La COP25, aún tibia en su tumba, ha pasado a la historia como la más larga y una de las peores —si no la peor— en cuanto a avances conseguidos; pero también ha sido la reunión en la que el mundo confirmó que a la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, por raro que parezca, no se va a discutir exclusivamente sobre el cambio climático.
Como se esperaba, la COP25 —según consta en las relatorías presentadas por los observadores internacionales— se inclinó por los temas económicos. La agenda pesada de la Conferencia se repartió entre la creación de un mercado del carbono (relacionado con el Artículo 6 del Acuerdo de París), los financiamientos prometidos por los países desarrollados para apoyar la adaptación y mitigación en las naciones menos favorecidas, y el financiamiento para el Mecanismo Internacional de Varsovia (pérdidas y daños ocasionados por eventos relacionados al cambio climático).
El dinero desplazó lo que debería haber sido el foco de atención de esta Cumbre: la crisis climática que amenaza la estabilidad del planeta a mediano plazo.
Las discusiones sobre mecanismos de financiación demoraron más de 40 horas el cierre de la COP25, sin llegar a acuerdos. (Foto: Julio Batista).
La COP25 destacó por los llamados constantes a ampliar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), compromisos que, voluntariamente, asume cada nación para contribuir al enfrentamiento al cambio climático. Lo interesante es que este reclamo fue liderado por países a los que, con recursos propios, les es imposible asumir siquiera las NDCs actuales.
Se trata, para muchos, de una jugada diplomática, un mecanismo de presión pública para que los actores de mayor rango en las negociaciones asuman el rol que les corresponde. Andrea Meza, directora de Cambio Climático del Ministerio de Energía y Medio Ambiente de Costa Rica, aseguró a los medios presentes que “2020 es el año en el que esperamos ver NDCs mejoradas y tenemos que hacer mucha más presión en los grandes emisores para que traigan compromisos mayores. Sobre todo para que sigan alineando sus políticas nacionales y sigan desincentivando inversiones en combustibles fósiles”.
Sin embargo, Cuba, desde su intervención ante el plenario, señalaba el peligro de generar compromisos irreales.
En el discurso pronunciado en Madrid por el viceministro de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, José Fidel Santana, se lee: “Resulta ilusorio asumir que nuestros países pueden adoptar grandes metas climáticas, sin que ello esté equilibrado con el apoyo internacional requerido”.
Es por ello que Cuba no figura entre los 73 países que dieron su compromiso para ampliar las NDCs propias para 2020. Un día después de su intervención, el propio Santana aseguró a Periodismo de Barrio que “estamos de acuerdo con el incremento de la ambición [en los compromisos] y esas cuestiones, lo que no queremos es hacer concesiones que vayan en contra de los nuestros principios. Hay que leer la letra pequeña, que a veces genera compromisos que no son aceptables”. Para Santana no es negociable la responsabilidad de los países más contaminantes, quienes sí serán claves en las grandes transformaciones que se necesitan.
Meza, por su parte, también confirma que el papel de los más industrializados será primordial. “Sin duda uno quiere ver mucha más ambición de los mayores emisores, yo diría que el G20 tiene que hacer su parte, necesitamos las grandes economías —no solo las históricas, sino también las economías emergentes—, o sea, necesitamos a China alineada con esto, necesitamos a la India, un México más coherente, necesitamos a Argentina. Toca a la ciudadanía en estos países y a la comunidad internacional hacer presión para que estas economías vengan con planes más acelerados y ambiciosos”, dijo.
En cualquier caso, los pequeños países dependerán, mayoritariamente, de las contribuciones provenientes de fondos internacionales para completar sus metas climáticas. Sin embargo, los países más desarrollados no han cumplido con sus compromisos y no existen mecanismos sólidos de financiamiento para desarrollar proyectos entre las naciones menos desarrolladas.
Eso es un problema, pues aún está muy lejos la meta de los 100 billones de dólares anuales prometidos por los países desarrollados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2020. Tal cifra parece una quimera, especialmente porque el Green Climate Fund (GCF) apenas ha podido movilizar el 10 % de esta cifra entre 2015 y 2019. Además, los nuevos anuncios hechos por el GCF durante la COP25 señalan que, por ahora, la contribución realizada por 28 naciones asciende a 9.8 billones para el período 2020-2023.
La delegación de los Estados Unidos tuvo un rol clave en los diálogos sobre financiamientos de largo plazo: tras la decisión de la administración Trump de abandonar el Acuerdo de París, los delegados estadounidenses bloquearon todo tipo de negociaciones sobre el tema; aunque paradójicamente fue la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien lideró el compromiso de los países desarrollados para recaudar tales fondos durante la COP16.
Los representantes oficiales estadounidenses detuvieron también las negociaciones sobre el financiamiento necesario para el Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM), especialmente en lo relacionado a las contribuciones por Pérdidas y Daños ante los efectos del cambio climático. Este apartado era uno de los puntos esenciales, pues debería servir como apoyo a los pequeños Estados que, sin ser los mayores emisores, son quienes más sufren los efectos de la crisis climática.
Sin embargo, Estados Unidos vetó cualquier negociación hasta que no se cumpliera una demanda: que tales mecanismos de financiamiento solo estuviesen bajo la sombrilla del Acuerdo de París, y no amparados por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). Así, una vez efectiva su salida del Acuerdo, Estados Unidos —el segundo emisor de CO2 del planeta— estará libre de tales compromisos financieros.
El viceministro Santana, durante su visita al Pabellón del Green Climate Fund durante la COP25. (Foto: Julio Batista).
Sobre las complejas negociaciones del WIM, Santana comentó que Cuba está “evaluando el alcance jurídico que tiene la Convención, porque los países desarrollados no quieren admitirlo [su responsabilidad], pues dicen que no está en la letra del compromiso de la Convención, que es solo sobre mitigación y que esto es una fase de la adaptación”.
Pascal Girot, negociador por Costa Rica, aseguró a Periodismo de Barrio que en esta COP se debatieron temas mucho más técnicos del WIM, y que “una de las demandas del G77 es fortalecer la acción en los países para prevenir impactos, pérdidas y daños [por el cambio climático]”. Sobre la presencia del G77 como bloque (en el que se inserta Cuba), Girot explicó que existe “una posición común del G77, todos estos países han adoptado un solo texto y estamos negociando de una sola vez”.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el imprescindible punto del financiamiento para Pérdidas y Daños no produjo resultado alguno y su discusión pasa a la COP26 en Glasgow.
También estancado quedó el proceso para la creación de un efectivo mecanismo que regule el mercado de carbono, asociado al Artículo 6 del Acuerdo de París. Un mercado sólido proporcionaría mecanismos para sustentar económicamente las inversiones necesarias para descarbonizar la economía; un mercado débil y colapsado sería un desastre difícil de solucionar a corto plazo.
Pero el mercado está dividido en dos posiciones: quienes han acumulado créditos por reducciones en los últimos años y quieren que estos se reconozcan, y quienes aspiran al “borrón y cuenta nueva”.
Andrea Meza confirmó que mayoritariamente Latinoamérica coincide en la segunda postura. “Una región donde muchos países quieren unos mercados de carbono que sean instrumentos para acelerar la acción climática, para ayudar a descarbonizar sectores verdaderamente y no una maquinita de hacer dinero fácil y falso”.
La gran excepción del continente es Brasil, quien junto a China e India, son países que tratan de arrastrar los créditos conseguidos mediante los Mecanismos de Desarrollo Limpio empleados por el Protocolo de Kioto. Arrastrar los billones de créditos de carbono acumulados por estas naciones equivaldría a desplomar un naciente mercado. Aunque de cierta manera el reclamo de estas naciones sea “legítimo y válido”, lo cierto es que su arrastre al nuevo mecanismo financiero “sería colapsar el sistema, y desde el punto ambiental no estaríamos haciendo reducciones nuevas, que es lo que necesitamos”, explica Meza.
Este arrastre y otras cuestiones técnicas, detuvieron las negociaciones sobre el Artículo 6, y llevaron a punto muerto uno de los principales focos de atención de la COP25. Claro está, son muchos los que hacen énfasis en no pasar por alto los intereses europeos de proteger su mercado doméstico de carbono (EU Emissions Trading System), el cual produjo en 2018 cercad de 14 billones de Euros provenientes de la venta de asignaciones de emisión.
Los reclamos de la sociedad civil no fueron suficiente para que los gobiernos presentes en la COP25 llegaran a acuerdos medulares. (Foto: Julio Batista).
El fiasco
La ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, conservó la presidencia de la COP25 en Madrid, y el mandato del país andino estuvo plagado de críticas, dentro y fuera de los pabellones de IFEMA. “Débil”, “irresponsable”, con “poco poder de convocatoria”… así se le categorizó en los pasillos de la COP25; aunque frente a los micrófonos todos los representantes de las delegaciones oficiales fueron en extremo diplomáticos.
Pero las organizaciones civiles y el mismo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, han mostrado su total decepción con lo vivido en la capital española. Guterres, refiriéndose a la COP25, dijo que “la comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la crisis climática”.
Aunque la presidencia de Schmidt puede decir que bajo su tutela la COP incluyó la protección de los océanos en el debate climático, sumó nuevos actores del sector privado, consiguió promesas de futuras inversiones, mayores compromisos en las NDCs, y sobre todo incluyó un Plan de Equidad de Género; ello no basta para cubrir las deficiencias notables en las negociaciones.
La COP no avanzó porque, a puertas cerradas en IFEMA, el financiamiento sigue importando más que la urgencia de salvar el planeta; porque los lobbies políticos asociados a los combustibles fósiles aún dominan sectores claves de la política internacional; porque los intereses nacionales y geopolíticos no terminan de ceder ante los llamados de la comunidad científica internacional para concretar un plan de acción común que nos permita sobrevivir.
Me parece muy bueno el artículo. Los mecanismos financieros siempre serán el centro del debate porque cualquier acción a nivel nacional o global por suerte o por desgracia tiene que estar respaldada por fondos. Lo interesante para mí de estas cumbres es que son muchas para este tema del cambio climático, que finalmente se ha convertido hasta en un negocio. El cambio climático se usa ahora como causa de casi todo. Y lo que pasa es que si nos ponemos a pensar bien…el cambio climático es natural. En todo caso su aceleración e intensificación ha estado dada por el estilo de vida de la especie humana, el mal llamado desarrollo. Eso es lo que hay que mitigar, lo que hay que modificar, lo que hay que repensar.