados los voluntarios, si forman parte de un servicio público. Asimismo, se les pidió a través de solicitudes de Información el número y características sociodemográficas de los voluntarios que laboran en su territorio, pero la mayoría los desconoció.

Cuajimalpa reconoce su existencia aunque los desmarca de la alcaldía en su respuesta, “los recicladores informales no pertenecen directamente al área de Limpia, son independientes, por lo que no contamos con los datos solicitados”.

No obstante, el Inventario 2018 tiene otros datos. Seis de las alcaldías le reportaron 3 834 voluntarios apoyando el servicio de recolección en camiones:

Para 2019, cinco alcaldías reconocieron la presencia de 1 249 voluntarios en recolección vehicular:

“Se lo ahorran para evitar responsabilidades, pero ellos saben que hay voluntarios. Yo hice el mismo ejercicio hace algunos años, les pregunté su padrón también y me contestaron como cinco alcaldías nada más. Hacen omisión porque ellos mismos saben que administrativamente pueden contestar de esa manera”, apuntó el líder sindical Julio Miranda.

El beneficio que la Ciudad obtiene con el trabajo de los voluntarios difícilmente es confesado por ellos mismos. Hay pocos dispuestos a hablar –o piden ocultar su identidad- porque temen perder el terreno que han ganado en años de trabajo voluntario, y que ya no les den un contrato o base por revelar cómo la autoridad aprovecha el trabajo gratuito que ellos ofrecen.

El servicio público de Limpia es un escalafón que van subiendo a lo largo de décadas: empiezan como voluntarios y cuando se desocupa una base, se las otorgan. A partir de 2017, un plan del exalcalde Miguel Mancera los incluyó en una modalidad de contratación oficial denominada ‘Estabilidad Laboral’ o Nómina 8, que da contratos temporales (de un año o unos meses), con un salario menor y menos prestaciones que los basificados, pero que abre un escalón intermedio entre tener nada (ser voluntario) y la formalización (ser basificado).

“Si hubiera habido 10 mil y meten a esos 10 mil, ahorita no hubiera voluntarios, pero los hay”, dijo Miranda. De acuerdo con su estimación, 12 mil trabajadores informales fueron contratados, de un promedio de 20 mil que había antes de la formalización, por lo que unos ocho mil quedaron fuera de este programa.

Si bien el reciclaje voluntario se realiza en principio por la necesidad de conseguir un ingreso, sin ellos la ciudad tendría que contratar a otros, indicó Tania Espinosa, Coordinadora para América Latina del programa de Derecho de la red global WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando). “Pero al parecer no les importa porque si se va uno, llega otro”, sentenció.

La ruta del reciclaje voluntario

En Ciudad de México, el ciudadano promedio genera 1.4 kilos de basura cada día. Para desecharla, la recopila en bolsas y espera a que pase por su barrio un camión recolector de la alcaldía; sabe cuando el vehículo llega por el inconfundible repicar de una campana -un sonido totalmente familiar para cualquier capitalino- que ‘camina’ durante unos segundos para avisar a toda la cuadra que es momento de tirar la basura.

En cuanto calla, el ciudadano tiene un par de minutos para salir a entregar sus bolsas a uno de los dos o tres trabajadores que viajan suspendidos en la parte trasera del camión. La ciudadanía no está obligada a pagar por este servicio público, pero la costumbre dicta dar una pequeña propina a los trabajadores que, excepto por el conductor del camión, son voluntarios.

De acuerdo con los testimonios de estos trabajadores, la propina suele ser de entre tres y cinco pesos mexicanos (entre 15 y 25 centavos de dólar) por ciudadano, lo que al final de la jornada sumará alrededor de 200 pesos (10 USD) en promedio para cada trabajador, luego de ser repartido el contenido de esa lata o envase de cloro convertido en urna para las monedas, entre el conductor y los peones de camión.

Esa cantidad se suma a los 100 pesos (cinco dólares) que en promedio obtiene cada uno por la venta de los residuos reciclables, que extraen de las bolsas del ciudadano y llevan a un centro de acopio: cartón, botellas de plástico, latas de aluminio, botes de HDPE (plástico duro), envases de cartón y aluminio, papel, entre otros. En total recaban entre 200 y 400 pesos (10 a 20 dólares), según la cantidad de residuos recolectados, por una jornada de entre seis y nueve horas que inicia a las 06:00 y se cumple seis días de la semana.

En la mayoría de los 2 594 camiones que hay en la Ciudad, el conductor si es empleado del gobierno: tiene contrato, prestaciones, acceso a un sindicato y un salario que oscila entre cinco mil y 14 mil pesos (245 y 685 USD), según la Plataforma de Transparencia; aunque en algunas alcaldías llega a ser menor a tres mil (147 USD) y en otras hasta 18 mil pesos (881 USD), por los bonos.

En la Ciudad de México los recolectores voluntarios comparten su labor con los asalariados (Foto: Luis Érick Ramírez).

El conductor tiene a su cargo el vehículo que traslada a todos por el barrio, por lo que la repartición del ingreso lo incluye a él, a pesar de que los peones hacen la mayor parte del trabajo. En muchos casos son familiares o amigos que se apoyan mutuamente con este acuerdo. “El chofer se encarga de pagarnos, ya depende de lo que vendamos, de las propinas, lo dividimos entre los que vengamos”, cuenta Víctor Homobono, recolector voluntario en un camión que recorre la colonia Escuadrón 201, también en Iztapalapa, la alcaldía que más residuos genera en la CDMX.

Su abuelo era titular del camión, después su tío heredó su base y “lo metió” a trabajar con él, junto con otros cuatro voluntarios que se turnan los días laborales. Él gana 150 pesos diarios (7 USD) por vender residuos a un centro de acopio, además de las propinas. En 15 años no ha podido obtener un contrato, cree que esto se debe a que las plazas son otorgadas a conocidos de los burócratas. “Tú sabes que aquí el gobierno con dinero, conocidos o contactos te contrata, entonces así es aquí”, asegura Víctor.

Otros trabajadores formales consultados coinciden en que las plazas no son otorgadas por méritos o años de servicio, sino por amistad o parentesco. Uno de ellos -que solicitó anonimato- explicó que cuando un conductor muere hay otros detrás esperando su lugar, pero si un jefe o sus allegados, o los choferes con mayor antigüedad se “apoderaron” del camión que dejó el fallecido, lo ceden a sus familiares, dejando fuera a los que esperaron por años.

“Digo, yo también, si fuera jefe metería a mis hijos, porque así es. Lamentablemente aunque hagan reportajes esto no va a cambiar, va a seguir igual, porque esto ya viene de muchos años”, admitió el trabajador basificado de la alcaldía Cuauhtémoc. Esta versión fue confirmada por Julio Miranda, quien explicó que las plazas son liberadas por el gobierno de la Ciudad para cualquiera de sus trabajadores (no solo de Limpia), por lo que muchas de ellas son cedidas a familiares o conocidos, dejando sin posibilidad a los voluntarios de Limpia que esperaban una base.

Por su lado, los choferes aceptan que el total de las ganancias que obtiene el camión lo reparten entre todos, e incluso una parte se destina a la reparación del vehículo: “Aquí andamos cuatro personas, entonces tenemos que repartirlo. La mayoría de las refacciones las pagamos con el dinero que nos da la gente y del material que reciclamos”, dice Ricardo Castro, conductor basificado de camión en la alcaldía Gustavo A. Madero –la segunda más generadora de residuos en la Ciudad, según el Inventario-, quien gana un sueldo de seis mil pesos (294 USD) mensuales más propinas.

El carrito naranja

Víctor González, barrendero de San Rafael, la colonia más antigua de la Ciudad de México (Foto: Claudia Altamirano).

El ciudadano de CDMX que no puede llevar su basura hasta el camión, tiene otra opción para desecharla: el carrito. Muchos de los 7 603 barrenderos que recorren las calles recogiendo hojas de los árboles y desechos aprovechan el recorrido para ofrecer un peculiar servicio a los habitantes de la colonia: llevarse la basura desde la puerta de su casa hasta el camión, que puede parar cerca o a varias calles de distancia, en un horario indeterminado, casi siempre en horas hábiles.

“Hay mucha gente que nos pide el servicio a nosotros porque no quieren bajar del tercer piso, o porque ya no pueden bajar, o porque se van a trabajar”, relata Braulio Portillo, barrendero basificado. Este servicio adicional también beneficia a las fondas (restaurantes populares), cuyos encargados no pueden dejar solo el local para buscar el camión, por lo que se apoyan de los barrenderos, ya sea formales o voluntarios.

“Los apoyamos en esa situación. Lógico: nos pagan, nos dan unas monedas por hacer el servicio de la recolección de la basura, a todos nos conviene: a ellos les queda limpio y nosotros nos llevamos nuestro dinero”, dijo Portillo, quien complementa su salario del gobierno con las propinas de los colonos y con la venta de los residuos reciclables que recolecta durante su jornada.

Esta improvisada colecta a domicilio tiene, por ello, un costo mayor: entre cinco y 10 pesos (25 a 50 centavos de dólar) por vivienda, aunque el monto sigue quedando a voluntad del habitante. Según la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, hasta 65.4% de los hogares no paga nada por la recolección; y del 34.6% que si realiza algún pago, la gran mayoría (78%) lo hace a través de propina para los recolectores, ya sea contratados o voluntarios.

Pero ellos también deben realizar un pago simbólico, ya sea al camión que se lleva la basura que ellos recogen en las viviendas, o al jefe de sector que les proporciona el carrito o la escoba. Francisco Bustamante, barrendero de Iztapalapa, confirma que a veces “le invita el refresco” al chofer (su cuñado), pues “es como todo, cuando ellos traen te invitan, y si tú traes les invitas. Un favor por otro. A lo mejor es por nuestro parentesco”, admite.

Aunque el uniforme anaranjado que portan es proporcionado por el gobierno a su plantilla oficial, algunos voluntarios también lo usan: según sus testimonios, a veces los formales les regalan uno usado y ellos mismos compran las botas y los guantes; otros compran el uniforme incluso siendo trabajadores contratados. Un recolector de camión en la norteña alcaldía Gustavo A. Madero -que solicitó anonimato- contó que compró el suyo en Puente Negro, un improvisado mercado a las orillas del canal de aguas negras conocido como Río de los Remedios, en el célebre municipio de Ecatepec.

“Cada pieza la dan en 200 pesos, que es camisola y pantalón. Las botas igual te cuestan 200 pesos aproximadamente. Guantes, también tú puedes comprarte guantes. Te cuestan 50 o 70 pesos, hay guantes que compramos hasta de 120 pesos, pero pues eso ya sale de nuestra bolsa”, relató el trabajador de Nómina 8.

Francisco Bustamante agregó que los voluntarios corren los mismos riesgos que los contratados o basificados, pero sin ninguna protección laboral. “Si me accidento, si me atropellan o algo se me cae encima, no existo. No hay una ley o algo que nos proteja, como voluntarios no. En la palabra está: voluntarios, estás aquí porque quieres, no porque te tengan a fuerza, pero pues tenemos que salir a trabajar”, lamentó el trabajador.

Precariedad hasta en la formalidad

Una vez que su carrito está vacío, los barrenderos lo llevan a la bodega de encierro, donde según Víctor González, basificado, pueden guardar algunas pertenencias, bañarse y cambiarse para irse limpios a casa. “Tenemos baño y regaderas, unos nos bañamos después de nuestra jornada de trabajo. Cuando no hay gas aquí en la bodega, medio me lavo y todo, pero habiendo gas y que esté prendido el boiler, yo me meto a bañar”, dijo en entrevista.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH CDMX) emitió en 2016 una recomendación (identificada como 07/2016) en la que acusa el deterioro de las bodegas debido al abandono en que las mantienen las autoridades: “los servicios indispensables como baños (lavabos, retretes y regaderas) no funcionan, están incompletos o no cuentan con conexión hidráulica, por lo que se colocan contenedores con agua”.

Aunque la recomendación data de cinco años atrás, este equipo pudo constatar que la condición de estos centros sigue siendo la misma: excusados sin flujo de agua, tambos para llenarse con una llave descompuesta, instalaciones de agua incompletas y condiciones de higiene tan deplorables, que incluso hay roedores entre los espacios que los trabajadores usan como bodega, ante la imposibilidad de darles su uso original de regaderas.

Bodega de encierro en la alcaldía Cuauhtémoc (Fotos: Claudia Altamirano).

Estas condiciones de trabajo también fueron confirmadas por el líder sindical Julio Miranda: “Hay carritos que no tienen ni siquiera dónde encerrarse, no caben; entonces tienen que ir con el vecino para que amarren su carrito en el poste con una cadena. Ahí mismo sacan su garrafón, se lavan las manos, la cara, se mojan el pelo, se quitan la ropa, se cambian y de ahí agarran su transporte, ¿dónde se van a asear? No hay ningún lugar de esos, en ninguna alcaldía”, sentenció.

El también conductor de camión basificado precisó que hace años hubo baños públicos dentro de algunos campamentos (instalaciones que concentran grandes cantidades de desechos, como la Central de Abasto), pero por falta de mantenimiento se fueron deteriorando. “Lo más que existe es el mismo baño, el que se encarga de darle aseo es un voluntario, y se encarga de poner botes de agua de 20 litros, con calentadores con agua caliente para que lleguen los trabajadores y los que alcancen a bañarse, se bañaron”, puntualizó.

La recomendación 07/2016 de la CDH CDMX representa la primera ocasión en que una institución mexicana puso el foco en este sector, señalando las condiciones insalubres, inseguras y paupérrimas en que trabaja, sin que ningún gobierno les garantice sus derechos humanos y laborales. Entre sus demandas, la Comisión pidió censar a los trabajadores voluntarios, ya que ni siquiera se sabe oficialmente cuántos son, así como dar reconocimiento a su actividad, realizada con recursos del Estado pero no reconocida por el mismo.

Las autoridades aludidas tuvieron un plazo máximo de cuatro meses para cumplir las demandas, pero hasta febrero de 2021, el estatus de la mayoría es “sujeto a seguimiento”, ninguna alcaldía ni el gobierno central saben cuántos voluntarios hay en la Ciudad, ni han reconocido su trabajo como parte de los servicios públicos de Limpia.

La recomendación de Derechos Humanos fue dirigida a las 16 alcaldías, incluida la sureña Tlalpan, entonces gobernada por Claudia Sheinbaum, actual gobernadora de la Ciudad. Aunque se comprometió a cumplir los 13 puntos en un plazo máximo de 120 días naturales, Tlalpan solo concluyó uno durante los dos años que restaron a la gestión de Sheinbaum: realizar un censo de tiraderos clandestinos. El censo de los trabajadores voluntarios y el resto de los compromisos, mantienen el estatus de “sujeto a seguimiento”.

Este equipo cuestionó a la actual jefatura de Gobierno de la Ciudad sobre las causas del incumplimiento de dichos compromisos mientras Sheinbaum estuvo al frente de la alcaldía Tlalpan. Su respuesta fue un documento firmado por Carlos Ulloa (secretario particular de la gobernadora y exdirector de Servicios Urbanos de la alcaldía) con una lista de acciones que llevó a cabo en seguimiento a la Recomendación, entre ellas solicitar el levantamiento del censo de voluntarios, sin precisar si efectivamente se levantó o no. Este equipo solicitó conocer el resultado del Censo, pero la jefatura de Gobierno respondió que eso ya no está en sus manos y que depende del actual gobierno de la alcaldía.

Separación informal bajo un techo oficial

La insuficiencia de personal que los voluntarios subsanan de facto ocurre también dentro de instalaciones oficiales de la secretaría de Obras. El artículo 43 de la Ley de Residuos Sólidos señala que la Sobse debe diseñar el sistema de transferencia, selección y tratamiento de los residuos sólidos “contando con el personal suficiente para su manejo”.

Sin embargo, durante la visita que este equipo realizó a una de las plantas de selección se pudo constatar que quienes separan los residuos son cientos de voluntarios reunidos en un gremio, a quienes el gobierno no contrata, sino que “les permite trabajar”, según WIEGO y los propios trabajadores.

Planta de selección de residuos sólidos, ubicada en San Juan de Aragón, al norte de CDMX (Foto: Luis Érick Ramírez).

“Nosotros buscamos la manera de darle un reuso a todo lo que tira la ciudad. Llegamos a un acuerdo con el gobierno para que se nos permita trabajar y obtener ingresos. Estamos habituados a la necesidad, no nos perjudica mientras nos dejen trabajar”, declaró Javier Téllez, representante del Frente Único de Pepenadores, que labora en la Planta de Selección de San Juan de Aragón, la que más residuos recibe de las dos que hay en la Ciudad.

Cuestionada vía Transparencia sobre el número de voluntarios que labora en el servicio de Limpia en toda la Ciudad, la secretaría respondió que la recolección de basura y su traslado a las estaciones de transferencia corresponde a las alcaldías. Respecto a los empleados que sí dependen de ella, es decir, los del área de Transferencia y Disposición Final de los residuos, Sobse respondió: “No se cuenta con la información solicitada, debido a que las personas que laboran en la separación de los materiales reciclables en las Plantas de Selección pertenecen a los gremios de pepenadores, con los cuales no hay una relación laboral”.

La Ciudad de México cuenta con dos plantas de selección de residuos: Santa Catarina -al oriente- y San Juan de Aragón fases I y II -en la norteña alcaldía Gustavo A. Madero-. Este equipo accedió a la planta de San Juan de Aragón, un predio con una instalación techada, operada por la secretaría de Obras, donde más de 450 recicladores informales se dedican a recuperar residuos, de acuerdo con Ricardo Estrada, subdirector de mantenimiento de la planta.

Este trabajo se realiza en condiciones de insalubridad, precariedad, sin contrato o protección, y bajo el consentimiento del gobierno de la Ciudad. Sin embargo, “su papel es fundamental para tener mayores índices de recuperación”, reconoce Estrada.

Las montañas de basura son empujadas a las bandas transportadoras en la planta de selección (Foto: Yanine Quiroz).

El Inventario de Residuos Sólidos 2018 lo confirma: “Con su labor se obtienen beneficios económicos y ambientales, al separar lo aprovechable, disminuir la cantidad dispuesta en rellenos sanitarios, y evitar los costos derivados tanto por el transporte como por la disposición final”.

“De alguna manera el gobierno reconoce que una parte importante de los materiales que se reciclan en la Ciudad es gracias al trabajo que ellos hacen; pero por otro lado no hace nada por otorgar mejores condiciones de trabajo”, advirtió Tania Espinosa. Este equipo solicitó una entrevista a la Sobse para conocer su postura pero no obtuvo respuesta.

En la planta los recicladores lidian con la caída constante de residuos y polvo; pero nadie les brinda equipo de bioseguridad, por lo que tienen que comprar sus propios guantes y cubrebocas. Para utilizar el baño pagan tres pesos (0.15 USD) y 15 para ducharse (0.7 USD). Debido a la pandemia, solo están trabajando de dos a tres días a la semana, en una jornada de cinco a siete horas.

Por eso, lo que obtienen por vender los residuos no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, como le ocurre a Esteban Juárez, de 49 años, quien sobrevive con mil 600 pesos (78 USD) al mes. “Solo buscamos para comer, es poco pero es mejor a no llevarnos nada”, afirma.

Los recicladores de esta planta de San Juan de Aragón son parte del Frente Único de Pepenadores, representado por Javier Téllez. El gremio llegó al lugar hace siete años, después de que en 2011 el gobierno de la Ciudad clausurara el Bordo Poniente, ubicado en los límites con el Estado de México.

Para Javier Téllez, que el gobierno local les deje separar y vender los residuos para obtener ingresos es una ganancia, pues en una ocasión quisieron cerrar el lugar y dejarlos sin trabajo. Por eso, no les ha exigido equipo como cubrebocas o trajes. Tampoco planea pedirle a la presente administración mejores condiciones laborales para sus agremiados: “no nos hemos acercado a ella [Claudia Sheinbaum] desde que tomó posesión en el gobierno por el simple hecho de que ha tenido muchos problemas tal vez más importantes que estos. Aquí nosotros buscamos trabajar”, refiere.

Las mujeres también separan residuos en la planta de San Juan de Aragón (Foto: Luis Érick Ramírez).

Destino final

La última parada de esta ruta son los sitios de disposición final o rellenos sanitarios, donde los residuos son enterrados, comprimidos y cubiertos con materiales, idealmente bajo un control ambiental. Ahí llega la basura que no fue valorizada en las otras etapas: 60% de los residuos generados diariamente por los capitalinos (7 990 toneladas). La ciudad envía sus desperdicios a seis rellenos en los estados de México y Morelos. En esos lugares no se permite la separación de residuos o ‘pepena’, según el artículo 52 de la Ley de Residuos Sólidos.

Los sitios de disposición final son concesionados a empresas como Tecnosilicatos de México, que opera “El Milagro”, o Reciclados Integrales Ambientales, que gestiona el sitio “La Cañada”, ambos reciben la mayoría de los residuos de la capital y están en el Estado de México. Esas empresas cobran al gobierno de Sheinbaum 211.84 pesos (10.3 USD) por cada tonelada de basura que termina en sus instalaciones, por lo que en total recibieron 617 millones de pesos (30 millones 204 mil 795 USD) por prestar ese servicio en 2019, indica el Inventario 2019.

En el caso de los rellenos sanitarios, el reciclaje no se realiza no solo porque está prohibido en la Ley de Residuos Sólidos, sino porque es más caro operar plantas de selección y es difícil comprar residuos a recicladores dado que no emiten facturas, según Nicolas Al Houayek, gerente de Valorización y Energía de Promotora Ambiental, una empresa que opera 25 rellenos en el país. “No es mejor enterrar [residuos], simplemente no es rentable separarlos con las tarifas [de disposición] vigentes”, dice.

Aunque los recicladores informales no están presentes en los rellenos, la separación de residuos que ellos hacen en la pre pepena y en las plantas de selección se traduce en ahorros económicos para el gobierno, al evitar el pago de 658,095 toneladas de residuos al año que no van a los rellenos. Ese ahorro equivale a 139 millones 410 mil 844 pesos al año (seis millones 824 mil 758 USD, tipo de cambio del 20 de febrero de 2021).

Los recicladores informales hacen la labor de separación de residuos que los ciudadanos y el gobierno no realizan y que tendría que ser remunerada porque le evitan al gobierno el pago por la entrada de más residuos a los rellenos, considera Lisseth Cordero, cofundadora de Ecolana, asociación creadora del primer mapa en México que conecta a diversos actores para reciclar.

“Nadie se está dando cuenta que ellos están haciendo el valor de un pasivo ambiental, porque al final el gobierno debería de pagar por la disposición de esas toneladas, pero los recicladores las están quitando del sistema”, puntualiza.

Sol, olores, precariedad

A casi 13 kilómetros al oriente de la capital está el tiradero a cielo abierto Neza III, en Nezahualcóyotl, Estado de México, donde -contrario a los rellenos- sí hay presencia de recicladores informales, pero bajo condiciones laborales todavía más desafiantes. Ahí los residuos de dicho municipio son depositados por camiones de recolección y motocicletas operadas por recicladores informales.

En el tiradero trabajan 800 voluntarios, 500 de ellos separan 20 a 25 toneladas diarias de residuos (de las 900 a 1 000 que ingresan diariamente al tiradero), los otros 300 viajan en motos para recolectar residuos directamente de las casas, de acuerdo con Gregorio Martínez, responsable de Neza III y subdirector de disposición final de la Dirección de Servicios Públicos.

El tiradero Neza III recibe la basura de los habitantes del municipio Nezahualcóyotl (Foto: Luis Érick Ramírez).

Todos ellos trabajan entre montañas interminables de basura, expuestos a un olor penetrante y a las variaciones del tiempo: sol, viento, lluvias. Como es un espacio al aire libre, no solo llegan moscas o mosquitos, también es común ver aves como palomas y garzas, que ‘escarban’ entre los desechos; e incluso búhos y hasta águilas que se alimentan de roedores, según Gregorio.

No hay agua ni luz, relata Rita Blanquel. Ella sale de lo que a simple vista parece una pequeña casa de madera. Hay muchas de ellas dentro del tiradero. “Es un ‘tejabancito’, le decimos. [Los recicladores] lo usamos para cambiarnos, para sombrearnos, porque a veces nos alcanza la lluvia. O para comer”, dice. No tiene hijos, cuida a los de su hermana y a su esposo, quien tuvo un infarto cerebral que lo dejó inmóvil, pero él le ayuda a separar residuos, como puede.

Rita vende de 600 a 700 pesos semanales de residuos (29 a 34 USD). Con 54 años se queja de que al agacharse a recoger residuos le duelen las rodillas, dice que quizá es por el contacto con el vapor que emite la basura después de las lluvias. A pesar de eso, aprecia su trabajo: “yo me siento orgullosa de ser pepenadora. Es una labor social porque sacamos la basura de allá para aquí reciclarla y que sea menos”, sostiene.

Tiradero municipal Neza III (Foto: Luis Érick Ramírez).

Gregorio cree que sin los recicladores, el tiradero se llenaría de residuos, pues “ayudan a optimizar los espacios y a que un tiradero o una planta logre una mayor vida”. Sin embargo, señala que no hay dinero para formalizarlos y que la constitución del municipio ni siquiera los incluye en el presupuesto general de gastos.

La exclusión con la que tienen que lidiar los recicladores impacta incluso a familias enteras en el Neza III, como los hermanos Julio, Julia y Graciela Rivera.

Julio no tiene documentos de identificación porque se quemaron cuando su casa se incendió, así que no podría formalizarse aunque tuviera propuestas de contratación por parte del gobierno o de alguna empresa. ¿Les gustaría ser formalizados?, se le pregunta a Julio: “a mí la verdad sí me gustaría. Pero en ese tiempo eran jacalitos donde nosotros vivíamos, se quemaban las casitas. Mis papeles se quemaron. Yo no tengo ni un papel. He luchado con mi familia para tener mi acta de nacimiento y no he tenido suerte”, asevera.

La participación ‘voluntaria’ del sector privado

Todos los días los recicladores buscan un sustento económico en la basura, pero esos residuos que en su momento utilizó la población fueron puestos al mercado por empresas, que en México no están obligadas a hacerse cargo del reciclaje de sus envases ni a incluir a los recicladores informales en su plantilla laboral.

A pesar de eso, algunas empresas consultadas en esta investigación reconocen que los recicladores contribuyen a la separación de hasta el 90% de sus propios envases, que después son reincorporados a la producción en forma de nuevos envases o empaques.

“Si los pepenadores lo analizaran, dejarían de serlo para convertirse en industriales del reciclaje, porque finalmente ellos venden una materia prima a una empresa que fabrica juguetes, tubos, accesorios de plástico o en el caso del tetra pak, crean papel sanitario, servilletas y hojas para libros”, sugiere Gregorio, responsable del tiradero Neza III.

Pero esa transición no es fácil. El gobierno local tendría que reconocer a los recicladores y darles una figura legal para que las empresas inviertan en infraestructura para disponer sus residuos, les paguen o al menos mejoren las condiciones laborales de los recicladores, afirma Lisseth Cordero, cofundadora de Ecolana.

En el país son pocas las empresas que apoyan el reciclaje inclusivo y lo hacen por su propia cuenta. Una de ellas es Tetra Pak, compañía internacional que fabrica envases para alimentos. De las 145 mil toneladas de envases que produjo al año, reciclar el 30% en 2019 (42 255). Su director de Sustentabilidad, Alfredo Román, respondió que en Ciudad de México 90% de sus envases son acopiados por recicladores informales.

“En el caso de los países latinoamericanos, la recolección se da a través de las personas que se dedican a la recolección informal y definitivamente son la parte más importante”, menciona.

Sin embargo, en su empresa no han considerado contratar a los recicladores porque, para Alfredo, es responsabilidad del gobierno. Algunas acciones que han hecho para  apoyar a los acopiadores en México es brindarles equipos de compactación, sacos grandes, guantes y cubrebocas, o vincularlos con la industria recicladora.

Otro caso es el de Bonafont, que produce bebidas embotelladas. De 2012 a 2015 realizó un proyecto con 400 recicladores informales en Mexicali, quienes anteriormente trabajaban en un relleno. Ellos recuperaron dos mil toneladas de PET al año y con eso cubrieron 13% de la necesidad de suministro de PET que tenía Bonafont, cuenta Sofía Díaz, gerente de Sustentabilidad de Grupo Danone México, compañía a la que pertenece Bonafont.

Los recicladores a diario recolectan toneladas de plástico PET (Foto: Luis Érick Ramírez).

Sofía dice que no los contrataron porque los recicladores no querían, pero juegan un papel vital en el acopio de hasta 90% de lo que se recicla en México, estima. Con su iniciativa les pusieron una instalación techada para realizar la separación de residuos, les brindaron atención médica, apoyo educativo, equipo de seguridad y capacitación. Gracias a eso, cuenta, ayudaron a dignificar su labor y lograron que ellos se empoderen y cambiarán a su líder.

“Al final de cuentas, cuando ves la cadena de valor realmente en México son muy pocos los ciudadanos que llevan directamente sus reciclables a los centros de acopio, es más un reciclaje hecho por los recicladores de base”, asegura Sofía.

Orgullo reciclador

La invisibilidad en la que viven los voluntarios, desde los que recorren las calles hasta los que separan plantas de selección o tiraderos a cielo abierto, hace difícil su propia organización para enfrentar retos comunes, como la falta de remuneración, contratos, equipo de protección, prestaciones y reconocimiento social.

Otro desafío es la falta de recursos para aumentar su capacidad de almacenar grandes cantidades de residuos, pues no pueden negociar mejores precios con la industria transformadora. “La mayoría de ellos no tiene dónde acopiar, no tienen una bodega donde guardar el material, entonces van vendiendo lo del día pero les dan muy poco dinero porque es muy poco volumen”, indica Tania Espinosa, de WIEGO.

Gobierno, empresas y sociedad se ven beneficiados del trabajo precario de los recicladores, cuya labor es fundamental al contribuir al aumento del reciclaje en el país. “Si ellos no existieran no podríamos presumir las tasas de reciclaje que tenemos ahorita. Solamente de PET está arriba del 50%”, sostiene Lisseth Cordero, de Ecolana.

Pero su trabajo también aporta un valor social, pues los voluntarios ayudan a dejar limpias las calles, a recolectar los residuos casa por casa y separarlos en los camiones. Es por eso que están orgullosos de ser recicladores y de prestar un servicio de Limpia, aunque sea de manera informal. “Me encanta mi trabajo, me fascina. Hay gente que me ha visto barrer, me dice: lo felicito; ¡ah, gracias! y me levantan el ánimo, se siente bonito que lo feliciten a uno”, dice Braulio Portillo, barrendero que pasó casi 20 años como voluntario.

Lucero García, recicladora en Neza III, considera que su trabajo es un aporte para su país: “Nosotros no hacemos la basura, la trabajamos y con mucho orgullo porque es muy bendita la basura”.

Ilustración de portada: Andrea Paredes.

Este reportaje es parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes.

La entrada Los recolectores voluntarios de residuos “salvan” del colapso a Ciudad de México se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Cuando llegó a Barcelona, Karim* comenzó a recoger chatarra. Es el único trabajo que puede hacer sin documentos: “Antes de robar preferimos hacer esto”, dice. La labor consiste en dedicar más de 12 horas al día a recorrer hasta 30 kilómetros arrastrando un carrito de supermercado que puede llegar a pesar 300 kilos. Todo para ganar cinco, 10 o 15 euros (entre seis y 18 dólares estadounidenses). No más.

El senegalés cuenta que en 2006 se podía vivir de la chatarra porque no había mucha gente recogiendo. Hoy son miles los recicladores informales que recolectan por las calles de Barcelona, la mayoría migrantes subsaharianos sin papeles que, como Karim, llegaron a Europa en busca de una vida mejor. Todo el mundo los ve y, sin embargo, son invisibles.

Karim es un senegalés de 43 años que llegó en 2006 a España en una tortuosa travesía por el mar. Empezó recogiendo chatarra en la calle y hoy tiene su propia chatarrería (Foto: Judit Alonso).

Para Federico Demaria, profesor de Ecología Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, la recolección de residuos reciclables es un trabajo esencial pero nadie lo quiere reconocer. “Si no fuera por los recicladores informales, mucha chatarra se iría al vertedero, por lo que son un claro actor de la economía circular. Los recicladores dan un servicio a la sociedad y un servicio ambiental por el reciclaje que hacen de forma gratuita”, puntualiza el experto en reciclaje informal en el mundo. “Las empresas privadas cobran de la Administración por recoger, transportar y reciclar esos materiales; mientras que los recicladores informales hacen algo parecido sin cobrar nada del Estado”.

Demaria, junto a un equipo de su universidad, encabeza un proyecto de investigación sobre los recicladores informales en la capital catalana, sobre los cuales, asegura, se sabe muy poco. “No sabemos cuántos recicladores hay ni cuánto material recogen. Tampoco su contribución económica por el trabajo que hacen, pero no es difícil de imaginar que si hay miles y recogen miles de toneladas de material al día, ese material tiene un precio. Y haciendo una simple multiplicación estaríamos hablando de unos cuantos millones de euros”, apunta.

Poco aprovechamiento

En Barcelona y su área metropolitana viven tres millones, 239 mil 336 habitantes. Cada uno generó en 2017 un promedio de 445 kilos de basura, según datos de Gestión de Residuos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). De estos, el 90% se podría reciclar o reutilizar, pero la Agencia Catalana de Residuos señala que solo se aprovecha el 35 por ciento: uno de cada tres kilos. Lejos así de los objetivos de reciclaje que marca la Unión Europea, para alcanzar el 50% en 2020 y el 65 en 2030.

El modelo catalán de recogida selectiva dispone en cada cuadra cinco contenedores para depositar los residuos por separado: plástico, vidrio, papel, orgánico y el llamado resto, donde se deposita todo lo que no se puede reciclar. Además existen los llamados puntos verdes fijos y puntos verdes móviles, donde los ciudadanos deben llevar los residuos para los que no hay sistema de recogida domiciliaria ni contenedores específicos. Se trata de objetos electrónicos, metales, bombillas, pinturas, colchones, ropa, etcétera.

Entre 2013 y 2017 se recopilaron 344 millones de toneladas de chatarra en estos equipamientos, según estadísticas de 2018 del AMB. Y para los residuos más voluminosos, la ciudadanía tiene otra opción: el llamado Día de los trastos. Una vez por semana, según el barrio, los habitantes pueden dejar en la calle muebles y colchones, para que los recoja un camión municipal. Es un día muy provechoso para los recicladores en general, que suelen estar atentos a todo lo que se bota antes que pase el camión de la alcaldía.

Los recicladores encuentran la mayoría del material reciclable junto a los contenedores de basura de la ciudad tras ser botados por la ciudadanía (Foto: Javier Sulé).

Especialmente a partir de la crisis económica de 2008, donde muchas personas se quedaron sin empleo y comenzaron también a buscar en las calles algo para vender. Además, los trabajadores de la construcción dejaron de regalar el material sobrante para venderlo ellos mismos en las chatarrerías y poder sacar un ingreso extra. La crisis provocó que personas con papeles y autóctonas de la ciudad hallaran en la chatarra una manera de sobrevivir. Como Héctor, un chico de 26 años que lleva tres en el mundo de la chatarra. Vive en la calle y su único sustento es lo que ingresa día a día.

Entre las sombras

Héctor se levanta todos los días a las seis de la mañana y recoge el carrito que le permiten guardar en la chatarrería de Karim. Camina con sus auriculares puestos, escuchando la música que ameniza sus jornadas, algo de Extremoduro o rock catalán. Recorre toda la ciudad mientras saluda a sus compañeros. A algunos los conoce desde hace varios años, a otros los ve por primera vez. Entre ellos son visibles. Héctor sueña con que este sea un trabajo dignificado. “Me gustaría que fuese una labor regulada, dónde poder asegurarme una jubilación el día de mañana. Esto no deja de ser un trabajo, no dejas de buscarte la vida”.

El joven confiesa que él no tiene problemas en hablar, en ser grabado y explicar cómo viven quienes se dedican a recoger chatarra. O cómo malviven. Pero quienes no tienen la nacionalidad española, no quieren hablar. Unos por miedo a volverse visibles y, por ello, ser deportados. Otros, porque no quieren que sus familias sepan en qué trabajan.

Héctor es español, vive en la calle y lleva tres años reciclando (Foto: Javier Sulé).

“Ser chatarrero es un fracaso del proyecto migratorio. Muchas personas no dicen a sus familias a qué se dedican y les dicen que trabajan en otra cosa para no avergonzarlas”, añade Nfaly Faty, técnico del Programa de Atención Humanitaria de Asentamientos de la Fundación Cepaim en Barcelona. Faty acompaña a las personas que viven en las naves industriales abandonadas o en los pisos sobreocupados, la mayoría de ellas migrantes.

En estos asentamientos, afirma, viven en condiciones muy difíciles: “No tienen agua, no hay electricidad y tenemos que organizarlos, pero también contactar con las administraciones locales para solucionar algunas de sus necesidades básicas con relación al empadronamiento, la tarjeta sanitaria o la documentación”. De hecho, uno de los lugares en los que trabaja el técnico -una nave abandonada en un estado muy precario, en el que vivían cerca de 100 personas sin hogar que trabajan como recolectores- se incendió el pasado 9 de diciembre, dejando cuatro víctimas mortales y decenas de heridos.

Faty admite que el trabajo de recolector es para sobrevivir, en primer lugar, porque no hay otra posibilidad. Pero agrega que también hay que reconocer su trabajo porque son personas que están haciendo una labor para la comunidad. “Recogen lo que no quiere nadie. Limpian la ciudad”.

La mayoría de personas migrantes que se dedican al reciclaje vive en apartamentos sobreocupados o asentamientos informales, como este del barrio del Poble Nou de Barcelona (Foto: Marta Saiz).

Un ecosistema complejo

Los recicladores se enfocan justamente en los metales, una de las fracciones que más se escapan de los circuitos oficiales de gestión de residuos; donde el sector formal convive e interactúa, con cierta normalidad, con el sector informal. La informalidad empieza cuando el reciclador recoge el material que encuentra en un contenedor: en la calle, en una obra o que le entregan en una casa. Y acaba cuando lo vende a una empresa formal y legalizada, normalmente una pequeña chatarrería de acumulación que actúa de intermediaria. Luego, a su vez, esa chatarrería vende el material a otros intermediarios más grandes, con una capacidad de almacenamiento mayor, que son los que después venden a la industria recicladora.

El Gremio de Recuperación de Cataluña reconoce abiertamente la contribución de éstos al sector. “En 2013 hicimos un estudio en el que calculamos que, de las casi 550 000 toneladas de residuos metálicos que se recuperaron, en torno al 22% provino de estos recolectores informales. Y que unas 54 000 personas en Cataluña se dedicaban a este trabajo de manera informal”, afirma Victoria Ferrer, directora de un gremio con más de 250 empresas asociadas y que gestionan más del 90% del material que se recupera en esta comunidad autónoma, entre metales, aparatos eléctricos y electrónicos.

Así, los recicladores informales son un eslabón muy débil que contribuye a la existencia de un sector muy próspero de la economía española. En toda España, según la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), existen más de 5 000 empresas especializadas que gestionan residuos y generan un volumen de negocios superior a los 10 000 millones de euros (12 137 millones de dólares) anuales, cercano al 1% del PIB nacional. En 2019 gestionaron más de seis millones de toneladas de chatarras férricas.

Con todo, parte de la primera línea de producción de un negocio que mueve miles de millones de euros vive en la absoluta marginalidad. Para el investigador Demaria, las condiciones de los recicladores podrían mejorar si hubiera un proceso de formalización, que haría incluso que pudiesen reciclar más, pero haría falta el apoyo de la Administración.

“No necesariamente tendría por qué ser un pago directo. Podría ser mediante facilidades como otorgarles bicicletas eléctricas con un carro detrás, creando cooperativas, haciendo que los puntos verdes municipales se vuelvan centros de acopio para ellos o desarrollando una aplicación celular para que venga un reciclador a casa cuando un ciudadano lo solicite”.

Sin embargo, regularizar su situación laboral no es sencillo. Una gran mayoría no dispone de documentación y se encuentra en situación irregular en España. Demaria apunta también como impedimento al modelo de desarrollo basado en el mero crecimiento y las privatizaciones. “Tal y como se entiende el desarrollo, los recicladores tienen que desaparecer. Está pasando en muchos países del hemisferio sur, donde tienen que entrar las empresas privadas y los persiguen de todas las maneras: no permitiéndoles que entren en los barrios a recoger los residuos, haciendo contenedores con agujeros cada vez más pequeños o instalando contenedores inteligentes que solo se pueden abrir con una tarjeta”.

En países como Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia o Chile, sin embargo, miles de recicladores sí fueron formalizados y realizan una labor cada vez más reconocida. “En muchos casos, hacen recogida puerta a puerta, algo que en Europa es considerado lo más puntero. De hecho, los únicos en Cataluña que cumplen con el 60% del reciclaje que marca la directiva europea son los pueblos que hacen recogida puerta a puerta y esto los recicladores lo hacen, no han dejado nunca de hacerlo”.

Bajo el principio de responsabilidad extendida del productor, se crearon los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), por el que empresas o fundaciones privadas especializadas se hacen cargo del reciclaje de cada tipología de material: plástico, vidrio, papel, grandes electrodomésticos, aparatos eléctricos o baterías, entre otros. El municipio vende a estos gestores todo el material reciclable que trata y recibe un pago por tonelada que compensa parte del costo de la gestión municipal de los residuos.

Nuevo modelo, no para todos

Barcelona inicia ahora un cambio de rumbo en su política de gestión de residuos con un nuevo modelo, sobre todo en lo que atañe a la recogida y que podría perjudicar a los recicladores con la posible eliminación de los contenedores de rechazo, donde habitualmente encuentran material. La recogida selectiva lleva años estancada y se pretende llegar al 55% de reciclaje en el año 2025.

“Vamos a un modelo de recogida puerta a puerta o de implementación de contenedores inteligentes, con apertura previa identificación. Es un sistema con menor coste económico, menor impacto ambiental y generará puestos de trabajo en el sector del reciclaje”, explica Víctor Mitjans, responsable del servicio de programas y estudios del AMB.

Para el técnico municipal, la generación del llamado “empleo verde” podría ser una oportunidad laboral para los recicladores, pero ve difícil que pueda consumarse: “Normalmente son personas en situación irregular, por lo que es complejo encontrarles encaje en el modelo oficial. En cualquier caso, la gestión de los residuos debe solucionar el problema de los residuos. Y el tema de la informalidad, o del modo de vida de estas personas, debería solucionarse con políticas sociales. Pretender que la política de gestión de residuos dé soluciones sociales… creo que son cosas que no se deben mezclar”.

Julián Porras, sociólogo experto en temas de reciclaje informal y compañero de trabajo de Demaria, replica: “No creo que Barcelona, ni ninguna ciudad del hemisferio norte, pretenda hacer políticas como Bogotá o Brasil, de ver recicladores en los sistemas de gestión de residuos de la ciudad; porque tendrían que contradecir sus propios principios. Hay una gran maquinaria alrededor de las empresas de gestión de residuos, donde la mayoría son privadas y con plantillas subrogadas”.

Alencop: un modelo de integración social pionero a nivel estatal

En 2013, la ocupación de una nave industrial en Barcelona por parte de más de un centenar de personas y su desalojo por parte de la policía produjo un debate en la ciudad sobre las condiciones en las que viven muchos migrantes. Siete años más tarde, el incendio de otra nave ocupada por casi 200 personas, en la que gran parte de ellas se dedican a recoger chatarra, en Badalona (ciudad colindante a Barcelona) saca a la luz la misma problemática.

En el caso de Barcelona, en julio de 2013 una jueza ordenó el desalojo de la nave industrial, de propiedad privada y declarada en ruinas por el Ayuntamiento de la ciudad, liderado por el alcalde de la época, Xavier Trias. El consistorio desarrolló una alternativa a través de una cooperativa especializada y pionera a nivel estatal, para emplear a las personas que recogen chatarra. A través de esta cooperativa llamada Alencop, se dió alojamiento, documentación y un sueldo digno a unas 30 personas que lograron trabajar allí.

Una bicicleta de la extinta cooperativa Alencop, la única iniciativa que ha habido en Barcelona para formalizar a un grupo de 30 recicladores informales (Foto: Archivo Marta Saiz).

Tidiane, un chico senegalés de 33 años, fue una de las personas que vivió en esa nave, a la que llegó en abril de 2012. Con más de 10 años viviendo en Barcelona y alrededores, la chatarra se convirtió en su compañera inseparable, experiencia que le abrió la puerta de Alencop. No obstante, el proyecto -con un presupuesto inicial de cinco años (2015-2020) y con varios problemas de impagos a los empleados- se vio afectado por el coronavirus y tuvo que cerrar sus puertas definitivamente el pasado mes de marzo. Erick, otro de los recicladores que formó parte de la iniciativa, critica el mal funcionamiento de la cooperativa, ya que su actividad se limitaba a recoger aparatos en desuso sin poder desmontarlos, lo que podría haber dado más rentabilidad al negocio. No obstante, para ello, hacía falta una licencia que se obtuvo más tarde, cuando la cooperativa dejó de funcionar.

La incertidumbre del día a día

Alrededor de las cinco y media de la tarde, Héctor regresa a la chatarrería. Karim lo recibe de nuevo, pues tras ahorrar lo suficiente, hace siete años se convirtió en el encargado de este local de acumulación en el barrio de Poblenou. Estos centros de acopio son a los que los recicladores informales venden la mercancía. Luego éstas las venden a otras más grandes, con capacidad para tratar los residuos.

Una cadena larga, donde los precios varían de un día para otro, regulados por la bolsa de valores de Londres. Hasta finales de 2020, el hierro se pagaba a 0.07 euros (0.085 dólares) el kilo, el aluminio a 0.50 euros; el latón a 0.60 por kilo, el plomo a casi un euro (1.21 dólares), el papel a 0.16 y el cobre, producto estrella, a 4.5 euros (5.45 dólares).

Mientras que para Héctor fue un mal día, pues solo pudo recoger 75 kilos de hierro, que significan unos cinco euros (seis dólares), para Karim fue de ganancia normal: recibió entre cuatro y siete toneladas de material para vender gracias a sus casi 200 clientes diarios, la gran mayoría hombres africanos procedentes de Senegal, pero también de Gambia o Mali.

En este trabajo de hombres, hay pocas mujeres. No obstante, entre ellas está Claudiris, que regenta otra chatarrería a escasos metros de la de Karim, donde llegan más de un centenar de personas cada jornada, de lunes a sábado, con los kilos de metal, cobre y hierro que ella recibe para revender. Natal de República Dominicana, Claudiris llegó hace 21 años a España, donde comenzó limpiando habitaciones de hoteles hasta que consiguió ahorrar y abrir su propia chatarrería. Alquiló una nave grande y ahí comenzó a recibir a sus primeros clientes. Aunque le gusta su trabajo, confiesa que es muy duro y que no espera que sus 44 años le den para mucho más.

Con la misma edad, no obstante, Karim sí ve su futuro en la chatarrería. Aunque ya prepara su jubilación, no piensa en regresar a Senegal porque considera que allí no se puede vivir y que sus habitantes se ven forzados a buscar una vida mejor fuera por la gran desigualdad, la corrupción y la explotación por parte de países extranjeros. De hecho, la última semana de octubre, murieron 480 senegaleses en la misma ruta migratoria que usó Karim. Según la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, de 2014 a octubre de 2020 murieron 16 mil personas tratando de cruzar el Mar Mediterráneo.

Por ello, afirma que seguirá llegando gente que arriesgará sus vidas porque no les queda otra opción. “No hay dinero para el pueblo, para la educación, para la salud… para nada. Muere un millón de personas tratando de cruzar y siete millones más están pensando en venir”.

*Los apellidos de algunas personas fueron omitidos a su solicitud. 

Ilustración de portada: Andrea Paredes.

Este reportaje es parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes.

La entrada Migrantes chatarreros en Barcelona, la cara invisible del reciclaje se publicó primero en Periodismo de Barrio.

“Yo jamás imaginé que el alcalde me ofreciera trabajo de andar recogiendo basura, pero con el tiempo fui entendiendo esta labor, a tal punto que entiendo que esto no es basurear: esto es un trabajo digno y vital para el país”, cuenta América.

América Sarmiento, una de las lideresas de recicladores salvadoreños más reconocida, incluso a nivel internacional (Foto: Claudia Chicas).

Junto con ella, se calcula que entre tres mil y cinco mil salvadoreños realizan un trabajo de recolección de residuos sólidos, que evita que las cuatro mil toneladas de basura que genera el país diariamente lleguen intactas a alguno de los 17 rellenos sanitarios que hay en el país.

El desafío es inmenso: tan solo la capital, San Salvador, genera de 600 a 700 toneladas diarias de desechos, esto significa que cada capitalino produce cerca de media tonelada de basura al mes. De esa cantidad, 400 toneladas se quedan y acumulan en las calles debido a la incorrecta recolección de desechos, mientras que el resto termina depositado en un relleno sanitario.

Este es uno de los 17 rellenos en El Salvador, ubicado en el departamento de Chalatenango (Foto: Claudia Chicas).

Pero un pequeño porcentaje se salva. Según los registros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2019 todos los salvadoreños generaron casi un millón y medio de desechos; de los cuales 37 169 toneladas fueron procesadas dentro de las 45 composteras municipales, mientras que otras 61 949 toneladas fueron recuperadas para reciclaje. Ambas cantidades apenas llegan al 6.5% del total de residuos generados.

Aunque parece poco, representa un logro porque la mayoría de las personas que lo llevan a cabo -cerca del 85% según datos extraoficiales-  lo hace de manera informal. La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) estima que la cifra ronda los tres mil a cinco mil recolectores informales, y tampoco se conoce la cantidad exacta de recicladores que trabajan en las 15 empresas dedicadas formalmente al reciclaje en El Salvador.

La informalidad significa, en términos prácticos, precariedad. Actualmente, a un reciclador salvadoreño le pagan 0.08 centavos de dólar estadounidense (USD) por 453 gramos (una libra) de papel, entre 0.08 y 0.11 centavos por 543 gramos de plástico y 0.06 centavos la de chatarra (metales). Ni siquiera cuentan con suficientes centros de acopio y procesamiento, por lo que muchos de ellos se ven orillados a llevar los materiales recolectados a sus casas y almacenarlos ahí hasta que los venden.

María -quien no reveló su nombre completo- lleva 22 de sus 50 años de vida dedicada a la recolección de materiales reciclables. En los días buenos cuenta que recoge aproximadamente 18 143 gramos de envases PET, además del plástico duro y soplado. “Al día, a veces hago dos dólares por papel y en la chatarra tres; en total llevo de 10 a 15 dólares entre chatarra y lata vendida”, cuenta.

Gerson, con 22 años, lleva siete en esta labor y dice que en dos fines de semana alcanza a recolectar 300 kilos. “Con la venta de esos materiales obtengo entre 150 a 200 dólares aproximadamente en 15 días; claro, si son fines de semana en los que vamos a algunos centros comerciales a recoger papel, o plástico PET”. Muchos recolectores llevan a cabo esa estrategia: hacen acuerdos con plazas comerciales para recoger los residuos que los usuarios dejan allí. Así reúnen más material y obtienen mayor ganancia.

Eso significa que, salvo en días excepcionales, lo que gana un reciclador salvadoreño promedio es insuficiente para lograr un salario mínimo, poco más de 300 dólares al mes. Para que un recolector pueda ganar 70 dólares a la semana, debe salir de su casa a las 03:00 horas de lunes a sábado (o incluso domingo) y, con lámpara en mano, dedicarse todo el día a la búsqueda de materiales reutilizables por calles, colonias, barrancos y basureros.

Sergio, con 60 años, es reciclador desde hace nueve. Asegura que lo poco que sale en el día no le alcanza, por eso corre el riesgo de dormir poco (cuatro horas y media) para poder salir de su casa de madrugada e iniciar con la labor antes de que salga el sol.

Como él, los recicladores llevan consigo historias marcadas por la desigualdad que los orillaron, literalmente, a la basura. “Al principio me daba pena, pero al perder mi trabajo hace nueve años, tuve que hacerle frente”, recuerda Sergio. Trabajó durante 27 años en la empresa Sherwin Williams y fue despedido sin indemnización. “Fue duro. Pasé tres meses sin contarle a mi esposa, luego encontré a alguien que me enseñó a clasificar y limpiar materiales para hacer reciclaje”, relata.

Sergio es un reciclador que, tras ser despedido de una empresa, decidió ver en el reciclaje una forma de vida y sustento (Foto: Claudia Chicas).

Aunque en toda la región de América Latina y el Caribe las personas que viven de la recolección de residuos viven en condiciones adversas, en El Salvador la precarización se agudiza debido a la relación de compra-venta de residuos que está en manos de ex recolectores informales y de grandes empresas que, ante la ausencia de tabuladores oficiales, ponen precios discrecionales al material reciclable.

Hace 10 años, por ejemplo, los 453 gramos (1 libra) de latas las pagaban a 0.60 centavos de dólar, pero ahora debido a la caída de la economía por la pandemia de coronavirus se compra a 0.27 centavos por 453 gramos.

Ventajas para unos, desventajas para otros

Los primeros compradores del material que recolectan los recicladores informales en El Salvador son ex recicladores, personas que solían hacer lo mismo pero que se fueron organizando y lograron abrir pequeños centros de acopio informales, para evitar la acumulación en sus casas. En el centro de acopio compran los materiales a los recicladores de base, que andan calle por calle recolectando los objetos.

Los líderes de los centros de acopio venden los materiales reciclados por toneladas a grandes empresas como CORINCA, dedicada a la producción y comercialización de barras de acero de refuerzo para concreto y productos derivados de alambre, o Parque Industrial Verde, que compra materiales reutilizables ya sea para transformarlos en nuevos o revenderlos.

Estas empresas compran materiales a los centros de acopio a muy bajo costo, y además les piden que vayan “limpios” (sin plástico o residuos del aparato de donde se extrajo el elemento). Los ex recicladores de base que ahora se dedican a administrar y organizar el centro de acopio transmiten esa exigencia de las empresas a los recicladores, quienes sólo pueden optar a llevar los residuos a su casa para “limpiarlos” y entregarlos como se les exige, pero sin un pago por ese trabajo extra.

Los jóvenes recicladores también movilizan los materiales acopiados por otros recolectores que, por su edad, necesitan ayuda (Foto: Claudia Chicas).

No es difícil deducir entonces que la principal ganancia del trabajo de recolección se queda en estos centros de acopio. Pongamos como ejemplo uno de los varios que hay en San Salvador: en dos semanas, este acopio acumula más de dos toneladas de plástico, por las que paga 0.08 centavos de dólar por libra (0.45 kg) a los recicladores. El centro vende este plástico a diferentes empresas que pagan 0.11 centavos por libra.

Los ex recicladores compran esas dos toneladas de plástico por 320 dólares y las venden a 440, quedándose con 120 dólares. Con una parte de ese dinero pagan el transporte para recoger los residuos en las casas de los recolectores, y lo demás es su ganancia. Ese es el caso del plástico, pero ocurre lo mismo con otros materiales.

En ese centro de acopio no pueden vender vidrio por no tener máquinas para procesarlo y luego comercializarlo, por eso lo intercambian con empresas, quienes a cambio les dan cartón.

Para las grandes empresas como Indufoam, Kimberly Clark, Coca Cola y otras, su beneficio es recibir los materiales recolectados, limpios y sin necesidad de invertir en maquinaria o dinero para esa labor, o contratación de mano de obra.

Pero no solo la industria y los centros de acopio terminan con ganancias a costa del trabajo de los recicladores de base. En los últimos años, las alcaldías se han convertido en un jugador que dificulta el reciclaje y mejorar las ganancias para las personas que se dedican a él.

Las alcaldías, parte del problema

A diferencia de otros países de Latinoamérica, en El Salvador existe un impuesto municipal de 2.60 dólares para la recolección y disposición final de residuos, que está incluido en el recibo de la energía eléctrica mensualmente. Por ese concepto, tan solo la alcaldía de San Salvador recibe aproximadamente tres millones de dólares mensuales, según la auditoría presentada en 2018 por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador.

Pero ese dinero no se invierte en el servicio público de recolección y reciclaje de residuos, sino que se destina a los servicios privados. Las alcaldías pagan a diversas empresas 26 dólares por tonelada de desechos sólidos, para que hagan la disposición final en los rellenos sanitarios.

Relleno de la empresa MIDES, el más grande en El Salvador (Foto: Claudia Chicas).

Si esto se cumpliera, probablemente no habría tantos residuos en las calles y las empresas privadas recolectarían la mayor cantidad de basura para obtener mayores ganancias. El problema en la capital salvadoreña es que ese pago no ha ocurrido durante más de tres años.

Los residuos de San Salvador y de 62 municipios son depositados en el relleno sanitario de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), una empresa que nació en 1999 a través de un acuerdo mixto entre las alcaldías que conforman el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) y entidades privadas. A pesar de que el Consejo nació como el primer socio público-privado del país con financiamiento mixto, actualmente es administrado por empresas privadas.

Desde 2018, la alcaldía capitalina adeuda cuatro millones de dólares a MIDES por los servicios de disposición final. Este adeudo fue denunciado hace varios meses por trabajadores sindicalizados en la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), quienes aseguran que el impago se debe a que la alcaldía busca privatizar el área de desechos sólidos. La alcaldía no ha podido contratar empresas para la recolección de basura porque los empleados municipales de esa área continúan el proceso legal.

Además de ese problema de impago, hay más quejas contra la alcaldía de San Salvador. Los recolectores aseguran que la alcaldía permite a sus empleados del Área de Recolección de Desechos Sólidos recoger para sus propias ganancias materiales reutilizables, quitándole materia prima a los informales.

“Ser reciclador es un beneficio para los que no tenemos fuentes de ingreso, ayudamos al medio ambiente, ayudamos a las alcaldías, porque ellos pagan cuando van a entregar la basura a los rellenos, y nosotros sin recibir beneficio de la alcaldía sólo recibimos lo que sacamos del material vendido”, dice Sergio, quien prefirió omitir su apellido.

También los recicladores acusan a las alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador de entorpecer el reciclaje, ya que una planta que servía para la separación, tratamiento y venta de residuos recolectados fue cerrada, y ahora deben realizar la limpieza y clasificación de los materiales desde casa, algo insalubre, además de beneficiar a la empresa MIDES con más pago por disposición final y la clasificación de materiales cuando llegan al relleno.

Planta de separación, limpieza y venta de materiales reciclados, actualmente abandonada (Foto: Claudia Chicas).

Y llegó COVID-19

La pandemia de Covid-19 evidenció otro de los desafíos para la comunidad de recicladores informales en El Salvador. Dado que nunca ha contado con acceso a servicios de Sanidad, los riesgos que corren cuando trabajan en la reutilización o transformación de los desechos, pueden significar impactos en su salud, sobre todo cuando la población desecha mascarillas, caretas y guantes que los recicladores deben manipular sin equipo de bioseguridad -ni interés en protegerse-.

“Yo nunca usé mascarilla, pero gracias a mi Diosito no me pasó nada”, relató María.

Para quienes integran la organización ambientalista CESTA Amigos de la Tierra, esto revela la urgencia de capacitación o que las alcaldías separen sus desechos.

“Es una deuda que tiene el Estado para ese sector, porque si los recicladores hacen una gran labor, las municipalidades o el Estado deberían capacitarlos, porque muchos materiales llevan bacterias y toxicidad”, expuso la directora ejecutiva de CESTA, Silvia Quiroa.

Silvia Quiroa, Directora Ejecutiva de la organización ambientalista CESTA (Foto: Claudia Chicas).

Con la emergencia sanitaria, además de resentir la falta de valor que se da a su trabajo, los recicladores también han enfrentado la caída de precios de los materiales, una disminución por lo menos de entre 0.05 a 0.10 centavos de dólar por 453 gramos del material reciclado.

“Nos estamos muriendo de hambre por la baja en los costos de los materiales a causa de la pandemia. Algunos recolectores informales al no juntar más de dos dólares al día prefieren drogarse y alcoholizarse, así olvidan el hambre. También muchos de los compañeros son ancianos en búsqueda de ganarse unos centavos”, relató Eva, una recolectora informal de San Salvador.

Incluidos por primera vez en una ley

Durante años, los recicladores salvadoreños han planteado exigencias a administraciones municipales previas: desde planes de recolección de residuos casa por casa y espacios para la separación de los materiales, hasta reconocimiento y equipo de protección. Pero la respuesta por parte del gobierno fue siempre nula.

“Por muchos años sólo nos han utilizado para andar haciendo campañas, para andar dando la cara, pero luego nos ignoraron, nunca nos dieron ayuda. El reciclaje ha sido un lucro de los alcaldes”, dijo don Pedro, un reciclador de 70 años.

Pero ahora los recicladores informales tienen puestas sus esperanzas en una nueva ley. Después de tres años de lucha encabezada por organizaciones ambientales como CESTA, en diciembre de 2019 se aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, que por primera vez incluirá a los recolectores informales y pretende lograr el aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos, a fin de proteger la salud de las personas, el medio ambiente y fomentar una economía circular.

La Ley también busca fomentar la formalización y capacitación de microempresas, cooperativas y otras organizaciones que trabajan en la recuperación, separación, tratamiento, reciclaje o gestión integral de residuos, así como la inclusión de nuevos actores para prestar servicios al sistema.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales será el encargado de hacer cumplir la ley. De acuerdo con sus propios datos, la inclusión del reciclaje en la nueva ley permitiría recuperar entre un 10 y 12% del plástico, vidrio y metales que se generan en el país, en comparación con el reciclaje actual, que ronda el cuatro por ciento.

Para muchos recicladores, la Ley representa la esperanza de que el reciclaje se formalice. Con ello, podrían tener una organización formal, un primer censo de recolectores y una mayor regulación en la compra y venta de materiales para dejar de venderlos al mejor postor, que se pague lo justo por lo que separan. Es también la esperanza de que la población tome conciencia de su importancia.

“Que se nos valore este trabajo, que nos permita tener un centro de acopio para no llevar los materiales a las casas y contaminar a nuestras familias cuando limpiamos los objetos”, afirma América Sarmiento.

“Ese material, en lugar que quede enterrado, se pueda aprovechar; si la gente separara, permitiría que ese material fuera transformado a otro producto o en materia prima”, explicó la ingeniera Gladys Loucell, del Ministerio de Medio Ambiente.

Aunque ya se están haciendo capacitaciones cada 15 días para explicar a los recicladores informales el contenido de la ley, sus derechos y responsabilidades, para el técnico Ever Escobar, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) esta legislación tardará aproximadamente dos años para que entre en vigencia.

Recolectores salvadoreños luego de recibir una capacitación sobre la nueva ley que incluye al sector (Foto: Claudia Chicas).

Los hijos de la basura

En 13 años, América ha dado alimentación, estudios y sustento a sus cuatro hijos gracias a lo que obtiene de la basura. “Para mis hijos ha sido duro. Antes, en las escuelas les decían: ‘son hijos de la basura’. Las primeras veces lloraban por las burlas, luego les inculqué que el dinero ganado es legal, y no necesitamos robar”.

Con el tiempo, los que un día recibieron burlas se convirtieron en jóvenes a punto de entrar a la universidad, mientras trabajan en el centro de acopio que administra su madre.

Alejandra, una de las hijas de América, ha logrado entrar a la universidad, donde estudia ingeniería industrial. “Quiero sacar adelante a mi mamá y a mi familia, para que un día ya no tengamos que dedicarnos a la recolección o venta de materiales”, dice.

“Ellos deben ser responsables y cumplir con horarios, porque si en el futuro queremos ser reconocidos formalmente, tenemos que ordenarnos”, agrega América.

Las ganas de tener ingresos económicos también han incentivado a otros 20 jóvenes del centro de acopio Sarmiento para dedicar sus ratos libres a la recolección de materiales, y luego seguir sus estudios. “Por el reciclaje saqué mi bachillerato en electrónica e informática, y pienso seguir en la universidad. La gente nos mira de menos, pero deberían comprender que no es basura, sino algo importante para reutilizar”, dice Gerson.

Con el reciclaje, los jóvenes aseguran que evitan involucrarse en pandillas y, sobre todo, darse a respetar con el trabajo ambiental. ”Nadie se mete con nosotros. Las pandillas si bien es cierto que existen, hasta ahora nos respetan, igual que a nuestros padres. Sin embargo, hace unos años sí fue difícil ejercer esta labor, por la lucha de terreno y dominio de las pandillas”, manifestó la recicladora Raquel López.

Para ella, aunque sean jóvenes recicladores, el primer paso para dejar de ser invisibles para las empresas, las alcaldías y la sociedad salvadoreña es empezar por reconocerse a sí mismos. “Podemos mejorar la calidad de vida con el reciclaje, no debemos sentir pena”, sentencia.

Ilustración de portada: Andrea Paredes.

Este reportaje es parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes.

La entrada El reciclaje en el Salvador: trabajo para unos, ganancias para otros se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Yefferson, de 26 años y Luz de 53, acceden al depósito de basura y trasladan los residuos -previamente separados por la población- de las canecas de reciclaje a grandes bolsas de tela. En cuatro horas llenan el camión con materiales que trasladarán a una bodega de la asociación en el sur-occidente de la capital colombiana. Ahí, otro equipo de recicladores -también uniformados- recibe el material, lo separa según el color y el tipo (plástico, vidrio, papel, cartón, metal, etc.) para luego venderlo a intermediarios que a su vez lo venderán a la industria.

Los uniformes y el camión son ejemplos de cómo han mejorado las condiciones de trabajo de los recicladores en Colombia, pero su mayor logro llega cada mes a sus bolsillos. En la bodega, Leidy, otra recicladora de GER 8, cuenta detalles sobre su remuneración. Como todos los miembros de la organización, ella tiene dos fuentes de ingresos: “mi sueldo principal es lo que puedo recoger como material en la calle durante el mes”, explica. “Si me va bien, gano 400 mil pesos al mes”, alrededor de 100 dólares (USD), un monto muy por debajo del salario mínimo colombiano (877 mil 802 pesos en 2020, aproximadamente 220 USD).

Pero esta recicladora de 23 años recibe un complemento llamado “tarifa de aprovechamiento”. No es un ingreso fijo, depende también de la cantidad de material acopiado, pero en promedio representa para ella entre 100 mil y 120 mil pesos mensuales” (entre 25 y 30 dólares). Una suma adicional que representa el 20% de sus ingresos como recicladora: “es algo que nos ayuda mucho para pagar los gastos de la casa”, confiesa esta madre de dos hijos, que empezó a trabajar como recicladora a sus 13 años.

La tarifa de aprovechamiento es un sistema único en América Latina de redistribución de recursos en favor de los recicladores. Así lo reconoce la Red Latinoamericana de Recicladores en su informe ‘Análisis de políticas públicas para el reciclaje inclusivo en América Latina’: “Consideramos que solo un país, Colombia, cuenta con jurisprudencia que favorece el pago por servicio: esto, para la Red LACRE, es el máximo reconocimiento e indicador de inclusión de los recicladores en los sistemas formales de gestión de residuos sólidos”.

El dinero viene de la factura de aseo pagada por los habitantes de Bogotá, que es en promedio de 21 000 pesos colombianos (unos 5 USD), aunque puede variar según el nivel económico de los barrios, ya que los de menor ingreso gozan de un subsidio. Este impuesto sirve para financiar los servicios de limpieza de la ciudad, que incluyen la limpieza de las calles, la recolección y transporte de la basura, así como la operación del único relleno sanitario de la capital.

Desde 2013, la factura de aseo incluye un componente destinado al reciclaje bajo el nombre de “tarifa de aprovechamiento”. Cada mes, las cinco empresas privadas que gestionan los residuos en la capital colombiana recaudan el dinero. Después pagan a las organizaciones de recicladores en función de la cantidad de material reciclable que declararon haber recolectado el mes anterior. En 2019, según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos, Superservicios, las organizaciones de recicladores de Bogotá recibieron 95 mil millones de COP (aproximadamente 28.7 millones de dólares), como retribución de la “tarifa de aprovechamiento”. Esta suma se repartió entre 16 mil recicladores registrados en más de 150 organizaciones, como es el caso de GER 8.

Lograr esta tarifa de aprovechamiento que complementa el salario de cada reciclador no ha sido un regalo ni un acto de generosidad por parte del Estado colombiano, ni de las empresas privadas de aseo. Para obtenerlo, los recolectores colombianos tuvieron que luchar ante los tribunales durante casi 40 años. La tarifa es el resultado de una larga batalla judicial por sus derechos que empezó en los años 80, cuando decidieron organizarse.

Nohra Padilla es la figura principal del gremio reciclador en Colombia. “No nací de una familia rica. Yo salí de una familia recicladora” dice esta mujer bajita de 56 años, con orgullo añade “y estoy al mando de una asociación de recicladores como le corresponde a mi familia”. Es la representante de la organización de recicladores más grande de la capital, la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) que cuenta 3 mil 400 miembros, y de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia (ANR).

Nohra Padilla es representante de la Asociación de Recicladores de Bogotá, la organización más grande de su tipo en Colombia (Foto: Lionel Poussery).

Padilla cuenta que el movimiento de defensa de los recicladores de base empezó en 1987. “Fue cuando el gobierno nacional decide ordenar que todos los municipios y todas las ciudades del país tengan un relleno sanitario en lugar de un botadero a cielo abierto. En esa época, la mayoría de los recicladores trabajábamos en estos botaderos”. Cerrarlos significaba eliminar también el lugar de trabajo de los recicladores, que entonces empezaron a buscar residuos en la basura de las calles. 

“Es entonces cuando los recicladores comenzamos a organizarnos porque además de habernos sacado de los basureros, también querían sacarnos de la calle donde empezábamos hacer nuestro oficio”. En esa época, los residuos reciclables eran considerados como basura, por lo que las empresas privadas de recolección tenían exclusividad sobre las bolsas con desechos. Intentar recuperar parte de estos residuos convertía a los recicladores en ladrones.

La década de 1990 corresponde a una ola de liberalización económica en Colombia, una reforma neoliberal que tocó también a la gestión de los residuos. En 1994, el parlamento votó una ley que permitía la privatización de los servicios públicos, como las actividades de aseo. En Bogotá, la alcaldía había empezado a privatizar el sector de la basura desde el año 1988, pero esto se fortalece a partir de 1995, cuando el Distrito Capital abre cada cinco u ocho años una licitación para delegar a empresas privadas el servicio de recolección. Se trató de una privatización que los recicladores percibieron como un peligro. Si la gestión de toda la basura quedaba en manos de empresas privadas, ellos se quedarían sin la materia prima de su labor y, en consecuencia, sin empleo. Debían organizarse y oponerse a dicha privatización.

Derecho a la basura

Pero ¿cómo? En lo que parecía una nueva versión de la historia de David contra Goliat, los ciudadanos, recicladores de base precarizados, debían oponerse a poderosos gobernantes y empresas, muchas de ellas multinacionales. A la cabeza de este movimiento: Nohra Padilla y su esposo Silvio Ruiz, líderes de organizaciones de recicladores. En 2002, cuando la alcaldía de Bogotá lanzó una nueva licitación para el servicio de aseo de la ciudad, incluyendo por primera vez la actividad de reciclaje dentro de este contrato, seis empresas privadas son designadas para realizar las tareas de aseo. Los recicladores perciben inmediatamente la amenaza. Con esta licitación, “la alcaldía estaba a punto de entregar nuestro oficio a las empresas privadas”, recuerda Nohra. Esto los llevó a atacar la licitación por vía legal.

Para llevar la pelea al terreno jurídico necesitaban la ayuda de juristas. En 2002 encontraron a la persona idónea: Adriana Ruiz-Restrepo, una abogada con un perfil poco común. Su especialidad es el derecho sin ánimo de lucro y considera que “el derecho es la mayor estrategia para reducir la pobreza”. Con un grupo de juristas voluntarios, Ruiz-Restrepo construyó la argumentación jurídica en defensa de los recicladores y llevó el caso hasta la Corte Constitucional por primera vez, en 2003.

Hubo otros tres fallos en 2009, 2010 y 2011, que corresponden cada uno a una demanda de los recicladores cuando consideraban que el Estado colombiano violaba sus derechos.  En todos ellos, la Corte otorgó razón a los trabajadores argumentando que son “sujetos de especial protección constitucional”. En el fallo de 2011, los magistrados puntualizaron: “Los grupos poblacionales que ejercen la actividad del aprovechamiento (…) se encuentran revestidos de tal calidad, no sólo por las condiciones de pobreza y marginalidad en la que sobreviven, sino por los ingentes beneficios que, en materia ambiental, acarrean para el resto de la sociedad”.

Desde 2003, la Corte ordenó a la alcaldía de Bogotá que incluyera “acciones afirmativas a favor de los recicladores” cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, debido a que su actividad está ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de cumplir con el deber social del Estado. “Y que por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la Licitación No. 01 de 2002, respecto de los recicladores de Bogotá.” En esa ocasión, las organizaciones de recicladores ganaron el derecho de participar en futuras licitaciones estatales y se garantizó su acceso a la basura.

Esta sentencia fue la primera victoria de los recicladores en la batalla por sus derechos. Con la decisión de la Corte podían continuar con su oficio sin temer a ser considerados como “ilegales” o “ladrones de basura”. Sin embargo, durante la primera década del siglo XXI no hubo mayor cambio en sus condiciones de trabajo y de vida: seguían como trabajadores informales intentando sobrevivir con la recolección y venta de residuos. Además, el fallo de la Corte no impedía que una decisión política, un decreto o una ley pusiera en peligro el trabajo de recolectores.

Fue en 2009, en Cali -la tercera ciudad más grande de Colombia- cuando ocurrió la segunda batalla. La alcaldía tomó la decisión de cerrar el botadero de Navarro y privatizar el servicio de aseo sin tomar en consideración la situación de mil recicladores de oficio. Veinticinco de ellos demandaron la decisión ante la Corte Constitucional y Adriana Ruiz-Restrepo se encargó de su defensa a través de Civisol, una fundación que creó para mejorar la vida de las poblaciones en situación de pobreza utilizando el derecho.

“La sentencia de 2003 en Bogotá fue el primer eslabón, la sentencia de Cali de 2009 fue la que cambió las reglas del juego”, considera la jurista. Para el beneficio de los recicladores de todo el país, el juego cambió en todo el territorio. En Colombia, las decisiones de la Corte pueden tratar un caso local pero se aplican en todo el territorio.

Uno de los primeros frutos de este triunfo fue que la ruta de recolección de la basura y la del reciclaje fueran separadas, para que el segundo quedara reservado de manera exclusiva a las organizaciones de recicladores. “La solución mía no fue de decir ‘incluyan a los recicladores como trabajadores de los operadores’”, precisó Ruiz-Restrepo, “sino ‘volvamos a las organizaciones de recicladores los operadores del servicio público de aseo’”. Esta idea, que no se había generado en ningún otro país de la región, es resultado de la especialidad de la abogada: el derecho sin ánimo de lucro.

“Investigando vi que la Constitución de Colombia y la Ley de Servicios Públicos decían que los prestadores del servicio de aseo eran las empresas, que tenían que ser sociedades anónimas o comunidades organizadas, que son comunidades sin ánimo de lucro como lo son las organizaciones de recicladores. Entonces pensé, “por ahí me voy a meter”, relató.

La Corte dio razón a los argumentos de la abogada ordenando la inclusión real de los recolectores en el sistema de reciclaje. “Esta participación no puede ser estimulada buscando sólo su incorporación como empleados, sino que debe contemplar la posibilidad de que puedan continuar su desempeño como empresarios de la basura“, escribieron los magistrados en el fallo de 2009.

Mujeres miembros de la Asociación de Recicladores Unidos de Bogotá seleccionan material reciclable (Foto: Lionel Poussery).

Con ello, el tribunal preveía que los recicladores podrían salir de la informalidad para superar paulatinamente su vulnerabilidad y accedieran a condiciones de trabajo similares a las de cualquier otro trabajador. Esto significaba un cambio sustancial, por lo menos en el papel.

Pero de nuevo, el año siguiente y a pesar de los dos fallos, la alcaldía de Bogotá lanzó la renovación de los contratos de aseo sin incluir a los recicladores, lo que les obligó a recurrir de nuevo a la Corte para que hiciera respetar las decisiones de 2003 y 2009. Y de nuevo ganaron. En 2011, los jueces anularon la licitación y ordenaron claramente al Estado que los recicladores percibieran una remuneración por su trabajo al igual que los operadores privados de aseo.

Hasta ese momento, el negocio del aseo de la ciudad funcionaba de la siguiente manera: el municipio delegaba a empresas privadas el servicio de aseo a través de una licitación. Las empresas elegidas se financiaban cobrando un impuesto de aseo a los habitantes-usuarios, denominado “tarifa de aseo”. Pero los recicladores estaban excluidos de esta remuneración.

Se trata de un sistema que era ilógico, según Adriana Ruiz-Restrepo. “Desde los años 90, veía que el reciclador se llevaba buena parte de mi basura pero el que se llevaba el 100% de lo que pagaba como factura era la empresa de aseo. ¡Los recicladores están haciendo el mismo trabajo que hacen estas empresas! No tenía ningún sentido que dos personas trabajaran para mí y yo solo le pagara a uno”.

Este argumento fue adoptado por la Corte Constitucional, que ordenó al Distrito Capital definir cómo serían ofrecidos en la práctica los servicios de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos, así como la forma en que la prestación de los mismos debía ser remunerada, “bien a través de la tarifa o bien mediante la fijación de un esquema de precios, de forma que estos componentes sean manejados íntegramente por las organizaciones de recicladores que entren en proceso de regularización”.

El fallo judicial interviene en diciembre de 2011, dos semanas antes del inicio del mandato del nuevo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una coincidencia de calendario bienvenida por los recicladores. Líder de la izquierda en Colombia, Petro estuvo más atento a la situación de los recolectores que sus predecesores, y dentro de sus promesas de  campaña tenía el programa “Basura cero” enfocado en la reducción de los residuos y el desarrollo del reciclaje.

Esa nueva administración empezó a poner en práctica desde 2012 las órdenes de la Corte. Pero para poder remunerar a los trabajadores, la alcaldía tuvo que censarlos primero. Una primera encuesta permitió identificar a más de 13 000 recicladores de base que trabajaban en las calles de Bogotá. Y con esa primera cifra, inició una nueva etapa. De 2013 a 2016, cada recolector censado recibía directamente en su cuenta bancaria, por parte de los mismos habitantes, una suma correspondiente a la cantidad de material que recolectó el mes anterior y que se denomina “tarifa de aprovechamiento”.

A partir del 2016, un decreto del gobierno nacional cambió ese sistema: se eliminó el depósito directo y se empezó a efectuar el pago a través de las organizaciones de recicladores, estas transfieren el dinero a cada miembro de su asociación. Para poder recibir esta remuneración, las organizaciones tienen que entrar en un proceso de formalización y cumplir con una serie de requisitos. Cada mes deben declarar las toneladas recolectadas, acompañadas de las facturas de venta del material en una plataforma en línea gestionada por la Superintendencia de servicios públicos. Son las empresas privadas de aseo las que recaudan el dinero y hacen el pago a las organizaciones según las toneladas de materiales efectivamente comercializadas.

Bogotá es una ciudad de más de siete millones de habitantes que genera más de ocho mil toneladas de residuos al día, según las empresas de aseo y las organizaciones de recicladores. La tarifa de aprovechamiento constituye solo una parte del impuesto de Aseo, sin embargo, representa una cantidad de dinero importante.

Según cifras de la Alcaldía de Bogotá obtenidas por este equipo, el reciclaje representa 16% del costo global del Aseo en la ciudad: en 2019, las cinco empresas privadas que gestionan los residuos manejaron 166 millones de dólares en la ciudad, una cifra que revela el potencial económico del reciclaje y del negocio de la basura en general.

Por su parte, las organizaciones de recicladores declararon haber recolectado en 2019 cerca de un millón de toneladas de materiales y recibido en compensación 95 mil millones de pesos colombianos (COP), alrededor de 28.7 millones de dólares. Esta cantidad podría dar la impresión de que es suficiente para salir de la pobreza. Pero según varios líderes de organizaciones, no es el caso. Primero, porque hay que dividir el dinero entre 16 mil recicladores. En consecuencia, si se repartiera de forma igualitaria entre todos, cada uno recibiría un promedio de 150 USD por mes. Tampoco es el caso.

Según Nohra Padilla, de la ARB: “con la entrada en vigencia del pago de la tarifa los recicladores están recibiendo entre 180 mil y 250 mil COP adicionales (entre 55 y 75 USD), lo que significa que su salario subió a casi 600 mil pesos (aproximadamente 150 USD), que sigue siendo inferior al salario mínimo. Pero estos ingresos un poco mayores van mejorando sus condiciones de vida y de trabajo”.

Además, las organizaciones de recicladores no transfieren a sus miembros la totalidad de la tarifa que reciben. El proceso de formalización para recibirla creó nuevos costos que deben asumir las organizaciones. Campo Elías Jiménez, representante de la Asociación de los Recicladores Unidos para Bogotá (ARUB) indica que sus miembros reciben un promedio de 150 mil o 200 mil pesos mensuales (45 a 60 dólares). “Pero dentro de eso, realmente a los recicladores no nos queda nada. Porque de esos ingresos tenemos que sacar dinero para pagar otras cosas. Esta remuneración nos permite apenas sostener los costos de la organización, el pago del arriendo de la bodega, las facturas y para tener dinero cuando las maquinarias se nos dañan”.

Luis Romero es el representante de la Entidad Medioambiental de Recicladores (EMRS), una organización de 70 recolectores que decidió repartir de manera equitativa el pago entre sus miembros. “La tarifa de nosotros está dividida en un promedio que cada reciclador recibe 456 mil COP (115 dólares) mensuales. Depende también de las toneladas que a veces se afecta, pero generalmente es eso que se recibe. Además reciben el pago por la venta de su material, que eso sí se le paga directamente al reciclador. Los ingresos de un reciclador están entre unos 600 mil y 700 mil COP al mes” (de 160 a 200 dólares).

Luis Romero, representante de la Entidad Medioambiental de Recicladores, que decidió repartir de forma equitativa la tarifa entre sus miembros (Foto: Lionel Poussery).

Si bien todos los líderes reconocen que percibir una remuneración vía la tarifa es un avance, todos coinciden también en que no es suficiente. “La tarifa no cubre los costos reales de la actividad de reciclaje -explica Luis Romero, de EMRS- porque los cálculos están basados en los costos de otra actividad. Se calcularon sobre la recolección de los residuos no reciclables por empresas privadas. Ese es el primer problema con esta tarifa”.

Un punto que confirma Roger Camilo Alfonso Leal, experto en desarrollo sustentable y autor de una tesis sobre el tema que evidencia como problema de fondo los cálculos de la Comisión de Regulación del Agua (CRA), la entidad pública encargada de determinar el nivel de la tarifa. “La CRA definió en 2015 que la tarifa de aprovechamiento sería igual al costo de recolección y transporte de los prestadores del servicio de recolección de residuos no reciclables, más el costo de disposición final de los prestadores de los rellenos sanitarios”, puntualiza en su trabajo.

Es decir, que la CRA no usó las variables de costos de las organizaciones de recicladores que recogen, transportan, clasifican y alistan los materiales aprovechables, sino que utilizó las variables de los prestadores del servicio de recolección de residuos ordinarios, sumadas a las de operación de los rellenos sanitarios; por tanto el precio de la tarifa que se le paga a las organizaciones de recicladores por tonelada recogida es la misma que se le paga a las empresas que entierran residuos, a pesar de ser dos actividades del servicio de aseo operativamente distintas.

El reciclaje es una actividad más costosa que la recolección, transporte y el enterramiento de basura, ya que reciclar significa un trabajo de selección, clasificación y limpieza de los materiales, labores que necesitan más tiempo y una mano de obra más considerable. Al no cubrir los gastos reales de la actividad, el sistema colombiano no permite que la mayoría de los recicladores tengan seguridad social. La inmensa mayoría se queda con el sistema subsidiado de salud sin cotizar para pensión ni riesgos laborales.

Nohra Padilla confiesa que la ARB no paga la seguridad social a sus miembros. “Si les pagamos la seguridad social a nuestros 3 mil 400 asociados sólo alcanzaría para eso. Nosotros nos hemos negado a registrarnos y pagar, porque el ingreso mejorado que les está llegando es para tener por lo menos comida. Antes, el trabajo servía para pagar arriendo y cualquier necesidad básica, ahora por lo menos tienen un poco más de comida, tienen la posibilidad de mandar a los hijos a la escuela en lugar que esta plata se la lleven las empresas de salud”. De las más de 160 organizaciones de recicladores declaradas en Bogotá, la única que paga prestaciones sociales a sus miembros es EMRS.

Para varios expertos, las reformas en Colombia no permitieron superar las condiciones de pobreza de los recicladores. Es lo que explica Ruth Quevedo, economista de la Universidad Nacional de Colombia, quien fue también miembro de la administración de Gustavo Petro, encargada de implementar las órdenes de la Corte Constitucional.

En un informe para la Fundación Rosa Luxembourg sobre la política pública de reciclaje en Bogotá, Quevedo escribe: “la pregunta central es si han desaparecido las causas y realidades de vulneración de derechos y pobreza de la población recicladora (…). Y la respuesta es no, no puede cuantificarse la cantidad de población recicladora que ha logrado salir de la pobreza porque lamentablemente esta no ha sido una preocupación central de la administración de Bogotá, tampoco se sabe en qué han mejorado las condiciones laborales de los recicladores, cuántos cuentan con seguridad social entre otras variables socioeconómicas. Puede sí intuirse que hay ganadores del modelo pero que los perdedores siguen siendo las gruesas capas de la población empobrecida; el efecto real de la política ha sido hacer del reciclaje un nuevo nicho de negocio en disputa en el marco del servicio de aseo”.

La implementación de la tarifa de aprovechamiento no reemplaza el ingreso principal de los recicladores, que proviene de la venta de los residuos recolectados. Los precios de compra-venta no los determinan los recicladores, sino la industria y los intermediarios que compran el papel, el cartón, el vidrio, los plásticos, entre otros materiales; actores a los que no les interesa que suban el precio de compra. Para Ruiz-Restrepo, hay “un mundo de compradores, bodegueros, e intermediarios que compran los materiales a los recicladores y los entregan a los fabricantes de envases, empaques y plásticos. Vienen comprando por años a precio esclavo a recicladores en pobreza”.

Los precios de compra de los residuos a los recicladores siguen siendo muy bajos, lo que les impide salir de la pobreza (Foto: Lionel Poussery).

Para la abogada, el problema de fondo está en el hecho de que no se aplicaron en su totalidad las órdenes de la Corte. El concepto de formalización fue tergiversado, ya que no hay un contrato de por medio. “Cuando se dice que formalizan a los recicladores uno tiene que firmar un contrato, si no, no es formalización. Ponerles un uniforme no es formalización. Es como si yo me visto de blanco y creo que estoy casada. Tengo que formalizar el matrimonio. En realidad, lo que hicieron fue formalizar la explotación”.

En los hechos, agrega la abogada, lo que hicieron fue poner un uniforme y legalizar la explotación y la esclavitud. “El reciclador no tiene salud, no tiene contrato, no tiene mínimo vital, no tiene seguridad, el reciclador no tiene nada. Ni en el Estado, ni por las multinacionales ni por los empresarios”.

En esto coincide Campo Elías, de ARUB: “Formalización debería significar que la entidad pública tiene que contratarnos a nosotros directamente por el servicio prestado. Eso es un contrato de prestación que tiene que legalizarse entre el Estado y los recicladores”, señala. La solución, para ellos, es que los municipios contraten a sus organizaciones tal como contratan a las empresas privadas de aseo, una opción que, según Ruiz-Restrepo y Campo Elías, permitiría realmente sacar a los recicladores de la pobreza.

Pero no todos los líderes de organizaciones están de acuerdo con esta perspectiva, empezando por Nohra Padilla. La representante de la Asociación Nacional de Recicladores considera que el trabajo “libre” es mejor porque deja participar a todos los recolectores. A su parecer, firmar contratos con los municipios excluiría a miles de trabajadores. “Nos ganamos un derecho donde la totalidad de los recicladores puedan permanecer en su oficio, entonces ¿por qué ir a las licitaciones? Si hay 1 000 recicladores que trabajan en una zona, pero el contrato saca a 200 o 300 recicladores, ¿cómo van a asegurarles a los excluidos que no van a aguantar hambre? No aceptamos ningún esquema donde se excluye a un solo reciclador si no se arregla su vida”, puntualizó.

Para Adriana Ruiz-Restrepo, la perspectiva de Nohra es equivocada, ya que la libre competencia no favorece a los recicladores sino a las grandes multinacionales, como Coca-Cola, Pepsi, Owens-Illinois-Peldar o Tetra Pak, para que les sigan comprando a bajos precios los materiales. Para la abogada, la “libre competencia” en el reciclaje significa que cualquier persona pueda reciclar, pero ese concepto ha sido manipulado en perjuicio de los recolectores.

“En derecho administrativo, la libre competencia es para firmar contratos con el Estado. En Colombia, después que ganamos en la Corte, las multinacionales y el gobierno cambiaron esta significación para decir que la libre competencia era para los residuos de cada habitante, en cada hogar de la ciudad y que hay ejércitos de recicladores que compiten en las calles de Colombia para encontrar estos residuos”, señala la experta y concluye que el sistema actual mantiene una competencia salvaje entre los recicladores, que siguen vendiendo sus materiales a precios muy bajos.

Esta divergencia de opiniones podría ser resuelta próximamente ante los tribunales. Campo Elías, con el apoyo de Adriana Ruiz-Restrepo, llevaron el asunto ante el Consejo de Estado para que defina si el reciclaje es un servicio público operado por contratos o si es un negocio privado de libre competencia.

Ilustración de portada: Andrea Paredes.

Este reportaje es parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes.

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Aunque hasta estas playas siempre llegó sargazo, en los últimos cinco años ha registrado un crecimiento desmedido provocado por nutrientes químicos que provienen de la actividad humana. La avalancha de esta macroalga amenaza hoy con desplomar las economías turísticas del Gran Caribe. Además, ha tenido efectos notables sobre los ecosistemas coralinos y costeros.

La basura es harina de otro costal. No apesta, pero al llegar a sitios como Playa La Barca, donde solo existe un campamento rústico para el monitoreo de tortugas marinas, la imagen parece irreal. Por más de 20 kilómetros, las corrientes llevan hasta las playas el plástico que no se genera en Guanahacabibes: zapatos de cualquier talla, mallas plásticas para trampas langosteras, redes de pesca, pomos plásticos y de vidrio, juguetes, pelotas de golf, cubos…

No importa cuántas veces se recoja, o cuántos voluntarios estén dispuestos a limpiar el sitio. Los desechos continúan llegando sin descanso hasta la línea costera curva entre Playa Antonio y Punta El Holandés, que es una especie de trampa natural para la basura.

Hasta la punta más occidental de Cuba llegan, a veces, los integrantes del proyecto Cámara Chica: adolescentes que se unen para limpiar algunos tramos de playa en la península y que tratan de visualizar el problema de la basura en este sitio. Por desgracia, el impacto del trabajo que realizan es reducido, como mucho. Guanahacabibes y sus playas son apenas el efecto: para solucionarlo habría que atacar directamente las causas. Esta zona poco accesible para la gente, poco accesible a la prensa y con pocos recursos para la limpieza sistemática del litoral, casi se ha convertido un vertedero secreto. De los que no duelen porque no se ven.

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