El reciclaje en el Salvador: trabajo para unos, ganancias para otros

América Sarmiento, de 65 años, fue cocinera por mucho tiempo en las casas de las familias más ricas de El Salvador. Hace 13 años dejó ese empleo y se incorporó a un proyecto municipal de recolección de materiales, por medio del cual se otorgó a un grupo el espacio para hacer un centro de acopio de reciclaje, lugar donde los recolectores permanecen desde hace varios años.

“Yo jamás imaginé que el alcalde me ofreciera trabajo de andar recogiendo basura, pero con el tiempo fui entendiendo esta labor, a tal punto que entiendo que esto no es basurear: esto es un trabajo digno y vital para el país”, cuenta América.

Junto con ella, se calcula que entre tres mil y cinco mil salvadoreños realizan un trabajo de recolección de residuos sólidos, que evita que las cuatro mil toneladas de basura que genera el país diariamente lleguen intactas a alguno de los 17 rellenos sanitarios que hay en el país.

El desafío es inmenso: tan solo la capital, San Salvador, genera de 600 a 700 toneladas diarias de desechos, esto significa que cada capitalino produce cerca de media tonelada de basura al mes. De esa cantidad, 400 toneladas se quedan y acumulan en las calles debido a la incorrecta recolección de desechos, mientras que el resto termina depositado en un relleno sanitario.

Pero un pequeño porcentaje se salva. Según los registros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2019 todos los salvadoreños generaron casi un millón y medio de desechos; de los cuales 37 169 toneladas fueron procesadas dentro de las 45 composteras municipales, mientras que otras 61 949 toneladas fueron recuperadas para reciclaje. Ambas cantidades apenas llegan al 6.5% del total de residuos generados.

Aunque parece poco, representa un logro porque la mayoría de las personas que lo llevan a cabo -cerca del 85% según datos extraoficiales-  lo hace de manera informal. La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) estima que la cifra ronda los tres mil a cinco mil recolectores informales, y tampoco se conoce la cantidad exacta de recicladores que trabajan en las 15 empresas dedicadas formalmente al reciclaje en El Salvador.

La informalidad significa, en términos prácticos, precariedad. Actualmente, a un reciclador salvadoreño le pagan 0.08 centavos de dólar estadounidense (USD) por 453 gramos (una libra) de papel, entre 0.08 y 0.11 centavos por 543 gramos de plástico y 0.06 centavos la de chatarra (metales). Ni siquiera cuentan con suficientes centros de acopio y procesamiento, por lo que muchos de ellos se ven orillados a llevar los materiales recolectados a sus casas y almacenarlos ahí hasta que los venden.

María -quien no reveló su nombre completo- lleva 22 de sus 50 años de vida dedicada a la recolección de materiales reciclables. En los días buenos cuenta que recoge aproximadamente 18 143 gramos de envases PET, además del plástico duro y soplado. “Al día, a veces hago dos dólares por papel y en la chatarra tres; en total llevo de 10 a 15 dólares entre chatarra y lata vendida”, cuenta.

Gerson, con 22 años, lleva siete en esta labor y dice que en dos fines de semana alcanza a recolectar 300 kilos. “Con la venta de esos materiales obtengo entre 150 a 200 dólares aproximadamente en 15 días; claro, si son fines de semana en los que vamos a algunos centros comerciales a recoger papel, o plástico PET”. Muchos recolectores llevan a cabo esa estrategia: hacen acuerdos con plazas comerciales para recoger los residuos que los usuarios dejan allí. Así reúnen más material y obtienen mayor ganancia.

Eso significa que, salvo en días excepcionales, lo que gana un reciclador salvadoreño promedio es insuficiente para lograr un salario mínimo, poco más de 300 dólares al mes. Para que un recolector pueda ganar 70 dólares a la semana, debe salir de su casa a las 03:00 horas de lunes a sábado (o incluso domingo) y, con lámpara en mano, dedicarse todo el día a la búsqueda de materiales reutilizables por calles, colonias, barrancos y basureros.

Sergio, con 60 años, es reciclador desde hace nueve. Asegura que lo poco que sale en el día no le alcanza, por eso corre el riesgo de dormir poco (cuatro horas y media) para poder salir de su casa de madrugada e iniciar con la labor antes de que salga el sol.

Como él, los recicladores llevan consigo historias marcadas por la desigualdad que los orillaron, literalmente, a la basura. “Al principio me daba pena, pero al perder mi trabajo hace nueve años, tuve que hacerle frente”, recuerda Sergio. Trabajó durante 27 años en la empresa Sherwin Williams y fue despedido sin indemnización. “Fue duro. Pasé tres meses sin contarle a mi esposa, luego encontré a alguien que me enseñó a clasificar y limpiar materiales para hacer reciclaje”, relata.

Aunque en toda la región de América Latina y el Caribe las personas que viven de la recolección de residuos viven en condiciones adversas, en El Salvador la precarización se agudiza debido a la relación de compra-venta de residuos que está en manos de ex recolectores informales y de grandes empresas que, ante la ausencia de tabuladores oficiales, ponen precios discrecionales al material reciclable.

Hace 10 años, por ejemplo, los 453 gramos (1 libra) de latas las pagaban a 0.60 centavos de dólar, pero ahora debido a la caída de la economía por la pandemia de coronavirus se compra a 0.27 centavos por 453 gramos.

Ventajas para unos, desventajas para otros

Los primeros compradores del material que recolectan los recicladores informales en El Salvador son ex recicladores, personas que solían hacer lo mismo pero que se fueron organizando y lograron abrir pequeños centros de acopio informales, para evitar la acumulación en sus casas. En el centro de acopio compran los materiales a los recicladores de base, que andan calle por calle recolectando los objetos.

Los líderes de los centros de acopio venden los materiales reciclados por toneladas a grandes empresas como CORINCA, dedicada a la producción y comercialización de barras de acero de refuerzo para concreto y productos derivados de alambre, o Parque Industrial Verde, que compra materiales reutilizables ya sea para transformarlos en nuevos o revenderlos.

Estas empresas compran materiales a los centros de acopio a muy bajo costo, y además les piden que vayan “limpios” (sin plástico o residuos del aparato de donde se extrajo el elemento). Los ex recicladores de base que ahora se dedican a administrar y organizar el centro de acopio transmiten esa exigencia de las empresas a los recicladores, quienes sólo pueden optar a llevar los residuos a su casa para “limpiarlos” y entregarlos como se les exige, pero sin un pago por ese trabajo extra.

No es difícil deducir entonces que la principal ganancia del trabajo de recolección se queda en estos centros de acopio. Pongamos como ejemplo uno de los varios que hay en San Salvador: en dos semanas, este acopio acumula más de dos toneladas de plástico, por las que paga 0.08 centavos de dólar por libra (0.45 kg) a los recicladores. El centro vende este plástico a diferentes empresas que pagan 0.11 centavos por libra.

Los ex recicladores compran esas dos toneladas de plástico por 320 dólares y las venden a 440, quedándose con 120 dólares. Con una parte de ese dinero pagan el transporte para recoger los residuos en las casas de los recolectores, y lo demás es su ganancia. Ese es el caso del plástico, pero ocurre lo mismo con otros materiales.

En ese centro de acopio no pueden vender vidrio por no tener máquinas para procesarlo y luego comercializarlo, por eso lo intercambian con empresas, quienes a cambio les dan cartón.

Para las grandes empresas como Indufoam, Kimberly Clark, Coca Cola y otras, su beneficio es recibir los materiales recolectados, limpios y sin necesidad de invertir en maquinaria o dinero para esa labor, o contratación de mano de obra.

Pero no solo la industria y los centros de acopio terminan con ganancias a costa del trabajo de los recicladores de base. En los últimos años, las alcaldías se han convertido en un jugador que dificulta el reciclaje y mejorar las ganancias para las personas que se dedican a él.

Las alcaldías, parte del problema

A diferencia de otros países de Latinoamérica, en El Salvador existe un impuesto municipal de 2.60 dólares para la recolección y disposición final de residuos, que está incluido en el recibo de la energía eléctrica mensualmente. Por ese concepto, tan solo la alcaldía de San Salvador recibe aproximadamente tres millones de dólares mensuales, según la auditoría presentada en 2018 por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador.

Pero ese dinero no se invierte en el servicio público de recolección y reciclaje de residuos, sino que se destina a los servicios privados. Las alcaldías pagan a diversas empresas 26 dólares por tonelada de desechos sólidos, para que hagan la disposición final en los rellenos sanitarios.

Si esto se cumpliera, probablemente no habría tantos residuos en las calles y las empresas privadas recolectarían la mayor cantidad de basura para obtener mayores ganancias. El problema en la capital salvadoreña es que ese pago no ha ocurrido durante más de tres años.

Los residuos de San Salvador y de 62 municipios son depositados en el relleno sanitario de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), una empresa que nació en 1999 a través de un acuerdo mixto entre las alcaldías que conforman el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) y entidades privadas. A pesar de que el Consejo nació como el primer socio público-privado del país con financiamiento mixto, actualmente es administrado por empresas privadas.

Desde 2018, la alcaldía capitalina adeuda cuatro millones de dólares a MIDES por los servicios de disposición final. Este adeudo fue denunciado hace varios meses por trabajadores sindicalizados en la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), quienes aseguran que el impago se debe a que la alcaldía busca privatizar el área de desechos sólidos. La alcaldía no ha podido contratar empresas para la recolección de basura porque los empleados municipales de esa área continúan el proceso legal.

Además de ese problema de impago, hay más quejas contra la alcaldía de San Salvador. Los recolectores aseguran que la alcaldía permite a sus empleados del Área de Recolección de Desechos Sólidos recoger para sus propias ganancias materiales reutilizables, quitándole materia prima a los informales.

“Ser reciclador es un beneficio para los que no tenemos fuentes de ingreso, ayudamos al medio ambiente, ayudamos a las alcaldías, porque ellos pagan cuando van a entregar la basura a los rellenos, y nosotros sin recibir beneficio de la alcaldía sólo recibimos lo que sacamos del material vendido”, dice Sergio, quien prefirió omitir su apellido.

También los recicladores acusan a las alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador de entorpecer el reciclaje, ya que una planta que servía para la separación, tratamiento y venta de residuos recolectados fue cerrada, y ahora deben realizar la limpieza y clasificación de los materiales desde casa, algo insalubre, además de beneficiar a la empresa MIDES con más pago por disposición final y la clasificación de materiales cuando llegan al relleno.

Y llegó COVID-19

La pandemia de Covid-19 evidenció otro de los desafíos para la comunidad de recicladores informales en El Salvador. Dado que nunca ha contado con acceso a servicios de Sanidad, los riesgos que corren cuando trabajan en la reutilización o transformación de los desechos, pueden significar impactos en su salud, sobre todo cuando la población desecha mascarillas, caretas y guantes que los recicladores deben manipular sin equipo de bioseguridad -ni interés en protegerse-.

“Yo nunca usé mascarilla, pero gracias a mi Diosito no me pasó nada”, relató María.

Para quienes integran la organización ambientalista CESTA Amigos de la Tierra, esto revela la urgencia de capacitación o que las alcaldías separen sus desechos.

“Es una deuda que tiene el Estado para ese sector, porque si los recicladores hacen una gran labor, las municipalidades o el Estado deberían capacitarlos, porque muchos materiales llevan bacterias y toxicidad”, expuso la directora ejecutiva de CESTA, Silvia Quiroa.

Con la emergencia sanitaria, además de resentir la falta de valor que se da a su trabajo, los recicladores también han enfrentado la caída de precios de los materiales, una disminución por lo menos de entre 0.05 a 0.10 centavos de dólar por 453 gramos del material reciclado.

“Nos estamos muriendo de hambre por la baja en los costos de los materiales a causa de la pandemia. Algunos recolectores informales al no juntar más de dos dólares al día prefieren drogarse y alcoholizarse, así olvidan el hambre. También muchos de los compañeros son ancianos en búsqueda de ganarse unos centavos”, relató Eva, una recolectora informal de San Salvador.

Incluidos por primera vez en una ley

Durante años, los recicladores salvadoreños han planteado exigencias a administraciones municipales previas: desde planes de recolección de residuos casa por casa y espacios para la separación de los materiales, hasta reconocimiento y equipo de protección. Pero la respuesta por parte del gobierno fue siempre nula.

“Por muchos años sólo nos han utilizado para andar haciendo campañas, para andar dando la cara, pero luego nos ignoraron, nunca nos dieron ayuda. El reciclaje ha sido un lucro de los alcaldes”, dijo don Pedro, un reciclador de 70 años.

Pero ahora los recicladores informales tienen puestas sus esperanzas en una nueva ley. Después de tres años de lucha encabezada por organizaciones ambientales como CESTA, en diciembre de 2019 se aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, que por primera vez incluirá a los recolectores informales y pretende lograr el aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos, a fin de proteger la salud de las personas, el medio ambiente y fomentar una economía circular.

La Ley también busca fomentar la formalización y capacitación de microempresas, cooperativas y otras organizaciones que trabajan en la recuperación, separación, tratamiento, reciclaje o gestión integral de residuos, así como la inclusión de nuevos actores para prestar servicios al sistema.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales será el encargado de hacer cumplir la ley. De acuerdo con sus propios datos, la inclusión del reciclaje en la nueva ley permitiría recuperar entre un 10 y 12% del plástico, vidrio y metales que se generan en el país, en comparación con el reciclaje actual, que ronda el cuatro por ciento.

Para muchos recicladores, la Ley representa la esperanza de que el reciclaje se formalice. Con ello, podrían tener una organización formal, un primer censo de recolectores y una mayor regulación en la compra y venta de materiales para dejar de venderlos al mejor postor, que se pague lo justo por lo que separan. Es también la esperanza de que la población tome conciencia de su importancia.

“Que se nos valore este trabajo, que nos permita tener un centro de acopio para no llevar los materiales a las casas y contaminar a nuestras familias cuando limpiamos los objetos”, afirma América Sarmiento.

“Ese material, en lugar que quede enterrado, se pueda aprovechar; si la gente separara, permitiría que ese material fuera transformado a otro producto o en materia prima”, explicó la ingeniera Gladys Loucell, del Ministerio de Medio Ambiente.

Aunque ya se están haciendo capacitaciones cada 15 días para explicar a los recicladores informales el contenido de la ley, sus derechos y responsabilidades, para el técnico Ever Escobar, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) esta legislación tardará aproximadamente dos años para que entre en vigencia.

Los hijos de la basura

En 13 años, América ha dado alimentación, estudios y sustento a sus cuatro hijos gracias a lo que obtiene de la basura. “Para mis hijos ha sido duro. Antes, en las escuelas les decían: ‘son hijos de la basura’. Las primeras veces lloraban por las burlas, luego les inculqué que el dinero ganado es legal, y no necesitamos robar”.

Con el tiempo, los que un día recibieron burlas se convirtieron en jóvenes a punto de entrar a la universidad, mientras trabajan en el centro de acopio que administra su madre.

Alejandra, una de las hijas de América, ha logrado entrar a la universidad, donde estudia ingeniería industrial. “Quiero sacar adelante a mi mamá y a mi familia, para que un día ya no tengamos que dedicarnos a la recolección o venta de materiales”, dice.

“Ellos deben ser responsables y cumplir con horarios, porque si en el futuro queremos ser reconocidos formalmente, tenemos que ordenarnos”, agrega América.

Las ganas de tener ingresos económicos también han incentivado a otros 20 jóvenes del centro de acopio Sarmiento para dedicar sus ratos libres a la recolección de materiales, y luego seguir sus estudios. “Por el reciclaje saqué mi bachillerato en electrónica e informática, y pienso seguir en la universidad. La gente nos mira de menos, pero deberían comprender que no es basura, sino algo importante para reutilizar”, dice Gerson.

Con el reciclaje, los jóvenes aseguran que evitan involucrarse en pandillas y, sobre todo, darse a respetar con el trabajo ambiental. ”Nadie se mete con nosotros. Las pandillas si bien es cierto que existen, hasta ahora nos respetan, igual que a nuestros padres. Sin embargo, hace unos años sí fue difícil ejercer esta labor, por la lucha de terreno y dominio de las pandillas”, manifestó la recicladora Raquel López.

Para ella, aunque sean jóvenes recicladores, el primer paso para dejar de ser invisibles para las empresas, las alcaldías y la sociedad salvadoreña es empezar por reconocerse a sí mismos. “Podemos mejorar la calidad de vida con el reciclaje, no debemos sentir pena”, sentencia.

Ilustración de portada: Andrea Paredes.

Este reportaje es parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de producción periodística sobre reciclaje inclusivo ejecutada con el apoyo de la Fundación Gabo, Latitud R y Distintas Latitudes.