En enero de 2021, tras un rebrote de COVID-19 en Cuba, las autoridades gubernamentales extendieron a todo el país un paquete de contravenciones que se venía aplicando desde agosto de 2020 en la ciudad de La Habana. El Decreto 31 reprodujo, en esencia, las mismas contravenciones dispuestas en el Decreto 14 solo para la capital y expandió a todo el país la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a los infractores de las medidas sanitarias. La norma se promulgó el 29 de enero de 2021 tras su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 8.
Desde la entrada en vigor del Decreto 31, las multas –de entre 2 000 y 3 000 pesos cubanos– han sido utilizadas con frecuencia contra incumplidores (supuestos y reales) de los protocolos sanitarios. Antes del mes de enero, al no contar las autoridades fuera de La Habana con un instrumento jurídico especial para penalizar los incumplimientos de las medidas sanitarias, se utilizaba preferentemente la vía penal y se aplicaba el delito de propagación de epidemias a los infractores.
Luego de la expansión del sistema contravencional, varias personas han manifestado a través de las redes sociales su inconformidad con las multas aplicadas por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), una de las autoridades facultadas por el Decreto 31 para imponer sanciones. Los inconformes señalan la falta de correspondencia entre las infracciones en teoría cometidas y las señaladas en la norma; alegan, además, que las multas se aplican de un modo excesivo y arbitrario.
Ponderación vs. arbitrariedad: las multas de 2 000 pesos
Entre las principales quejas notificadas por los sancionados se encuentra la irracionalidad en la imposición. Si bien comer o fumar en la vía pública no está tipificado por el Decreto 31 –de manera expresa– como contravención, varios ciudadanos alegan haber sido multados por tal motivo, aun cuando permanecían separados del resto de las personas. La razón legal esgrimida por las autoridades para la aplicación de la multa ha sido el uso incorrecto del nasobuco. Pero sobra decir que no se puede fumar o comer cuando una máscara te cubre la boca. En estos casos parece haberse impuesto el uso de la ley como simple arma de represión y no como instrumento de prevención que responde a una lógica sanitaria.
Las investigaciones médicas han demostrado que el riesgo de transmisión del coronavirus es mucho menor al aire libre que en los espacios cerrados; aún más si se guarda un distanciamiento social de, al menos, 2 metros. A pesar de estos hechos contrastados, ciudadanos alegan haber sido multados por comer o fumar al aire libre, mientras guardaban el distanciamiento social requerido por las normas jurídicas y recomendado por la ciencia.
El 25 de enero de 2021, el periodista Jesús Jank Curbelo denunció a través de su perfil personal de Facebook la imposición de una multa de 2 000 pesos. La infracción radicó, según le comunicaron, en comer en la calle, a pesar de que –especifica Curbelo– se encontraba alejado de todo el mundo.
El usuario que se identificó como Eddy Fernández contó que fue multado con 2 000 CUP por fumar en la vía pública, aun cuando –explica– mantenía una distancia mínima de 4 metros con el resto de los transeúntes. Fernández es un trabajador por cuenta propia que se quedó sin trabajo debido a la pandemia. Su desempleo lo llevó a cuestionarse cómo le sería posible pagar la multa.
Adiós a la profilaxis. Bienvenida la severidad y el desamparo
El principio de “tratamiento gradual y progresivo” parece haber eliminado la posibilidad de la profilaxis y la advertencia para dejar espacio único a la severidad (Foto: Sadiel Mederos).
En abril de 2020, cuando apenas comenzaban los compases de la pandemia en Cuba, la PNR imponía multas por incumplimiento de las medidas sanitarias sin estar legalmente facultada. En ese contexto compareció en el programa de la televisión nacional Hacemos Cuba el segundo jefe de la Dirección General de la PNR, coronel Eddy Sierra Arias, quien expresó: “Como un principio de nuestra actuación [refiriéndose a la PNR] está el tratamiento gradual y progresivo, con un enfoque primero preventivo”.
Además, el oficial de la PNR destacó que, en cumplimiento de ese principio –hasta la fecha de su comparecencia televisiva–, las autoridades policiales habían “profilactado (sic) [advertido o corregido] a 36 522 ciudadanos y se habían impuesto apenas 3 512 multas”. No obstante, Sierra Arias advirtió que, a medida que empeorara la situación epidemiológica, la labor profiláctica y educativa daría paso a una actitud más severa de sus subordinados.
A un año de la comparecencia del coronel Sierra Arias, el principio de “tratamiento gradual y progresivo” parece haber eliminado la posibilidad de la profilaxis y la advertencia para dejar espacio único a la severidad. En consecuencia, la severidad, carente de control, parece haberse acompañado de la arbitrariedad y la indefensión ciudadana.
Según la narración de Camilo Manuel Reyes Deaño, ingeniero químico e inversionista en una empresa mixta ubicada en la refinería habanera, el 17 de febrero de 2021 aguardaba por un transporte a la salida de su centro laboral. En ese momento, “el director técnico de Castrol” lo llamó por cuestiones de trabajo; fue entonces que “Una patrulla me pidió el carné para multarme con el [D]ecreto 31/2021 [A]rtículo 2.1, inciso c), por hablar un momento sin el nasobuco, aislado, sin contaminar a nadie. A mi parecer es un extremismo” —acotó.
Por su parte, Israel Cabrera Espinosa, residente en Las Tunas, cuenta que el jefe de Sector de su localidad le impuso una multa por un monto correspondiente a 3 000 pesos. La imposición se produjo, según lo manifestado por Cabrera Espinosa, a través de una llamada telefónica en la cual fue conminado a presentarse en el Sector Militar que le correspondía. Allí le comunicaron que una tercera persona había denunciado ante la PNR que él había infringido las leyes establecidas al realizar una fiesta en su domicilio. El usuario alega que esta información es falsa, y se cuestiona el motivo por el cual la policía no corroboró en el acto la denuncia y decidió notificarle dos días después la imposición de la sanción, sin pruebas.
Un episodio similar al anterior denunció el usuario Osmel Mesa Serrano. Este ciudadano se pregunta –aunque no especifica si fue su caso– cómo es posible que, sin notificar una indisciplina por uso incorrecto del nasobuco, se comunique tres días después la imposición de la multa.
El pasado 12 de abril, la religiosa (monja) Ana Elena Lima Fundora, directora de un hogar de ancianas de la Iglesia católica ubicado en Miramar, narró mediante una carta abierta la experiencia que le ocurriera, la cual calificó de “muy penosa”. Así detalló Lima Fundora:
“En la tarde de hoy recibí la visita de una inspectora de Higiene y Epidemiología (licenciada Raida), que después de inspeccionar todo el centro nos impuso una multa de 2 000 pesos por diversas razones: los frascos de agua clorada no tenían fecha de confección, no estaban recogidas las muestras testigos de alimentos, falta de higiene en algún área exterior del centro, no poseemos el ‘Plan de enfrentamiento a la COVID-19’”.
Ana Elena se refirió al suceso como un “acto injusto y cínico”. La única respuesta que recibió por parte de la inspectora ante su desacuerdo fue: “Así es el protocolo”. Lima Fundora protestó “enérgicamente ante la falta de realismo y la mirada tan superficial y desproporcionada” de la que fuera objeto. Añadió, además: “Se supone que nuestro centro se encuentra cerrado, pero la señora inspectora comunicó su derecho a ingresar, a pesar de que no nos consta que tuviera un PCR actualizado, tampoco los medios de protección adecuados (doble nasobuco, careta, guantes, bata…)”.
La pandemia como justificación de la discriminación
Varios han sido los episodios de discriminación política que se han disfrazado bajo el perfil epidemiológico (Foto: Sadiel Mederos).
A través del perfil de Facebook del médico y activista LGBTI+ Alberto Roque, se conoció que el 20 de marzo de 2021 Merlía Somers, una mujer trans, fue víctima de un episodio de transfobia por parte de la PNR en el municipio de Cabaiguán, Sancti Spíritus. El policía que custodiaba la cola en las afueras de una tienda en moneda libremente convertible le cuestionó a Somers el porqué vestía prendas de mujer. Añadió, entonces, que se trataba de una falta de respeto y desacato a la ley.
Ante la protesta de Merlía Somers, el policía decidió su traslado hacia la estación de la PNR y allí le impuso una multa de 1 000 pesos por el uso incorrecto del nasobuco, ateniéndose al Decreto 31; asunto que, asegura Somers, era incierto. El lunes 22 de marzo Merlía Somers fue citada por la policía. Allí recibió una disculpa por el incidente y le retiraron la penalización.
Una semana más tarde, Somers anunciaba a través de su perfil de Facebook: “Me notificaron que el policía que me puso la multa de 1 000 por ser una mujer trans fue multado con 300 pesos y separado a partir de hoy por 3 meses de su cargo por abuso de poder”.
Sin embargo, varios han sido los episodios de discriminación política que se han disfrazado bajo el perfil epidemiológico. Tal es el caso de la historiadora del arte Carolina Barrero. El 3 de abril de 2021, Barrero junto a los artistas Maykel Castillo, Amaury Pacheco, Yenisleydis Borroto Vega (Áfrika Reina) y Eliecer Márquez Duany (El Funky), se dirigieron a la unidad policial ubicada en Cuba y Chacón para indagar por dos personas detenidas, cuyo paradero era desconocido: Luis Manuel Otero Alcántara y Yamilka Latifa Cancio. “Solicitar información verídica –denunció Carolina Barrero a través de su perfil de Facebook– a las instituciones del Estado no es motivo de detención. Sin embargo, una docena de policías nos detuvieron con violencia (…); a mí me hicieron dos llaves que me dejaron el hombro lastimado, me inmovilizaron el cuello y me levantaron en peso”. Al salir de la estación, relató Barrero: “Me pusieron una multa por propagación de epidemias”.
Tres días después, el 6 de abril, Carolina Barrero bajó desde su apartamento para botar la basura e indagó con la policía por qué en días anteriores ella había sido multada, cuando el resto de los vecinos de su cuadra entraban y salían sin ser penalizados por ello. Lo que sucedió a continuación lo contó Carolina a través de la misma red social: “Me metieron en una patrulla, me llevaron a la estación de Cuba y Chacón, y me pusieron una multa de 3 000 pesos que, por supuesto, reclamaré. Está claro que la imposición de la legalidad no es pareja y está condicionada en algunos casos por razones externas a las medidas sanitarias”.
El pasado 2 de abril, el opositor Bárbaro de Céspedes fue detenido en la puerta de la Iglesia La Merced, en la ciudad de Camagüey, luego de que se le impidiera entrar al templo con el pecho descubierto. Bárbaro portaba una cruz de madera donde estaba rotulado lo siguiente: “61 años de comunismo”.
Bárbaro de Céspedes contó en una entrevista concedida a La Hora de Cuba que una vez esposado en las afueras de la iglesia le indicaron colocarse correctamente el nasobuco y lo introdujeron en la patrulla. Él supuso que le impondrían una multa, pero, en su lugar, fue trasladado hasta el edificio de la Seguridad del Estado, donde permaneció 8 días retenido.
A Bárbaro le realizaron una prueba PCR, cuyo resultado fue negativo. A pesar de ello, antes de ponerlo en libertad, le impusieron una multa de 2 000 pesos por el delito de propagación de epidemias y, además, una medida cautelar de prisión domiciliaria “por tiempo indeterminado, mientas dure el proceso”, puntualizó.
Por otra parte, el comentarista de la televisión cubana Humberto López, durante la trasmisión del Noticiero Nacional de Televisión del 8 de abril de 2021, se refirió a una supuesta reunión planificada por los miembros del 27N para el 9 de abril. Luego de ofrecer muestras de los “profundos conocimientos” que posee sobre lo que supuestamente se realiza al interior del grupo, señaló: “Recuerden que la COVID-19 sigue asechando, esa veintena de personas (…) podrían estar violando las medidas sanitarias establecidas”.
Sin embargo, semanas antes, el Gobierno cubano convocó y llevó a cabo una caravana en contra del bloqueo a lo largo de todo el malecón habanero. Esta reunió, sin tener en cuenta las medidas sanitarias, a decenas de ciudadanos en un mismo espacio y, en ocasiones, irrespetando el distanciamiento social. La caravana de autos, bicicletas y motos respondía, a su vez, a un llamamiento del activista cubanoamericano Carlos Lazo para desarrollar “Puentes de Amor”; contó con la presencia de altos funcionarios cubanos –como el canciller Bruno Rodríguez Parrilla– y con una amplia cobertura mediática.
Una semana después, la iniciativa ciudadana Masa Crítica –Habana #58– intentó desarrollar una de sus frecuentes “pedaleadas”, pero la “incomprensión de la policía” –que alegaba razones de salud pública relacionadas con la COVID-19– disuadió a un grupo importante de ciclistas. Los organizadores, refiriéndose a la caravana progubernamental celebrada días antes, se preguntaron en sus redes sociales sobre el porqué del trato diferenciado y discriminatorio para con su iniciativa.