En la Mesa Redonda de este miércoles 14 de julio, funcionarios del Gobierno anunciaron un conjunto de medidas destinadas a abordar algunos de los problemas que enfrenta el país.
Estas son las primeras acciones adoptadas por el Gobierno después de las protestas del pasado 11 de julio y se enfocan en autorizar excepcionalmente la importación de alimentos, aseo y medicamentos, sin límite de valor y libre de pago de aranceles; la actualización de normativas para la distribución de alimentos; eliminar la obligación del uso de la escala salarial para el pago de salarios; y la flexibilización operatoria en las micro, pequeñas y medianas empresas estatales.
Además, se informó acerca de las acciones adoptadas con el fin de reducir las interrupciones de suministro eléctrico en el país y para el enfrentamiento a la COVID-19.
Autorización excepcional y temporal para la importación de alimentos, aseo y medicamentos
La medida –que entrará en vigor a partir del próximo lunes 19 de julio– permite la importación por los pasajeros con equipaje acompañante de alimentos, aseo y medicamentos, sin límite de valor de importación y libre de pagos de aranceles hasta el 31 de diciembre de este año, con excepción de aquellos que arriben por los aeropuertos de Cayo Coco y Varadero, quienes solo se encuentran autorizados a entrar una maleta, como resultado de las acciones de control impuestas por la COVID-19 en esos territorios.
Los productos importados deben estar diferenciados del resto del equipaje personal y los alimentos tienen que cumplir las medidas fitosanitarias establecidas. No obstante, los viajeros aún deben revisar el equipaje que permite la aerolínea mediante la cual llegarán a la Isla.
El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló que más información sobre la implementación de la medida será ofrecida la próxima semana. De igual forma, explicó que la escasez actual de medicamentos se debe a la escasez de divisas que presenta la nación; la ausencia de disponibilidad de materias primas en algunos proveedores debido a la alta demanda por la COVID-19; y el incremento de entre 30 % y 50 % en los costos de adquisición y de los insumos como consecuencia del bloqueo.
Los medicamentos que se han visto más afectados son los antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, vitaminas y los de uso estomatológico. De los 619 medicamentos que componen el cuadro básico, 254 son importados en su totalidad por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), mientras que los otros 365 se producen en BioFarmaCuba; pero requieren de materias primas que también son importadas, algunas de las cuales se han logrado adquirir para comenzar con la producción de aquellos que se emplean en el tratamiento de las enfermedades más graves.
Marrero Cruz especificaba que la prioridad se encuentra en los antibióticos; los medicamentos destinados a los centros de aislamientos, la red de farmacias y los hospitales; así como los utilizados para tratar la COVID-19, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, y la realización de hemodiálisis.
Actualización de normativas para la distribución de alimentos
Para aquellas personas que residan en provincias diferentes a las que aparecen en sus documentos de identidad y, por tanto, no pueden adquirir los alimentos de la canasta básica a través de la libreta de abastecimiento, se decidió implementar un mecanismo provisional con el fin de que puedan obtenerlos en el lugar donde residen actualmente.
El primer ministro aclaró que ello no implica un traslado oficial a la nueva dirección, sino que podrán acceder a los productos temporalmente.
Eliminar la obligación del uso de la escala salarial para el pago de salarios
La acción consiste en dejar de emplear las escalas salariales que comenzaron a aplicarse con el inicio de la Tarea Ordenamiento y, en cambio, asignar un fondo de salario aprobado a las empresas, las cuales contarán con la autonomía para decidir cómo distribuirlo entre sus trabajadores de acuerdo con las diferentes plazas que ocupen, las actividades que desempeñen o sus profesiones.
Según el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, la medida no se implementará a partir de una fecha específica, sino que comenzará a aplicarse en un grupo de entidades para después ser extendida gradualmente hasta llegar a todas las empresas estatales.
Flexibilización operatoria de las micro, pequeñas y medianas empresas estatales
En las micro, pequeñas y medianas empresas estatales se establecerá una separación entre las funciones de propiedad y de gestión. Dentro de las alternativas evaluadas para desempeñar el rol de propietario se encuentran las unidades presupuestadas, empresas, organizaciones superiores de dirección empresarial, centros científicos y universidades.
Estas instituciones tendrán la responsabilidad de exigir la rentabilidad de las entidades bajo su cargo, así como aprobar las principales inversiones y decisiones estratégicas; mientras que la gestión diaria quedaría en manos de las propias empresas, lo cual permitiría que funcionen con mayor capacidad de adaptación y flexibilidad de forma que puedan, incluso, incorporar resultados de investigaciones científicas y potenciar la innovación, apuntó Gil Fernández.
Acciones adoptadas para reducir las interrupciones de suministro eléctrico en el país
Las afectaciones al servicio eléctrico del país han tenido como causa el déficit en la capacidad de generación, debido a mantenimientos atrasados por falta de financiamiento, precisó Marrero Cruz. Además, con el aumento de casos de la COVID-19, se ha tenido que garantizar el mantenimiento del servicio en los hospitales.
El primer ministro expuso que para garantizar la estabilidad del sistema electro-energético nacional, es decir, que no ocurra ningún apagón, se requieren 500 megawatts (MW) de reserva, los cuales sirven para cubrir la demanda eléctrica en caso de que ocurra un fallo en algunas de las grandes centrales generadoras. Si la reserva es menor a esa cantidad, se corre el riesgo de que no sea posible sustituir la electricidad dejada de generar por el fallo y ocurran apagones.
El martes 13 de julio la termoeléctrica Antonio Guiteras, con una capacidad de generación de 280 MW, se incorporó al sistema nacional después de que fuera reparada una avería en la caldera. Ello permitió reducir las afectaciones en el horario nocturno y de madrugada.
Asimismo, se espera que esta semana se incorpore la unidad uno de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) –con una capacidad de generación de 260 MW–, la cual se encuentra en proceso de prueba y ajuste, durante el que se lograron generar 90 MW. De igual forma, en el mes de agosto se prevé realizar la primera sincronización de la unidad seis de la termoeléctrica Máximo Gómez, que aportará otros 100 MW.
Además de las centrales termoeléctricas, el país también depende de los grupos electrógenos para la generación de electricidad; pero su disponibilidad también se ha afectado por roturas y falta de baterías. No obstante, se han adoptado diferentes acciones para adquirirlas y se espera poner en funcionamiento, al menos, una parte de estos.
En 2019, según datos de Cuba Energía, el 61.17 % de la generación eléctrica de la Isla provenía de las termoeléctricas, seguidas por los grupos electrógenos, que generaban solo el 21.12 %. El 17.71 % restante se distribuía entre las turbinas de gas y ciclo combinado (11.83 %), los autoproductores (4.07 %), la energía eólica y fotovoltaica (1.21 %), y las hidroeléctricas (0.60 %).
Con la entrada de las termoeléctricas Felton y Guiteras al sistema nacional se prevé un aumento en la capacidad de generación y que la situación energética transite hacia una estabilización, aseguró Marrero Cruz.
Enfrentamiento a la COVID-19
Para el 13 de julio se habían administrado en el país un total de 7 761 001 dosis de Abdala y Soberana-02, según datos del MINSAP. En esa fecha, 1 968 715 personas ya habían recibido las tres dosis.
Se espera que para fines de agosto casi el 60 % de la población se encuentre totalmente vacunada y que el 80 % haya recibido, al menos, una dosis, precisó Marrero Cruz. El primer ministro explicó que se han buscado alternativas para acelerar el proceso de vacunación y que se han priorizado los recursos financieros para adquirir los insumos necesarios en la fabricación de las vacunas. Además, se han favorecido los territorios con mayores índices de contagios, con el fin de reducir la propagación del virus.
De igual forma, se prevé comenzar la vacunación masiva en los niños de 3 a 18 años, después que concluyan en septiembre los ensayos clínicos en la población pediátrica.