Cuando muchos pensaban que ya la accidentada COP 25 marchaba cuesta abajo, las noticias de este 11 de diciembre en Madrid han salvado —al menos por un rato— el mal sabor de casi dos semanas de negociaciones con muy pocos avances visibles. Sin que el pulso de la COP indicara un cambio drástico, en un comunicado de prensa se supo que un grupo de 73 países miembros de la Conferencia han señalado la intención de aumentar sus compromisos ambientales y otros once han comenzado a implementar políticas domésticas con el fin de conseguir tales metas.
Hay en esta noticia dos puntos destacados: primero, 69 de los países dispuestos a aumentar sus compromisos son economías en desarrollo o del Tercer Mundo (más Argentina, México, Noruega y Suiza); segundo, Cuba no está en el grupo que apuesta por esta ampliación.
El anuncio fue hecho por Carolina Schmidt, presidenta de la Conferencia de las Partes (COP) y Ministra de Medio Ambiente de Chile, e incluyó también a un grupo de actores privados entre los que se encuentran 786 empresas y 16 inversores. Todos ellos forman ahora parte de la Alianza de Ambición Climática liderada por Chile y surgida durante la Cumbre sobre la Acción Climática celebrada en New York en septiembre de 2019.
La noticia llegó tras un día tenso, que incluyó una protesta pacífica en la que más de doscientos participantes reclamaron mayor efectividad en las negociaciones que se realizan durante el Segmento de Alto Nivel en los pabellones de la Feria Internacional de Madrid (IFEMA).
“Hoy estamos fortaleciendo nuestro impulso global para lograr más ambición. Cada vez más líderes se unen a este esfuerzo para demostrar que es necesario y posible impulsar la ambición de las NDCs [Contribuciones Nacionalmente Determinadas]. Estamos aquí para escuchar lo que nuestro pueblo exige que hagan sus líderes”, aseguró Schmidt en el comunicado.
En un contexto donde las negociaciones de la COP se han estancado justo en los mecanismos financieros, son ahora los países menos desarrollados del planeta quienes mayor presión ejercen para enfrentar la crisis climática. Esta presión no debe confundirse con compromisos sólidos. Hasta el momento solo se tiene la intención de estos actores, que debería servir para movilizar al resto de las partes firmantes del Acuerdo de París. No obstante, las intenciones no son vinculantes.
La postura cubana
En la tarde del 10 de diciembre, representantes de estados miembros de la Alianza de Ambición Climática mostraron en conferencia de prensa su preocupación por la falta de compromiso de muchos países poderosos y confirmaron que seguirían presionando para conseguir mayores compromisos ambientales entre las delegaciones presentes.
El miércoles 11, poco antes del anuncio realizado por Schmidt y después de la protesta que tomó descolocado al sistema de seguridad de la COP25, tocó el turno a Cuba para presentar su discurso ante el plenario. El responsable de leerlo fue José Fidel Santana Núñez, Viceministro del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
Según Santana, este movimiento que busca mayores compromisos responde al intento por presionar “a nuestros países a metas que no se producen desde el análisis doméstico de nuestras realidades nacionales y que no tienen en cuenta las necesidades de la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico y social sostenible”.
En esencia, la posición asumida por Cuba en la COP25 es que con este aumento de compromisos “se está trasladando a nuestros países la carga de reducción de emisiones no alcanzadas por los países industrializados, y para colmo, esa transferencia de responsabilidades está ocurriendo sin el soporte apropiado de los medios de implementación”. Tales intenciones, si llegan a traducirse en compromisos de NDCs más ambiciosos, “no serán efectivos sin un renovado compromiso por parte de los países desarrollados respecto a los medios de implementación”.
Cuba está “altamente comprometida” y pretende actualizar para “2020 nuestra Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), la cual será más ambiciosa en varios sentidos”, aseguró Santana; pero lo cierto es que el viceministro no realizó ningún compromiso verbal para intensificar las acciones del país en cuanto al enfrentamiento al cambio climático, dejando claro que la adaptación —y no la mitigación de las causas— “continuará siendo nuestra prioridad”.
Añadió que “el desarrollo y la erradicación de la pobreza constituyen prioridades esenciales, por lo que la acción internacional para enfrentar el cambio climático no debe suponer una carga adicional” para los estados del Sur.
Dicho de otra manera, Cuba espera cumplir con sus compromisos asumidos hasta 2030, pero no acrecentará sus esfuerzos sin mecanismos de financiación externos que respalden nuevos compromisos.
¿Podría Cuba asumir compromisos más ambiciosos?
En su discurso ante el plenario de la COP25, Santana aseguró que “la voluntad política de nuestro Gobierno para enfrentar los efectos del cambio climático es una obligación ética y una oportunidad esencial para nuestro desarrollo sostenible”. Las NDCs de Cuba, presentadas el 15 de noviembre de 2015, solo se modificarán en dos posibles escenarios: se reducirían “en caso de afectaciones graves por un fenómeno natural extremo u otro caso de fuerza mayor”; se ampliarían de existir un “apoyo adecuado en forma de financiación, transferencia de tecnología y fomento de la capacidad, de conformidad con los compromisos establecidos para los países industrializados en la Convención”.
Los compromisos cubanos se dividen en dos líneas: políticas nacionales y proyectos concretos. De igual manera, los compromisos de mitigación se centran esencialmente en la producción y aprovechamiento de la energía.
Más amplios y costosos son los compromisos paliativos, dedicados a la adaptación ante el cambio climático, entre los que destacan como acciones palpables el enfrentamiento a las vulnerabilidades costeras, la recuperación de manglares y programas para producción de alimentos. Para todos estos Cuba ha recibido, en varias ocasiones, financiamiento de organismos internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Por su parte, los compromisos de mitigación se centran en la creación de capacidades de generación mediante fuentes renovables (biomasa ligada a la industria azucarera, solar, eólica y biogás vinculado al manejo de residuos orgánicos), la instalación de bombas de agua para el sector agrícola, recambio de luminarias por sistema LED en el sector residencial y público y la sustitución de cocinas de resistencia por nuevas de inducción.
En el caso de los programas de mitigación, que implican adquisición de tecnología, la meta expresada por el Gobierno cubano es contar para 2030 con el 24% de su generación de energía a partir de fuentes renovables. El costo estimado para ello, según las NDCs presentadas, movilizaría “un monto financiero no menor de 4 000 millones de dólares”, con lo cual se aseguraría una producción de “7 000 GWh al año con fuentes renovables, dejando de emitir a la atmósfera más de 6 millones de toneladas de CO2”.
Hasta el momento, dicha transformación de la matriz energética cubana —dependiente en la actualidad de combustibles fósiles— ha sido lenta, especialmente porque necesitaría inversiones extranjeras en un sector totalmente estatal o de fondos de cooperación internacional.
Julio Batista Rodríguez recibió una beca de la Earth Journalism Network para la cobertura de la COP 25.
Para todos estos Cuba ha recibido, en varias ocasiones, financiamiento de organismos internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).