El pasado 3 de mayo Cubadebate anunció en sus plataformas que el medicamento cubano Heberprot-P había recibido autorización, por parte de la Food and Drug Administration (FDA) ―máxima autoridad federal para la circulación de fármacos e implementos médicos y para la seguridad alimentaria de los Estados Unidos―, a fin de desarrollar la Fase III de su ensayo clínico. Según este y otros artículos de la prensa oficial, el 10 de abril la empresa que presentó el fármaco a la FDA recibió el Study May Proceed (SMP), documento que supone la culminación de ocho complejos pasos de control y marca el inicio de ejecución de un protocolo para el ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, obligatorio para antes de comercializar el producto en territorio norteamericano.
El trámite lo ha llevado a cabo una compañía biotecnológica estadounidense radicada en Cleveland (Ohio), la Discovery Therapeutics Caribe (DTC), que se dedica a “mejorar la salud de los americanos a través del desarrollo de terapias regenerativas para enfermedades de alta mortalidad”. Esta compañía se fundó en 2020 para comercializar medicamentos que respondieran a dicha premisa; sin embargo, presenta al Heberprot-P como su producto líder ―no figura ningún otro fármaco en su dispensario―, los catorce artículos que referencian argumentan las bases científicas del Heberprot-P ―todos sus autores son cubanos― y la única noticia que se recoge en el apartado de prensa es la referente a la aprobación por parte de la agencia federal.
Sería fácil concluir que DTC se fundó con el propósito de servir de intermediaria al Heberprot-P como única vía factible para que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), una de las tantas empresas del holding BioCubaFarma, pudiera comercializar uno de sus fármacos estrella en el mercado estadounidense, entre los más lucrativos a nivel global. Esta estructura legal y financiera es necesaria pues, según legislaciones administrativas del gobierno federal de los EE. UU., las transacciones relacionadas con la obtención de la aprobación de la FDA para proyectos conjuntos de investigación y desarrollo de fármacos de origen cubano solo podrán ejecutarse a través de personas con jurisdicción en territorio estadounidense. Estas incluyen el desarrollo, la investigación preclínica y clínica, la revisión y aprobación reglamentaria, la concesión de licencias, las actividades posteriores a la comercialización y la importación en ese país de tales productos.
He aquí una de las tantas formas que tiene que adoptar la industria biofarmacéutica, de las más estables y rentables de la isla en cuanto empresa exportadora, para incorporarse al mercado mundial y evadir las disímiles sanciones, restricciones y medidas coercitivas de Estados Unidos. Pero la trama del medicamento es más compleja.
El Heberprot-P es un producto que favorece la cicatrización de las úlceras diabéticas y reduce el riesgo de amputación. Es una formulación liofilizada inyectable, basada en el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante (EGFhr), que se indica para infiltrarse en el lecho y los contornos de la úlcera del pie diabético y revertir el fenotipo de cronicidad, como terapia adyuvante para desencadenar y mantener el proceso de cicatrización y la eventual re-epitelización. El producto está indicado para heridas de alto grado. Es único en su tipo. Actúa de forma localizada, estimula y protege el tejido, acciones muy diferentes a lo internacionalmente estandarizado. Claro que es un medicamento útil, novedoso y rentable. Las estadísticas de la diabetes y sus frecuentes lesiones en los miembros inferiores refuerzan la utilidad del fármaco. La amputación, una de las consecuencias más probables de la enfermedad, inhabilita, reduce notablemente la calidad de vida, aumenta la mortalidad y contribuye al ciclo de perpetuación de la pobreza.
El CIGB pone la mente
El Heberprot-P favorece la cicatrización de las úlceras diabéticas y reduce el riesgo de amputación (Imagen tomada del sitio web del CIGB).
La primera empresa de biotecnología en el mundo, Genentech, fue creada en San Francisco, Estados Unidos, en 1976. Apenas tres años después se fundó el Frente Biológico (antecedente de BioCubaFarma), un foro profesional interdisciplinario para desarrollar esta industria en Cuba. Ese fue el resultado más notable de una reunión que ocurrió en La Habana entre Fidel Castro y un grupo de científicos norteamericanos, quienes aprovecharon el mejoramiento de las relaciones entre ambas naciones en el contexto de la presidencia de Jimmy Carter. Entre ellos figuraba el Dr. Randolph Lee Clark, médico militar veterano de la Segunda Guerra Mundial y entonces director del M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute de Houston, un señor que ya llevaba diez años investigando los interferones como tratamiento contra el cáncer, pionero en la materia.
En marzo de 1981, seis cubanos pasaron doce días en Finlandia con los especialistas que habían aislado el interferón de las células humanas y se habían negado a patentar un bien público. Con ellos aprendieron a producir grandes cantidades del producto. A solo 45 días de su regreso a la isla produjeron el primer lote de Interferón cubano, justo a tiempo para la gran crisis del dengue hemorrágico ese mismo año. El Ministerio de Salud Pública autorizó el uso de interferón para detener el brote de dengue y se logró frenar la mortalidad. Fue el evento de prevención con interferón más extenso del mundo. Cuba se puso al centro del interés internacional.
La industria biofarmacéutica era muy versátil, resolvía un gran problema sanitario y al mismo tiempo resultaba altamente rentable. Era la fórmula perfecta para la propaganda: un bien público universal que, de paso, generaba altos ingresos. Fidel Castro, convencido de su importancia estratégica, hizo todo para potenciar el sector, comenzando por las inversiones. Científicos cubanos fueron al extranjero a estudiar. La investigación tomó caminos más innovadores y en 1986 se desarrolló en la isla el Interferón Alfa 2B humano recombinante. Ese mismo año fue inaugurado el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Para entonces, el país estaba sumergido en otra crisis de salud, un brote grave de meningitis B que estimuló aún más el sector biotecnológico. La meningitis B fue estrepitosa, su alta incidencia y mortalidad dejó a las autoridades sin muchas soluciones. El CIGB desarrolló entonces la primera vacuna exitosa del mundo contra esa enfermedad, que fue aplicada a los grupos poblacionales más vulnerables en el punto álgido de la epidemia. Aquello se conoció como el “milagro” de la meningitis en Cuba.
Posteriormente, en 1992, se produjo un desarrollo sorprendente del sector con la creación del Polo Científico del Oeste de La Habana, cuya misión era ofrecer ingresos al país en un momento en que la economía sufría una aguda crisis debido a la caída del bloque socialista. El Polo Científico estuvo conformado por más de 50 instituciones y 10.000 trabajadores.
En 2012, las empresas biotecnológicas cubanas pasaron a integrar el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma). A él se integraron las entidades del sector que antes pertenecían al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y las del Grupo Empresarial QUIMEFA, encargado de la producción de fármacos. Así quedó constituida una de las empresas más grandes y de mayor impacto en el país.
Desde entonces y hasta la actualidad, la historia es más o menos sabida. La industria biofarmacéutica cubana es competitiva y reconocida por la comunidad científica internacional. Las vacunas desarrolladas bajo las terribles condiciones de la pandemia de Covid-19 no fueron la excepción.
¿Quién pone el bolsillo?
El CIGB desarrolló la primera vacuna exitosa del mundo contra la meningitis B (Foto: Yandry Fernández).
La biotecnología cubana se ha desarrollado en las circunstancias de un país pobre, bloqueado y sin un desarrollo industrial precedente en el sector. Uno de los rasgos esenciales de tal experiencia ha sido la orientación hacia la exportación ―lo que implica que las capacidades financieras para solucionar las necesidades nacionales están condicionadas por el éxito de la actividad exportadora― y el tratamiento de la investigación científica como inversión. El tema es quién invierte, una especificidad que no está plasmada en los anuarios estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), sino que se incluye dentro de indicadores como la ejecución del presupuesto del Estado en tecnología e innovación, la distribución sectorial de inversiones, el volumen de inversiones por clase de actividad económica y las tasas del PIB. Estos datos permiten una valoración aproximada pero no exacta de lo que ha significado la industria biofarmacéutica para la economía del país.
El sector ha sido financiado mediante diferentes esquemas que han evolucionado en el tiempo. En el caso de la biotecnología, en sus inicios el financiamiento lo otorgaba directamente el Estado. En 2001 se realizaron cambios y fue aplicado un esquema de autofinanciamiento, específicamente para los gastos corrientes; se exceptuaron las inversiones, que se aprobaban centralmente. A finales de 2008 se estableció otro tipo de financiamiento, el cual tenía que ser aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación (MINEP).
BioCubaFarma emplea diferentes modalidades para realizar la comercialización. La fórmula ha sido una aleación conveniente de estrategias: desarrollo completo del producto (para vender solo la representación comercial) y negociación precomercial. Los pilares de esta conjugación son el codesarrollo de proyectos, la creación de empresas mixtas, los contratos de representación y distribución, la creación de empresas en el exterior con capital cubano, los contratos de transferencia de tecnología, los contratos de servicios de manufactura y la inversión extranjera.
Las fuentes de financiamiento que pueden ser empleadas por las entidades de ciencia, tecnología e innovación en el país comprenden los recursos propios ―registrados como costos o gastos―, las utilidades retenidas por las empresas después de pagar sus impuestos, el Fondo Financiero de Ciencia e Innovación (FONCI), los fondos de desarrollo o reservas creadas en las empresas, las asignaciones del presupuesto estatal, los créditos del sistema bancario, las donaciones y el financiamiento desde el exterior. Los recursos destinados a biotecnología son entregados por el Estado a través del Presupuesto Central, el cual gestiona los recursos financieros provenientes de las personas naturales o jurídicas según la política de distribución establecida por la ley. Además, contribuyen a ello los recursos financieros provenientes del crédito público, donaciones y dividendos.
Inserción internacional de BioCubaFarma (Imagen tomada de Cubadebate).
El monto del Presupuesto Central destinado a la biotecnología es acorde con el plan elaborado por cada empresa perteneciente al Grupo BioCubaFarma, previamente aprobado por la oficina central del mismo. Este plan se comienza a elaborar alrededor de seis meses antes del inicio del año fiscal, bajo los estatutos y regulaciones que establecen el sistema presupuestario cubano y las entidades y ministerios a los que se subordina cada empresa. BioCubaFarma se subordina directamente al Consejo de Ministros.
El Presupuesto del Estado es, junto con las fuentes internas de financiamiento (sistema empresarial), responsable del 73% de los recursos monetarios de los que dispone BioCubaFarma. Lo anterior no significa un alto grado de compromiso empresarial con la innovación; es más bien un reflejo de la falta de recursos monetarios de estas empresas, lo que las obliga a autofinanciarse o, en muchos casos, a abandonar los proyectos. El restante 27% se obtiene, mayormente, de proyectos internacionales y alianzas, como las empresas mixtas en China y en la India, o las alianzas con Venezuela, Brasil y México.
De manera general, pese a que en el país existen leyes que permiten a las empresas invertir en ciencia, estas últimas continúan siendo, esencialmente, unidades presupuestadas. Por tanto, aunque se disponga de dinero, las empresas no pueden utilizarlo libremente.
El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el Gobierno en cuanto a las actividades del comercio, la inversión y la colaboración con el exterior. La información del volumen de divisas que mueve la industria biofarmacéutica con sus exportaciones no aparece en los anuarios estadísticos; sin embargo, de acuerdo a plataformas como Comtrade Commodity Trade Statistics Database, de las Naciones Unidas, el balance comercial en el sector biofarmacéutico en Cuba es positivo, a pesar de algunas inexactitudes en las cifras por basarse en las importaciones de otros países desde Cuba y no en datos oficiales cubanos. Las exportaciones del sector, de alrededor de 400 millones de dólares anuales ―con un crecimiento anual superior al 30% en los últimos años―, representan entre un 20 y un 30% de las exportaciones totales de bienes del país. El último dato al que se tiene acceso es de 2013, cuando se reportaron 686 millones de dólares. En 2011 fueron 711 millones. Entre el CIGB y el Centro de Inmunología Molecular se concentran más del 50% de las exportaciones médico-farmacéuticas de la isla.
Rejuego de poderes: el bloqueo y GAESA
Entre el CIGB y el Centro de Inmunología Molecular se concentran más del 50% de las exportaciones médico-farmacéuticas de Cuba (Foto: Yandry Fernández).
Lo que queda por mencionar de la industria biofarmacéutica cubana es, probablemente, lo que la modela. Las medidas coercitivas ―bloqueo o embargo― de Estados Unidos contra Cuba han limitado profundamente las capacidades de investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus productos. Entre abril de 2019 y marzo de 2020 se calculan daños en el orden de los 161 millones de dólares, en correspondencia con las 243 medidas del gobierno de Donald Trump, añadidas a otras que sobrepasan los sesenta años de antigüedad.
Según el informe contra el bloqueo presentado por Cuba a las Naciones Unidas, del 1º de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023 esta política causó daños y perjuicios al país estimados en 4.867 millones de dólares. Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el gobierno de Joseph Biden aplicó con rigor la política de su antecesor e impactó negativamente en todos los sectores de la economía cubana. El mantenimiento de la calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, la posibilidad de tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas presentadas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, el tracking de las transacciones financieras cubanas y los consiguientes obstáculos para el suministro de combustibles al país, así como la vigencia de listas que impiden transacciones financieras con entidades cubanas, constituyen las disposiciones de mayor severidad.
Según el propio informe, durante el mencionado período el bloqueo causó pérdidas en el sector de la salud por un valor de 239 millones 803 mil 690 dólares, cifra que supera en casi 80 millones las afectaciones reportadas en el período previo a la pandemia de Covid-19. Los daños acumulados a los servicios en esta esfera durante más de seis décadas de aplicación del bloqueo ascienden a 3 mil 625 millones 840 mil 594 dólares.
El CIGB reportó ingresos específicos dejados de percibir por la no exportación a los Estados Unidos del medicamento Heberprot-P, según la hipótesis de que si solo el 8% de los pacientes estadounidenses que al año desarrollan la patología hubieran utilizado este medicamento, Cuba habría ingresado en 2019 aproximadamente 114 millones 912 mil dólares.
En los últimos años, decenas de proveedores alrededor del mundo han interrumpido sus relaciones con Cuba. Como resultado, la industria biofarmacéutica vio afectada gravemente su línea de suministro. Las muchas medidas limitan la posibilidad de obtener recursos que se obtendrían a un valor tres o cuatro veces inferior a su precio actual, sobre todo por la forzosa reubicación geográfica del comercio y la necesidad de recurrir a intermediarios para adquirir productos ―incluida materia prima imprescindible― de procedencia estadounidense.
Las consecuencias más graves de esta política sobrecargan los hombros de personas comunes. Como si no bastara, queda el poder del Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA), un megaconglomerado de empresas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que atraviesa la economía cubana de forma (cada vez menos) imperceptible y deja trazas en cada uno de los sectores productivos del país.
En pleno 2021, mientras la mayoría de los recursos (nacionales y extranjeros) eran destinados a suavizar los estragos de la pandemia, la industria biofarmacéutica se recapitalizaba y el CIGB se ampliaba, dándole paso al Complejo Industrial Biotecnológico CIGB, con sede en el Mariel, que fue inaugurado el 1º de noviembre del mismo año con unos 500 empleados. Esta ha sido la inversión más grande y de mayor estándar que se ha ejecutado en el sector desde la fundación de BioCubaFarma, cuyos números, dicho sea de paso, se desconocen. Nadie sabe con exactitud cuánta divisa maneja GAESA. Lo que sí se conoce es que en la actualidad no solo está presente directamente en los sectores más lucrativos de la economía por medio de estructuras empresariales subordinadas a él, sino que también ejerce su poder prácticamente sobre el resto de las estructuras empresariales de diversos sectores de la economía nacional. Para ello utiliza dos vías de control. La primera, colocar a altos oficiales al frente de estas empresas. La segunda, ejercer una especie de poder indirecto por la vía financiera a través del Banco Financiero Internacional (BFI). Esta entidad, perteneciente a GAESA, controla las actividades financieras de todas las empresas que operan bajo su sombrilla, así como alrededor del 95% del flujo de operaciones comerciales de importación y exportación que realizan todas las empresas nacionales y extranjeras que operan en el mercado cubano. Esto ha desbalanceado considerablemente el poder económico institucional en el país. Bajo tales condiciones se decidió ampliar y modernizar el puerto de Mariel, para convertirlo en la terminal de contenedores más grande de Cuba, y crear la Zona Especial de Desarrollo. La inversión necesaria de 1000 millones de dólares fue gestionada por Almacenes Universales S. A., uno de los holdings de GAESA. Allí se ubica el CIGB, que alberga la producción del Heberprot-P.
La estructura de GAESA incluye al grupo ZED-Mariel y este, a su vez, al Complejo Industrial Biotecnológico CIGB y a la primera empresa biotecnológica cubana-estadounidense, Innovative Immunotherapy Alliance S. A., junto con otras cuarenta empresas, gran parte de ellas sancionadas —como sancionado está el Banco Financiero Internacional desde enero de 2021 con la justificación de “evitar que los militares cubanos controlen y se beneficien de transacciones financieras que deberían beneficiar al pueblo cubano”—. Innovative Immunotherapy Alliance S. A. recibe el flujo de actividades financieras de BioCubaFarma y, por transitividad, del CIGB.
A puerta cerrada
El Heberprot-P hoy cuenta la historia que nos contaron las vacunas desarrolladas en tiempos de pandemia y cuya ruta actual no conocemos, o las historias que nos contaron los lotes de Interferón, la vacuna contra la meningitis y el PPG. Una historia de glorias y portadas cuyas narraciones exponen estrategias opacas que intentan hacer de la industria biofarmacéutica cubana un negocio eficaz, rentable, que mantenga el balance positivo en un binomio fundamental: costos y beneficios. La economía cubana, tan deprimida, siempre ha tenido ese trasfondo turbio que se estima por la ausencia de cifras en informes institucionales, a pesar del mandato constitucional de transparencia.
Habrá que preguntarse: ¿A dónde van las ganancias de industrias tan cercanas a las ciencias médicas que no se reinvierten en Salud Pública, sector que hoy tiene menos recursos que nunca en su historia? ¿Cuánto se exporta y bajo qué condiciones? ¿Con quiénes se comercializa y por qué? ¿Cuánto significan estas ganancias en nuestro PIB, en nuestra deuda? ¿Quiénes y cómo invierten en la industria biofarmacéutica? ¿Vale la pena priorizar sus productos antes que el cuadro básico de medicamentos y la infraestructura hospitalaria? ¿Quiénes comercializan los productos cubanos en nombre de Cuba? ¿Hasta dónde puede la gente contar con las ganancias de un sector del que solo se conocen sus logros, anunciados en la prensa oficial cada cierto tiempo? ¿Cuáles son las condiciones de vida de los científicos y gestores que constituyen la fuerza mayor de esa industria?
La industria biofarmacéutica es tema del Consejo de Ministros, una prioridad gubernamental. Lo que llega a nuestros noticiarios son breves portadas que narran, escasamente, los azares de la ciencia cubana, la cual, como tantos otros dilemas, es asunto político, de la política exterior y de los militares. Un asunto que se discute a puerta cerrada, por encima de disposiciones ministeriales y de la fiscalización de la ciudadanía, pero, según sus decisores, por el bien de todos.