Los problemas con el abasto de agua en la Isla se deben a su dependencia de las precipitaciones, la contaminación, la gestión del consumo y el deterioro en la infraestructura.

Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender estos factores, sus posibles soluciones y las proyecciones para los próximos años.

¿De dónde proviene el agua en Cuba?

Cuba carece de abundantes recursos hídricos y su única fuente de formación son las precipitaciones (Foto: Periodismo de Barrio).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), el país posee 38.100 millones de metros cúbicos (m³) de agua dulce accesibles a la actividad humana, de los cuales 31.700 millones son superficiales y 6.400 millones son subterráneas. De estos, 24.000 millones son aprovechables, es decir, pueden ser empleados mediante obras existentes o futuras, y 13.600 millones se encuentran disponibles en instalaciones ya construidas.

El territorio carece de abundantes recursos hídricos y su única fuente de formación son las precipitaciones, según datos de la Estrategia Ambiental Nacional (2016-2020). Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado una variabilidad en el régimen de lluvias, con un incremento de los acumulados en los meses poco lluviosos y una disminución de las precipitaciones durante la temporada de lluvias. Al mismo tiempo, ha aumentado la frecuencia y extensión de las sequías, con una mayor incidencia en la región oriental, lo cual ha reducido las reservas disponibles de agua.

Paralelamente, el país posee altos niveles de evaporación, que llegan hasta los 2.300 milímetros en el valle del Cauto y en la costa sur de Guantánamo. Este fenómeno se incrementa de occidente a oriente y depende de la latitud y estructura del relieve, la distancia de las costas, el grado de exposición al viento, y otras características, explica José Antonio Díaz Duque, el autor de un artículo publicado en la revista de Ingeniería Hidráulica y Ambiental.

De igual forma, el territorio posee algunas particularidades que inciden en la escasez de agua: su insularidad; la disposición y estructura del relieve; el predominio de ríos de pequeña longitud, menores de 40 kilómetros (km); cuencas hidrográficas con superficies inferiores a los 200 km²; y la ubicación de los principales acuíferos en zonas costeras, donde se encuentra la amenaza de la intrusión salina, especifica Díaz Duque.

¿Cómo se produce la contaminación?

A la contaminación de las aguas, se suma la ausencia de procedimientos y tratamientos adecuados (Foto: Yusleidis Matos y Wilfredo Rodríguez).

Hasta 2010 se habían identificado más de 2.000 fuentes contaminantes de acuíferos, donde la mayor parte provenía de los sectores agropecuarios e industriales, identifica Díaz. El autor refiere que parte de esta contaminación se produce por la concentración de instalaciones industriales en zonas urbanas, lo cual favorece el empleo de las corrientes superficiales como receptoras de residuales que, generalmente, terminarán depositados en cuencas hidrográficas y en la zona costera.

Sin embargo, la causa principal radica en la ausencia de procedimientos y tratamientos adecuados para los residuos provenientes de tales industrias. Así, en el caso de la alimentaria, existen dificultades en sus sistemas de tratamiento, reutilización de aguas y aprovechamiento del metano; en la minero-metalúrgica han ocurrido casos de descargas con contenidos de minerales, reactivos químicos y desechos sulfurosos, con riesgo para las poblaciones cercanas.

Por su parte, la industria farmacéutica ha contribuido al problema con el vertimiento de medicamentos en los cuerpos de agua. Un artículo publicado en la Revista del Centro Nacional de Investigaciones Científicas expone que estudios realizados en diferentes países encontraron antibióticos, hormonas, analgésicos, tranquilizantes y productos de la quimioterapia aplicados a los pacientes con cáncer en aguas superficiales y subterráneas e, incluso, en el agua potable. Los investigadores apuntan que, si bien los análisis provienen de países desarrollados, pues ellos cuentan con los recursos necesarios para realizarlos, “sin lugar a dudas, la contaminación existe también en los países en vías de desarrollo”.

¿En qué se consume el agua en Cuba?

La mayor cantidad de agua en Cuba se emplea en la producción de arroz, la cual representa el 28% del total del consumo, seguida por la destinada a la población (18%) y a las industrias (12%), según datos del INRH.

Distribución anual del agua en Cuba destinada a diferentes sectores (Fuente: Elaboración propia con datos del INRH).

A través de los años, la cantidad de agua destinada a la población ha disminuido. De 1997 a 2017 se redujo en 9.4%, mientras que la designada para el sector agropecuario aumentó en 13.4% durante esas dos décadas, muestran los datos de Our World in Data.

Ello, unido al estado técnico de las redes de distribución domésticas, que presentaban pérdidas externas de aproximadamente 60%, e intradomiciliarias del 20%, ha ocasionado graves problemas de abastecimiento en la población.

La Estrategia Ambiental Nacional situaba en cerca de un millón de habitantes a las personas que accedían al recurso a través de camiones cisterna; 800.000 la cargaban desde una distancia de 200 o 300 metros; 600.000 no poseían un acceso adecuado, de las cuales 200.000 se encontraban en zonas urbanas y 400.000 en áreas rurales. Asimismo, 3.100.000 se abastecían por otras vías y consumían agua sin tratar.

Extracción de agua por sectores de 1997 a 2017 (en porcentaje del total de agua extraída) (Fuente: Elaboración propia con datos de Our World in Data).

Díaz Duque señala que el incremento de la demanda en el sector productivo no siempre se ha correspondido con un aumento en la cantidad de productos cosechados o creados para la sociedad, lo cual es una muestra de la insostenibilidad en la gestión del recurso.

Además, los mayores requerimientos de agua de estos sectores han ocasionado un aumento de la intrusión salina en las áreas costeras e, incluso, la salinización de las aguas dulces en la desembocadura de algunos ríos.

El autor explica que el país no cuenta con suficientes estudios destinados a identificar el volumen de agua requerido para elaborar una unidad de producto o servicio por una entidad o rama productiva, es decir un kilogramo de cebolla o de tomate, por lo cual resulta difícil desarrollar estándares de eficiencia y crear acciones que permitan reducir el consumo excesivo de agua.

Con excepción de la industria azucarera y el turismo, que identificaron sus consumos de agua por tonelada de azúcar producida y habitación ocupada, respectivamente, y crearon normas al respecto, “no existe una cultura hídrica por parte de los empresarios cubanos”, afirma Díaz.

¿Qué cambios se proyectan en la disponibilidad de agua en Cuba?

Debido a los efectos del cambio climático, se estima una reducción significativa en las precipitaciones (Foto: Periodismo de Barrio).

Los principales cambios se encuentran relacionados con las precipitaciones y el aumento del nivel del mar, como consecuencia del cambio climático. La Estrategia Ambiental Nacional señala que los efectos del fenómeno en los recursos hídricos para 2100 serán una de las afectaciones más importantes, debido al carácter estratégico del agua para el desarrollo del país, en particular de la agricultura.

Las investigaciones sobre estos impactos estiman una reducción significativa en las precipitaciones, en conjunto con una intensificación y expansión de la aridez y los procesos de sequía. Al mismo tiempo, el ascenso del nivel del mar contribuirá a una mayor salinización de los acuíferos terrestres, lo cual ocasionará una reducción de la disponibilidad de agua de 37% con respecto a los niveles existentes entre 1961 y 1990.

¿Qué acciones sería necesario implementar para reducir el estrés hídrico en la Isla?

Es necesario aumentar la eficiencia en los sistemas hidráulicos, mediante la realización de inversiones integrales que garanticen su disponibilidad y uso racional (Foto: Julio Batista).

La Estrategia Ambiental Nacional señala que en el país es débil la respuesta a situaciones de intensas sequías, que no se actualizan, ni se emplean de forma adecuada los índices de consumo por unidad de producto o servicio, y que la reutilización del recurso y la cosecha de agua de lluvia es baja.

En este sentido, el documento apunta que resulta necesario aumentar la eficiencia en los sistemas hidráulicos, mediante la realización de inversiones integrales que garanticen su disponibilidad y uso racional; incrementar su reempleo en los sectores agrícola, industrial y turístico; mejorar la cobertura de agua potable y el sistema de abasto; así como el control del índice de calidad de agua superficial en las cuencas hidrográficas.

Por su parte, Díaz propone evaluar las importaciones y exportaciones de bienes que requieren grandes cantidades de agua para su producción, con el fin de comprar en el exterior aquellos que consuman mayor cantidad y producir nacionalmente los que necesiten menos; elevar la eficiencia hídrica en los sectores económicos, mediante procesos de innovación tecnológica; reducir la contaminación de los cuerpos de agua, a través de la implementación de medidas más limpias de producción; así como estudiar y aplicar diferentes procedimientos para reducir los niveles de evaporación en los principales embalses del país.

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Los lugares seleccionados para la recolección de las muestras se ubicaban en el litoral este, donde diversas empresas vertían residuos. De ellos, cinco puntos se localizaban en las proximidades de la entrada de la Bahía (playa La Estrella, base de pesca El Níspero, Astilleros DAMEX, Barrio Técnico, y playa Punta Gorda) y los otros siete en su interior (fábrica de cemento José Mercerón, Astillero Fábrica de Harina No. 13, Punta Los Cocos, puerto Guillermón Moncada, muelle Los Cangrejitos y el espigón del muelle Romero).

Para determinar los niveles de contaminación se tomaron en cuenta las concentraciones de metales pesados (aluminio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, mercurio, hierro, manganeso, níquel, plomo, estaño y zinc), el potencial de hidrógeno (pH), nitrito, nitrato, amonio, fosfato, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), oxígeno disuelto, sólidos suspendidos y turbiedad.

El análisis realizado determinó que en los puntos de la entrada de la Bahía solo el pH y el nitrito mantenían niveles adecuados; el oxígeno presentaba valores que indicaban una calidad dudosa del agua, mientras que el resto de los parámetros mostraba una mala condición de esta.

Con respecto al interior de la Bahía, el pH, el nitrato y el amonio arrojaron niveles normales de concentración; mientras que, por el contenido de fosfato, DBO5, DQO, sólidos suspendidos y turbiedad, el agua quedó catalogada como de calidad dudosa. En cuanto a la presencia de metales pesados, su contenido se mantuvo dentro de las cantidades establecidas como seguras.

En los puntos de entrada a la Bahía, como la base de pesca El Níspero, solo el pH y el nitrito mantenían niveles adecuados (Foto: Periodismo de Barrio).

No obstante, los autores del estudio señalan que en 2020 se redujo la productividad de las industrias que vierten sus residuos en la Bahía, como consecuencia de la baja disponibilidad de materias primas, la disminución en la llegada de barcos y cruceros al puerto, y las limitaciones para el acceso a las playas y centros recreativos de la zona, debido a la COVID-19, lo cual puedo haber influido positivamente en las características del agua.

Al mismo tiempo, la actividad de las industrias ubicadas en el área de la Bahía representa el 57.4 % de la producción total del municipio, especifica la investigación. A pesar de que el 75 % de tales industrias poseen algún tipo de sistema de tratamiento para sus residuos, estos afectan la calidad del agua de la zona.

A su vez, sus características geográficas –con un estrecho canal de entrada que limita la renovación del agua– y la actividad marítimo-portuaria contribuyen al problema.

No obstante, la contaminación en la Bahía no es una situación reciente. Un artículo realizado por investigadores del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, el cual revisaba diferentes reportes acerca de la contaminación en este lugar, exponía que para 1990 las zonas más afectadas eran la desembocadura, el área portuaria y la parte interior. Esta última, debido a la presencia de materia orgánica procedente del río Yarayó y el dren Trocha.

También, durante mucho tiempo, la ciudad no contó con un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, por lo cual se vertían los desechos sólidos y domésticos en la Bahía, señala el Plan Operativo General del Programa de Mejora de la Gestión Integral del Agua en las Cuencas Tributarias de las Bahías de La Habana y Santiago de Cuba.

Al interior de la Bahía, en zonas como el muelle Los Cangrejitos, el agua quedó catalogada como de calidad dudosa (Foto: Periodismo de Barrio).

Asimismo, el crecimiento de la ciudad ha originado el surgimiento de nuevos repartos no vinculados al sistema de alcantarillado, lo que ha suscitado nuevos vertederos que han contribuido a empeorar la situación, apunta el documento.

La contaminación de las aguas no solo puede conducir a la transmisión de enfermedades por nadar en estas o por el consumo de pescados y mariscos contaminados; también daña los ecosistemas, incrementa el riesgo de criaderos de mosquitos e intensifica la posibilidad de inundaciones, advierte un informe publicado por el Banco Mundial.

El turismo, la pesca, la salud y los desarrollos costeros son los sectores directamente afectados. Al considerar los impactos económicos derivados de las alteraciones que ocasiona la contaminación en estos rubros, los costos para su prevención y manejo resultan menores que los de no actuar, agrega el reporte.

El turismo, la pesca, la salud y los desarrollos costeros son los sectores más afectados por la contaminación (Foto: Periodismo de Barrio).

Así, de acuerdo con la Fundación Aquae, los cuatro métodos más comunes para la descontaminación del agua son la energía solar, los microorganismos, las plantas acuáticas y las bacterias.

El primero consiste en aplicar procesos de fotocatálisis, los cuales a través de las radiaciones solares eliminan los organismos contaminantes e impiden su reproducción; mientras que el segundo emplea microorganismos aerobios y anaerobios para “atrapar” los químicos contaminantes que, posteriormente, son tratados y purificados.

El tercero posee el beneficio de generar biomasa, al provocar una interacción entre las plantas acuáticas y las bacterias que eliminan a los agentes contaminantes mediante la biorremediación. El último, por su parte, aísla compuestos y sustancias químicas en depósitos destinados para ello con el fin de evitar que contaminen los cuerpos acuáticos.

Desde 1971 han existido varios planes para el tratamiento de la contaminación en la bahía de Santiago. En 2017, se presentó una propuesta de desarrollo integral de la zona, la cual comprende la inversión en tecnologías de manejo y reducción de residuales, incrementar el monitoreo de la calidad del agua en los laboratorios, evaluar los impactos ambientales de la contaminación, así como hacer efectivo el cobro de los impuestos por vertimiento de residuos.

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El Almendares, ícono de la ciudad, ha sido afectado considerablemente por los desechos de las industrias que se desarrollaron en sus orillas, los cuales, sumados a los de las comunidades aledañas, han hecho del río uno de los más contaminados de la ciudad. Comunidades como la de Puentes Grandes o El Fanguito habitan en sus márgenes y son afectadas por esa contaminación a la que también contribuyen. Más que documentar la vida del río, estas fotografías dan fe de su tránsito hacia la muerte, aunque según los pescadores –la comunidad que más ha promovido la limpieza y el cuidado del Almendares– su condición ha mejorado en los últimos cinco años.

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“¿Para bañarlo?”.

“Claro”.

En el patio, el aire mueve el humo del café que bebemos, el que sale de los tabacos que se fuman otros, y un tercer humo, lejos, que trae hollín de basura quemada. Estamos en taburetes, bajo un árbol. Idailenis tiene un bebé sobre las piernas, Jonathan, de diez meses, con culero y pulóver; ella, licra, chancletas, blusa a rayas con tirantes, huesos en los cachetes, pelo rojo, cejas rojas, rezagos de tinte en la frente, rojo. A pesar de los árboles y el cielo, hay demasiado rojo. En todas partes. Cuando uno sale de la carretera, adivina que aquel cartel metálico dice “Bienvenido. Batey La Esperanza” y baja al camino, empieza a salir rojo: en la tierra, en las botas, en la piel de la gente, en los sembrados, en las ruedas de los coches de caballos, en los portales, en las flores, en la ropa, en los sacos, en los cubos, en las tejas, en las tablas que hacen las paredes, en el cinc de las puertas de los patios, en los tanques.

Idailenis tiene 25 años. Conversa conmigo aunque está reacia porque hace tiempo, dice, vinieron trabajadores sociales, la entrevistaron, y ella les dijo que tenía tres hijos, dos divorcios, noveno grado, ningún sueldo estable. Ellos dijeron que iban a ayudarla. Entonces, Jonathan no había nacido, y Roilandy, el chiquillo de seis años, tenía tres. Pero nunca volvieron. Ella llama a Roilandy, me señala el churre en sus calcañales. “¿Ves lo que te digo?”, dice.

“¿Un cubo de agua es mucha agua?”.

“Claro”.

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La Esperanza es un asentamiento ubicado en el límite entre Matanzas y Mayabeque (Foto: Marcos Paz)

El Mamey, que es donde vive Idailenis, eran naves del antiguo Ministerio del Azúcar (Minaz), donde dormían los movilizados de la zafra. Mucha de esa gente, en algún momento, se asentó allí y, como son colindantes, El Mamey pasó a ser una especie de ampliación de La Esperanza, un batey a la orilla de la carretera Circuito Sur, cinco kilómetros después de Los Palos, el último pueblo de Mayabeque, y cuatro kilómetros antes de Cabezas, el primero de Matanzas. La Esperanza (196 casas, 644 habitantes) pertenece a Los Palos. El Mamey (20 casas, 60 habitantes) flota, mientras el grupo empresarial Azcuba, que remplazó al Minaz en 2011, y Mayabeque deciden quién lo asume.

Para construir sobre La Esperanza existen dos maneras: el Estado cede el terreno a través de Vivienda o lo vende. Pero El Mamey es un limbo. Hay mucha gente que vive en las naves y gente que ha levantado casas con tablas, o casas de mampostería. En lo que va de 2018 creció en tres casas para 11 inmigrantes, aunque el CDR sigue siendo uno, el # 5, Julio Antonio Mella; aunque ninguna casa tiene número y la dirección de los vecinos dice, simplemente, El Mamey. Dairis, la presidenta del CDR, cuenta que de vez en cuando llega gente pidiendo trabajo a los campesinos, construyen, se quedan; si no construyen, o mientras construyen, se meten en las naves. De vez en cuando, una familia recoge y se marcha. Casi siempre, familias que habían pasado años en las naves, sin poder construir.

Si llueve poco, los caminos de tierra apisonada, sin cuneta ni asfalto, se complican. Si llueve mucho, se desborda el río Santa Bárbara, que está a más de un kilómetro, y los inunda.

Por la carretera pasa una guagua Diana a las siete de la mañana, cuando sale de La Lima para Güines, y regresa a las siete de la noche. Todos los días. El resto del día, aparecen taxis que vienen de Cabezas y cobran cinco pesos hasta Los Palos. Si ocurre alguna urgencia por la noche, hay que buscar los carros de guardia, dos carros estatales y dos particulares que funcionan con combustible del gobierno municipal y que no cobran nada, pero tienen una misión estricta: llegar al policlínico de Los Palos y regresar.

Abajo, en La Esperanza, hay un consultorio médico que abre de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Odalys, la doctora, viene todos los días desde Cabezas. Descansa los domingos. La enfermera, Otilia, está disponible 24/7, porque vive en el barrio. El consultorio tiene un botiquín: dipirona, furosemida, hidrocortisona, todo inyectable. La farmacia más próxima está llegando a Los Palos, en el Central Manuel Isla. Hace un año, no había balón de oxígeno. Ahora hay uno, porque Ivette Ramos, la delegada, lo gestionó, aunque casi nunca encuentra transporte para ir a rellenarlo al policlínico. Si ocurre alguna urgencia por el día, Otilia acude a uno de los dos teléfonos fijos del batey, o al teléfono público, y llama a la Central de Ambulancias de Nueva Paz, pero la Central tiene solo dos carros, así que casi siempre las urgencias llegan a Los Palos en taxi.

En La Esperanza hay una escuela con dos aulas: primero-segundo y tercero-cuarto. Pero tercero-cuarto no tiene maestros, así que esos niños, con los de quinto y sexto, salen por las mañanas en un coche tirado por caballos, que les cobra dos pesos hasta el Central: la escuela Manuel Isla tiene maestros primarios suficientes. La secundaria se cursa en Los Palos. Por las tardes, la masa de estudiantes regresa como puede.

En La Esperanza hay una bodega donde les venden la canasta básica, el pan, que siempre llega por la tarde, en un camión que viene de Los Palos, y algún producto extra (arroz, azúcar). Hay un quiosco para el pollo y los cárnicos normados. Ahí mismo venden ron, café, tabaco, cigarros Criollos, Titanes, Aromas, panes con pasta, panes con croquetas, y ahí mismo, en el suelo, junto a la puerta, se pasan el día los vagos y los borrachos del pueblo, que, según el Diagnóstico de Salud, en 2017 eran 62. “De todas maneras”, dice Dairis, “aquí siempre hay comida. Tú vas a los campesinos, les pides un cangre de yuca y te lo venden”. Pero los 80 obreros agrícolas que suman El Mamey y La Esperanza solo siembran maní, tomate, yuca y maíz. El resto “hay que conseguirlo como se pueda”.

Cuando oscurece, las únicas luces son las de los portales porque en El Mamey no hay postes; en La Esperanza hay dos y nunca sirven. La carretera es oscura. Algunas casas tienen bombillos grandes en los aleros que alumbran hacia afuera. Se ve poco. A los dos pueblos, el servicio eléctrico les llega por las vías oficiales. El agua no. El agua es un problema. Como no hay agua, hace ya dos años que Idailenis no paga el CDR.

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El trillo que conduce a El Mamey (Fotos: Marcos Paz)

Del otro lado de la carretera hay un campo de caña recién nacida. Detrás de las dos últimas casitas de La Esperanza, camino a Cabezas, hay un campo de caña recién nacida. El trillo que lleva a El Mamey atraviesa un campo de caña recién nacida. En el mapa, hay más de 30 iconos de caña en dos kilómetros a la redonda.

La tarde que llegamos a El Mamey por primera vez había mucho silencio. Perros, cerdos, gallinas y caballos. En un jardín, había ropa tendida. La casa hecha con piedras desnudas, sin repellar: algunas piedras blancas; las más cercanas al suelo, corroídas por la humedad; las más cercanas al techo, grises; techo de tejas; una ventana en medio de la pared. “Buenas tardes”, gritamos. “Buenas tardes”, nos gritó una mujer desde el fondo del pasillo contiguo, separado de aquella casa por una hilera de cactus. Se acercó: piel rojiza, chancletas, bata blanca. Le dijimos que éramos periodistas. Respondió que qué raro que hubiera periodistas esa tarde, exactamente esa, porque antes, en la mañana, había habido problemas con “el jefe de todos los CDR”; dijo que nananina, que no hablaba, que los periodistas son chivatones, y entonces le expliqué que no, que mira, que el trabajo que estábamos haciendo…, y diez minutos más tarde había también otra mujer, un hombre y un tercero que vino, saludó y fue a acostarse en el portal, como en las películas: brazos cruzados, sombrero en la cara. Frente a nosotros, una segunda nave a medio caer.

“Lo que pasa es que, mira, aquí hace tiempo que nadie paga el CDR, porque no hay agua, y si aquí no hay agua, ¿cómo vamos a pagar el CDR?”.

Destaparon dos tanques oxidados, grandes, con dos dedos de agua en el fondo. Les pregunté cómo habían lavado los de la casa de al lado.

“Porque, mira, la gente va al batey con par de pomos a ver si alguien se los quiere llenar”.

Del otro lado de la carretera, 60 metros al interior del campo de caña recién nacida, hay una turbina. Esa turbina extrae agua de la cuenca subterránea Melena-Nueva Paz (HS– 5): alimenta la caña y abastece el batey. Esa turbina es propiedad de Azcuba. Esa turbina bombea 32 000 litros/ hora, durante cinco horas cada día, hacia un tanque en La Esperanza que funciona como un pequeño sistema de acueductos: almacena el agua y la distribuye mediante tuberías. El problema para el batey es que lo hace sin orden, porque cada persona está conectada al tanque como puede. El problema para El Mamey es que esa turbina no es suficientemente poderosa como para llevar agua hasta allí.

Ellos no lo entienden. Tampoco ha venido alguien a explicarlo. La segunda en llegar, 50 años, pelo rizo, espejuelos, dice que están cansados de mandar cartas a los periódicos, de ir a ver a Fulano el del Partido, a Zutano el del Gobierno; que lo único que piden es que extiendan la tubería. Le respondo poco. En realidad, mientras hablo con ella, la única idea que tengo de cómo funciona una red hidráulica es que hay que abrir la llavecita plástica del tanque de mi casa cuando se va el agua en el edificio, y que, cuando la abro, el agua del tanque sale por las llaves. Le pregunto cómo les llega el agua. La mujer que había dicho que no hablaba, persigue con la mirada cada movimiento de Marcos, de la cámara de Marcos; le dice a la otra mujer que no siga, que veamos a Dairis, que ella sabe.

Dairis es la suegra de Idailenis. Su casa (mampostería, dos cuartos) está frente a la casa con la ropa tendida. Idailenis, que es una niña grande, anda corriendo detrás de Roilandy. Dairis, trigueña, 48 años, está haciendo un flan. Dice que es presidenta del CDR desde hace ocho años, que lo asumió en un momento en que nadie quiso asumir y lo siguió asumiendo porque nadie ha querido relevarla. Hace dos años empezó el problema. Los vecinos dijeron que no iban a pagar más CDR y ella, que trabaja como custodio y cobra 330 pesos, pagó los tres pesos/año de 2016 de cada vecino; perdió el dinero. Por eso esta mañana, cuando vino Lorenzo, el coordinador de los CDR de Nueva Paz, y le exigió el dinero de 2017, ella le dijo que no iba a fajarse con nadie, que fuera él personalmente. Los vecinos dijeron lo del agua. Lorenzo dijo que el agua no tiene que ver con los CDR, dijo no sé qué cosa de Martí y no sé qué cosa de Mariana Grajales y Odalys le gritó que si querían que ella fuera hija de Mariana, que no la tuvieran como un gorgojo pasando sed. Resistencia pacífica.

“Ahora mismo, mira, sin ir más lejos, hace diez días que estamos en seco”.

***

Antes de convertirse en asentamiento, El Mamey tenía un pozo que, con una turbina sumergible, bombeaba agua hacia un tanque colector que abastecía las naves mediante tuberías. Ahora el tanque es una ruina de hierro formidable, rodeada de árboles. El brocal tiene grietas. El pozo está cerrado. Dicen que por contaminación. Hay dos versiones: fue una avioneta de fumigación o fue el agua enfangada que trae la lluvia. El pozo, sin embargo, no aparece en el registro de pozos de la Empresa Aguas de Mayabeque (EEAM). Según este, en la provincia hay 157 pozos, 15 de ellos, en Nueva Paz, que es el municipio que contiene a Los Palos. Los pozos clausurados son 12, pero todos por roturas, entre ellos el del Central Manuel Isla, por problemas mecánicos. Esta rotura afecta a 721 personas. Las 12 roturas, juntas, a más de 13 500.

Hace seis años, en El Mamey abrieron otro pozo. Dice Dairis que entre los vecinos le hicieron almuerzo al grupo de hombres que vino con las máquinas. Uno de ellos, en algún momento mientras comía, les dijo que el pozo era para el caserío. Pero se terminó, y no lo activaron. “Hace unos meses”, dicen los vecinos, “supimos que es reserva de las FAR”.

Así que el agua –desde no saben hace ya qué tiempo, porque Dairis vino de Pinar del Río hace 18 años y Odalys, la hija de Mariana, llegó de Las Tunas hace 24, y desde entonces es el mismo sistema– les llega en pipas.

Odalys Mustelier (Foto: Marcos Paz)

Cuando llegó Odalys, era un tonel grande con dos ruedas halado por un tractor, que repartía un día y otro no. Después, el tractor pasó a ser un camión-pipa que entraba cada tres o cuatro días. Después, martes y jueves. Ahora, a veces.

En Mayabeque, 5 065 personas reciben agua por pipas de forma permanente: Madruga: 2 300; Bejucal: 1 118; Güines: 607; Quivicán: 550; Melena del Sur: 299; Batabanó: 135; Playa Mayabeque: 55; y un viejito que no quiere mudarse de un lugar muy intrincado en Estilita, Melena del Sur, al que le llevan agua una vez a la semana. Para ofrecer el servicio, hay siete camiones cisterna en la provincia, distribuidos en seis UEB. San José, Santa Cruz, Madruga, Quivicán y Nueva Paz, tienen, respectivamente, uno; Bejucal, dos. Aguas de Mayabeque tiene otros dos carros como reserva, para asistir en caso de roturas.

En cualquier cabecera municipal una avería afecta, como promedio, a 10 000 personas. Si ocurre, y los dos carros de reserva no cubren la demanda, se solicita apoyo a otros territorios que, si apoyan, desestabilizan su servicio interno. A principios de mayo, por ejemplo, se reportó una avería en la bomba que abastece a San Antonio de Río Blanco, un pueblo de Jaruco. El agua comenzó a salir rojiza. La Empresa profundizó en el problema. Intentó corregirlo. Para hacerlo, interrumpió el abasto mediante redes, accionó la reserva, y hubo piperos que hicieron negocio: llenaban todas las cisternas, tanques, cubos y jarros que hubiera en una casa por 10 CUC.

En El Mamey es distinto. “¿Pagar el agua? ¿Aquí? ¡No, mijo, no!”.

La pipa de Nueva Paz, de 10 000 litros, Kamaz, cabina roja, llega a El Mamey desde hace un año y medio por un contrato entre la UEB y el gobierno del municipio. Antes, llegaba un carro de Azcuba. Los vecinos no notaron el cambio. El costo de que el agua llegue a El Mamey, que sufraga el gobierno, es el producto entre los metros cúbicos que transporta la pipa y la cantidad de kilómetros que recorre desde el punto de abasto. Suponiendo que la pipa recorra Nueva Paz, de cabo a rabo, completamente llena, el costo asciende a 5 220 pesos: 208 CUC/cada viaje. Esa pipa abastece también a Castellano, Capitolio y Lote Seco, en la provincia, y a Roca Azul, un barrio de Cabezas. Pero tiene el motor medio quemado, la cabina hecha añicos; está activa, pero nunca ha pasado el somatón.

Lo establecido es que esa pipa reparta, a diario, 50 litros de agua por persona (dos cubetas y un poco). Lo que hace: repartir, cuando puede, lo que pueda llenar la gente.

Odalys tiene un tanque grande, azul, de 208 litros, para ella y su esposo. Dairis tiene cuatro, de 100 litros, para ella, su esposo, su hijo, Idailenis y Jonathan. Roilandy vive enfrente, en la casa con la ropa tendida, que es la casa de la madre de Idailenis, con sus hermanos: Rosalba, ocho años, y Emmanuel, tres.

La tarde que llegamos a El Mamey por segunda vez había mucho silencio. Perros, cerdos, gallinas y caballos. Las tardes se repiten. Idailenis, que es una niña grande, andaba corriendo detrás de Roilandy. Dairis estaba cosiendo a máquina. El hijo y el esposo de Dairis siempre están en el campo. Esa tarde, había ropa tendida en los jardines, ya yo tenía nociones de cómo funciona una red hidráulica, y traíamos el mapa de un proyecto del que ningún vecino tenía idea, a ejecutar en 2019, que nos habían facilitado en la EEAM:

La presente inversión, denominada “Perforación de Pozo de Abasto. Asentamiento La Esperanza”, solicitada por la UEB San José Servicios Ingenieros, se realiza con el objetivo de perforar un pozo que será utilizado como fuente de abasto para servir, a partir de una red complementaria de tuberías a construir, al asentamiento referido y otras áreas pobladas aledañas en el territorio, actualmente abastecidas por pipas.

La inversión es compatible con el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano e incluye la perforación de un pozo para abasto de agua con un diámetro de 0.40 m y una profundidad aproximada de 70.0 m, encamisado hasta una profundidad de 50.0 m (lisa de 10.0 m y ranurada de 40.0 m).

La zona seleccionada se localiza en el asentamiento La Esperanza, en la cuenca HS-5, con cota aproximada de 47.0 m sobre el nivel del mar, previéndose un caudal de explotación de 10.0 litros/segundo.

“Así que un pozo”, me dijo Idailenis. “Un pozo”, dije. Levantó una ceja. Dijo que no les iba a hacer almuerzo a los hombres que vinieran con las máquinas, no vaya a ser que fueran de las FAR.

La entrada Un cubo de agua es demasiada agua se publicó primero en Periodismo de Barrio.

La propuesta en sí misma no es fundacional, pues se inserta a la zaga de un trayecto que ya ha recorrido Latinoamérica casi en su totalidad. Sin embargo, para un país que apenas había legislado en los últimos 57 años el Decreto Ley 138 “De las aguas terrestres”, y que mantuvo vigente hasta 1993 la Ley de Aguas fechada en 1879, la aparición de esta norma jurídica es toda una novedad.

El nuevo Proyecto no solo es superior al DL-138 por su rango jurídico: lo es, sobre todo, por estar más atemperado a la sociedad cubana actual y por manejar un grupo significativo de aspectos que en 1993 no fueron contemplados. La propuesta legislativa incluye conceptos como productividad, reúso y reciclaje del agua, caudales ecológico y sanitario, empleo de tecnologías limpias, entrega en arrendamiento o usufructo de infraestructuras del patrimonio hidráulico estatal, o la inclusión de acciones para modificar artificialmente la disponibilidad de aguas terrestres mediante la desalinización de agua de mar, la siembra de lluvias o el trasvase entre cuencas hidrográficas.

Ninguno de esos términos se empleó –tal cual– en la norma redactada en 1993.

Productividad del agua: es la cantidad de agua necesaria para generar un servicio o producción eficiente. —Edilberto Pérez.

Por tres años, un equipo integrado por expertos de diferentes ministerios, liderado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), trabajó en la elaboración la propuesta final. Edilberto Pérez Blanco, especialista jurídico principal del INRH en tal proceso accedió a conversar sobre el contenido de la futura ley.

El propio Edilberto Pérez la define como una normativa medioambiental, “como lo es la Ley Forestal (No. 85), la legislación relacionada con el manejo sostenible de la zona costera (DL-212), con la actividad minera (Ley No. 76), o con la navegación marítima y fluvial (DL-39)”.

Entre los principios fundamentales del Proyecto destaca la defensa de los intereses colectivos; así como la protección del recurso natural, los servicios asociados al mismo y la infraestructura hidráulica. Además, el documento ratifica el régimen de propiedad estatal socialista de todo el pueblo, el derecho inviolable de acceso al agua potable y el saneamiento, y la responsabilidad del Estado con los servicios relacionados con las aguas. “También establece la protección de los caudales ecológico y sanitario, y el deber de la actuación del Estado para evitar y, llegado el caso, recuperar las áreas dañadas por la contaminación”, explica Edilberto.

Pero lo principal es que el documento y su implementación permitan transitar del “concepto del uso del agua, a la teoría de la gestión integral y sostenible, incluyendo un equilibrio entre los elementos sociales, económicos, ambientales y políticos”. En Cuba, donde los volúmenes de agua almacenada en embalses han registrado una tendencia decreciente desde 2012, dicha transformación es fundamental.

Niveles de llenado de los embalses cubanos al cierre de 2016. (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del boletín hidráulico del INRH)

Según lo establecido en el inciso C del artículo 63 del nuevo Proyecto, el INRH se encargará de estimular el empleo de tecnologías limpias en el país. Para conseguirlo, la institución posee varias maneras. “El INRH es uno de los organismos involucrados en la aprobación de nuevas inversiones, y una forma sería no aprobar, por nuestra parte, aquellas que –precisándolo–, no incluyan sistemas que garanticen el tratamiento de las aguas residuales para su reúso o su reciclaje, o el tratamiento antes de su disposición final de ser imposibles las variables anteriores”, asegura Edilberto.

De acuerdo con lo recogido en la propuesta legislativa el reciclaje se entiende como volver a usar el agua en las mismas funciones, algo muy complejo en la parte doméstica, pues debe descontaminarse y dejarse apta nuevamente para el consumo humano. Mientras, el reúso se centra en que el agua usada para distintas actividades, de acuerdo con la calidad final, pueda ser empleada para otros fines.

En consonancia con el Artículo 85 del Proyecto, será necesario garantizar que se implemente al menos uno de los tres procesos mencionados. “De la manera en que aparecen recogidos en la norma, son obligatorios. Entonces, ¿qué hacemos con las nuevas inversiones? En cualquier caso, deberán cumplir con los requerimientos técnicos sobre el tema. No podemos hacer inversiones menos onerosas a costa de sacrificar la calidad del agua.

“Por otro lado, mucha tecnología en el país ha quedado obsoleta, o fue instalada en momentos donde no había una conciencia de la importancia de la protección de las aguas, o donde no existían las tecnologías para permitirlo. Transformar esta situación requiere un complejo proceso de inversión.

”Este tema incluye otro componente: la inspección estatal que realiza el INRH. Todos los años se emite una disposición jurídica con la relación de los centros que serán controlados para verificar el uso que realizan del agua. De esta inspección se deriva la respuesta punitiva-administrativa, con la aplicación de multas o cierres, que es el último recurso, porque al final no soluciona el problema.

”Por desgracia existe la máxima ‘quien contamina paga’. En ocasiones, el precio de la contaminación, o de las acciones posteriores, es ridículo comparado con el costo de la inversión en tecnologías limpias y, lamentablemente, no son pocos los que prefieren ahorrase grandes inversiones tecnológicas. Claro, en nuestro país esto no debería ocurrir”.

El 80 por ciento de las inversiones en el sector hidráulico en Cuba provienen de fuentes relacionadas con la cooperación extranjera para el desarrollo. —Edilberto Pérez.

Otro de los temas novedosos dentro del mecanismo legal es el cuidado que se pone en asegurar los caudales ecológico y sanitario aguas abajo de las obras hidráulicas construidas por el hombre (Artículo 44). Este es uno de los aspectos medioambientales medulares del Proyecto, pues “cualquier intervención humana relacionada con la gestión integrada del agua, siempre incidirá en los ecosistemas. Por eso se añadió lo relacionado con el caudal ecológico, para estabilizar, aguas abajo de los embalses (construidos casi siempre cortando el cauce de un río), una entrega mínima que garantice el sustento del ecosistema y la biodiversidad”.

Aun con estas precauciones, el especialista reconoce que ello no está exento de probables conflictos, “sobre todo en determinadas situaciones como la sequía, cuando los volúmenes de agua no sean suficientes para satisfacer todas las necesidades”.

En esos casos puntuales, las valoraciones serán realizadas a partir del Orden de Prioridades en el uso de aguas terrestres, establecido en el artículo 45 del Proyecto. Allí se refleja que, entre ocho aspectos prioritarios, el caudal ecológico es séptimo. Esto no deja de ser congruente con los objetivos del mecanismo legal, pues explica Edilberto Pérez Blanco que las prioridades quedaron establecidas a partir de su vínculo directo con el ser humano. A saber, beber y alimentarse en primera instancia.

Orden de prioridades para el uso de aguas terrestres:

1- Abastecimiento humano.

2- Abastecimiento animal.

3- Caudal sanitario.

4- Riego agrícola y producción industrial de alimentos.

5- Resto de la industria.

6- Acuicultura en embalses o estanques y camaronicultura.

7- Caudal ecológico

8- Recreativo.

El DL-138 no establecía la posibilidad de ofrecer en concesiones la operación de los servicios hidráulicos a entidades no estatales –incluso extranjeras–, pero la presente propuesta deja claro en su Título VII, Capítulo II (De las concesiones y autorizaciones), que el país está abierto a ese tipo de oportunidades a gran escala.

En realidad, la experiencia cubana en el tema data de 2001, fecha desde la cual el abasto de agua potable a la población de la capital de la Isla está en manos de la empresa Aguas de La Habana, asociación mixta que cuenta con la participación de la empresa española Aguas de Barcelona y opera las redes de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial de la ciudad más grande y densamente poblada del país. Similar situación presenta, desde hace poco más de dos años, el balneario turístico de Varadero.

Edilberto Pérez explica que “además de estos ejemplos, la práctica está avalada por la legislación que ampara la entrega en usufructo de tierras ociosas, relacionado especialmente a las bienhechurías, con lo que se pueden construir sistemas de regadíos. Incluso se podrían arrendar los márgenes y riveras de determinados cuerpos de agua, siempre que se garantice y respeten los bosques en estas zonas, para evitar el azolvamiento o erosión”.

¿Bajo qué términos podrían solicitarse, por ejemplo, las concesiones relacionadas con la administración del patrimonio hidráulico estatal o los servicios de abasto de agua?

“Las finalidades para las que será necesario solicitar permisos específicos, y los requisitos necesarios para hacerlo, estarán recogidos en el Reglamento de esta Ley”.

En este caso, Edilberto Pérez habla del Reglamento que pautará la implementación de la Ley una vez sea aprobada. Aunque la propuesta de Reglamento fue redactada y entregada, no es pública. Explica el especialista que, como práctica habitual legislativa en Cuba, las leyes son sometidas a consulta de la Asamblea Nacional, pero los Reglamentos que finalmente pautan su aplicación son presentados como Decretos Leyes promovidos por el Consejo de Ministros. Ambos serán publicados al unísono en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. El reglamento, sin haber sido consultado –como sí lo fue la Ley–, será también de estricto cumplimiento.

En el cuerpo de la Ley queda claro que las concesiones y autorizaciones podrán ser solicitadas por “personas naturales y jurídicas”, sin distinción del tipo de solicitud. Habrá que esperar entonces por un Reglamento que impondrá –así le corresponde– un marco de actuación más conciso a lo legislado en el Proyecto.

Para Edilberto Pérez, esta posibilidad de inserción de entidades no estatales no es un peligro. “Esto busca aprovechar la capacidad, la experiencia y la tecnología que poseen estas empresas. Por supuesto, será siempre bajo una observancia rigurosa del Estado, y sobre la base de lo que establece la legislación y teniendo en cuenta las condiciones, requisitos y obligaciones que establece el mismo acto de la concesión otorgada.

”Por esto no se pierde la soberanía o la integridad, y no está reñido con la propiedad estatal socialista de todo el pueblo sobre los recursos naturales. Con estas medidas lo que se busca es la diversidad de actores y las capacidades que esos actores pueden desarrollar por la experiencia, la tecnología y la preparación que puede adquirir el personal cubano que trabaje con ellos.

”Además, la Ley establece varias causales que pueden derivar en el retiro de la concesión. La más reciente incorporación es el daño al medio ambiente, específicamente la contaminación, que fue un punto señalado con fuerza en los debates”.

Entonces, ¿esta Ley no da espacios a la privatización de los servicios o del recurso natural agua en Cuba?

“Efectivamente. Una cosa es darle participación a la gestión privada con regulación, pero se dice que las aguas –como recurso– y los servicios brindados siempre serán de propiedad estatal. La diferencia está en el actor que gestiona el servicio. Además, se deja escrito claramente que el uso del patrimonio y la infraestructura hidráulica estatal no puede ir en detrimento del derecho al acceso”.

El régimen de propiedad de los recursos naturales en Cuba, entre los que se inserta el agua, está definido en el Artículo 15 de la Constitución de la República, donde puede leerse: “Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo […] las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación […]”.

Tras su publicación en el sitio oficial de la ANPP, el Proyecto se sometió a consulta. Para que los ciudadanos dieran sus opiniones se habilitó el correo leydeaguas@anpp.gob.cu y las discusiones con los diputados se extendieron entre el 8 y el 22 de noviembre.

El 23 de noviembre de 2016 el portal publicó que, al el cierre del plazo establecido, habían recibido un total de 16 correos, de los cuales “tres se tuvieron en consideración en el cuerpo de la Ley”. Mientras que en los encuentros con los diputados “se formularon 132 intervenciones, entre ellas 37 solicitudes de aclaraciones de dudas y 95 propuestas de modificaciones al contenido del Proyecto de Ley […]. Luego de un análisis, 50 fueron aceptadas para un 52,63 por ciento”.

En suma, el documento generó apenas 148 intervenciones y asumió 53 de ellas para incorporar en las modificaciones realizadas. Cifras escuetas para una Ley de tanto alcance en la vida del país.

Concretamente, ¿qué modificaciones se incluyeron a partir de las consultas?

“Algunos de los principales planteamientos estuvieron relacionados con el tema de la contaminación, en especial sobre la necesidad de que se incorporara como algo de estricto cumplimiento. Pero eso ya se planteaba como tal en el Proyecto (Artículo 74).

”Otras precisiones fueron realizadas con las acciones para el incremento de las reservas de aguas terrestres (desalinización de agua de mar, trasvases y lluvias artificiales), pues se explicó que los enunciados en el Proyecto no son los únicos métodos, sino algunos de los más importantes por la trascendencia y el impacto que tienen en Cuba.

”También se habló de la necesidad de precisar acciones de difusión, concientización y socialización del contenido de la norma, lo cual se incorporó entre los principios.

”Otro elemento estuvo relacionado con la participación de otros organismos en la inspección estatal, algo que ya está legislado en el DL-100, el cual establece que cada organismo la ejecuta en el ámbito de su competencia. Al mencionar ministerios como el CITMA, el de Salud Pública y organismos como el INRH, no se excluyen otros. Por ejemplo, algunos ministerios como el de Agricultura, o el de Industria, Energía y Minas, están muy vinculados a esta Ley. Es muy difícil que exista un organismo nacional que no tenga que ver con actividades relacionadas con el agua.

”Algo muy debatido fueron los tecnicismos de la Ley, con elementos que no son comúnmente manejados por la población. Por lo cual se añadió un glosario de términos que, esperamos, contribuirá a un mejor entendimiento del campo de actuación de la Ley.

”Como resultado del intercambio con los diputados se decidió incorporar entre los principios que encabezan la Ley algo que ya establece la Constitución: las aguas terrestres son propiedad estatal socialista de todo el pueblo, lo cual refuerza que no se puede hacer un uso de la infraestructura hidráulica en detrimento del derecho de acceso al agua.

”También se precisó que todos los ciudadanos tienen derecho de acceso al agua y al saneamiento, y no se trató como un derecho humano esencial. No porque la política nacional no lo considere así, sino porque aún hay debates sobre el carácter vinculante de la Resolución 64/292 de la ONU y porque se plantea que los derechos humanos han sido siempre refrendados en pactos. Pero en definitiva, la Ley lo reconoce como un derecho de los ciudadanos, un derecho exigible y que tiene que hacerse cumplir”.

“Uno de los cambios técnicos fue el límite de extracción sin necesidad de solicitar una autorización. Estaba fijado en 0,3 litros por segundo (Artículo 48.2, inciso C) y tras los debates se sustituyó esta cifra por “en la calidad y calidad suficiente”. Ahora el volumen permisible quedaría establecido por el destino del agua: consumo doméstico y cría de animales de autoconsumo. Fuera de estos usos, cuando se emplea para actividades técnico-productivas, se necesitaría una autorización.

”Otro tema muy debatido fue el pago por el exceso en el consumo de agua, pues se planteó que quienes tienen dinero pagarían más y entonces se perdería el sentido de otros aspectos como la productividad del agua o el Plan de Asignaciones. La solución más viable es adoptar medidas puntuales: independientemente de que las personas paguen por el exceso habrá que analizar el caso y ver qué decisiones tomar.

”Partiendo de estudios (existentes) que establecen dotaciones de consumo familiares y normas de consumo, habrá que ajustar en cada situación, especialmente con los trabajadores por cuenta propia que brinden diferentes servicios en sus hogares. En esos casos ya se verá puntualmente si se establecen formas distintas de entrega de agua –que es muy difícil hoy en una vivienda–, o si de lo contrario se establece una tarifa hasta la dotación estimada para la familia, y el resto se considera como actividad técnico-productiva. En Cuba las tarifas son diferenciadas: una para el sector doméstico, y otra para ese tipo de actividades.

”No se trata de que el cobro por el servicio sea una actividad meramente lucrativa. Es una lucha internacional que servicios de esa naturaleza, al igual que la educación y la salud, no estén a merced del mercado. Más bien en nuestro país este cobro es para regular y crear conciencia, desgraciadamente, a partir de los egresos por el pago del servicio. Los precios de la tarifa actual empleada en Cuba apenas consiguen amortizar los costos del servicio”.

La normativa legal pautará el manejo integral y sostenible de las aguas terrestres (Foto: Julio Batista)

En materia jurídica, el Proyecto se inserta en el enrevesado tejido legal cubano. De ser aprobada, como seguramente sucederá –en 40 años la ANPP no ha dejado de aprobar los Proyectos que le han sido presentados–, la Ley de Aguas Terrestres se convertiría en el principal referente legal sobre el tema en Cuba.

Sin embargo, ¿será esta Ley el único mecanismo jurídico que norme lo relacionado con el agua en el país?

“Hay muchas cuestiones relacionadas con este campo que ya están recogidas en numerosas normas técnicas que existen en el país, aprobadas por la Ofician de Normalización. Este grupo normativo, unido a los Decretos Leyes (100, 272) y las Leyes (81, 62), conformarán también el marco legal que norma el manejo y protección de las aguas terrestres”.

En el ámbito punitivo, ¿tiene esta propuesta un correlato en el derecho penal?

“Es importante a la hora de establecer nuevas normas su correspondencia con el resto del cuerpo normativo, y de ser necesario, proponer otros. En esta Ley la única variación está en el artículo 96 de la Ley 81, y la derogación del DL-138. Y se mantienen vigentes las contravenciones establecidas en el DL-272 y aquellas penas normadas en el Código Penal (Artículos 194 y 238)  con respecto a la contaminación de las aguas.

”En mi opinión, la aplicación del Derecho Penal debe ser el último recurso. Lo más importante es evitar el conflicto. Cabe siempre la duda de que si todo lo que se haga una vez causado un mal es, realmente, un hecho resarcitorio”.

Al revisar el documento presentado a debate en noviembre algo salta a la vista: el Proyecto de Ley de Aguas Terrestres parece, por momentos, redactado para un país idílico, un sitio en el que las mediciones de consumo y estado técnico de las redes no son un problema. Igual sensación queda con temas relacionados con el empleo de tecnologías limpias o la rigurosa observancia de las normas medioambientales.

Por citar un ejemplo, el Artículo 61 del documento pone hoy en aprietos a las instituciones que brindan servicios de abasto de agua, al exigirles que garanticen en las redes “la presión mínima que garantice su uso”, así como la “contratación, medición, facturación y cobro del servicio”. En un país que ha reconocido que al menos el 50 por ciento del agua bombeada se pierde por defectos en las redes hidráulicas y apenas el 12 por ciento de los usuarios domésticos están metrados, tales requerimientos nos hacen plantearnos una pregunta: ¿estamos ante una Ley adelantada al país que aspira a regir?

En buena medida así es. Y a Edilberto Pérez, como especialista jurídico principal del INRH, parece no preocuparle. Para él la Ley debe aspirar a transformar la realidad, pues “si la redactáramos para mantener la realidad estática, entonces la norma carecería de sentido”, asegura.

“Cuando se detecten las contradicciones entre la práctica habitual y lo legislado, lo importante será identificar qué se necesita para solucionar esa colisión o conflicto en cada caso. Aun así, debe existir un elemento que arrastre, organice. Que paute principios.

”Esta es una Ley que apunta a un ‘deber ser’ posible, que trata de recomponer la realidad a la que se enfrenta, y eso la hace necesaria. Yo quisiera que la realidad social superara las expectativas de la Ley y que fuera preciso, incluso, escribir una más avanzada.

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