Las aguas muertas del Havana Club

El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país…

Constitución de la República de Cuba, Artículo 27

Chipriona es un sitio al que nadie va, en el que nadie pesca, un lugar que no necesita cercado porque las personas no están dispuestas a bañarse en la mugre hirviente que a diario lo invade. Las aguas de lo que solía ser una playa se han convertido en una mezcla densa, con el olor agrio de lo descompuesto.

Sobre la vida marina en la ensenada no hay estudios públicos disponibles. Sin embargo, los pescadores confirman que allí ya no hay peces. En Chipriona se vierten diariamente 1 288 m³ de residuales líquidos (vinazas en su mayoría) provenientes del proceso de la destilación del ron Havana Club. Eso sucede desde los años noventa, aunque la situación se agravó a partir de 2007.

En la base de pesca de Santa Cruz del Norte los hombres no quieren hablar. Ya se han quejado lo suficiente ante la dirección municipal del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), pero esas quejas no parecen haber sido muy útiles. Ni archivadas. En la última década, Chipriona se ha convertido en el drenaje de la Ronera Santa Cruz, la mayor destilería del país y una de las cuatro que posee la corporación Cuba Ron S.A. El desagüe del único sitio donde se preparan las líneas blancas (Añejo Blanco) y oro (3 Años) de Havana Club Internacional (HCI). El vertedero de la empresa que generó, en 2016, ganancias por 118,5 millones de dólares provenientes de la venta de 4,2 millones de cajas de nueve litros. De esas ganancias, a la parte cubana debieron corresponder cerca de 59 millones.

Quizá por eso los pescadores de Santa Cruz creen que tienen la batalla perdida.

Andy es el patrón de La niña, un bote pequeño de casco blanco y rojo, fondeado en la desembocadura del río Santa Cruz. Cuando termina de preparar los anzuelos y guardar sus artes de pesca en un desvencijado cuartucho de la Base, subimos a su barco. “Míralo tú mismo”. Andy es uno de los que se cansó de quejarse.

En bote toma cinco minutos llegar a Chipriona: una caleta de casi 400 metros de largo y 70 metros de ancho en su parte más amplia. Allí el agua es un charco marrón, de un color turbio, muy sucio y casi sin movimiento en la superficie. Las paredes laterales de roca muestran una franja de hasta un metro por encima del nivel del mar en la que nada crece. Es una frontera blanca que recuerda el color de los huesos expuestos al sol. La escena se completa con el residual humeante que brota del muro de la Ronera y llega sin cesar hasta Chipriona, como un arroyo.

Entre pescadores se comenta de la “emborrachadera”. Y con eso se refieren a las sardinas que llegan atontadas hasta la bahía de Santa Cruz del Norte, y al resto de los peces que aparecen cada día flotando, boca arriba, en el sitio.

En muchos sentidos, Chipriona apesta a muerte.

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…daño ambiental: toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo,

inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes,

que se produce contraviniendo una norma o disposición jurídica.

“Ley 81 de Medio Ambiente”, Artículo 8

La Destilería de Santa Cruz fue fundada el 30 de septiembre de 1919 y por entonces no era gran cosa, apenas una pequeña fábrica donde se obtenían alcohol y aguardiente. Pero meses más tarde, al implantarse la Ley Seca en los Estados Unidos (16 de enero de 1920), su ubicación en la costa norte de la Isla, flanqueada por las bahías de Santa Cruz (Oeste) y Chipriona (Este), y alejada de la capital cubana, la convertiría en un puerto desde donde se contrabandeaban licores hacia las ciudades estadounidenses.

Tales operaciones continuaron aun después de que la Ley Seca desapareciera y en los siguientes 40 años la fábrica asistió a cambios de propietarios, huelgas, incendios, despidos y rejuegos políticos; incluso, a una paralización en el año 1948, cuando “el Ayuntamiento hizo cerrar la fábrica, por tres meses, por no cumplir las más elementales medidas sanitarias y, sobre todo, ambientales”.

En agosto de 1960 la Ronera fue nacionalizada, y en 1971 Fidel Castro, frente a los trabajadores del centro, aseguró que allí se levantaría “la fábrica de rones más grande de Cuba”. Dos años más tarde, en 1973, se cumplía lo prometido y las inversiones, durante toda esa década, ampliaron la capacidad de producción del sitio.

Datos ofrecidos por la Ronera a la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y a la Red Nacional de Producción Más Limpia aseguran que la “agresividad de los residuales de las destilerías hace que para su tratamiento se deba realizar una inversión inicial muy costosa”, por lo que “en el año 1985 se determinó utilizar una fórmula de uso común a nivel mundial hasta ese momento, para conseguir una satisfactoria evacuación de los mismos con un gasto razonable que no elevase sensiblemente los costos de producción. Dicha fórmula fue la dilución de los residuales en el mar.

”Por esta razón se adoptó como solución un emisario submarino que conduce los residuales hasta un punto dentro del mar, a una distancia que garantiza que la zona o cono de contaminación que se produce no es secante a la línea de la costa. […] El sector donde se hace el vertimiento se declaró sin importancia económica relevante y además no hay zonas de playas a menos de 10 kilómetros”.

En el informe de la Ronera hay errores, específicamente en la afirmación de que en 10 kilómetros no hay zonas de playa. Rotilla, un reconocido punto de recreo –con área de baño incluida–, se encuentra a menos de un kilómetro al Este de la Ronera Santa Cruz; la playa de Jibacoa, en la misma dirección, dista poco más de 7 kilómetros siguiendo la costa; y justo a la altura del décimo kilómetro están ubicados los Campismos Populares de la costa Norte de Mayabeque.

Por otro lado, ya en los años ochenta comenzaron a notarse problemas con la evacuación de residuales, pues los materiales empleados en la construcción del sistema no fueron los correctos y la acidez de los desechos corrompió el hormigón de la conductora, para luego infiltrarse en el subsuelo y debilitar la roca sobre la que se asienta la fábrica. La muestra más radical fue el hundimiento parcial de la destilería ubicada en la zona noroeste de la Ronera apenas comenzada la década.

Aunque eran comunes los reportes sobre emanaciones gaseosas en las instalaciones de la Ronera, fue “la aparición de conos de desplome en el subsuelo por la presencia de cavernas de origen cársico en la zona, que han llegado a tener un carácter catastrófico”, lo que dio pie al estudio realizado por especialistas de GEOCUBA y CUPET, bajo el título “Diagnóstico ambiental de la Ronera Santa Cruz bajo la óptica del análisis geoespacial”, el cual buscó determinar el origen de esas emanaciones.

Aunque inicialmente se manejó la posibilidad de que los gases tuvieran un origen petrolífero, el análisis realizado permitió a los investigadores negar dicha hipótesis y afirmar que “las emanaciones gaseosas son producto de la acumulación del residual, en cavernas desarrolladas de forma natural”. El origen de los gases no era otro que la descomposición anaeróbica (sin presencia de oxígeno) de las vinazas infiltradas en el lecho rocoso, causantes de la disolución cársica de las rocas y de “afectaciones en las estructuras de las instalaciones”, según reza el informe.

Sobre las mediciones realizadas en el sitio, el estudio determinó altas concentraciones de gas sulfhídrico (SH₂), que llegaban a superar hasta “en 7,46 veces la norma de calidad del aire atmosférico”.

La solución del problema, concluyeron los especialistas de ambas empresas, no sería viable hasta “después que se haya resuelto de manera definitiva el vertimiento de los residuales”. Y para ello recomendaban la “reparación capital de la red de evacuación de las aguas residuales, lo que conlleva establecer un programa de trabajo encaminado a eliminar los vertimientos no controlados, producidos por deficiencias tecnológicas en todas las instalaciones”.

En 1993, con el surgimiento de la Corporación Cuba Ron S.A., la fábrica quedó bajo su égida. Con la llegada de Pernod Ricard a Cuba en 1994, Santa Cruz dejaría a un lado sus variadas producciones para dedicarse, casi exclusivamente, al servicio de Havana Club Internacional (HCI).

Yuslán Sánchez Viera, jefe del Departamento de Calidad de la Ronera, explica que “dentro de Cuba Ron y el Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) las únicas empresas que fabrican aguardiente son Santa Cruz y San José de las Lajas, y desde agosto de 2016 esta última está fuera de operaciones. Por lo que, hoy, Santa Cruz garantiza el aguardiente que utiliza la corporación en sus destilerías de Cárdenas, Villa Clara y Santiago de Cuba. También suministra ese mismo producto base a todas las Empresas de Bebidas y Refrescos (EMBER), y genera el Caldo para el Consumo Nacional, que es con el que se produce el ron a granel y el que se comercializa en moneda nacional”.

La Ronera Santa Cruz produjo, en 2016, 60 millones de litros en cerca de 310 días de trabajo. De ellos, 36 millones para el consumo de HCI. Aunque en Santa Cruz se embotella ese ron, también se exporta en contenedores hacia Manzanares, España, donde la Pernod Ricard (socio extranjero de HCI al 50/50 y encargado de la comercialización internacional) lo envasa y distribuye en Europa.

Actualmente, y como fuera descrito en el informe de CUPET y GEOCUBA, por debajo del muro Este de la fábrica la corriente de desechos llega hasta el mar sin control, con temperaturas que pueden alcanzar los 96 ºC, suficientes para arrancar las pezuñas de un carnero adulto.

Como resultado de los procesos de destilación de alcohol a partir de las mieles finales del azúcar, la empresa genera desechos líquidos compuestos en un 90 % por vinazas, un líquido denso y de color marrón, considerado como el residual más contaminante de la industria azucarera por los elevados valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y acidez que poseen, explica Yaniris Lorenzo, quien está al frente del Centro Nacional de Gestión Ambiental para la Industria Azucarera y sus Derivados.

Concretamente, las demandas químicas y biológicas de oxígeno son las cantidades de oxígeno necesarias para oxidar toda la materia orgánica presente en el medio. Cuando se elevan los niveles de DQO y DBO en un medio marino, disminuyen las cantidades de oxígeno disuelto en el agua que sirve como cuerpo receptor. Y con menos oxígeno disuelto, el ecosistema marino dependiente del mismo se ve afectado.

El artículo “Aprovechamiento de los residuales líquidos procedentes de las destilerías en la producción de biogás” confirma que “la disposición de las vinazas en mantos acuíferos provoca el bloqueo de la luz solar debido a que son altamente coloridas, reduciendo la oxigenación generada por la fotosíntesis de plantas marinas, ocasionando la muerte de la vida acuática debido al vínculo que existe entre la vida acuática y su metabolismo, con el consumo de oxígeno disuelto. Otro factor que favorece la disminución del oxígeno disuelto en el agua es la temperatura alta con la que son descargadas las vinazas, calentando el agua y disminuyendo la solubilidad del oxígeno en el agua”.

En Chipriona se vierten cada día más de 1,2 millones de litros de vinazas hirvientes, inyectando la materia prima necesaria para que el ciclo antes descrito se mantenga en funcionamiento.

En la actualidad, la Norma Cubana 521 de 2007 (NC 521:2007) es el documento, de carácter obligatorio, que pauta los parámetros para el Vertimiento de Aguas Residuales a la Zona Costera y Aguas Marinas. En su confección participaron 30 organismos, entre ellos la Dirección de Medio Ambiente del CITMA y el Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA), adscrito a la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear (ORASEN).

Cuba posee cerca de 4 500 normas y apenas un 7 % de ellas son obligatorias. Según René Fernández, Director Nacional de Normalización, “los aspectos que definen que se apruebe una norma como obligatoria están definidos en el Decreto Ley 182. Ellos son: incidencia en la salud de las personas, en el medio ambiente y la seguridad”.

Si bien para la elaboración de la NC 521:2007 fueron consultadas varias normas regionales, Fernández explica que este tipo de documento pertenece al “patrimonio de cada país, a partir de la adaptación a las condiciones ambientales”.

En realidad, al compararla con sus homólogas de Chile, México, Venezuela y República Dominicana, es notable el nivel de exigencia de la normativa cubana. De la misma opinión es Yaniris Lorenzo, al afirmar que los parámetros dictados en la NC 521:2007 “son muy duros de cumplir para las empresas nacionales. Está pensada para un país del primer mundo, y en Cuba se necesitarían grandes inversiones para garantizar que se cumplan estos requisitos en un contexto de desactualización industrial”.

Aun con las condiciones objetivas de la Isla, lo cierto es que la aplicación de la norma no es discrecional. “Nadie está autorizado a no cumplirla”, afirma René Fernández. Él mismo entiende las limitaciones tecnológicas de Cuba, pero opina que si bien “no podemos dar la espalda a la realidad del país, como un principio tampoco podemos dar la espalda a la protección del medio ambiente”.

La NC 521:2007 define a las fuentes contaminantes como: “toda Entidad responsable de descarga o vertimiento que genere una carga contaminante superior (al menos en uno de los parámetros) a la indicada, con independencia de que la carga generada sea reducida posteriormente mediante un sistema de tratamiento de residuales”.

Los resultados de la Caracterización de los Residuales Líquidos y la Medición de la Carga Contaminante de la Ronera Santa Cruz, realizada por los laboratorios del Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (CIMAB), clasifican la fábrica como una Fuente Contaminante, al exceder notablemente la mayoría de los valores fijados para los Límites de Carga Contaminante Diaria.

Tal situación se repite en el muestreo de los residuales, el cual arroja cifras alarmantes. Baste decir que Cuba fija el Límite Máximo Permisible de DQO para los desechos en 300 mg/l y la Ronera vierte con una DQO de 123 400 mg/l, unas 411 veces por encima de lo permitido. Igual sucede con la DBO, la temperatura, los sólidos suspendidos totales, la acidez, y los niveles de fósforo y nitrógeno. Todos superiores a los parámetros aceptados.

Con una contaminación tan evidente, ¿cómo es posible que la Ronera no haya recibido en todos estos años ninguna multa por este daño medioambiental, no se haya detenido su producción hasta solucionar el problema, ni pague impuestos sobre estos vertimientos; aun cuando todos esos recursos existen dentro del marco legal ambiental en Cuba?

La respuesta es simple: por su fecha de fundación, la Ronera Santa Cruz no es regulable, directamente, a través de la legislación cubana actual. Por tal razón, jamás ha necesitado una licencia ambiental para operar, pues ya existía cuando surgió el CITMA en 1994; ni precisa cumplir con la NC 521:2007, pues esta no hace referencia directa a las industrias ya existentes, o al tiempo en que dichas fábricas deberían ajustarse al nuevo contexto; y tampoco paga impuestos sobre el Vertimiento Aprobado de Residuales en Cuencas Hidrográficas –descrito en los Artículos del 246 al 257 de la Ley 113 (puesta en vigor en 2013)–, pues desde su aplicación este tipo de tributo se ha restringido a las cuencas “Tadeo, Martín Pérez, Luyanó y la bahía de La Habana”, según las resoluciones 132/2014 y 21/2015 del Ministerio de Finanzas y Precios.

En Cuba, para estas industrias “fuera de la ley”, existe una clasificación. Extraoficialmente se les conoce como pasivos ambientales, adecuación nacional de un término en el que se ha trabajado desde hace dos décadas en América Latina, casi siempre vinculado a la minería.

Por ejemplo, la ley peruana (Nº 28271) define los pasivos ambientales mineros como “todas las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”.

Son entendidos como una deuda que se debe saldar, ya sea económicamente o a través de proyectos de rehabilitación.

Aunque el término de pasivo ambiental se asocia –dentro y fuera de Cuba– con fuentes contaminantes inactivas, la misma clasificación es empleada por algunos funcionarios del CITMA para designar aquellas industrias que, estando aún en explotación, no se ajustan a las leyes cubanas por su fecha de fundación (anterior a la legislación vigente) y cuyo notable impacto ambiental no está expresamente regulado por dicho cuerpo legal. Solo por citar una rama de la economía, ese es el actual estatus de los centrales azucareros del país.

Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la industria nacional se puso en operación antes de la caída del Campo Socialista de Europa del Este, podemos imaginar la magnitud del problema.

En realidad, solo podríamos imaginarlo, pues las mismas autoridades medioambientales del país no han conseguido inventariar todos los centros que clasifican como pasivos ambientales bajo la óptica cubana. Solo en la minería, para 2013 existían en Cuba “territorios donde no se han identificado ni siquiera el 50 % de las minas abandonadas y, en los casos en que se ha hecho, no se ha realizado el proceso de evaluación”, según se lee en el libro Guía metodológica para la evaluación ambiental de áreas degradadas en minas abandonadas, editado ese año por el Instituto de Geografía Tropical y la Oficina Nacional de Recursos Minerales.

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Se prohíbe en la zona costera, sin per­juicio de otras prohibiciones específicas:

la disposición final de los desechos sólidos y líquidos provenientes de cualquier

 actividad, cuando no cum­plan con las normas de vertimiento establecidas.

Decreto Ley 212, Artículo 16

En Cuba no podría hablarse de una ausencia de regulación ambiental. La Ley 81 de Medio Ambiente es el principal mecanismo regulador, complementado esencialmente por las Leyes 76 (de Minas), 85 (Forestal) y 62 (Código Penal); los Decretos Ley 138 (de Aguas Terrestres), 200 (Contravenciones en Materia de Medio Ambiente) y el 212 (Manejo Integrado de Zona Costera); las Normas Cubanas de vertimientos y emisiones, así como con las Resoluciones y otras directivas del CITMA. Entre todos esos, y otros documentos, se conforma un complejo, disperso y por momentos caótico marco legal.

Sin embargo, varios especialistas del derecho coinciden en afirmar que el país posee notorios vacíos en la rama ambiental de su legislación.

En el artículo “La justicia ambiental cubana, retos en el siglo XXI”, los profesores universitarios Alcides Antúnez, Carlos Justo Bruzón y Armando Guillermo Antúnez aseguran que si bien la Ley 81 no limita las responsabilidades que pueden desprenderse de prácticas dañinas al medio ambiente (penal, administrativa, civil y económica), en nuestra legislación “no está presente el Delito Ecológico, ni existe organización de un título especial de esa regulación, y su alcance en la norma y la finalidad está muy lejos de la principal tarea de prevención”.

Por su parte, Daimar Cánovas, vicedirector científico del Instituto de Geografía Tropical y profesor auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, hace notar en su artículo “Aproximación a los principios del proceso ambiental” que la definición de daño ambiental presente en la ley cubana “supedita la exigibilidad de responsabilidad al hecho de que se realice contraviniendo una norma o disposición jurídica. […] Mientras que para el Código Civil la ilicitud reside en la lesividad, para la Ley de Medio Ambiente la ilicitud reside en la contravención de una norma jurídica preexistente […] No bastará la existencia de un daño al medio ambiente o a alguno de sus elementos para que surja la responsabilidad, será necesario adicionalmente que ese daño se produzca, más que ilícitamente, de forma ilegal”.

Tal posición ha creado en nuestro país el agujero negro de los pasivos ambientales, basado en el limbo legal de instituciones cuyas prácticas son muy agresivas con el medio ambiente, pero que no son regulables por el cuerpo normativo cubano vigente.

En ambos textos se hace notar que el país no cuenta con una corte especializada (Tribunales Ambientales) donde ventilar estos temas de marcado “carácter transversal, transdisciplinario, innovador, integrador y de sustrato científico técnico”, según Cánovas. En su lugar, los litigios medioambientales deben ser solucionados en la Sala de lo Económico, según lo estipulado por el Decreto Ley 241 de 2006. Ello reduce la visión del problema a la búsqueda de meros actos resarcitorios una vez se ha cometido el daño, dejando atrás la prevención y la gestión ambiental.

Además, en el artículo publicado en 2013 por Antúnez et al., los autores opinan que las instituciones nacionales (CITMA, Fiscalía General de la República y Contraloría de la República) no han estado a la altura de su responsabilidad de velar por la protección del medio ambiente en el país.

En tal sentido, aseguran, “podemos abordar el tema de la inacción de los organismos competentes en la solución de los conflictos medioambientales […], por cuanto en todo el período de vigencia del Decreto 223 de la ‘Jurisdicción y Competencia de las Salas de lo Económico’ [2001 a 2013, momento de publicación del artículo], no han presentado demanda ante la Sala, ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, ni la Fiscalía General de la República, a pesar de conocerse de muchas infracciones de las regulaciones de la Ley 81 y de otras Leyes que complementan el sistema y que vienen afectando la economía del país y en otros casos también afectan la salud ambiental; conociéndose que por estos organismos se dictan medidas, se imponen multas o se realizan dictámenes para su solución administrativa, los que no en todos los casos son materializados por la necesidad de la proyección de inversiones para la solución del problema planteado, lo que implica la continuidad de la afectación al medio ambiente y a los recursos naturales”.

De tal afirmación se desprende algo importante: la inacción, en el caso de las instituciones cubanas, no está mediada por el desconocimiento. Ello aplica perfectamente en la historia de la Ronera Santa Cruz.

En 2013, la ORASEN acudió al sitio por las repetidas quejas de los vecinos de Mantenimiento Constructivo, un barrio que colinda por el Este con la Ronera y al Norte con Chipriona. Yuslán Sánchez Viera lo confirma: “hemos recibido las quejas de la población, el Gobierno y el CITMA desde hace años. Incluso las visitas del CITMA municipal y provincial que han venido saben que nosotros tenemos dificultades con el emisario, y que no es un problema de ayer”. Más recientemente, en la semana del 17 de marzo de 2017, el Director del CICA –institución encargada, por ley, de controlar las fuentes de contaminación en el país– visitó el sitio como miembro de la comitiva del Grupo de Lucha contra la Contaminación de Bahías Priorizadas.

Ante la solicitud de Periodismo de Barrio de acceder a los especialistas de ambas instituciones (ORASEN y CICA), la Oficina de Comunicación e Información del CITMA pidió “orientaciones” al Comité Central del Partido Comunista de Cuba (aunque legalmente el PCC no sea un partido gobernante, ni esté a su cargo tomar decisiones que atañen a Organismos de la Administración Central del Estado). Dos meses más tarde, y ante repetidas visitas a las oficinas nacionales del CITMA, la funcionaria Raisa Rodríguez notificó la negativa a tales entrevistas.

En la Dirección del Medio Ambiente de Mayabeque tampoco se nos permitió acceder a la documentación de la Evaluación de Impacto Ambiental de la Ronera, aunque la misma es de carácter público, según consta en los artículos 84, 85 y 86 de la Resolución 132/2009, emitida por el CITMA.

Desde que en 2007 el emisario dejase de funcionar como sistema de evacuación de los residuales, y las vinazas comenzaran a desembocar en la ensenada de Chipriona, las denuncias no han faltado. Solo en este tiempo, y tomando como referencia los datos ofrecidos por la Ronera, se han vertido a la caleta un aproximado de 3 392 millones de litros (3 392 800 m³) de residuales líquidos. Suficiente para enterrar bajo una capa de residuales de un metro de altura un área similar a la que ocuparían 986 campos de fútbol.

Si bien las leyes cubanas no hacen referencia directa a este tipo de empresas, sí existe un camino legal para exigir responsabilidades a las mismas. Es una vía poco empleada, que pasa por los artículos 29 (b) de la Ley 81, y 16 de la Ley 62 (Código Penal).

La Ley de Medio Ambiente dispone que la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (que termina con el otorgamiento de una Licencia Ambiental, o, incluso, con la paralización de la fábrica en caso de ser necesario) es exigible a “las obras o actividades en curso que [sin ser la expansión o modificación de actividades existentes] requieran ser sometidas a dicho proceso por generar un impacto negativo de significación”.

Por su parte, el Código Penal solo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas no estatales (negando la posibilidad de exigir responsabilidades penales a las empresas estatales, que en Cuba son la inmensa mayoría). Pero cuando una empresa de capital estatal cubano se constituye como Sociedad Anónima (S.A.), se incluye –nominalmente– dentro del sector no estatal. Por tanto, la corporación Cuba Ron S.A. podría responder por el daño ambiental que ha causado su mayor destilería durante la última década.

Aunque tal mecanismo sería viable en la búsqueda de una solución a los vertimientos de la Ronera Santa Cruz, y el Artículo 71 de la Ley de Medio Ambiente reconoce que el CITMA y la Fiscalía General de la República “están facultados para reclamar la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios” y “podrán actuar en defensa del interés social en la protección del medio ambiente”, ninguno de los dos organismos ha ejercido tal potestad en el caso de Chipriona.

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Cuba presta especial atención a la protección del medio ambiente […]

Es necesario consagrar, como un derecho elemental de la sociedad

 y los ciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano […]

Ley 81 del Medio Ambiente

Desde 1985 la Ronera contó con un único sistema de tratamiento para sus residuales: un emisario submarino.

En esencia era una tubería con una longitud de 184 metros mar adentro y a una profundidad de 7,5 metros, que funcionó hasta la década del noventa, cuando fueron notables sus problemas para evacuar los desechos. Con esas fallas –que ya se conocían, según Pedro Manuel Pérez Rodríguez (Inversionista Principal de la Ronera Santa Cruz) y Yuslán Sánchez– trabajó hasta 2007, fecha en la cual los estudios realizados confirmaron que el emisario era inútil: por allí no se evacuaban ya los residuales de la fábrica. Para entonces las vinazas habían hallado su camino a través de la roca y desembocaban en la costa de Chipriona.

Siete años más tarde se realizaron dos proyectos para la evacuación de los desechos. El primero concebía una conductora subterránea de un kilómetro de largo dentro de las instalaciones, una planta para el tratamiento de las vinazas y la generación de biogás, y el emisario submarino como método de disposición final. El otro proyecto obviaba la planta de biogás. El presupuesto fue aprobado para el segundo.

Sin embargo, en el informe presentado en 2002 a la ONUDI y a la Red Nacional de Producción Más Limpia, ya la Ronera había reconocido que “la vinaza en general, pudiera ser usada en la fertilización de los suelos, alimento animal o en una fermentación anaerobia para la obtención de biogás y generación de energía”.

El mismo documento identificaba la falta de financiamiento como el factor decisivo para no “disponer de forma diferente los residuales líquidos (vinazas). Ej.: Empleo de digestión anaerobia para la producción de biogás y tratamiento de los sólidos generados, para su empleo como fertilizante en la agricultura”; aunque veían en ese camino una “vía más factible y con posibilidades de recuperación económica”.

Pedro, el Inversionista Principal, comenzó a trabajar en la fábrica hace 16 años y asegura que, aunque se han presentado informes sobre el peligro que representa el vertimiento de los residuales para la fábrica misma, siempre “el problema ha sido el presupuesto”.

Pero desde 2016 la Ronera vive un proceso de mantenimiento para el cual se le asignaron 20 millones de dólares destinados a “la recuperación de las capacidades de añejamiento y almacenamiento, la recuperación de la destilería para la rectificación de alcoholes, la reparación del edificio administrativo, la renovación del salón de embotellado y los laboratorios. Y dentro de ese financiamiento está la construcción del emisario”, asegura Yuslán Sánchez.

En términos concretos, el nuevo emisario será una versión de su antecesor con materiales adecuados: una tubería de 250 milímetros de diámetro que se extenderá 680 metros mar adentro y a una profundidad de 42 metros. Pedro asegura que los estudios realizados por la empresa GEOCUBA (perteneciente al Grupo Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias) confirman que, en esas condiciones, las corrientes marinas se encargarán de disolver los residuales, haciendo también las veces de difusor. En cualquier caso, aunque con menor impacto, las vinazas continuarían llegando al medio marino sin tratamiento previo que reduzca parámetros fundamentales como la demanda química de oxígeno, la acidez y los sólidos suspendidos. Es una apuesta por la capacidad depuradora del entorno marino.

Es, también, una inversión sin retorno económico.

Antes de finalizar el año 2016 la conductora quedó lista. Solo restaba la instalación del tramo submarino y los insumos estaban desde abril en Cuba. La demora, según Pedro, había estado en la mano de obra.

En septiembre de 2016 la empresa de Obras Marítimas del Ministerio de la Construcción inició la instalación de la tubería sumergida, pero el trabajo quedó paralizado el 1ro. de octubre por inclemencias meteorológicas. En noviembre de 2016 Pedro aseguraba que, para septiembre del siguiente año, todo estaría listo. El avance solo dependía del buen tiempo. En junio de 2017 se reanudaron los trabajos. Hoy la meta es finalizar antes de que termine el año.

Aunque el proyecto aprobado no la incluye, Pedro explica que en la conductora se dejó un bypass en caso de que, más adelante, se decidiera instalar la planta de biogás. Sin embargo, ni él ni Yuslán se muestran optimistas con la posibilidad de que esto suceda a corto plazo.

“Para cumplir con el CITMA basta con el emisario submarino. Por eso la planta de biogás no la vemos como la solución, sino como un extra, un aporte energético al país y una manera de recuperar el residual. Para nosotros, con la conductora y el emisario, ya sería solucionado el problema del residual y del impacto medioambiental”, asegura el jefe del Departamento de Calidad.

La conformidad de la Dirección Provincial del CITMA de Mayabeque con esta “solución” se expresa en las licencias otorgadas a los proyectos de construcción que desarrolla la Ronera. Además, el Departamento de Regulación y Evaluación Ambiental de esa oficina no tiene reparos en mostrar su satisfacción con los esfuerzos graduales que ha realizado Santa Cruz durante los últimos siete años para la construcción del sistema de evacuación de residuales. En esos lentísimos pasos de avance –que en nada han transformado hasta ahora el resultado final de los desechos– ve el CITMA la razón para tener paciencia con la Ronera.

Otra visión aparece en las investigaciones realizadas recientemente en Cuba sobre el tratamiento de las vinazas resultantes de la destilación de alcohol, las cuales muestran que los emisarios submarinos no son hoy la mejor manera de lidiar con estos residuos.

En el artículo “Alternativas de tratamiento de las vinazas de destilería. Experiencias nacionales e internacionales”, la doctora en Ciencias Técnicas en su Dimensión Ambiental, Yaniris Lorenzo, concluye que “entre las alternativas industriales de tratamiento de vinazas de destilerías, la mejor solución desde el punto de vista técnico y económico es el sistema integrado por la digestión anaerobia de la materia orgánica y como consecuencia la generación de una fuente renovable de energía (biogás) y la disposición final de los efluentes líquidos y sólidos (lodos) generados en el proceso como agua de riego y enmienda orgánica respectivamente, en el cultivo de la caña de azúcar, cerrando de esta forma el ciclo de los residuales”.

En el mismo documento se asegura que la inversión necesaria para la construcción de una planta de este tipo rondaría los 3 800 dólares por cada metro cúbico de vinaza que deba tratar diariamente. Eso haría que, para asimilar el vertimiento actual de la Ronera (1 300 m³/día), la inversión esté cercana a los 5 millones. Apenas un cuarto del presupuesto aprobado para la “recuperación” de la fábrica en 2016.

Por demás, los cálculos realizados para el primer proyecto –no aprobado– arrojaron, según Pedro Manuel Pérez, que la planta de biogás tendría la capacidad de generar un total de 60 Mega watt/hora (Mw/h) y que las instalaciones de la Ronera solo necesitan 40 para funcionar. Eso representa que, además de autoabastecerse de energía, la industria podría vender a la red eléctrica nacional hasta 20 Mw/h.

La misma Yaniris Lorenzo explica que este tipo de industrias no son una utopía. “En el centro del país, en la región de Villa Clara, es operada una planta industrial para el tratamiento, por digestión anaerobia, de las vinazas generadas en el complejo agroindustrial Heriberto Duquezne; única de su tipo en Cuba. Las mismas son tratadas en tres reactores anaerobios de 1 300 m³ cada uno. Estos reactores de cama de lodo de flujo ascendente (UASB), por sus siglas en inglés, logran remover el 70 % de la DQO”.

Sin embargo, aun con este tipo de solución y tras remover el 70 % del DQO, los valores obtenidos para los residuales de la Ronera Santa Cruz serían de 37 020 mg/l, muy superiores a los Límites Máximos Permisibles fijados en el país (300 mg/l). O sea, tampoco podrían ser vertidos al mar sin violar las normativas ambientales cubanas. Pero sería un salto significativo.

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Toda persona natural o jurídica que por su acción u omisión

dañe el medio ambiente está obligada a cesar en su conducta

 y a reparar los daños y perjuicios que ocasione.

Ley 81 de Medio Ambiente, Artículo 70

Santa Cruz no es la historia aislada de una fábrica contaminante. Es apenas el inicio de una historia hasta ahora muy mal contada, la de los pasivos ambientales en Cuba. Lo que sucede en Chipriona es, en primer término, responsabilidad directa de la Ronera, pero sería inconcebible sin la permisibilidad mostrada por las autoridades cubanas.

Que una fábrica contamine una bahía, por desgracia, es noticia corriente en el mundo entero. Que las autoridades nacionales encargadas de velar por el patrimonio ambiental de un país no tomen cartas en el asunto, resulta preocupante.

Culpar a Santa Cruz por fabricar ron y contaminar sería lo más sencillo. Y tan poco práctico como culpar al mensajero por las malas noticias.

La Ronera y Cuba Ron S.A. han violado, violan, numerosas disposiciones legales en materia de medio ambiente en Cuba. Sin embargo, resulta mucho peor que las instituciones encargadas de representar los intereses de los ciudadanos, y con el poder legal para llevar adelante esta tarea, miren hacia otro sitio cuando de hacer cumplir las leyes se trata. Paradójicamente, leyes que ellas mismas redactaron y firmaron.

Sí, la Ronera incumple con los artículos 70, 93, 95 y 104 de la Ley 81 de Medio Ambiente; los incisos h) y l) del artículo 9 del Decreto Ley 200 de las Contravenciones en materia de medio ambiente; el g) del artículo 16 del Decreto Ley 212 de la Gestión de zona costera; y los parámetros de vertimiento aprobados en la NC 521:2007. Pero el CITMA ha pasado por alto dos encargos claves dados a la institución por la Ley 81: “exigir el cumplimiento de las regulaciones establecidas para la protección del medio ambiente” y “reclamar la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios” ocasionados al medio ambiente.

En el Artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba puede leerse: “El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país”. En su página digital, el CITMA incluye, en el decimoquinto puesto de sus funciones, la de “supervisar y exigir a los órganos y organismos correspondientes, el cumplimiento de las regulaciones establecidas para la protección y conservación del medio ambiente”. El portal web de la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear reproduce tal afirmación, casi al carbón, en su Misión institucional.

Chipriona hace desconfiar de la capacidad, o la voluntad gubernamental, para cumplir con tales palabras.

* En la reportería para esta investigación participó Claudia González Corrales.