Días antes de que venciera el primer plazo para la presentación de las declaraciones juradas de ingresos personales correspondientes al año 2020, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) debió dictar una prórroga.
A punto de alcanzar el 30 abril, la fecha límite inicial, la mitad de los contribuyentes aún no había entregado sus declaraciones, a pesar de las facilidades brindadas por la institución para cumplimentar el trámite (horarios extendidos en sus dependencias y la posibilidad de realizarlo en línea), y del hecho de que más de 381 000 cuentapropistas (63 % de los inscritos bajo tal condición) podían beneficiarse de algunas de las exenciones fiscales y descuentos dictados a lo largo de 2020.
“Se declaran los ingresos obtenidos. Por ejemplo, en el caso de los artistas, si no recibieron ingresos, presentan la declaración jurada con ingresos brutos cero y lógicamente no les da a pagar”, explicó en enero Belkis Pino, la vicejefa de la ONAT.
La exoneración de impuestos o su rebaja han sido prácticas comunes en el mundo para hacer frente a los efectos económicos de la COVID-19. Así lo señalaba el doctor Pedro Monreal, asesor de la Unesco, en un tuit publicado a finales de abril.
El experto colocó las medidas adoptadas por la ONAT en perspectiva con lo legislado por “21 países de África Occidental y Central [que] aplicaron paquetes de emergencia desde el inicio de la pandemia. La medida más utilizada fue la reducción de impuestos”, observó Monreal.
La comparación se puede establecer entre actores similares, de facto, pues el Trabajo por Cuenta Propia en Cuba no es considerado una pequeña o mediana empresa, a pesar de que en la práctica muchos de esos negocios lo sean.
La compilación de medidas estatales de apoyo a las PYMES en el marco de la pandemia identificó las cinco más utilizadas en 130 países: asistencia financiera, garantía crediticia, moratoria de deuda, reducción de impuestos y bajos intereses.
Más allá del alivio fiscal, en Cuba poco se hizo; al menos, en cuanto a las políticas de asistencia financiera y crediticia. Una compilación del Fondo Monetario Internacional citada por Monreal recogió las experiencias de alrededor de 130 Estados. Algunos (como Canadá y Chile) se inclinaron por proteger a las pequeñas empresas y los exportadores, a defensores de las grandes compañías (Brasil), o decidieron distribuir los recursos financieros entre los consumidores (Estados Unidos, India y Túnez), contando con que el gasto privado impulsara el consumo y el empleo.
“Las empresas pequeñas enfrentan mayores limitaciones para acceder a financiación […] especialmente durante las crisis. Por eso, los gobiernos han tomado variedad de medidas para ayudar a las pequeñas empresas a capear la pandemia. Sin ese apoyo, la tasa de fracaso de las pequeñas empresas podría haber aumentado hasta en 9 puntos porcentuales”, concluyeron los analistas del ente financiero.
El impacto luego de un año de virtual “coma” económico pudo ser mucho más devastador, resalta la Comisión Económica para América Latina. Uno de sus informes describe cómo las mayores naciones del subcontinente aplicaron medidas de protección al empleo con éxito desigual, pero en todo caso imprescindibles. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) evitaron diezmar sus nóminas gracias a bonificaciones estatales. En Chile, por ejemplo, los negocios que conservaron a sus empleados pese a la disminución de ingresos recibieron una ayuda de 225 dólares, durante seis meses, por cada trabajador. Con todo, desde el comienzo de la pandemia la región perdió más de 26 millones de puestos de trabajo, señaló recientemente la Organización Internacional del Trabajo. Casi la mitad de los nuevos desempleados eran autónomos y pequeños empresarios.
Cuentas claras para tiempos difíciles
La exoneración de impuestos o su rebaja han sido prácticas comunes en el mundo para hacer frente a los efectos económicos de la COVID-19 (Foto: Yandry Fernández).
Durante el último año, junto con los efectos de la COVID-19, a los cuentapropistas cubanos les tocó enfrentar circunstancias de tan diverso signo como el agravamiento del bloqueo, la unificación monetaria y la ampliación de las actividades autorizadas para su ejercicio no estatal. Como colofón, en la segunda quincena de mayo se confirmó que las micro, pequeñas y medianas empresas serán autorizadas, así como nuevas cooperativas no agropecuarias.
Durante la pandemia el cuentapropismo cubano ha estado regido por diferentes políticas. Entre marzo y junio de 2020, el Consejo de Ministros mantuvo en vigor el llamado “conjunto de medidas asociadas a las actividades turísticas y de servicios que ejercen los trabajadores por cuenta propia o cooperativas no agropecuarias”; y a partir de mediados de año, las contempladas en la estrategia de nueva normalidad y sus fases de desescalada.
Como parte de la primera, los trabajadores no estatales vieron suspendidas sus obligaciones ante la ONAT o lidiaron con cargas impositivas mucho menores a las regulares. Pero desde el 18 de junio, con la incorporación de todas las provincias (salvo La Habana y Matanzas) a la primera fase de la recuperación post-COVID-19, comenzaron a restablecerse los compromisos antes concertados.
En una de sus intervenciones de entonces, el primer ministro Manuel Marrero resaltaba cómo las casas de renta podrían volver a recibir huéspedes nacionales, y una vez se restituyera el turismo extranjero, reanudar sus servicios a ese mercado. “Sobre el aplazamiento del pago de las cuotas tributarias mensuales, señaló que se restablecen a partir de la segunda fase”, acotó Cubadebate. “Se activa la declaración jurada y la liquidación de impuestos sobre ingresos personales a partir de la segunda fase. La disminución de las cuotas tributarias hasta el 50 % (decisión para la cual se facultó a los municipios) en la primera fase, y en la segunda fase se va a evaluar a nivel de territorio”, detalló Marrero.
A la par, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ampliaba las facultades de los consejos de defensa en cuanto al tema. Esa decisión sometió a los cuentapropistas al espectro de interpretaciones distintas que podían hacer las autoridades locales.
Así ha sucedido en polos turísticos como Varadero, pese a que formalmente ese enclave se subordina al Consejo de Ministros. Desde que el balneario reabrió en el segundo semestre de 2020, los arrendadores y otros cuentapropistas debieron volver a pagar impuestos. La lógica de la medida se fundamentaba en el hecho de que las actividades turísticas se habían reiniciado y, por tanto, no aplicaban los beneficios de la moratoria.
Un residente explicó a elTOQUE que la alternativa era “entregar la licencia de arrendamiento”, una opción descartada por la mayoría. “Todo el mundo sabe que es muy difícil conseguir la patente de nuevo, así que la gente pagaba el mínimo, aunque no tuviera clientes, o los pocos que recibiera a través de plataformas vinieran contratados a un precio menor al habitual”.
No fue hasta enero de este año que los contribuyentes de Varadero pudieron presentar a la ONAT solicitudes para el reembolso de los impuestos pagados durante periodos en que el municipio se mantuvo en contingencia sanitaria. Pero como explicó la fuente, “para esos casos no tienen en cuenta todos los momentos en que, como ahora, solo está permitido recibir clientes de Matanzas, debido a las restricciones de movimiento entre provincias. Estamos abiertos sí, pero casi sin extranjeros ni habaneros. Las ganancias son mínimas”.
En el ínterin, las recaudaciones por este concepto habrían alcanzado varios millones de pesos, a pesar de que el monto de los tributos había sido rebajado en un 40 % . “Lo peor es la falta de información”, se quejó otra emprendedora de Varadero. “En abril empezaron a anunciar por la radio que estaba por vencerse el plazo para las declaraciones juradas, pero hasta poco antes habían dicho que no era necesario presentar ese documento debido a la situación epidemiológica. Y al que iba a la oficina de la ONAT en Cárdenas a hacer el trámite, lo mandaban para la de Santa Marta, y cuando llegaba a esta se la encontraba cerrada, precisamente a causa de la pandemia”.
Otro caso ilustrativo es el de la ciudad de Camagüey, donde el Consejo de Defensa dispuso a finales de febrero el aislamiento de las principales calles comerciales. La medida se ha mantenido bajo el argumento de “contener la epidemia y disminuir la movilidad”; no sin costo para decenas de negocios privados que se ubican en la zona.
Muchos de sus dueños y empleados han tenido que encontrar nuevas formas de ganarse la vida. “Los impuestos no ha habido que pagarlos, pero la Seguridad Social hay que mantenerla al día, y además uno tiene que buscarse de qué vivir. Los cuentapropistas terminamos siendo los más afectados, con un cierre que al comienzo se dijo que sería temporal y no parece que vaya a terminar nunca”, se lamenta Yannier Rivero, empleado de una pequeña ferretería particular.
El 15 de abril, el día previo al Octavo Congreso del Partido Comunista, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó al Palacio de la Revolución a decenas de emprendedores privados y cooperativistas. “El sector no estatal está contemplado como un actor económico en el proceso de desarrollo socialista del país, tenemos toda la capacidad para trabajar y aportar de conjunto”, les aseguró. Ese día también se sentaban en el auditorio empresarios y altos funcionarios del Partido y el Estado, convocados para que se marcharan con la idea de que “no hay una economía estatal y una economía privada, sino una economía de país”.
Vistas las circunstancias del caso, pareciera que a sus deseos les falta todavía bastante para convertirse en realidad. En tiempos de COVID-19 los cuentapropistas cubanos jugaron con contadas cartas a su favor. Incluso el retrasar la fecha de sus declaraciones juradas –hasta el 31 de mayo, como en definitiva sucedió– resultó complicado; demasiado, cabría decir.
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