¿Cuál es el costo económico de la pérdida de biodiversidad?

Al menos hasta 2030 –dicen los documentos oficiales– no será sacrificada la diversidad biológica para favorecer el crecimiento económico.

En los documentos producidos por sus dos últimos congresos, el Partido Comunista de Cuba (PCC) asume que el manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente contribuyen a alcanzar “el desarrollo integral del ser humano” en una “sociedad socialista próspera y sostenible”.

Si expresáramos en términos matemáticos las consideraciones de esta organización política sobre el asunto, quedarían planteadas así: el uso racional de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente son directamente proporcionales al “desarrollo socialista”.

Como el uso racional de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente dependen, entre otros factores, de la protección de la biodiversidad, se deduce que la importancia de esta variable será tomada en cuenta en la planificación, gestión y control centralizados de la economía hasta 2030.

En realidad, a pesar de su mutua dependencia, nadie concibe que la relación entre protección de la biodiversidad y desarrollo sea lineal, directa y proporcional (aunque reducirla a una sencilla ecuación tenga alguna utilidad descriptiva). No obstante, cualquier sociedad que aspire a desarrollarse de manera sostenible deberá tener en cuenta los beneficios que aporta la diversidad biológica al bienestar humano, independientemente de su sistema político o económico, sus relaciones de propiedad o sus tradiciones culturales.

Si para proteger la biodiversidad bastara con una razón tan poderosa como la admiración que despierta la belleza, no habría que temer la inminente destrucción de tantísimas formas de vida (algunas, aún sin descubrir). Es más, no habría que lamentar la disminución del 39 % de las especies terrestres entre 1970 y 2010, según el  “Informe Planeta Vivo” (2014), de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas en inglés).

Una solución posible sería que los humanos dejaran de transformar el medio ambiente para satisfacer sus necesidades, si eso no significara negar la civilización misma. Por tanto, la única salida aparente es mantener el desarrollo de las sociedades sin acelerar la desaparición de las especies que todavía resisten en un entorno cada vez más caliente y contaminado.

¿Quién garantiza que eso suceda en Cuba?

La respuesta más simple: los ciudadanos cubanos, velando por la transparencia en la gestión de los ecosistemas, propiciando que circule información científica sobre el estado de las especies que habitan en el archipiélago y demandando rendición de cuentas sobre las acciones que se implementan para su conservación.

Esos ciudadanos cubanos, según un sondeo citado en marzo por el periódico estadounidense The New York Times, “desean un crecimiento económico sólido”. Nadie, en su sano juicio, querría lo contrario. Ahora, ¿por qué es conveniente asegurarse de que ninguna fórmula de crecimiento económico sacrifique la diversidad biológica cubana?

Los cálculos económicos suelen incluir únicamente aquellos bienes básicos producidos por los ecosistemas que se venden como materias primas. Sin embargo, los organismos vivos involucrados en la producción de esos bienes también son la base de otros servicios ofrecidos por los ecosistemas que no se compran en ningún mercado. De ahí que sea complicado valorar todo esto en términos monetarios.

Paradójicamente, apunta la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) de Naciones Unidas, casi todas las actividades económicas dependen de servicios que no aparecen en los métodos tradicionales de contabilidad como la polinización, la regulación del clima y de la erosión de los suelos, el control natural de enfermedades y plagas, la depuración del agua y del aire. Eso, sin contar con que dichos servicios ecosistémicos y otros tantos garantizan bienes imposibles de monetizar como la salud de las personas, su seguridad, su libertad de acción y de decisión.

Por ejemplo, uno de los múltiples servicios que ofrecen las comunidades biológicas en su interacción con el medio físico es la protección ante inundaciones. El volumen de las pérdidas humanas y materiales causadas por una inundación permite hacerse una idea del valor de un servicio como este.

Precisamente por la dificultad de representar el valor de este tipo de servicios en términos económicos, quienes justifican el sacrificio de la biodiversidad para obtener mayores ingresos suelen perder de vista una gran parte de los beneficios que ofrecen los ecosistemas y la escala de su influencia en el bienestar humano.

Cuando se dice biodiversidad, no solo se habla de la cantidad de plantas, aves y mamíferos en un área sino también del número de organismos unicelulares, hongos, insectos y moluscos; de todas las formas de vida que aún no han sido descubiertas o estudiadas exhaustivamente; de la riqueza genética dentro de las poblaciones; de la pluralidad de hábitats; de la variedad de semillas que se emplean en los cultivos… La variación (aunque sea invisible) de cualquiera de estos parámetros tiene consecuencias impredecibles para el funcionamiento de los ecosistemas.

Aumentar los niveles de ingresos poniendo en riesgo la diversidad biológica puede causar la transformación radical o destrucción de ecosistemas imposibilitados de renovarse naturalmente. Para evaluar las ganancias obtenidas mediante semejante alteración no es suficiente contabilizar el valor de los bienes y servicios comercializables que los ecosistemas aportan durante su explotación. También hay que restar las pérdidas provocadas por los otros bienes y servicios que dejan o dejarán de ofrecer, el costo de su restauración o sustitución y el impacto de todo esto en otras actividades económicas. Siguiendo una correcta evaluación, el pragmatismo de quienes piensan en términos de costo y beneficio podría ser crucial para la protección de la biodiversidad.

Por ejemplo, el informe “Contabilidad de los ecosistemas y coste de las pérdidas de biodiversidad. El caso de los humedales costeros del Mediterráneo” (2012), de la Agencia Europea de Medio Ambiente, llama la atención sobre aquellos casos en que las economías nacionales reflejan los ingresos netos procedentes de la exportación de bienes sin registrar los costes por pérdida de biodiversidad o contaminación, “violando así los principios de doble entrada en la contabilidad”. Por eso propone internalizar estos costes ecológicos en las principales cuentas nacionales como una manera de allanar “el camino al desarrollo sostenible”.

Estas ideas coinciden en algunos puntos con las de Danilo Urrea, facilitador regional de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe y su preocupación ante los argumentos de gobiernos progresistas que continúan llevando a cabo grandes extracciones de recursos naturales con el objetivo de implementar una redistribución más justa de las riquezas.

A partir de este enfoque, algunas experiencias en Cuba han validado modelos de uso sostenible de los recursos naturales en los sectores pesquero, agropecuario, forestal y turístico. Particularmente, el Proyecto Sabana-Camagüey, financiado por el Gobierno de Cuba y el Fondo para el Medio Ambiente (GEF), con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación, ofrece soluciones interesantes a la necesidad de garantizar el sustento y el bienestar de las comunidades, mitigar los efectos del cambio climático y rehabilitar los ecosistemas (entre otras cuestiones).

Este proyecto, que introdujo el concepto de valoración de costos e ingresos ambientales, otorgó protagonismo a la conservación de la biodiversidad para potenciar bienes y servicios ecosistémicos que impulsan el progreso socioeconómico de la región.

¿Cuál sería el valor de la variable biodiversidad en los cálculos de la Cuba posnoventa?

Cuba alberga la más alta riqueza de plantas del Caribe, está entre las cuatro islas con mayor cantidad de especies vegetales a nivel mundial y constituye la región del Caribe Insular más diversa en cuanto a la fauna, pero el estado de vulnerabilidad de su biodiversidad es considerable.

El cambio climático está afectando y afectará en el corto plazo los arrecifes coralinos y otros componentes relevantes de la biodiversidad marina, así como los manglares y bosques junto a la fauna que albergan, según el V Informe Nacional al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que presentó Cuba en 2014. Las especies exóticas invasoras, la contaminación y los incendios forestales son otras de las principales amenazas directas a la biodiversidad en Cuba.

En enero de este año, el periódico Juventud Rebelde informó que “Cuba enfrenta una importante disminución de su diversidad vegetal” y que es la isla del Caribe con mayor porcentaje de su flora amenazada con respecto al total de plantas evaluadas.

Según el Informe, entre los años 2009 y 2013 se realizaron múltiples acciones para implementar las obligaciones del CDB, del cual Cuba es país firmante. Entre los principales obstáculos estuvo la poca integración y racionalización de la protección de la diversidad biológica en otros sectores, la insuficiencia de recursos humanos en determinadas áreas de especialización, los vacíos de conocimiento y la no utilización plena de los existentes, la limitación en cuanto a los recursos financieros, la demora en la aprobación de los instrumentos legales, así como la escasa educación ambiental.

En 2016, el PCC reconoció que la falta de cultura, sistematicidad y disciplina, junto a la carencia de enfoques integrales, han limitado la introducción de la dimensión ambiental en las políticas, planes y programas de desarrollo. En ese sentido, el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030” establece que el Estado “continuará impulsando el funcionamiento y fortalecimiento de los programas integrales de protección del medio ambiente, con acciones dirigidas a la gestión de las cuencas hidrográficas, los macizos montañosos, la diversidad biológica…”.

En el momento en que se realizó el V Informe al CDB, Cuba contaba con el 75 % de las metas mundiales en un progreso de implementación catalogado de Alto y Medio. Sin embargo, entre las áreas donde se constataron pocos avances estaba precisamente la valoración económica de los servicios ecosistémicos.

Sin esta estimación, resulta difícil saber el valor económico de la biodiversidad cubana ni el modo en que su protección beneficia directamente a todos los que desean el crecimiento económico del país.

Los bosques, zonas costeras, ríos, lagunas, llanuras y montañas, incluida su diversidad biológica (exceptuando las tierras que pertenecen a los agricultores pequeños y las cooperativas integradas por ellos), se consideran medios fundamentales de producción y, por tanto, “propiedad socialista de todo el pueblo”. Aunque estos recursos naturales asuman “la forma de propiedad estatal” para su gestión y el Estado socialista actúe como representante, “sus legítimos propietarios comunes” son los ciudadanos cubanos.

En su condición de propietarios comunes de los recursos naturales del país, los ciudadanos cubanos son responsables por “el cuidado de la propiedad social”. Pero, para serlo, primero deben conocer el valor de lo que poseen. De otra manera, es imposible ejercer plenamente el derecho de exigir y vigilar una gestión eficiente y responsable de esos recursos.

No obstante, aunque no se conozca con certeza el valor económico de la biodiversidad, aunque su complejísima relación con el desarrollo humano desborde cualquiera de las ecuaciones que la mayoría somos capaces de imaginar, empezar por entenderla como una relación directamente proporcional puede contribuir –por lo menos– a tener una noción suficientemente pragmática de lo que vale la vida.