Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, hasta el 1ro de enero de 2023 residían en el país europeo 198.639 personas nacidas en Cuba. De acuerdo a la misma fuente, unos 20.375 cubanos habrían entrado en los dos últimos años (2023-2024). Muchos, sin tener clara la forma en la que podrían regularizar su situación migratoria porque “lo importante es salir”. Si ya en Cuba se llevaba por bandera la “utopía del escape”, luego de las masivas protestas de julio de 2021 se volvió cuenta pendiente para millones de cubanos debido al aumento de la represión, las diversas crisis que vive el país, la inflación y la censura.
Hasta la entrada en vigor del Nuevo Reglamento de Extranjería el pasado 20 de mayo de 2025, los solicitantes de asilo con al menos dos años viviendo en España de manera ininterrumpida, que hubiesen logrado cotizar al menos seis meses gracias al permiso de trabajo incluido en la tarjeta roja, eran elegibles al arraigo laboral como vía de regularización. Esta tarjeta les era facilitada mientras se encontraba en proceso su solicitud de asilo. Pero en este reglamento se determinó que los ciudadanos extranjeros que se encuentran en proceso de solicitud de asilo, o que han apelado tras haber sido descartada su solicitud, ya no podrán acogerse al arraigo laboral, debido a que no cumplen con el requisito de haber estado de manera irregular en España durante este proceso.
Las recientes modificaciones dejan sin duda un vacío que coloca a los solicitantes de asilo en “tierra de nadie”, ya que para ser elegible a esta vía de regularización deben estar de forma continuada pero irregular, a la vez que haber cotizado un mínimo de nóminas, lo cual solo es posible teniendo un permiso de trabajo activo.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado se pronunciaron desde noviembre de 2024 contra el limbo que representa esta nueva normativa: “Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá no solo la pérdida de esta autorización sino que, durante el primer año de vigencia del Reglamento, tendrán que permanecer seis meses en situación irregular si quieren solicitar los permisos por arraigo, y una vez pase este tiempo, deberán esperar dos años más para poder solicitar las autorizaciones, porque no se les reconocerá el tiempo de residencia previo”.
Justo este 2025 se cumplirían tres años para esos miles de cubanos que llegaron a España en 2022, el tiempo requerido para aplicar al “arraigo social”, un trámite que les permitiría finalmente regularizarse a aquellos que no cuenten con otra vía o no hayan podido acceder a la ciudadanía española por Ley de Memoria Democrática. Para ello también debían demostrar estadía en España por ese período de tiempo que contaba mientras se expedía la resolución de la petición de asilo político. Pero los planes de muchos se vieron forzados a cambiar desde que en noviembre de 2024 se publicó el Real Decreto 1155/2024 —que reforma el Reglamento de Extranjería—, y desde entonces nuestra comunidad vive entre la esperanza y el desasosiego.
Por un lado, para la persona que entró con un visado de turista o estudiante y se quedó en irregularidad tras el vencimiento de esta, el nuevo reglamento es un faro de esperanza. Crea figuras como el «arraigo por formación», una vía que, si se demuestra la inserción en un programa formativo de sectores con alta demanda laboral, puede convertirse en una llave hacia los papeles. Es una ruta difícil, pero clara: estudiar, formarse y regularizarse.
Por el otro, para el solicitante de asilo político cuya petición es finalmente denegada, el panorama es gélido. La reforma prioriza la celeridad en las deportaciones. Al recibir la negativa, se activa casi de inmediato una orden de expulsión, con plazos muy ajustados para recurrir. Mientras que el primero (el que sobrepasó su visado) recibe una oportunidad basada en su potencial económico, el segundo (quien pidió protección internacional por una situación de persecución o riesgo en su país) se enfrenta a un procedimiento acelerado que puede no dejar tiempo para articular una apelación sólida. Es la diferencia entre ser visto como una mano de obra en formación o como un caso administrativo a cerrar.
Por otro lado, España busca talento cualificado: otorga un visado de búsqueda de empleo para tecnólogos, sanitarios o educadores, y facilita que estudiantes extranjeros trabajen. En paralelo, cierra la puerta a quienes llevan años limpiando casas o cuidando ancianos mientras esperan una respuesta de asilo.
“La reforma tiene sus márgenes de diferencia. Para quien llegó en patera o con visa de turista y pidió asilo, la reforma es un muro. Su tiempo como solicitante ya no cuenta para el arraigo. Si su petición es denegada —y casi todas lo son—, deberá esperar dos años más en irregularidad para optar al arraigo social. El arraigo familiar sigue, pero con trampas. Antes, si tu hijo era menor de edad, te legalizabas. Ahora, si es mayor de 21, debes demostrar que él depende económicamente de ti… ¡hasta los 26 años! ¿Cómo va a depender un adulto de un padre sin papeles? Es un círculo vicioso. Y para traer abuelos, la edad para no acreditar dependencia subió de 65 a 80 años. Una locura para familias que mantienen a sus viejos desde acá”, comenta Lucía Alveiro, abogada española experta en extranjería.
Oficina de Extranjería en Barcelona. Foto: Jordiferrer / Wikimedia Commons.
Elena es una joven actriz cubana, que llegó a España en 2023 mediante un visado de estudios y fue entrevistada para este trabajo. Fue admitida por una academia de actuación en Madrid para cursar estudios durante tres meses, el tiempo válido de su visado. Al quedar en estado irregular, comenzó su proceso de solicitud de asilo político, con la finalidad de poder aplicar al arraigo laboral, luego de tres años residiendo en España.
Con la nueva reforma, el tiempo de asilo de Elena no cuenta, es como si volviera a su primer día en España. “Ya solo me queda esperar a que se me venza la tarjeta roja y renovarla, y así hasta que me denieguen finalmente el asilo, porque pensar que me lo aceptarán es una utopía; o encontrar a alguien que quiera firmar una pareja de hecho conmigo, y así obtener la residencia por familiar comunitario de miembro de la Unión Europea”.
“¿Mi título? Guardado en ese cajón que estás viendo al lado de la cama”, nos comenta al preguntarle acerca de su profesión y las imposibilidades de ejercerla. Elena ahora es camarera, trabaja en un bar de Madrid, de lunes a domingo, cobrando ocho euros la hora, a pesar de que tiene contrato laboral, al menos mientras dictaminan la resolución de su petición de asilo, de la cual dependerá todo lo demás.
Asimismo, las nuevas vías de regularización que propone este decreto son el arraigo socioformativo, para el cual la persona en cuestión debe encontrarse cursando estudios, además de trabajar 30 horas por semana, lo cual se sale de las posibilidades inmediatas de un emigrante promedio, ya que esta vía requiere recursos económicos para acceder a ella; y, por otro lado, el arraigo sociolaboral, al cual se puede acceder con un contrato de 20 horas por semana, que se ha implantado para seguir sumando vías a la utopía, ya que para conseguir cualquier tipo de arraigo, la principal problemática siempre radica en la obtención de ese contrato laboral.
He aquí la gran paradoja: ¿integración o exclusión? Mientras España atrae “talento cualificado” con visados exprés, deja en la sombra a quienes sostienen su economía sumergida. Según la abogada Alveiro “esta reforma premia al migrante con estudios y castiga al que trabaja en lo que puede. Para cubanos sin título universitario, las opciones se reducen: o consiguen un contrato imposible o seguirán invisibles”.
Y hay otra grieta: los cubanos ya no piden asilo por política, sino por hambre. España lo sabe, pero endurece las reglas. Mientras el decreto se aplica, los cubanos en Madrid, Barcelona o Tenerife repetían el mismo mantra: “Antes de mayo, hay que moverse”. Porque tras esa fecha, para muchos, solo queda la sombra.
Por otra parte, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria, impulsada por el movimiento migrante Regularización Ya, fue presentada ante el Congreso el 12 de marzo de 2024, con más de 700.000 firmas recogidas superando en 200.000 a las calculadas inicialmente, y presentada a trámite con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto VOX. Actualmente se enfrenta a su fase final y definitiva, tras haber estado en lo que se llama “archivado de facto”, colocándola en un limbo parlamentario. Los movimientos sociales ratifican su esfuerzo por garantizar el éxito, aun más luego del debate y la segregación que nos ha legado el reglamento, pero sin perder de vista el hecho de que podría pasar a la historia tan solo como un símbolo político.
En definitiva, la Ley de Extranjería, a pesar de su título formal que promete garantizar “derechos y libertades”, opera en la práctica como un fino tamiz que segmenta y categoriza. No es una ley que aplique de manera universal; su peso sobre la vida de las personas es diametralmente opuesto según su nacionalidad, su estatus inicial y, en el fondo, la percepción de su utilidad para el mercado laboral español. Lejos de ser principalmente un instrumento de protección, se ha revelado como una herramienta de gestión económica que prioriza llenar vacíos en sectores específicos de la economía por encima de una verdadera integración social basada en derechos. Al final, el mensaje que cala es que algunos extranjeros son bienvenidos por lo que pueden aportar, mientras que a otros se les niega el amparo por lo que huyen.
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