Si un país tiene motivos para marchar por el clima es Cuba. Hoy viernes, 20 de septiembre, estudiantes de todo el mundo salieron a las calles a pedir a sus gobiernos que declaren la emergencia climática, que dejen de invertir en energías fósiles, que se pongan del lado de la ciencia. Y la ciencia, a través del informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dijo en 2018 que era vital mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5° C. “Nuestro mundo sufrirá menos impactos negativos en la intensidad y frecuencia de eventos extremos, en recursos, ecosistemas, biodiversidad, seguridad alimentaria, ciudades, turismo y eliminación de carbono” si se mantiene la temperatura global por debajo de 1.5° C, explica el informe.
No significa que estemos a salvo; significa que las consecuencias serán menos graves.
Durante los últimos años Cuba ha sido fuertemente golpeada por huracanes que han destruido millones de viviendas. En 2017, 158 554 hogares fueron afectados y 11 689 personas necesitaron ayuda gubernamental tras el paso del huracán Irma. El huracán Matthew, de 2016, dejó pérdidas por más de 2 430 millones de dólares. Según el medio digital Postdata, “en los primeros 17 años de este siglo se formaron 281 organismos tropicales (252 llegaron a ser tormentas o huracanes). De ellos, 31 afectaron a Cuba”. Las pérdidas totales ascienden a más de 27 mil millones de dólares. Cada año la economía cubana debe cargar con aproximadamente 1 588 millones de dólares como promedio debido a los huracanes.
En la zona suroriental de Cuba existe un corredor seco que abarca 11 municipios de las provincias Santiago de Cuba y Guantánamo. Allí viven 1 300 000 personas que han sido afectadas directa o indirectamente por la sequía. El progresivo despoblamiento de las zonas rurales adopta un rostro más crítico en esta región: el de la migración climática. Los migrantes climáticos en Cuba no son una historia del futuro sino del presente. Las mujeres y los niños, poblaciones más vulnerables, están siendo los más afectados por la sequía. Son las mujeres quienes cargan durante décadas con las labores del hogar, esas que son casi imposibles de cumplir con ausencia de agua. Limpiar, fregar, cocinar, lavar.
Recientemente el presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, declaró que atravesábamos una difícil situación energética debido al déficit en el suministro de petróleo. Durante años Cuba ha dependido de las reservas petroleras de Venezuela como antes dependió de las de la extinta Unión Soviética. En abril de 2019 la agencia Reuters reportó que tras la adopción de sanciones por parte del gobierno estadounidense, la isla había recibido un millón de barriles de petróleo. La crisis del petróleo, sin embargo, no pudo ser evitada. Aunque los barcos cambiaron de nombre y navegaron a oscuras con los transpondedores apagados, las sanciones de Estados Unidos lograron un incremento en los precios de las aseguradoras. En septiembre de 2019 las navieras pedían hasta 12 millones de dólares por el traslado del petróleo venezolano, el triple de lo que pagaba la empresa PDVSA.
El 14 de septiembre llegó al puerto de Cienfuegos el buque Manuela Sáenz procedente de Venezuela. Este jueves debió arribar a Matanzas el Victorious, desde Rotterdam. Es fácil diagnosticar que Cuba ha tenido que diversificar sus suministradores de petróleo crudo y es también fácil diagnosticar que ningún suministrador, además de Venezuela, entregará a Cuba petróleo crudo a precios subsidiados. Eso significa que la dependencia de combustibles fósiles para el país ni siquiera es un buen negocio en este contexto.
La soberanía energética no se logra explotando los recursos naturales no renovables que tenemos en la Isla. El petróleo se va a acabar. Incluso el poco petróleo que hay en Cuba y que garantiza una parte de nuestro suministro eléctrico se va a acabar. Las técnicas para la explotación serán más agresivas, como han sido más agresivas en los países más industrializados y comprometeremos la capacidad de supervivencia de las futuras generaciones. Hace al menos 15 años Cuba apuesta al cambio de la matriz energética en proyectos de adaptación al cambio climático, pero todavía los resultados distan mucho de los objetivos planteados. Hace 15 años no había sanciones al petróleo venezolano, Cuba podía darse el lujo de esperar, de depender un poco más de los combustibles fósiles.
Hoy no.
Las sanciones del gobierno estadounidense hacia Cuba son cada vez más agresivas y han afectado incluso inversiones extranjeras en fuentes de energía renovable. Los bancos internacionales tienen miedo de conceder créditos no solo a empresas cubanas (que podrían tener comprometida su capacidad de pagar) sino a pequeñas empresas europeas debido al alcance de las sanciones. Sin embargo, todavía el país no ha adoptado todas las medidas que se podrían adoptar para la transformación de la matriz energética, sobre todo aquellas orientadas a aumentar la capacidad de acción de la ciudadanía. Las acciones son casi siempre centralizadas y constituyen soluciones parciales. Muchos de los paneles solares ubicados en comunidades de difícil acceso hoy no están en uso debido a la falta de baterías. El suministro de baterías es deficiente y, en ocasiones, muy costoso para los gobiernos locales. Los gimnasios privados, donde se genera energía de los cuerpos, ni siquiera pueden autoabastecerse. Todos los aires acondicionados y los ventiladores empleados durante el día se sostienen con la energía del sistema electroenergético nacional. Las importaciones de paneles solares son casi prohibitivas. Cuestan mil puntos y mil pesos cubanos según las normas de la Aduana de la República y precisamente ese es el límite de una importación no comercial. Es fácil saber qué va a elegir la ciudadanía puesta a escoger entre un aire acondicionado, dos televisores y una laptop contra un panel solar.
Antes del 24 de febrero de 2019, solo diez naciones en el mundo mencionaban la palabra cambio climático en sus constituciones. Luego de la aprobación de la Carta Magna cubana, con el 78,3% de los electores, ascendían a once. La Isla caribeña incluía la “protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático” entre sus artículos constitucionales y reconocía la amenaza de este último “para la sobrevivencia de la especie humana”. La Tarea Vida, plan del gobierno cubano para enfrentar el cambio climático, es una de las pocas políticas públicas existentes en el mundo para enfrentar la crisis. Sin embargo, más allá de los 5 acciones y las 11 tareas poco conoce la ciudadanía. Se reportan en la prensa local acciones aisladas, sobre todo en fechas medioambientales específicas, pero es imposible fiscalizar el cumplimiento de la misma porque un informe pormenorizado al respecto no está disponible para su consulta pública.
En medio de esta situación, las iniciativas espontáneas de la sociedad civil quedan apagadas por los sesgos políticos y la centralización de las mismas ejercidas por instituciones como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En julio de 2019 surgió el grupo Fridays for Future en Cuba. Sus integrantes son jóvenes, estudiantes universitarios, que se sintieron identificados con el llamado de otros jóvenes, estudiantes universitarios algunos, para liderar las luchas contra las incidencias del cambio climático. Solicitaron permisos para “una simple manifestación en la plaza de San Francisco de Asís – ubicada en el casco histórico de La Habana”, dijo a la agencia IPS Rubén Darío Herrera, el estudiante de la universidad de Santa Clara que organizó el grupo.
Los permisos nunca fueron concedidos.
Una sentada en la plaza de San Francisco de Asís solo puede ser vista como un riesgo para la seguridad del país por un gobierno y unas instituciones que se creen con el derecho de monopolizar la actuación a favor del clima. Mientras se siga institucionalizando la mayoría de las acciones, mientras se burocratice y se obstruya el derecho ciudadano a actuar por una ciudad, por un país más limpio, no habrá cambio de matriz energética ni habrá más conciencia ciudadana.
Seguirá en aumento el número de ríos sucios que se limpian cuando lo que debería ocurrir es que disminuyera el número de ríos sucios que limpiar.
El cambio debe situarse al inicio de la cadena, no al final. La basura no debiera llegar a convertirse en basura. Y para que la basura no llegue a convertirse en basura, debe ser, en primer lugar, un problema de todos. Nadie debería tener que pedir permiso para actuar a favor del clima. Si el Estado continúa monopolizando la solución de los problemas de todos legaremos a las futuras generaciones una isla donde la supervivencia de la especie humana estará comprometida.