Tras más de dos años de negociaciones, el 12 de diciembre de 2016 la Unión Europea (UE) y Cuba firmaron el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC). Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender su contenido.
¿Cuáles son los objetivos del Acuerdo?
En sentido general, el ADPC busca fortalecer las relaciones entre los países miembros de la UE y Cuba a través del diálogo político, la cooperación y el comercio. Específicamente, se enfoca en la cooperación bilateral y la participación mutua en los foros internacionales; el apoyo a las acciones destinadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); proporcionar un marco global para el diálogo, con el fin de acompañar el proceso de actualización de la economía y la sociedad en Cuba; promover las relaciones comerciales y económicas; así como mejorar la cooperación regional en América Latina y el Caribe.
En este sentido, el Acuerdo crea un marco propicio para establecer un diálogo político sobre la base del respeto por los derechos humanos, la modernización de la economía cubana y la búsqueda de respuestas conjuntas a desafíos globales, señala el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, por sus siglas en inglés).
¿Cómo surgió el ADPC?
Las negociaciones que condujeron a la firma del Acuerdo comenzaron en abril de 2014 y se extendieron hasta el 11 de marzo de 2016. El documento fue aprobado por el Parlamento Europeo el 5 de julio de 2017 y su contenido comenzó a aplicarse provisionalmente a partir del 1 de noviembre de ese año.
El texto formalizaba las acciones de cooperación que se habían desarrollado entre ambas partes desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1988. Durante los primeros años, la cooperación se centró en el financiamiento a proyectos de emergencias en respuesta a huracanes. Tales proyectos eran gestionados por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, la cual desde 1994 ha destinado aproximadamente 94 millones de euros a estas acciones, según datos del EEAS.
Sin embargo, el progreso de la relación hacia otros ámbitos se vio limitado a partir de 1996 por la adopción en la UE de una estrategia hacia la Isla conocida como Posición Común. Impulsada por el entonces presidente español José María Aznar, condicionaba la ayuda y la cooperación económica de la UE hacia Cuba a que existiera un proceso de transición hacia la democracia en esta última.
No obstante, desde 2007 la cooperación bilateral se extendió gradualmente a áreas como la agricultura sostenible, seguridad alimentaria, fuentes renovables de energía, cambio climático y modernización de la economía. Un año después, en 2008, comenzaban a realizarse conversaciones políticas de alto nivel acerca de temas de interés mutuo, con el fin de definir áreas potenciales de colaboración.
A su vez, en 2015, después de comenzadas las negociaciones para la firma del ADPC –que derogó las disposiciones de la Posición Común– se iniciaban diálogos informales periódicos entre ambas partes sobre derechos humanos, los cuales se realizaron en Bruselas en dos ocasiones (2015 y 2017) y una vez en La Habana (2016).
¿En qué áreas se enfoca la cooperación?
El ADPC comprende tres temas generales: diálogo político; cooperación y diálogo sobre políticas sectoriales; y comercio y cooperación regional.
- Diálogo político:
Tiene como objetivos fortalecer las relaciones políticas, promover el entendimiento sobre temas de interés mutuo, permitir el intercambio de puntos de vista e información, fortalecer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) como centro del sistema multilateral, y continuar la asociación estratégica entre la UE y los estados de América Latina y el Caribe.
Para ello plantea la realización periódica de diálogos políticos que contribuyan a establecer una base común para las iniciativas de cooperación sobre temas determinados como derechos humanos; tráfico ilícito de armas; desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva; crímenes graves de trascendencia internacional; medidas coercitivas unilaterales; desarrollo sostenible; lucha contra el terrorismo; trata de personas y tráfico de migrantes; producción, tráfico y consumo de drogas; además de discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia.
Las partes se comprometen al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los acuerdos internacionales y resoluciones de la ONU referidas a estos temas; reconocen la importancia del control interno en la prevención de los delitos; y la necesidad de cooperación para asegurar los esfuerzos en el cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos al respecto, lo cual incluye el intercambio de información y buenas prácticas.
No obstante, en el caso de las armas se reafirma el derecho de cada Estado a fabricar, importar y retener armas pequeñas y ligeras para su defensa, seguridad nacional y participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
- Cooperación y diálogo sobre políticas sectoriales:
Es la más extensa de las tres áreas contenidas en el Acuerdo y tiene como fin establecer prácticas que permitan promover el desarrollo sostenible inclusivo, contribuir al cumplimiento de los ODS, identificar los ámbitos de colaboración sobre cuestiones globales de interés para ambas partes y complementar los esfuerzos de Cuba en su desarrollo económico y social sostenible.
Durante la implementación de tales acciones se deberá garantizar la gestión transparente y responsable de los fondos financieros, mediante la adopción de medidas para prevenir el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales. Además, Cuba se compromete a realizar, libres de gastos de aduana e impuestos, los trámites de importación de productos e insumos vinculados a las actividades de cooperación.
Abarca seis sectores de cooperación: democracia, derechos humanos y buena gobernanza; promoción de la justicia, seguridad ciudadana y migración; desarrollo y cohesión social; medio ambiente; desarrollo económico; e integración y cooperación regional.
- Democracia, derechos humanos y buena gobernanza
Reconoce la necesidad de respetar y hacer valer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el deber de los Estados para proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales.
Para ello se determina integrar la protección y promoción de estos derechos en las políticas internas y planes de desarrollo de los países; sensibilizar y educar en materia de derechos humanos, democracia y cultura de paz; promover el funcionamiento de las instituciones de forma transparente, responsable, eficiente y democrática; además de trabajar en conjunto para lograr procesos políticos más inclusivos en los que puedan participar todos los ciudadanos.
- Promoción de la justicia, seguridad ciudadana y migración
Se enfoca en la protección de datos personales; los mecanismos de cooperación que puedan emplearse para la prevención de drogas ilícitas, la mitigación de sus efectos y la atención a las víctimas; el trabajo conjunto para combatir el lavado de activos y la delincuencia organizada, mediante el intercambio de experiencias, iniciativas, y la adopción de normas efectivas para impedir estos delitos, así como los de terrorismo y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.
La cooperación se centrará también en la migración, la trata de personas y el tráfico de migrantes, a partir de la investigación de las causas originales de la migración; la búsqueda del trato justo y la integración en la sociedad de los residentes legales, el respeto a los derechos humanos de los migrantes; y la evaluación de los mecanismos y políticas para facilitar la transferencia de remesas.
También, las autoridades consulares y diplomáticas de la UE son autorizadas para ofrecer protección en territorio cubano a nacionales de un tercer país que no posea representación permanente en la Isla.
Por otra parte, se reconoce la contribución potencial de la sociedad civil en el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, por lo que se promueven las acciones de apoyo que permitan una mayor participación de esta en la ejecución de actividades de desarrollo y cooperación sectorial.
- Desarrollo y cohesión social
La cooperación que se realice en el marco del ADPC debe contribuir a la reducción de la pobreza, la injusticia, la desigualdad y la exclusión social. Con este fin se decide movilizar recursos financieros significativos y colaborar en el intercambio de experiencias sobre políticas económicas orientadas a lograr una sociedad más inclusiva y con mejor distribución de ingresos; el acceso equitativo a servicios sociales; y estrategias para combatir la xenofobia y discriminación.
Además, se promueve el intercambio de estudiantes, investigadores y académicos con el fin de fomentar el desarrollo de capacidades para modernizar sus sistemas de enseñanza superior; la cooperación en el sector de los medios de comunicación a través de iniciativas conjuntas de formación; la priorización de medidas, políticas y proyectos enfocados en las personas en situación de vulnerabilidad y de los programas dirigidos a enfrentar la violencia contra la mujer.
Al mismo tiempo, se potenciará el desarrollo sostenible de comunidades locales, a través de iniciativas acordes con los planes estratégicos de cada territorio; y el fortalecimiento de la capacidad de gestión económica de las entidades productivas y de servicios de ámbito local.
- Medio ambiente, gestión de riesgo de desastres y cambio climático
Se enfoca en la cooperación con el fin de proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, a través del aprovechamiento de oportunidades de inversión en tecnologías limpias; la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales; intercambio de información y experiencias; así como la creación de incentivos y mecanismos para la innovación.
También se reconoce la necesidad de gestionar los riesgos derivados de los desastres que puedan ocurrir en los territorios de los Estados que forman parte del Acuerdo, con el incremento de las capacidades de respuesta, monitoreo y alerta temprana; asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua.
- Desarrollo sostenible
Comprende la cooperación en sectores como la agricultura, el desarrollo rural, la pesca y la acuicultura; el turismo sostenible; la ciencia, tecnología e innovación; el transporte; la actualización del modelo económico y social; y la gobernanza en materia fiscal, mediante la transferencia de tecnologías, apoyo, conocimientos, contribución al desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias e información.
Así, sus objetivos se centran en mejorar la recopilación de datos y estadísticas referidas a estos temas con el fin de elaborar mejores métodos y programas que permitan identificar los requerimientos de información para la evaluación y gestión de proyectos; lograr el desarrollo rural y de mercados; integrar las consideraciones ambientales, culturales y sociales en los planes de desarrollo de sectores como el de turismo; y realizar actividades conjuntas de investigación.
En el sector energético se establecen mecanismos de cooperación enfocados en diversificar el abastecimiento, los mercados de energía, la generación, transmisión, distribución y eficiencia de estas; así como el desarrollo de proyectos de energías renovables.
Igualmente, se enfatiza en la importancia del desarrollo local para la actualización del modelo económico y social cubano, mediante acciones que impulsen la competitividad, la innovación, la integración de encadenamientos productivos y la formación de recursos humanos.
- Integración y cooperación regional
Tiene como fin apoyar las actividades de cooperación en diferentes ámbitos entre Cuba y otros países del Caribe, en especial los programas regionales referidos a la investigación, educación e innovación, así como las acciones conjuntas que puedan implementarse en los foros multilaterales.
- Comercio y cooperación regional:
Está dirigida al fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales, mediante el aumento de los flujos comerciales entre las partes; la integración de Cuba en la economía mundial; la diversificación de la economía cubana y del comercio intrarregional y con la UE; la creación de un clima adecuado de negocios; y la búsqueda de un mayor flujo de inversiones.
Por ello, se propone la reducción sustancial de aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y la eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales. Además, las partes se comprometen a brindar trato nacional y de Nación Más Favorecida (NMF) a las importaciones provenientes de la otra parte del Acuerdo.
Al mismo tiempo, el Acuerdo contempla facilitar la colaboración entre los servicios aduaneros para garantizar la seguridad fronteriza, la aplicación de mecanismos y técnicas aduaneras modernas, y desarrollar las capacidades de Cuba para cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios que permitan mejorar el acceso al mercado europeo.
¿Cómo han cambiado las relaciones entre la UE y Cuba después de la firma del Acuerdo?
Según el EEAS, para 2019 el valor de las exportaciones de Cuba hacia la UE ascendió a 327 millones de euros; mientras que las importaciones desde la UE fueron de 2 106 millones. Los principales bienes adquiridos por Cuba eran alimentos, productos de la industria química, plásticos, metales básicos y sus manufacturas, maquinaria, electrodomésticos y equipos de transporte. Por su parte, la UE importó productos agrícolas, bebidas, tabaco y combustibles minerales.
Ese mismo año, la UE proyectaba implementar un total de 71 proyectos en la Isla, con un valor estimado de 139 millones de euros, lo cual representaba una cantidad cuatro veces mayor que la media de los últimos 10 años.
Para 2021, los proyectos de agricultura sostenible y seguridad alimentaria recibían la mayor cantidad de fondos, con un 33.6 % del total. El 66.4 % restante se distribuía de la siguiente forma:
A su vez, un 60 % de los fondos otorgados por la UE son ejecutados por agencias de la ONU, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El otro 40 % se distribuye entre agencias y bancos de desarrollo de países miembros de la UE (22 %), universidades (6 %), organizaciones de la sociedad civil (8 %), autoridades locales (3 %), e instituciones de otros países de América Latina y el Caribe (1 %), lo cual implica que solo el 17 % del financiamiento es implementado por Cuba (universidades, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales), explica el EEAS.
También, después de la entrada en vigor del Acuerdo se han realizado otras tres sesiones de diálogos sobre derechos humanos: el 9 de octubre de 2018 en La Habana, el 3 de octubre de 2019 en Bruselas, y el 26 de febrero de 2021 por videoconferencia.
¿Cómo se garantiza el cumplimiento del Acuerdo?
El artículo 81 del ADPC establece un Consejo Conjunto encargado de supervisar su cumplimiento y aplicación, el cual se reúne regularmente en intervalos no mayores a dos años, y de forma extraordinaria si se requiere. Este Consejo se encuentra compuesto por representantes a nivel ministerial de ambas partes. Al mismo tiempo, se crea un Comité Conjunto para asistir al Consejo en sus funciones.
En el caso de que alguna de las partes considere que la otra ha incumplido con las obligaciones adquiridas en el Acuerdo, se presentará la evidencia ante el Consejo Conjunto con el fin de hallar una solución aceptable y adoptar medidas pertinentes.