Presos políticos cubanos, otra vez en el menú

No es la primera ni será la última excarcelación de presos políticos. Desde los años 60, los prisioneros políticos cubanos han sido de los bienes más preciados del régimen castrista. Han funcionado como una moneda de cambio mucho mejor que la nacional, porque nunca ha perdido su valor, y han estado en las mesas de distintas negociaciones con democracias occidentales. No precisamente sentados en sillas, en igualdad de condiciones con el resto de los presentes, sino sobre las mesas, como parte del menú.

Ni siquiera ha sido necesario invertir demasiados recursos para mantener esa industria. Los presos políticos han sido mano de obra barata y han comido mal y poco. Algunos no han sobrevivido.

En 2022, el régimen cubano admitió que un promedio de 100 reclusos muere cada año en el país bajo su custodia. El año pasado murieron tres que se encontraban privados de libertad por participar en las protestas de julio de 2021: Manuel de Jesús Guillén Esplugas, Yosandri Mulet Almarales y Gerardo Díaz Alonso. Todos menores de 40 años. Dos por falta de atención médica y uno a causa de los golpes recibidos por guardias, según denuncias de familiares y activistas.

Una muerte más o una menos no hace la diferencia para el régimen. La comunidad internacional emite comunicados, la prensa produce noticias y reportajes y la vida sigue como si nada hubiera pasado. No hay consecuencias.

Lejos de debilitarse con las historias de terror de sus víctimas, el sistema castrista se robustece. Los testimonios de los presos políticos, así como las imágenes de sus cuerpos escuálidos, encanecidos, desdentados y temblorosos, contribuyen a mantener el control, silenciar el disenso, atemorizar a la gente, disciplinar y dar escarmientos. También el terror es capitalizado por un poder que ya ha perdido su capacidad de ilusionar y hasta de engañar.

Luego, con las excarcelaciones, el régimen mata no uno, sino varios pájaros de un tiro: obtiene concesiones y beneficios de las democracias occidentales, limpia su imagen ante la comunidad internacional, desocupa capacidades en los centros penitenciaros, y transmite la idea de que, finalmente, ahora sí, Cuba va a cambiar. El régimen gana tiempo. Apela a la desmemoria e ingenuidad de los pueblos y al cinismo de los políticos. Gana tiempo suficiente para sacar la cabeza del agua, oxigenarse y renovar su dotación de presos políticos.

La primera gran excarcelación ocurrió en diciembre de 1962, justo dos meses después de la crisis de los misiles, cuando Cuba fue apenas el cuadrilátero donde probaron fuerza Estados Unidos y la Unión Soviética, en uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría. Ese hecho, la excarcelación, luego sería enseñado en las escuelas como el final feliz del relato oficial sobre la invasión de Playa Girón, en abril de 1961, que habría puesto en evidencia el carácter humanista de la revolución.

A Fidel Castro no le bastó con jactarse de su victoria por todas partes, al publicitarla como “la primera derrota del imperialismo en América Latina”, sino que también aprovechó la oportunidad para forjarse una reputación de líder magnánimo. La frase de que cambió a mercenarios por compotas para niños se volvió popular, un símbolo, que lo ayudaba a presumir de astucia y generosidad.

Nunca reconoció que sus tropas no pelearon contra tropas americanas sino contra tropas cubanas opositoras que, al igual que él, se habían entrenado militarmente en el exilio. Menos iba a reconocer que nunca venció al imperialismo porque, a la hora de la verdad, el presidente demócrata John F. Kennedy retiró el apoyo militar a los brigadistas por temor a que la Unión Soviética cumpliera la amenaza de invadir Berlín Occidental, si no dejaba a Estados Unidos fuera de la pelea.

Los más de mil luchadores que Fidel Castro capturó, ya abandonados a su suerte, no iban a surgir en su discurso sino como mercenarios. Este calificativo, que todavía perdura en Cuba para estigmatizar a los disidentes, permitía despolitizar la causa de la Brigada de Asalto 2506, elegir a un enemigo superior, en este caso al imperialismo, y reclamar una compensación monetaria.

Unos 20 meses permanecieron encarcelados los más de 1100 brigadistas, muchos sometidos a torturas y con sentencias de 30 años de privación de libertad, antes de empezar a ser excarcelados, el 23 de diciembre de 1962. El gobierno de Estados Unidos ofreció a cambio 58 millones de dólares en medicinas y alimentos, más otros tres millones en efectivo; aunque otras fuentes afirman que fueron 53 millones en total.

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Pero si las negociaciones avanzaron fue, en gran medida, gracias a un actor pocas veces recordado: el Comité de Familias Cubanas por la Liberación de los Prisioneros de Guerra de Bahía de Cochinos, dirigido desde La Habana por Berta Barreto de los Heros, madre y tía de dos brigadistas encarcelados, que emprendió el arduo camino de negociar con Fidel Castro “la multa” a pagar para las excarcelaciones. Más adelante, otro hijo de Berta Barreto que vivía exiliado en Nueva York, Pablo Pérez-Cisneros, contactó con el abogado James B. Donovan, experto en negociaciones, para que tomara las riendas del asunto y mediara entre los gobiernos de Castro y Kennedy y la Agencia Central de Inteligencia. La recomendación había venido de Robert Kennedy, fiscal general de Estados Unidos, y hermano del presidente.

Sería de Donovan la idea de ofrecer medicinas y alimentos para la transacción, pues al inicio Fidel pidió tractores para la agricultura.

El 29 de diciembre, en una ceremonia en el estadio Orange Bowl de Miami, Kennedy dio la bienvenida a los miembros de la 2506 excarcelados y exiliados. “Puedo asegurarles que es el deseo más fuerte del pueblo de este país, así como del pueblo de este hemisferio, que Cuba vuelva a ser libre un día, y cuando lo sea, esta brigada merecerá marchar a la cabeza de la columna libre”, dijo.

Nueve quedaron en Cuba tras las rejas, la mayoría por crímenes cometidos bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Dos murieron en prisión. Cinco fueron liberados en 1979 y, los dos últimos, en 1986, por intermediación del senador demócrata Ted Kennedy.

Pero los más de 1100 brigadistas liberados en 1962 no eran los únicos prisioneros políticos en Cuba en ese entonces. En carta al presidente español Felipe González, en 1988, el mismo Fidel Castro admitiría haber llevado a cabo “una detención masiva” de unos 10 mil “contrarrevolucionarios” en el contexto de la invasión de Bahía de Cochinos. Sin embargo, testimonios de exiliados con los que he hablado, que estuvieron detenidos en esos días, aseguran que la cifra debió ser al menos cinco veces mayor.

El segundo intercambio de gran magnitud del que se tienen registros ocurrió entre 1978 y 1979, durante la administración del demócrata Jimmy Carter, a raíz de las primeras negociaciones entre representantes del exilio cubano y Fidel Castro, que trascendieron como El Diálogo, y generaron fuertes confrontaciones en Estados Unidos. Los objetivos centrales eran lograr un acercamiento diplomático entre ambos países, liberar a miles de presos políticos en Cuba y permitir que “los gusanos” que habían “abandonado el proceso” pudieran volver de visita a la isla a visitar a sus familiares que habían quedado atrás.

A partir de ese momento, que en realidad arrancó un poco antes, en diciembre de 1977, con el viaje a Cuba de 55 cubanoamericanos que luego se darían a conocer como Brigada Antonio Maceo y comenzarían a replicar el relato de la propaganda castrista, el oficialismo dejó de llamar “gusanos” a los exiliados, al menos de manera recurrente, y comenzó a llamarles “la comunidad cubana en el exterior” o, simplemente, “la comunidad”. También al régimen le interesaba, otra vez, limpiar su cara ante el mundo, luego de haber encarcelado a los escritores Reinaldo Arenas y Heberto Padilla en El Morro y Villa Marista, respectivamente, y ganar el desprecio público de una buena parte de la intelectualidad hispanoamericana.

El abogado y banquero judío Bernardo Benes Baikowitz, nacido en Matanzas y exiliado en Miami desde 1960, fue quien lideró las negociaciones, en conjunto con otros partidarios del acercamiento que conformaron el Comité de los 75. Más de diez veces Bernardo Benes viajó a Cuba para reunirse con Fidel Castro, con el respaldo de la administracion de Carter, y perseguir lo que sentía una labor humanitaria: la reunificación de familias y la excarcelación de miles de personas.

“Si yo sé que un cubano en Miami fue capaz de poner una flor en la tumba de su madre en Cuba, eso es suficiente”, diría en 2001, a propósito de la publicación del libro Misiones secretas en Cuba, de Robert Levine, en la Feria Internacional del Libro de Miami.

En octubre de 1978, Bernardo Benes acompañó a Estados Unidos a los primeros 46 presos políticos, algunos de los cuales habían pasado hasta 18 años privados de libertad, junto con unos 30 familiares de los mismos. En diciembre llevó otros 70, con más de 100 familiares.

Fidel Castro había anunciado antes que conservaba alrededor de 4500 en sus cárceles, pero que estaba dispuesto a soltar 3600 —entre ellos 600 que habían intentado salir ilegalmente de la isla— siempre que Estados Unidos los acogiera. A estos y a otros exreclusos, porque, en su opinión, todos habían sido “arrastrados a la contrarrevolución” por Estados Unidos. Dijo que liberaría 400 al mes, a partir de diciembre de 1978.

Un informe de Amnistía Internacional de 1979, acerca de la situación de los presos políticos en todo el mundo, menciona dos gacetas oficiales cubanas que publicaron listas de presos políticos indultados en diciembre de 1978 y enero de 1979. La primera incluía 400 nombres. La segunda, 500. Y de esos dos grupos, 400 habrían expresado su deseo de marcharse a Estados Unidos.

Huber Matos fue uno de los liberados en 1979, en el mes de octubre, tras 20 años en la cárcel, de ellos 16 en aislamiento. Primero viajó a Costa Rica y luego a Estados Unidos. Pero cuesta verificar en la prensa de la época disponible online si, en efecto, todos esos 3600 presos políticos fueron puestos en libertad; básicamente, si Fidel Castro cumplió su palabra. Abundan las noticias sobre el anuncio de las excarcelaciones, pero no de las excarcelaciones en sí. También sería difícil verificar las publicaciones oficiales de la época.

Además, Amnistía Internacional señala en su informe que el gobierno cubano estaba retrasando las excarcelaciones en los primeros meses de 1979, en respuesta a demoras en Estados Unidos para procesar las solicitudes de exilio. A Carter le preocupaba que Fidel Castro mandara delincuentes comunes o espías, en lugar de prisioneros políticos, y había puesto un filtro conformado por oficiales del FBI, el servicio de Inmigración y el Departamento de Estado, que entrevistaba a cada cubano antes de recomendar su admisión a un fiscal general.

Quienes lograron arribar a Estados Unidos fueron recibidos como héroes. Sin embargo, Bernardo Benes era cada vez más atacado por sectores anticastristas violentos. Recibió amenazas de muerte y tuvo que usar varios años chaleco antibalas y moverse con guardaespaldas. En la calle lo tildaban de dialoguero, comunista, tonto, agente castrista. Incluso, varios años después de las negociaciones, en 1983, una bomba explotó en su negocio, el Continental National Bank de Miami, y Omega 7, considerada entonces por el FBI la organizacion terrorista más peligrosa en Estados Unidos, reclamó la autoría de la agresión.

También dos miembros del Comité de los 75 fueron ametrallados en 1979: Carlos Muñiz Varela, en Puerto Rico, y Eulalio Negrín Santos, en New Jersey. La familia del primero todavía hoy sigue demandando justicia.

En Cuba, al interior de las cárceles, las negociaciones encontraron objeción. Un grupo de 138 prisioneros de conciencia que llevaban unos 20 años tras las rejas, entre quienes estuvo Matos antes de ser excarcelado, difundió una declaración para expresar su repudio al diálogo “entre el Gobierno de Castro y supuestos representantes del exilio cubano”. A su entender, negociar su libertad equivalía a negociar sus principios.

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Los firmantes aseguraron que ellos abogaban por “la libertad de todos los presos políticos sin exclusión y por la reunificación de las familias cubanas”, pero no mediante un diálogo. “Que hable el Gobierno con hechos concretos si es que desea rectificar en algo su política de dispersión de la familia cubana. Tiene escasa fuerza moral para convocar al diálogo quien ha sembrado el luto y el odio en los hogares cubanos y ha dividido y mantenido arbitrariamente separada a la familia cubana”.

Más adelante, denunciaron la intención de Castro de engañar al mundo “con huecas palabras de paz y conciliación”, al tiempo que provocaba divisiones y atizaba la guerra entre cubanos en el exilio. “Nadie, absolutamente nadie, personalidad o miembro de la emigración cubana, está autorizado para concertar con el Gobierno de Cuba nuestra libertad a cambio de concesiones de nuestra parte. Nuestra libertad tiene que ser sin condiciones conforme a nuestra posición histórica mantenida con singular estoicismo”.

A lo largo de los ochenta, las excarcelaciones continuaron, con mayor o menor atención mediática, mientras las relaciones con Estados Unidos iban de una crisis a otra. El éxodo marítimo del Mariel en 1980, durante el cual Fidel Castro mandó para Florida al menos 2500 prisioneros comunes y pacientes mentales; la entrada del republicano Ronald Reagan a la Casa Blanca; y el inicio de las transmisiones a Cuba de Radio Martí fueron algunos de los sucesos que mayor conflicto generaron. No obstante, liberar presos políticos siguió funcionando para sugerir al mundo que sí había de parte de Cuba una voluntad de rectificar y cambiar.

En 1984, por ejemplo, Castro permitió al reverendo Jesse Jackson, tras su visita a la isla, que se llevara 23 prisioneros a Estados Unidos: 16 estadounidenses y siete cubanos. Luego liberó otros seis estadounidenses y 19 cubanos, que llegaron en un segundo avión, con oficiales de ambos países. Todos los cubanos eran prisioneros políticos. Castro dijo que no pidió nada a cambio a Estados Unidos, que lo hizo por Jackson.

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Dos años después, 69 presos políticos fueron liberados, y también mandados para Estados Unidos con sus familiares. Algunos llevaban más de 20 años en privación de libertad. Francisco Tamayo llevaba 27, salió con 60 años. En este caso intercedió la Conferencia Católica de Estados Unidos, al igual que el reverendo Jesse Jackson, entre otros, y la lista de los 69 liberados se publicó en la prensa.

El 88 fue otro momento de excarcelaciones masivas. Un acuerdo entre las administraciones de Castro y Reagan logrado a finales de 1987, que abordaba temas de migración, diplomacia y prisioneros, posibilitó que comenzaran a llegar a Estados Unidos presos políticos cubanos tres veces por semana, a partir del 20 abril de 1988; de acuerdo con un reporte de The New York Times. Algunos salían directamente de las cárceles al exilio, otros llegaban con su sentencia cumplida.

The New York Times refiere que, a finales de julio de ese mismo año, 430 prisioneros y 743 miembros de sus familias habían arribado a Miami, aunque se esperaba un total de 3000, en compañía de sus familiares. La mayoría estarían en los listados conformados por obispos de la Conferencia Católica de Estados Unidos.

También hubo casos de liberaciones anteriores. The Washington Post reportó a inicios de enero de 1988 la llegada de nueve prisioneros políticos a Estados Unidos con 30 familiares.

Al igual que antes, cuesta encontrar un registro fidedigno de esas otras 3000 excarcelaciones. Una noticia de The Washington Post, en enero de 1989, advertía que en el año anterior solo 250 habían sido excarcelados y 225 continuaban tras las rejas.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional registraba la continuidad de la represión en Cuba y las detenciones de disidentes y defensores de derechos humanos, desde septiembre de 1988 hasta finales de 1989. Mientras unos salían de sus celdas, otros entraban a ocuparlas.

Una década después, en enero de 1998, Juan Pablo II realizó una visita oficial a Cuba: la primera de un Sumo Pontífice a la isla. Fidel Castro lo recibió y lo despidió. El Papa de origen polaco ofreció cuatro homilías en distintas ciudades del país, convenció a su anfitrión de restablecer el 25 de diciembre como día feriado y pidió clemencia para cientos de prisioneros comunes y políticos.

A comienzos de febrero, distintos medios reportaron la excarcelación de unos 300, entre los cuales habría entre 70 y 100 políticos. Sus nombres no fueron publicados por las autoridades cubanas, que tampoco precisaron cuántos eran comunes y cuántos políticos. El Vaticano dijo sentirse encantado con ese “notable paso”, que representaba “una perspectiva concreta de esperanza para el futuro de esa noble nación”. De acuerdo con registros del Departamento de Estado de Estados Unidos, 19 presos políticos fueron forzados a irse al exilio. Canadá recibió a 17.

Más de diez años más tarde, todavía el régimen no había llegado a ese futuro esperanzador. Las visitas de Benedicto XVI, en 2012, y Francisco, en 2015, también abogaron por la liberación de prisioneros de distinto tipo y lograrían unos 2900 y 3500 indultos, respectivamente. Tampoco aquí las autoridades precisaron cuántos eran políticos. Raúl Castro estaba entonces al frente del gobierno y no admitía la existencia de estos en Cuba.

Otro de los procesos de excarcelaciones más mediáticos sucedió entre 2010 y 2011. Producto de negociaciones entre la Iglesia católica y los gobiernos de Cuba y España, los 52 disidentes que quedaban en prisión del grupo de 75 detenidos en la Primavera Negra de 2003 fueron liberados. La mayoría marchó al exilio con su familia y unos quince decidieron quedarse en Cuba.

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Al igual que antes, la comunidad internacional celebró esa decisión del régimen. Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, la valoró como “una señal positiva”, mientras que Miguel Ángel Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, afirmó que podía contribuir a eliminar la Posición Común sobre Cuba que la Unión Europea había implementado en 1996 por la violación de derechos humanos.

Los premios no tardaron. En diciembre de 2014, Cuba y Estados Unidos anunciaron el inicio de la normalización de sus relaciones diplomáticas y, en marzo de 2016, poco antes de la visita del presidente Barack Obama a La Habana, la Unión Europea y Cuba firmaron el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que derogó la Posición Común.

Pero entre ambos eventos, en diciembre de 2014, hubo un intercambio de prisioneros. Estados Unidos liberó a los tres agentes cubanos pertenecientes a la Red Avispa que llevaban 16 años en privación de libertad, y Cuba ofreció a cambio al contratista judío estadounidense Alan Gross, y a Rolando Sarraf Trujillo, oficial de inteligencia cubano que trabajó con la CIA y resultó crucial en la detección de espías cubanos infiltrados en Estados Unidos. Gross y Sarraf habían pasado cinco y 19 años presos, respectivamente, al momento de su liberación.

En enero de 2015 hubo otra excarcelación de 53 presos políticos cubanos que fue decisiva para el avance del deshielo.

Ahora Cuba se encuentra ante otra de las excarcelaciones más masivas desde 1959. En su comunicado del pasado 14 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores no dijo que se tratara de prisioneros políticos. Se limitó a anunciar que 553 personas sancionadas por “delitos diversos” serían beneficiadas gradualmente con el “otorgamiento de libertad”, en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por el Papa Francisco.

Tampoco especificó qué recibía a cambio el régimen cubano, pero no hizo falta. El comunicado sobre los 553 indultos fue publicado minutos después del anuncio de Joe Biden de la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, y estuvo acompañado de otro comunicado que celebraba esa y otras dos medidas de la administración demócrata saliente. Estas consistieron en la eliminación de restricciones a entidades cubanas militares para negociar con contrapartes estadounidenses y la exención del Título III de la Ley Helms-Burton, que permitía a los estadounidenses presentar demandas por daños en tribunales nacionales por propiedades privadas confiscadas por el régimen castrista.

Queda ver si, tras la decisión del presidente Donald Trump de devolver a Cuba al listado de países patrocinadores del terrorismo, en su primer día en la Oficina Oval, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel mantendrá el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025.

Hasta el cierre de este trabajo, en la mañana del 21 de enero, la organización independiente Cubalex había confirmado la excarcelación de 168 prisioneros políticos, la gran mayoría de los cuales había sido privada de libertad por participar en las protestas de julio de 2021. Entre ellos están los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, quienes también habían sido parte del grupo de los 75 de la Primavera Negra.

En total, en Cuba hay más de 1100 prisioneros políticos actualmente; según registros de distintas organizaciones independientes de derechos humanos.

Por su parte, el 17 de enero, el Tribunal Supremo Popular aseguró que 127 reclusos ya habían sido “beneficiados con excarcelación anticipada” y que ahora entraban en “un período de prueba”. No divulgó sus nombres.

Ante 66 años de historia que evidencian que el régimen cubano no dejará de utilizar prisioneros políticos como moneda de cambio para obtener concesiones o limpiar su imagen, para ganar tiempo, hay una pregunta básica que emerge: ¿cuál es el sentido de todo esto? Que no significa preguntarse si los presos políticos deben o no ser excarcelados. Claro que deben ser liberados todos, porque nunca debieron ser condenados por motivos políticos.

Hay una trampa aquí en la que deberíamos evitar caer: pensar que cuestionar las negociaciones es cuestionar la liberación de los presos políticos y pedir, de manera implícita, que permanezcan en prisión. Esto ha servido siempre de blindaje moral al gobierno cubano, pero no es más que una cortina de humo, una falacia.

No cuestionar las negociaciones con presos políticos supone contribuir a naturalizar prácticas criminales y violatorias de derechos humanos. Prácticas no menos deleznables que el secuestro y la trata de personas, aunque se encubran con el manto de las leyes y un sistema judicial que no obedece a los intereses de la ciudadanía sino a los de la casta que ocupa el poder, en contubernio con oficiales de la Seguridad del Estado y el Ejército.

¿Cómo vamos a salir de ese ciclo tóxico y mortífero de violencia? Es difícil saberlo, pero hay que empezar por desnaturalizarlo. Siete décadas es tiempo más que suficiente para darse cuenta de que no basta con liberar unos hoy, si mañana encierran a otros.

Lejos de percibirlas como señales positivas de cambio, actos de buena fe y voluntad, estas excarcelaciones deberían alarmarnos. A nadie se le ocurriría decir que la liberación de una persona que estuvo secuestrada por un grupo criminal, a cambio de beneficios políticos o económicos, es una buena señal sobre la disposición de ese grupo criminal a obrar bien.

Tampoco la solución pasaría por desistir de negociar. Berta Barreto tuvo que negociar con Fidel Castro para salvar a más de mil prisioneros de la Brigada 2506. Tuvo que hablar con él y con otros funcionarios de su gobierno. Kennedy, Carter y Reagan tuvieron que negociar. La alternativa a la no negociación sería ir a una guerra y no hay en la disidencia actual, que sepamos, otra Brigada 2506 dispuesta a combatir militarmente al régimen. Y existe además un consenso de que la liberación de Cuba no pasa hoy por la vía armada.

Pero sí hay que replantearse qué se negocia y, sobre todo, quiénes se sientan a la mesa. Cuando la sociedad civil no negocia, otros negocian por ella, y acaban usurpando su lugar como protagonista de la historia.