Hacer cine sin permiso en Cuba

Sentado en un balcón de Caballito, barrio de Buenos Aires, el director de cine cubano Juan Francisco Vilar Hernández, “Juan Pin”, me señala un grupo de cotorros verdes, casi fluorescentes, que salen y entran de un árbol como si fueran vecinos ruidosos de un edificio genérico de Centro Habana. Juan mira por un momento el pequeño ecosistema, se quita los lentes y respira por la nariz antes de responder a la pregunta que segundos antes le había lanzado.

Una reacción corporal que no está necesariamente atada a la pregunta en sí: puede ser el calor de una ciudad que será su hogar durante los próximos meses mientras concluye la edición de su nueva película, un documental sobre los sucesos del 27 de noviembre de 2020 en La Habana (27N) y el Movimiento San Isidro.

—¿Cuál es el estado actual del cine cubano? —le pregunto nuevamente.

—El cine cubano está dejando de ser un cine que expresa la realidad. Hay realidades relacionadas con lo cubano que están en los cines, pero que no son “la realidad”.

A mediados de 2023, el programa Espectador Crítico de la televisión cubana transmitió una versión pirata del documental La Habana de Fito, de Juan Pin, sin la autorización del equipo de realización. El hecho suscitó debates sobre la vulneración de la propiedad intelectual y el derecho de autor por parte del Ministerio de Cultura, así como sobre el ejercicio del cine independiente en Cuba.

Yo tardaría un año más en ver la película cuando fue proyectada en el Cine Gaumont, un espacio con precios módicos y a pocos pasos del Congreso de la Nación, en el mismísimo centro de Buenos Aires.

A La Habana de Fito le antecedieron muchos otros casos de censura y le seguirían más. En el marco de la 46ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (2025), se excluyeron de la cartelera el documental de Fabien Pisani Para Vivir, El implacable tiempo de Pablo Milanés, y la película Matar a un hombre, de Orlando Mora Cabrera. Esta última, realizada con el apoyo de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV).

Acaba de iniciar el 2026 —literalmente— y me siento en un balcón de Buenos Aires para conversar con Juan Pin. El disparador es otro: la Resolución 61 del Ministerio de Cultura y su Comisión Fílmica, que el gobierno cubano dio a conocer el 29 de diciembre de 2025 con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2026.

La normativa fija tarifas —en moneda nacional y en divisas— para los permisos de filmación en la vía pública y en zonas con “regulaciones especiales”, así como para el uso de aeronaves no tripuladas y embarcaciones marítimas. Dirigida a personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, establece al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) como intermediario obligatorio para la gestión de estos trámites.

El 12 de enero pasado, la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) fue contundente y alertó sobre el impacto directo que tendría la resolución en el ecosistema del cine nacional: la cultura como bien público pasa a ser un negocio estatal. “Esto no ‘desarrolla’ la producción, como pretende el Acuerdo 9941^[1], sino que la asfixia bajo capas de burocracia monetizada”, señalaron en una declaración conjunta publicada en Facebook.

“Para hacer cine hay que pagarle al ICAIC el espacio público. Si el espacio público no nos pertenece, ¿cómo sí a ellos?”, se pregunta Claudia Expósito, productora y promotora cultural mientras intercambiamos por WhatsApp.

“Las instituciones deberían proteger y potenciar el arte, pero quieren vaciarlo de contenido polémico, inspirador, experimental; que sea un medio de reproducción del poder y no una expresión del pueblo”, dijo.

La Resolución 61 está escrita en una prosa tajante que se extiende a lo largo de seis cuartillas sin ofrecer mucha oportunidad de debate sobre sus términos o bases. Pero en ciertos espacios gremiales las autoridades han llegado ondeando una especie de bandera blanca bajo la premisa del diálogo con productores y realizadores e incluso estudiantes de cine.

La Resolución 61 está entre nosotros, pero a la misma vez no está. “No es definitiva, su aplicación está pausada”, explica Gustavo Arcos Fernández-Britto, profesor, crítico y miembro del Grupo de Representantes de la ACC.

[Decreto 349 flashbacks]

Juan Pin Vilar le sustrae cierta importancia a la medida en sí. Para él, la Resolución 61 forma parte de algo mucho más grande en relación con el cine nacional: un temblor más que, en algún momento, desembocará en un terremoto.

Las tarifas y permisos para filmar en espacios públicos no son cánticos nuevos en el mundo audiovisual. Varios países utilizan el sistema para regular el uso del entorno urbano y obtener ingresos. En Argentina, Ciudad de Buenos Aires, para ser precisos, es necesario solicitar un permiso específico ante el BASET, —el organismo que regula y organiza esta actividad— , y contar con un seguro de responsabilidad civil.

“Enfocarse en la resolución es enfocarse en algo que tienen [casi] todos los países del mundo. Hay que enfocarse en el contexto cubano (…). Cuba se parece cada vez más a cualquier lugar del mundo. La diferencia es que este es un país que no tiene dinero”, señala Vilar.

Las tarifas concretas incluidas en el Anexo Único de la Resolución 61 establecen valores de hasta 4.500 pesos cubanos (CUP) por filmar en una calle principal; 6.000 CUP por filmar en áreas protegidas; y 12.000 CUP por permisos vinculados al uso de drones o de capitanías. También se suman recargos por trámites urgentes o por prórrogas, sin que el texto establezca cuáles son los plazos máximos para la tramitación de los permisos ni cuáles son las vías formales de reclamación. Tampoco define criterios para diferenciar entre tipos de producciones. Es un marco plagado de vacíos que deja margen a la discrecionalidad y a la inseguridad jurídica.

“El ICAIC trata de adaptarse a nuevas formas económicas y a nuevas relaciones económicas. De acuerdo: cada vez el Estado tiene menos dinero para hacer cine como se hacía antes. Pero la vía que siempre encuentra es una vía deshonesta, y el precio lo pagan los realizadores”, agrega Vilar.

El “antes” del ICAIC y el quiebre institucional

Sin rozar el romanticismo, ese “antes” al que hace referencia Juan Pin aparece hoy como una fuente de nostalgia o, en sentido contrario, materia prima del rencor.

El ICAIC nació en marzo de 1959 —en el “año de la liberación”, incluso meses antes de la firma de la Reforma Agraria— a partir de la Ley 169. Bajo la firma de Fidel Castro, entonces primer ministro, y de Armando Hart Dávalos, ministro de Educación, el instituto emergió como un organismo autónomo capaz de potenciar el cine. El cine que, según la propia legislación, buscaba “constituir un llamado a la conciencia y de contribuir a liquidar la ignorancia, dilucidar problemas, formular soluciones y plantear, de forma dramática y contemporánea, los grandes conflictos del hombre y de la humanidad”.

“La estructura de la obra cinematográfica exige la formación de un complejo industrial altamente tecnificado y moderno, y un aparato de distribución de iguales características”, reza la normativa.

Y durante algunos años fue así. Bajo el paraguas del ICAIC nacieron obras que marcaron el cine regional y mundial: Lucía —descansa en paz, querida Adela Legrá—, Memorias del subdesarrollo, La muerte de un burócrata. Películas que, dentro de su propia retórica, eran críticas del proceso que se gestaba, para no olvidar de dónde se partía ni hacia dónde se iba. La propia Sara Gómez recordó una y otra vez que el racismo y el machismo no se diluían de un día para otro: se necesitaba algo más que un par de leyes y consignas.

El instituto también fue vientre de la revista Cine Cubano, del Grupo de Experimentación Sonora, del Festival de Cine Latinoamericano y de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños.

“Honor a quien honor merece”, como dice la canción del mexicano Manuel Mijares, o la Biblia.

Hace un par de años, un profesor de cine de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en Buenos Aires, me dijo que “lo autónomo” del ICAIC se fue por la ventana con la posterior creación del Ministerio de Cultura (MINCULT) en la década del 70, bajo la lógica de “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. El profesor se jubiló antes de que pudiera acribillarlo a preguntas.

En alguna parte del trayecto, la cinematografía nacional abandonó lo revolucionario de su concepción. Con una producción mínima y dispersa, y con cada vez menos salas para exhibir películas, casi siete décadas después de la fundación del ICAIC, cabe preguntarse: ¿con qué cuentan hoy los realizadores dentro de la isla? La respuesta: obstáculos.

“El principal problema es la financiación. Hay pocas fuentes para nosotros y el Fondo de Fomento (FFCC), que parecía una victoria para el cine independiente, rápidamente se instrumentalizó para ejercer control sobre las obras, premiar a colectivos con discursos afines al oficialismo y usar los materiales a su antojo, sin respeto alguno”, señala Claudia Expósito.

“Y el control comienza con la financiación. Ahora hay trabas incluso antes de salir a rodar. Desde la escritura del guión hay que pensar si filmar en exterior es imprescindible, porque encarece mucho la película. Todo es un obstáculo: los permisos suelen demorar mucho —incluso cuando no costaban— y pasan por muchas mesas de decisión hasta llegar a una oficina del [Ministerio del Interior] que da la última palabra”.

El Festival de La Habana —alguna vez considerado “casa” por algunos cineastas— también ha asumido un rol de censor, con la potestad de definir el destino de muchas de las películas. Si la obra es “incómoda”, puede figurar en la cartelera y no ser proyectada, como ocurrió con Matar a un hombre, de Orlando Mora.

“No le gustó a alguien que ‘el hombre’ fuera militar”, me dice Claudia. “Seguimos haciendo cine porque no queremos rendirnos, pero es una carrera de resistencia, persistencia y mucho amor”.

El camino del cine independiente es aún más complejo: exhibiciones nulas, circulación a través de canales alternativos. Es decir, fuera del circuito de las salas tradicionales. Conseguir fondos se vuelve una estrategia de supervivencia. No se puede usar dinero “enemigo” y si te dan el “ok”, ¿cómo entrar la suma al país sin tarjetas bancarias que permitan transacciones internacionales?

Estudiantes de cine y la generación que ya no está

De acuerdo con Gustavo Arcos Fernández-Britto, para los estudiantes de cine y los jóvenes realizadores el escenario es igual de incierto, y el futuro, mayormente, está lejos de Cuba.

“Más del 70% de los egresados de la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) o la EICTV ya no viven ni trabajan en el país. Resulta muy difícil hablar de generación cuando vemos desaparecer a tantos jóvenes cineastas. ¿Cómo pueden tener un impacto cultural en el país si mayormente trabajan o crean bajo otras circunstancias? Hay un enorme talento que se ha perdido o que se encuentra disperso en sitios que nada tienen que ver con su formación o sus deseos profesionales”, explica.

“No se puede pensar en un sistema de cine si no tenemos en el país un sistema que funcione”, agrega.

La Muestra Joven, que durante 18 años se posicionó como un espacio vital y dinámico para potenciar la creación emergente, anunció su desaparición en 2022 tras una serie de conflictos entre organizadores y autoridades. El aparato de censura no toleró las obras rebeldes. El director Fernando Pérez, su legendario coordinador, renunció en la oncena edición.

El día que retiraron la lona negra, blanca y roja de su sede en la calle 23 de El Vedado, quedó —como diría Gustavo Arcos— un vacío generacional.

Es cierto que la reciente Resolución 61 establece una rebaja del 50% en la cotización de los servicios solicitados por proyectos estudiantiles de la FAMCA y de la EICTV. Pero ¿es esto suficiente? Arcos es contundente en su respuesta: no.

“A los estudiantes de FAMCA se les dijo que la Resolución no los afectaría. En la práctica, las instituciones (ICAIC y FAMCA) han participado en ese financiamiento —que no debería verse como ayuda, sino como responsabilidad dentro del sistema educativo— para sostener los trabajos realizados durante la etapa de estudios. Sin embargo, ese financiamiento nunca ha sido suficiente, dado el alto costo de la producción audiovisual en el país. Al final, muchos padres, amigos o los propios estudiantes terminan poniendo dinero de su bolsillo”.

Emigración y cine diaspórico

Los científicos se van. Los maestros, los periodistas, los doctores, los vecinos que traficaban carne vacuna se van. Y los egresados de las instituciones vinculadas al cine no son la excepción. A ellos también se los ha visto en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí abrazados a familiares que no saben cuándo volverán a ver. El resultado, por tanto, es un cine transnacional, difuso, diaspórico.

Si los cubanos no pueden hacer cine sobre Cuba dentro de Cuba, ¿cuál es el siguiente paso?

Cuba es el país del adiós, del no retorno, del duelo; el país donde nacemos pero no necesariamente morimos, aunque queramos. Y el cine no solo narra esa realidad: la dibuja. Su producción también está atravesada y condenada por la realidad socio-política donde emerge. Por eso, cuando Gustavo me habla del cine cubano en 2026, incluye al cine hecho fuera de la isla que —según él— “cada vez toma más fuerza”.

Un cine capaz de ofrecer otra perspectiva de nuestra historia, del pasado y del drama humano: conflictos generacionales, vejez, soledad, crisis de valores, represión, decadencia urbana, falta de horizontes, el fracaso de un sueño o la persistencia del deseo de vivir y salir adelante. Un cine que rara vez encuentra espacios de exhibición en el país. Claudia Expósito coincide:

“Hablamos de que el cuerpo cinematográfico de la nación —como lo nombra el crítico, ensayista e investigador Juan Antonio García Borrero— también se construye en el exilio. La situación actual del país, luego de tantos años de control y terror a expresar artísticamente nuestra realidad, nos está pasando factura. Pero hay mucha creatividad y deseo: siempre habrá cine de la resistencia”.

Juan Pin no vive en Cuba hace años pero aún teje su obra audiovisual alrededor del país; su país. Ese mismo hombre, sentado en un balcón bonaerense, tiene algún grado de razón: la Resolución 61 es un nuevo clavo en un ataúd que se cierra, un nuevo factor de presión.

La presencia de la normativa se hará notar, tarde o temprano, en la fotografía y en los conflictos de las próximas películas que logren filmarse en la Isla. Será posible distinguir cuáles resultaron cómodas para el poder y cuáles incómodas. Pero cine real y artístico habrá siempre. Así lo entiende Claudia Expósito.

A las inclemencias meteorológicas y a las condiciones materiales que hacen tambalear cualquier rodaje se suma otro factor de presión: las autoridades cuya misión —en papel— es promover el cine, pero que han demostrado temerle a las palabras, a las imágenes y a los sonidos, o a lo que, en conjunto, pueden llegar a transmitir.

“Hay una comunidad que lleva 18 años pidiendo una Ley de Cine y el gobierno le ha dado la espalda. No les interesa tener esa conversación; por eso emiten resoluciones o decretos cada cierto tiempo, parches puntuales para intentar solucionar problemas circunstanciales”, declara Gustavo Arcos.

“Mientras no se genere un diálogo real entre cineastas y autoridades, el cine cubano seguirá dando palos de ciego. Se mantendrán las fracturas, el rencor, las políticas de exclusión y la intolerancia. No se trata de dialogar por dialogar, sino de avanzar, de superar problemas. Prometer menos y hacer más”, añade.

La Resolución 61 es, entonces, una nueva forma de relacionar a los cineastas con la institución a través de un ajuste económico.

“Hacer cine independiente [en Cuba] es un riesgo, porque la mirada del burócrata cada día es menos cinematográfica y más policíaca. Ya no estás lidiando con policías de la cultura: estás lidiando con policías, y punto”, establece Juan Pin.

La Asamblea de Cineastas como ensayo de democracia

La Asamblea de Cineastas, con antecedentes entre 2013 y 2016, se reconfiguró en 2023 tras una violación del derecho de autor cometida por las autoridades culturales contra tres obras, entre ellas La Habana de Fito. Tras un proceso electoral nació el Grupo de Representantes, integrado por once miembros. A inicios de 2025 se aprobaron estatutos y se conformó un Grupo Ampliado.

Desde sus inicios, el trabajo de la ACC ha ido más allá de la lucha por un Fondo de Fomento transparente: apoyaron la huelga estudiantil de 2025 tras el tarifazo de ETECSA, han acompañado reclamos de otros realizadores en la Isla, coordinaron insumos tras el paso de huracanes y han rechazado acciones violentas contra miembros de la comunidad. La Asamblea, según Juan Pin Vilar, es un espejo de la sociedad.

“La existencia de la Asamblea de Cineastas es un ejemplo notable. Existe sin que el Estado la reconozca. Es un ejemplo de pensamiento creativo, de cómo representar la cultura cubana, la sociedad, la memoria. Y ese es el gran freno que ha puesto el Estado: ni siquiera reconocer que existe”.

“La Asamblea tuvo un escenario de movilización importante en 2023. Lo sentí especialmente en los jóvenes: muchachos que, por primera vez, participaron en elecciones absolutamente democráticas. Se eligió un cuerpo con sus propias reglas y contradicciones, y se transmitió en vivo al mundo entero. Nadie podrá contar jamás qué sucedió realmente en las ‘Palabras a los intelectuales’ de Fidel, porque no hubo grabadoras. Aquí, en cambio, se pusieron todas las cámaras y todos los micrófonos, y se habló”, dice Juan Pin.

“Creo que la Asamblea desaparecerá cuando Cuba pueda reproducir ese modelo a nivel social. O se transformará en otra cosa, concentrada específicamente en el cine, porque ya tendremos espacio como ciudadanos”, continuó.

Para el realizador, las estrategias de censura funcionan solo hasta cierto punto. La práctica de hacer cine en este cuarto de siglo es casi incontrolable gracias a los avances tecnológicos. Pensar lo contrario es obsoleto, sobre todo cuando se puede filmar todo con un teléfono.

“Dile a ese joven que tiene que pedir permiso para poner un celular en la calle. Ya los problemas son políticos. Y este problema tiene que ver con un cambio de gobierno: tiene que irse uno y entrar otro nuevo”.

Por eso, Juan Pin les pide a los realizadores que aún permanecen en la isla que intenten hacer cine: “Todo lo que pase delante de sus ojos es parte de la memoria de un país que se está quedando sin memoria”.

“El ejercicio del control y la manipulación ha llegado a un punto extremo. La situación es muy tensa, pero no habrá muerte para el cine independiente cubano, aunque no se vea en Cuba, aunque no se filme en Cuba. No vamos a desaparecer”, agrega Claudia Expósito.

“Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón”.

—Qué cheo eres, Fito.

^[1] El Acuerdo 9941/2024 del Consejo de Ministros de Cuba, publicado en la Gaceta Oficial número 113, ratifica a la Comisión Fílmica Cubana como órgano gubernamental para impulsar la producción audiovisual.