Ya está hecho. El gobierno cubano cedió ante la idea de privatizar servicios sanitarios y uno de sus primeros focos ha sido la farmacéutica. El 4 de agosto de 2026 entró en vigor el Decreto 160 “De las actividades no autorizadas o condicionadas para el ejercicio por las empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia”; la norma que autoriza a estos actores económicos —por primera vez desde 1968— a prestar servicios farmacéuticos en Cuba.
El decreto deroga el 107, vigente desde 2024, que clasificaba la farmacia como una de las actividades expresamente prohibidas para el sector no estatal. Además, reduce de 125 a 79 las actividades restringidas o condicionadas y aborda el tema en dos numerales distintos del Anexo Único, cada uno con un alcance diferente. En la Sección C sobre industria manufacturera, la normativa regula la fabricación de productos farmacéuticos, y autoriza a los actores no estatales mediante asociación o encadenamiento con la industria estatal y bajo permiso del Ministerio de Salud Pública. Quedan fuera de esta apertura la elaboración de sustancias químicas medicinales y productos naturales. El segundo numeral relevante está en la Sección O, sobre actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, inmediatamente después del bloque que señala como actividad estatal la atención médica y odontológica. Este numeral habilita a empresas privadas, mipymes y cooperativas no agropecuarias a prestar servicios farmacéuticos, ópticos, de cuidados y de rehabilitación.
Lo que no dice el decreto es igualmente relevante: no explica aún cómo se establecerán los precios de los insumos, no habla de topes o control estatal sobre ellos ni se hace distinción sobre qué clase de medicamentos se pueden comercializar, cuáles serán de venta libre o controlada, etc. Además, es relevante cómo habilita a empresas privadas, mipymes y cooperativas, pero no menciona en ningún momento a los trabajadores por cuenta propia, a diferencia de otras actividades del anexo que sí especifican esa categoría, lo que cierra la puerta al farmacéutico o profesional del sector que quiera operar por su cuenta, sin estructura empresarial que lo respalde.
El decreto tampoco dispone sobre el mercado informal que ya sostiene buena parte del acceso a medicamentos. Sobre trazabilidad y control de calidad, el numeral 64 remite de forma genérica a la palabra “autorizable”, sin el nivel de detalle que sí tiene, por ejemplo, el numeral 51 sobre sustancias peligrosas controladas, lo que sugiere que esos requisitos técnicos quedarán para reglamentos de aplicación aún no publicados.
La medida llega después de que el propio Ministerio de Salud Pública admitiera ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio de 2025, que el país solo contaba con el 30% de su cuadro básico de medicamentos disponible. Sin embargo, no es un tema nuevo: a finales de 2009 el entonces presidente Raúl Castro inició un proceso de transformación sobre el que aseguró, frente a la Asamblea, que “sin afectar la calidad de la atención de salud que se ofrece a todos los ciudadanos sin costo alguno e inclusive mejorándola, los gastos [de los servicios sanitarios] pueden reducirse sustancialmente”.
Para 2025, cerca del 70% del cuadro básico seguía sin disponibilidad normal y el grueso de medicamentos e insumos puede encontrarse solo en el mercado informal a precios exorbitantes.
El enfoque global
Desde su posición de autoridad sanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve una Estrategia de Salud Universal que enfatiza la necesidad de mantener en el centro de los debates la gratuidad de los servicios médicos, más aún cuando las contribuciones privadas son una de las formas principales de financiamiento de los sistemas de salud en la mayoría de los países.
En el contexto latinoamericano, Cuba es una excepción. Aunque el territorio no tiene un comportamiento homogéneo en este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) concluye que la mayor parte de los sistemas locales de salud son administrados y operados por los programas médicos de los sistemas de seguro social. No es habitual que un país de ingresos bajos, como Cuba, tenga en su Constitución un artículo que indica que “La salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación”. Hoy sabemos que esa idea ha quedado lejos de la realidad. Hoy los gastos de bolsillo que realiza cada núcleo familiar para garantizar ciertos servicios médicos son un estrato fundamental en la tensión entre lo público y lo privado, resultado natural del proceso de descapitalización tan significativo que ha experimentado el sistema nacional de salud, junto a las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos, cuyas peores consecuencias las vive el pueblo.
Muchos son los factores que influyen en la salud de una población: las circunstancias en que las personas crecen, conviven, se reproducen, trabajan, descansan o mueren. Es por ello que no se puede entender el decursar de la sanidad en Cuba de forma aislada de las políticas sociales que la rodean. No se corrigen las inequidades en salud sin atender las brechas de desigualdad social que las producen.
Camino a la privatización
Existen pasos básicos para la introducción de lo privado en un sistema sanitario. La producción, importación y dispensarización de medicamentos, insumos y biotecnología son de los temas más debatidos y regulados porque son, además, negocios altamente lucrativos de especial interés público. En México, por ejemplo, cualquier farmacia debe registrarse en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentar un aviso de funcionamiento y contar con un responsable sanitario titulado. Las licencias están separadas y son más estrictas en dependencia del fármaco: no es lo mismo vender analgésicos que psicotrópicos. Hay normas legales para la farmacovigilancia, además de un aparato regulador que audita, sanciona y publica listas de distribuidores irregulares para proteger al consumidor.
Otro caso muy relevante es el español, que funciona casi de forma opuesta: la farmacia es privada, sí, pero su propiedad está reservada por ley a farmacéuticos colegiados, y su apertura depende de una planificación territorial estatal, no de la demanda del mercado. Se regula el número de población que maneja cada farmacia y a qué distancia están unas de otras, se topan los precios, se financian tratamientos largos y se establece un estricto proceso de farmacovigilancia. También hay normas que indican que una misma persona no puede ser propietaria de más de una oficina de farmacia, lo que evita la concentración del mercado y asegura la cobertura.
A pesar de que ambos modelos tienen sus propios agujeros, funcionan porque tienen años de marco jurídico previo, cuerpos reguladores con capacidad técnica, colegios y asociaciones de profesionales y de pacientes que les hacen contrapeso y, sobre todo, tiempo. Ningún país ha improvisado su modelo farmacéutico en cuestión de semanas, en medio de un desabastecimiento del 70% y de la situación de pobreza y desigualdad que tiene Cuba en el presente.
A pesar de que la privatización es la respuesta natural de un gobierno que cada vez toma más medidas de corte neoliberal y asfixia los servicios públicos, la bandera de la salud pública y universal ha sido la favorita de la propaganda por muchos años. Esto no solo significa un cambio en las normas o la implementación de un nuevo modelo, sino un cambio de paradigma importante para una población habituada al acceso a la sanidad pública sin intermediarios.
La escasez ha derivado en un mercado virtual de medicamentos que incluye redes sociales y plataformas de anuncios clasificados —como Revolico—, además de que están disponibles en plataformas de comercio electrónico en las que se compran productos de necesidad básica desde el exterior, y que ya vendían medicamentos sin regulaciones básicas bastante antes de la entrada en vigor del nuevo decreto. Una de las formas de alivio para la población, sin duda, ha sido la donación solidaria de la diáspora, que muchas veces funciona gracias a redes de voluntarios dentro de la Isla, así como a la ayuda de ONG y de la cooperación internacional.
Estos canales conforman un ecosistema previo al Decreto 160, que pretende formalizar y regular actividades de plataformas que ya cuentan con capital, estructura empresarial y ventajas que exceden las posibilidades de cualquier farmacéutico independiente, sin que exista un mercado abierto y competitivo. Se trata de empresas cuyos vínculos con figuras cercanas al poder en Cuba llevan años siendo señalados por investigaciones periodísticas: la familia del comandante Guillermo García Frías, vinculada a Supermarket23, por ejemplo, así como Aníbal Quevedo y el empresario cubanoamericano Hugo Cancio, dueño de Katapulk a través de Fuego Enterprises.
La salud depende del bolsillo
En un sistema sanitario como el cubano, las consecuencias de dichas medidas son previsibles. Las familias que no tienen entrada de divisas serán aún más precarizadas, teniendo en cuenta que el decreto no resuelve el problema de la moneda y los precios, mucho menos el del mercado informal. El riesgo sanitario aumentaría debido a la circulación de medicamentos cuya composición, trazabilidad, control de calidad y farmacovigilancia son desconocidas. No habría acceso equitativo, ni siquiera por disposición geográfica, lo que concentraría los servicios en ciertas zonas urbanas, sin controlar el resto del mercado virtual igual de desprotegido, al que la población seguirá recurriendo. El decreto legitima lucrar con la salud y traiciona los principios de la Constitución cubana, pero no soluciona la urgencia que lo originó. Mientras el Estado no resuelva el abastecimiento de la red pública, el mercado informal seguirá siendo más accesible.
Aunque la brecha no es nueva, institucionaliza lo que ya sabíamos: convierte en oferta lo que antes era, al menos, un mercado informal parejo para todos, en su ilegalidad. El resultado más grave será el acceso desigual según el poder adquisitivo, la inequidad social, la elección entre salud y necesidades básicas.
En salud pública, cuando una porción tan grande del presupuesto familiar se destina a este recurso y compromete el acceso a otros bienes básicos, se denomina “gasto catastrófico” y perpetúa el ciclo de empobrecimiento. Esto tiene, además, una importante dimensión de género: ser mujer aumenta 0,7 veces la posibilidad de no tener acceso a medicamentos; ser mujer de más de 50 años —quien habitualmente asume las tareas de cuidado y gestión de la salud familiar en Cuba— la aumenta 2,26 veces.
El decreto no ataca las causas de la crisis como la descapitalización de los servicios públicos y el impacto del bloqueo estadounidense sobre la importación; sino que traslada parte de su gestión al sector privado sin resolver de dónde saldrán esos medicamentos, o quién absorberá el diferencial de precio cuando los costos de importación superen lo que puede cubrir una familia. Si el Estado no diseña mecanismos de financiación selectiva ni subsidios diferenciados, el costo total recaerá directamente sobre los pacientes. Es, en ese sentido, una medida neoliberal en su lógica de mercado, pero sin ninguno de los contrapesos regulatorios —planificación territorial, control de propiedad, farmacovigilancia—.
A pesar de que esta solución era previsible en el intento de regular el mercado de medicamentos, una vez más, el contexto en el que se implementa es bastante deficiente. Aunque la privatización de los servicios básicos ya funcionaba de facto hace años, hacerlo de golpe, sin gradualidad, sin garantizar el abasto público y conservando los privilegios del entramado de poder, convierte un decreto en una nueva vía de enriquecimiento para los mismos, mientras la gente empobrecida sigue esperando, receta en mano, a que ocurra algún milagro.