1. ¿Cómo se elaboró el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica?
El más reciente Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica se extiende desde 2016 hasta 2020 y pretende “integrar las acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en el país”.
El proceso para la elaboración del Programa fue conducido por el equipo coordinador del proyecto Plan Nacional de Diversidad Biológica para apoyar la implementación del Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2011 – 2020 en la República de Cuba. Este proyecto fue aprobado en el año 2012 por el Global Environmental Facility (GEF, por sus siglas en inglés) e implementado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la Agencia de Medio Ambiente y el Instituto de Ecología y Sistemática, entre otros. Para su ejecución, Cuba recibió un fondo de 456 600 dólares por parte de GEF y PNUD.
2. ¿Cuáles son las prioridades para este periodo?
Especie de molusco invertebrado (Foto: Jorge Ricardo)
Entre las esferas prioritarias para este nuevo ciclo se encuentran el aumento de los estudios sobre invertebrados y especies marinas, la eficacia en la prevención y control de los incendios forestales, la diversificación de la producción agrícola, la formulación de estrategias de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático sobre ecosistemas vulnerables y la sustitución de prácticas pesqueras incompatibles con el medio ambiente.
El Libro Rojo de Invertebrados Terrestres de Cuba señala que los planes de conservación de este grupo han sido deficientes y se limitan a la prohibición de la venta de conchas o de productos artesanales de las especies de moluscos.
Actualmente existen 46 especies de invertebrados terrestres en peligro crítico, 24 en peligro, 57 vulnerables, 2 casi amenazados y una especie de ácaro extinta. La principal amenaza está dada por el deterioro del hábitat natural y este se ha producido, fundamentalmente, “por el crecimiento urbano, la agricultura y la industrialización y el desarrollo acelerado del turismo”, añade el Libro Rojo.
A esto se suma que “la introducción del cultivo de la caña con la industria azucarera, el desarrollo del cultivo del tabaco y la minería, entre otros factores, ocasionaron una seria afectación a la cobertura boscosa que disminuyó hasta el 14% [antes de 1959]”. La industria niquelífera, por ejemplo, “origina la destrucción de extensos bosques que se encuentran en la parte norte del territorio oriental, considerada una de las regiones de mayor biodiversidad del país”.
Los ciclones tropicales, principal desastre natural que afecta el país, también ocasionan destrozos en los ecosistemas boscosos y afectan la alimentación y el refugio de muchas especies de animales.
3. ¿Cómo se pueden prevenir los incendios forestales?
Parque Nacional de Cáguanes, Sancti Spíritus, tras el paso del huracán Irma (Foto: Jorge Ricardo)
En 2018 se prevé un incremento en los incendios forestales en la Isla debido, entre otras causas, al volumen de árboles derribados por el huracán Irma y al follaje acumulado en las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, declararon especialistas a la prensa local. En lo que va de año se han reportado alrededor de 217.
Entre 2012 y 2017 ocurrieron 2 238 incendios, lo que significó que más de 20 000 hectáreas de superficie forestal fueran dañadas. Se calcula que en cada incendio se afectan aproximadamente 17 hectáreas y, en los últimos seis años, las pérdidas económicas superan los 73 millones de pesos.
El 90% de las causas de los incendios se relacionan con negligencias humanas. En 2015, el incendio en la Meseta de San Felipe, Camagüey, fue provocado por el tránsito de un vehículo sin matachispas. Otras causas son la tala, la caza y la pesca furtivas “porque quienes las practican a veces desatan el fuego accidentalmente”, señala el Programa Nacional.
En este sentido, el Programa Nacional propone “disminuir hasta 2 hectáreas o menos (por cada 1 000 hectáreas) las afectaciones provocadas anualmente por incendios forestales”. Para ello, se deben implementar las acciones identificadas en la Estrategia de Gestión y Manejo del Fuego 2015-2020 que incluye la apertura de trochas y la construcción de torres de observación para la vigilancia de las áreas boscosas, entre otras.
4. ¿En qué consiste la valoración económica de la diversidad biológica?
La valoración ambiental se define como el “conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados de algunas acciones tales como: uso de un activo ambiental, realización de una mejora ambiental, generación de un daño ambiental, entre otros”.
El valor económico total de un bosque, por ejemplo, trasciende su aporte por concepto de aprovechamiento forestal e incluye elementos tales como “la biodiversidad, la regulación hídrica, la fertilización de los suelos, la captura de carbono, la belleza paisajística, la obtención de madera, alimentos, etcétera”.
Un estudio de 2013 visualiza el valor económico total de la Reserva Ecológica “La Coca”, ubicada en el municipio Habana del Este. Este indicador se divide en valor de uso (directo, indirecto y de opción) y valor de no uso (valor de existencia). O sea, la Reserva, por el mismo hecho de existir, tendría un valor aunque no se empleara porque constituye el hábitat de especies de la fauna y por el alto endemismo de su flora. Entre los valores de uso directos, la investigación señala su potencialidad para el ecoturismo y como fuente de néctar y polen. Además, este ecosistema garantiza la retención de dióxido de carbono (CO2).
La retención de CO2 es uno de los indicadores más fáciles de contabilizar. En la Reserva Ecológica “La Coca”, el valor de la función de retención de carbono fue de 10,55 CUC por hectárea por año. Esto significa un valor económico total de más de un millón de CUC al año por este concepto.
5. ¿En qué estado se encuentra la rehabilitación de zonas mineras a cielo abierto?
La extracción del níquel en Cuba se realiza en todos los depósitos por el método de minería a cielo abierto. Si queremos ver el impacto de la minería a cielo abierto en un ecosistema basta con seguir las imágenes históricas que guarda Google Earth.
En 1994, la empresa canadiense Sherritt International Corp. creó junto a la estatal cubana Cubaníquel la empresa mixta Moa Nickel S.A. para la extracción de níquel y cobalto en la zona de Moa, Holguín.
Así lucía Moa en 1984.
Imagen de Moa tomada el 30 de diciembre de 1984 (Imagen obtenida de Google Earth)
Y así luce hoy.
Vista área de la zona minera de Moa, Holguín (Imagen obtenida de Google Earth)
Uno de los objetivos del Programa Nacional es incrementar “anualmente en al menos un 5 % la superficie de área rehabilitada en zonas mineras a cielo abierto”.
Se estima que las reservas cubanas de minerales lateríticos de níquel son las segundas más grandes del mundo. Las primeras se encuentran en Zaire, por lo que no resulta sorprendente que su explotación constituya uno de los principales renglones de la economía nacional.
El 15 de diciembre de 1994, mediante el Decreto 194, firmado por Fidel Castro Ruz, entonces presidente, Marcos Portal, Ministro de Industria Básica, y Carlos Lage Dávila, Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo, se otorgaron las concesiones para la investigación geológica y la explotación del níquel y el cobalto en la zona.
El Decreto otorgaba a Moa Nickel “un período de gracia de 10 años para cumplir con los requerimientos establecidos por las regulaciones de protección al medio ambiente actualmente vigentes en Cuba”. En ese tiempo, Moa Nickel continuaría “desarrollando sus planes y adoptando medidas para minimizar el impacto causado al medio ambiente por efecto de la operación de la planta, y de la actividad minera”.
También dejaba claro que, aunque “las reservas forestales son propiedad del Estado” y que “cualquier trabajo que se pretenda y que incluya desbroce o tala de árboles, tendrá que ser coordinado con las autoridades forestales del territorio, antes de su ejecución, el derecho a minar será siempre prioritario sobre los derechos forestales“.
Diez años después, cuando se venció el periodo de gracia, la resolución 193 del CITMA emitió nuevas directrices para la protección de los suelos, aguas subterráneas y el aire.
La resolución reconocía que aunque Moa Nickel S.A. había realizado “un conjunto de acciones para mitigar y solucionar los problemas ambientales e ir adecuando su actividad al cumplimiento de la legislación ambiental vigente en el país”, este requerimiento no se había alcanzado plenamente.
La empresa propuso al CITMA “trabajar en las operaciones de la planta y su zona de influencia bajo un régimen de Normas de Operación, como alternativa para, paulatinamente, alcanzar el cumplimiento de la legislación ambiental y lograr la mejora constante de las condiciones ambientales”.
Asimismo, mantenía la autorización especial “para continuar descargando el Licor de Desecho (WL) de la Planta de Precipitación de Sulfuros (desechos extremadamente tóxicos) en el Río Cabañas”.
*Explainer en construcción