El 4 de febrero el senador Ron Wyden propuso al Congreso de Estados de Unidos la Ley para el Comercio entre Cuba y Estados Unidos 2021, la cual, en caso de ser aprobada, anularía las legislaciones que permiten el embargo hacia la Isla.
En declaraciones a Periodismo de Barrio, la directora ejecutiva en funciones del Centro para la Democracia en las Américas, María José Espinosa Castillo, explicaba que el embargo ha fracasado como instrumento de política y que las medidas contempladas en la ley favorecerían el proceso de reformas que implementa Cuba en estos momentos.
“Aliviar las restricciones al comercio y la inversión con el sector no estatal cubano (privado y cooperativas), incluyendo la posibilidad de exportar e importar, contribuiría significativamente a incrementar las libertades económicas de las cubanas y cubanos. Su aprobación significaría, entre otras cosas, el restablecimiento de relaciones económicas y el levantamiento de las sanciones que actualmente impiden el comercio normal entre ambos países”, señala Espinosa.
¿Qué plantea el proyecto de ley?
El proyecto contempla retirar las restricciones de viajes hacia Cuba y prohibir el establecimiento de límites en las cuantías de las remesas (Foto: Sadiel Mederos).
La ley tiene como propósito principal eliminar el embargo hacia Cuba. No obstante, la imposición de sanciones a la Isla no se ampara en un único documento legal, sino que es resultado de modificaciones realizadas a legislaciones ya existentes y de la aprobación de otras. Por ello, la propuesta contempla cambios en diferentes normativas vigentes.
Uno de estos es suprimir las restricciones al comercio y otras relaciones con Cuba establecidas en las leyes de Asistencia Extranjera de 1961 y de Comercio con el Enemigo. La primera autorizaba al presidente a establecer y mantener un embargo total al comercio entre ambas naciones y prohibía proporcionar ayuda al gobierno de la Isla; mientras que la segunda suspendía las transacciones en divisas, transferencias de propiedades, y otras acciones con los países considerados como enemigos.
También, se retiran las barreras a exportaciones hacia y desde Cuba, plasmadas en las leyes de Administración de Exportaciones de 1979 –le confería al presidente la autoridad legal para limitar las exportaciones de Estados Unidos “por razones de seguridad nacional, política exterior y/o escasez de oferta”–; y en la de Reforma de Control de las Exportaciones de 2018, la cual restringe la exportación de artículos que puedan ser empleados para la proliferación de armas nucleares, químicas, biológicas o tecnologías de misiles; de bienes y tecnologías de doble uso; además de la venta de productos hacia países a quienes Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas.
Asimismo, los productores que deseen vender alimentos, medicinas o equipos médicos a Cuba no necesitarán una licencia de exportación emitida por el gobierno de Estados Unidos para ello, pues se propone excluir a Cuba del listado de países que requieren esta licencia, establecida en la Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Mejoramiento de las Exportaciones de 2000.
De igual forma, se eliminan las prohibiciones contenidas en las leyes de Asignaciones del Departamento de Comercio y Agencias Relacionadas y de Seguridad Alimenticia de 1985, las cuales limitan las transacciones y pagos con respecto a cierta propiedad intelectual de Estados Unidos, así como la importación de cuotas de azúcar procedente de países que podrían haberle comprado este bien a Cuba para reexportarlo hacia Estados Unidos, respectivamente.
Por su parte, la Sección 3 del proyecto de ley autoriza a operadores de comunicaciones a “instalar, mantener y reparar equipos e instalaciones de telecomunicaciones en Cuba”, además de proveer servicios de este tipo entre ambas naciones.
Al mismo tiempo, se incluye a Cuba en el conjunto de países que reciben un tratamiento no discriminatorio en sus intercambios de bienes con Estados Unidos. Según la Organización Mundial del Comercio, este principio del comercio internacional señala que un Estado no debe establecer diferenciaciones en el tratamiento a las mercancías procedentes de diferentes socios, ni tampoco entre los productos nacionales y extranjeros.
Actualmente, Estados Unidos se ampara en el artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio para no aplicar este principio en sus relaciones comerciales con Cuba. El artículo establece excepciones relativas a la seguridad, en cuanto al cumplimiento de los acuerdos de comercio internacional, al señalar que las disposiciones del Convenio no deben impedir a una de sus partes “la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad”.
La aprobación del proyecto contempla también retirar las restricciones de viajes hacia Cuba, prohibir el establecimiento de límites en las cuantías de las remesas enviadas a la Isla y la derogación de las leyes de la Democracia Cubana (Ley Torricelli) de 1992 y de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley Helms-Burton) de 1996. Ambas estipulaban la aplicación de restricciones y sanciones a compañías que sostuvieran relaciones comerciales con Cuba.
La Ley Helms-Burton incluía además la oposición formal de Estados Unidos a la membresía de Cuba en instituciones financieras internacionales; la protección de los derechos de ciudadanos estadounidenses sobre las propiedades que poseían en la Isla y que fueron confiscadas por el gobierno cubano después del primero de enero de 1959, así como una política de denegación de visados a extranjeros involucrados en tales confiscaciones o en su posterior uso comercial.
No obstante, si la ley entra en vigor, el presidente de Estados Unidos mantendrá sus facultades para establecer controles a las exportaciones hacia Cuba, mediante la Ley de Reforma de Control de las Exportaciones de 2018 y la Ley de Poderes Económicos para Casos de Emergencia Internacional. Esta última puede ser empleada en situaciones de amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos y le permite al presidente bloquear transacciones y congelar activos para hacer frente a tal amenaza.
¿Cuáles son los pasos para lograr la aprobación de la ley?
El proyecto de ley autoriza a operadores de comunicaciones a “instalar, mantener y reparar equipos e instalaciones de telecomunicaciones en Cuba” (Foto: Ismario Rodríguez).
En estos momentos, el proyecto presentado por Wyden está siendo evaluado por el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado –los cuales, en conjunto, conforman el Congreso– poseen Comités de Trabajo sobre áreas específicas, encargados de estudiar y analizar las propuestas de legislación acerca del tema que les compete. A su vez, cada comité posee varios subcomités, creados, igualmente, para abordar tópicos específicos. Ambos se dedican a investigar sobre los proyectos propuestos, reformarlos y decidir si serán sometidos a votación o, de lo contrario, desechados.
Esta fase del proceso generalmente incluye la realización de audiencias y la presentación de testigos para opinar sobre el tema. Luego, el proyecto es modificado y sometido a votación en el subcomité al cual le fue asignada su revisión, quien decide si este debe ser votado dentro del comité en su conjunto. En caso contrario, el proyecto es desechado.
Al pasar al comité, este puede discutirlo, así como volver a realizar audiencias y modificaciones. Posteriormente, se realiza otra votación para determinar si debe ser sometido a consideración en el Senado. Allí, se debate nuevamente y puede ser devuelto al comité correspondiente con el fin de realizarle más cambios.
Para ser aprobado necesita obtener la mayoría de los votos dentro del Senado; después de lo cual pasaría a la Cámara de Representantes, donde se repiten los pasos anteriores. En caso de existir discrepancias entre ambas, se elige un comité para que las solucione y se vota nuevamente en las dos cámaras. Si se obtiene la mayoría de votos, el proyecto es enviado al presidente para su firma; de lo contrario, al igual que si no se logran resolver las divergencias, el proyecto es descartado.
¿Cuánto puede demorar un proyecto de ley en ser aprobado?
Debido a que los integrantes de la Cámara de Representantes del Congreso se eligen cada dos años, al igual que una tercera parte de los miembros del Senado, es necesario conseguir la aprobación del proyecto de ley en este lapso. Si no es posible, al finalizar este periodo deberá ser presentado nuevamente y repetir el proceso desde el inicio.
¿Quiénes están a favor de la aprobación de este proyecto?
Los productores que deseen vender alimentos, medicinas o equipos médicos a Cuba no necesitarán una licencia de exportación emitida por el gobierno de Estados Unidos (Foto: Sadiel Mederos).
Además del Senador Wyden, quien lo presentara en el Senado, el proyecto fue patrocinado por los senadores Patrick Leahy del estado de Vermont; Richard Durbin, de Illinois; y Jeff Merkley, de Oregon.
De acuerdo con María José Espinosa, la aprobación de esta ley cuenta con un amplio apoyo en la comunidad empresarial estadounidense como consecuencia de los beneficios derivados de ampliar los lazos comerciales con Cuba. “La eliminación de las sanciones económicas permitiría a las empresas de diferentes sectores competir en el mercado cubano. Este es el caso, por ejemplo, del sector agrícola estadounidense que históricamente se ha interesado por la exportación de bienes a la Isla, un mercado equivalente a alrededor de 2 000 millones de dólares anuales. Asimismo, beneficiaría a otros sectores importantes como el de las telecomunicaciones y el turismo, por solo mencionar algunos”.
¿Ha habido otros proyectos dentro del Congreso de Estados Unidos para levantar el embargo hacia Cuba?
Sí. En 2017 el propio Wyden presentó un proyecto de ley similar en el Senado, pero no obtuvo los votos requeridos para su aprobación. De hecho, este tipo de iniciativas no son recientes. En marzo de 1974, el congresista Michael Harrington proponía un proyecto con el objetivo de eliminar las sanciones económicas hacia Cuba establecidas en algunas leyes del Congreso.
A través de los años, diversas iniciativas con el mismo propósito han sido presentadas. Algunas de ellas se han centrado en aspectos más específicos de las sanciones, como la propuesta del congresista Calvin Dooley para eliminar la Ley Helms-Burton en 2002, o la realizada por el congresista Charles Rangel en 2011 para eliminar las restricciones a los viajes.
Otras –como las planteadas en 1998, 2001, 2003, 2009, 2011, 2013, 2015, o 2019– persiguen el mismo propósito que la que se discute actualmente: levantar el embargo y otras restricciones hacia Cuba, con el fin de normalizar las relaciones entre ambas naciones.