En Cuba se pierden aproximadamente 1.2 metros de línea de costa por año como consecuencia de la erosión, señala la Tercera Comunicación Nacional del país a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Al mismo tiempo, según un artículo publicado en 2019 en la revista Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, de 257 playas evaluadas en la Isla, 86 % poseían indicios de erosión.
El informe Panorama Ambiental Cuba 2019 define al fenómeno como “la pérdida total o parcial del material del suelo superficial arrastrado por el agua (erosión hídrica) y a veces por el viento (erosión eólica)”. Esta puede producirse por causas naturales o por la acción humana.
Entre las primeras se encuentran la elevación del nivel del mar, las marejadas e inundaciones provocadas por tormentas tropicales y huracanes, los cuales ocasionan el retroceso de la línea costera y la pérdida de arena en las playas. Las segundas se deben al mal manejo de las áreas costeras y los impactos derivados de actividades humanas como las construcciones y el transporte automotor sobre las dunas (acumulaciones de arena); la incorrecta planificación y diseño de las construcciones en la costa; la deforestación de la vegetación en las playas; la introducción de especies exóticas no compatibles con los ecosistemas del territorio; además de la invasión de especies de plantas no deseables sobre las dunas, explica el Manual de legislación ambiental para la gestión de la zona costera de Cuba.
Las playas pueden presentar erosión intensa, cuando la línea de costa ha retrocedido más de 1.2 metros por año, o erosión moderada, si el retroceso es menor. Un texto publicado por la Editorial Academia del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) apuntaba que, aunque la mayoría de las playas cubanas muestran indicios de erosión moderada, un número importante de estas posee erosión intensa, otras ya se encuentran totalmente destruidas, y solo una minoría apenas posee afectaciones debido al fenómeno.
El propio documento señalaba que, con la elevación progresiva del nivel del mar como resultado del cambio climático, es probable que continúe el deterioro de las playas arenosas, incluso, resulta posible la desaparición de algunas de ellas.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), si bien algunos sistemas son capaces de retroceder tierra adentro para acomodarse a los cambios del nivel del mar, otros experimentarán casos de estrés costero, el cual ocurre cuando una costa en erosión se acerca a estructuras rígidas e inmóviles, como malecones o acantilados, y genera impactos adversos para el medio ambiente y la sociedad.
En Cuba, la zona costera concentra el 45.5 % de las instalaciones de alojamiento y el 73.3 % de las habitaciones disponibles en el país, especifica la Tercera Comunicación Nacional. Para 2050, las zonas más afectadas serán las que se extienden desde Artemisa hasta Matanzas, en el litoral norte, y de Artemisa a Camagüey, en el sur. En el caso de la primera, el fenómeno ocasionaría una pérdida “en el orden de los 2 467 440 miles de pesos”; mientras que la segunda posee “montos de inversiones asociados a los 2 663 665 miles de pesos”.
En agosto de 2000, se aprobaba el Decreto-Ley 212 Gestión de la Zona Costera, con el fin de establecer un conjunto de disposiciones para la delimitación, protección y uso sostenible de estas áreas. El texto establecía, entre otras acciones, una zona de protección de 40 metros desde la primera duna hacia tierra adentro y la necesidad de contar con una licencia ambiental para la realización de proyectos de obras o actividades tanto en la zona costera como en la de protección, las cuales debían cumplir con un proceso de evaluación de impacto ambiental para la obtención de la licencia.
Además, prohibía la extracción de áridos; el estacionamiento y circulación de vehículos terrestres, con excepción de los equipos especializados de seguridad, limpieza, vigilancia, salvamento, mantenimiento y otros autorizados; la creación de nuevas áreas residenciales o de alojamiento, así como la ampliación de las ya existentes; la disposición de desechos sólidos y líquidos que no cumplieran con las medidas de vertimiento establecidas; la introducción de especies exóticas; y las actividades de equitación, circulación de animales de tiro y vehículos de tracción animal, entre otras.
La aprobación del Decreto proveía un marco legal para un conjunto de acciones que ya habían comenzado a realizarse con el fin de controlar la erosión provocada por actividades humanas. El Manual de legislación ambiental para la gestión de la zona costera de Cuba argumenta que existen dos vías para ello: la alimentación artificial de arena y la eliminación de los agentes que provocan los procesos erosivos.
Con respecto al primero, este se realizó por primera vez en Varadero a partir de 1998 y logró más de un millón de metros cúbicos de arena vertidos en 11 kilómetros de playa, explica el artículo publicado en la revista Comunicaciones Científicas y Tecnológicas.
Por su parte, la eliminación de agentes se ha centrado en la suspensión definitiva de la extracción de arena de las playas y en diversas medidas destinadas a la preservación de la primera duna. Estas son las que se ubican más cerca del mar y funcionan como reserva natural de arena para la alimentación de la playa en momentos de eventos erosivos extremos, lo cual impide que se produzcan inundaciones.
Dentro de las acciones encaminadas a su protección se encuentran el plan de demolición de las construcciones ubicadas sobre ellas, el cual inició en Varadero en 1986 y ha permitido la recuperación de alrededor de 2 kilómetros de duna natural; el programa de restauración de dunas naturales implementado en la actualidad en las Playas del Este de La Habana; y la siembra de especies para la colonización espontánea de la vegetación de las dunas costeras, lo cual favorece el control de la erosión provocada por el viento.
Según la Tercera Comunicación Nacional, la restauración ecológica realizada en más de 1 000 metros de las Playas del Este de La Habana ha contribuido a incrementar la resiliencia de los ecosistemas del área, pues la vegetación actúa como elemento amortiguador de los efectos erosivos del oleaje y aumenta la capacidad de las dunas para limitar los daños causados por tormentas tropicales a la infraestructura costera situada detrás de las mismas.