La urbanización de los pobres

Indaya. Mayo de 2016.

A un lado del camino lodoso, como en una tribuna, los funcionarios; del otro, una multitud con los nervios a flor de piel. Hay una lista, pero ninguno sabe bajo qué principios se confeccionó, ni el número que le ha tocado en suerte. Ninguno ha visto, tampoco, el interior de las viviendas.

Hay gritos de alegría cuando llaman al primero de los afortunados. Los funcionarios le entregan la llave y le enseñan su casa. No demora en salir al patio para compartir su felicidad con el resto y alza las manos en señal de triunfo.

En un rato, la euforia colectiva se convertirá en desesperación, y la desesperación en caos.

Nadie recordará, en la noche, quién lanzó al aire el primer insulto.

 

Según un censo de grupos poblacionales vulnerables que se utiliza como registro en la Unidad Municipal de Atención a las Comunidades de Tránsito (UMACT) de Marianao, son seis los barrios insalubres que esta entidad debe atender: Coco Solo, Zamora, Pocitos, Santa Catalina, La Zanja y el Husillo. Hay, además, dos zonas a las que llaman “focos”: el Lido y Los Tostones. El problema es que este documento data de 1987.

—¿Es o no Indaya un barrio insalubre? –le pregunto a Lissett Millán, jefa del Departamento de Atención Social.

—Es un barrio insalubre por las condiciones que tiene indiscutiblemente, pero mire, este es uno de los controles de barrios insalubres. –Me muestra un papel gastado en el que aparecen varias listas mecanografiadas–. Ellos no están. Esto se hizo en el año 1987.

—¿Y quién lo hizo?

—La Dirección Municipal de la Vivienda.

—¿Ellos son quienes determinan qué barrio es insalubre?

—Sí, junto a Planificación Física. El mismo censo que se hizo en 2011 se hizo en el 87.

—¿Y en el de 2011 no aparece Indaya?

—Nosotros nos guiamos por el censo del año 87, el de 2011 lo tiene Vivienda. Eso no es para nosotros.

—¿Y por qué ustedes no actualizan esos datos entonces?

—A ver, porque se supone que el barrio insalubre no puede aumentar. Las viviendas no pueden aumentar.

—Pero aumentan –le digo.

—Pero no pueden, no deben aumentar.

—Pero aumentan –repito–. La lógica dice que si en el 87 eran dos personas a las que se les permitió vivir allí, otras familias llegarán y…

—Se supone que en un barrio insalubre, al usted no tener documento legal, no puede construir, no puede permutar, no puede donar ni vender. Entonces, no pueden aumentar las viviendas. Pueden aumentar las personas, pero no las viviendas.

—Pero las viviendas aumentaron –insisto, y como último recurso apelo a las cifras–. En 1991 había 14 viviendas en Indaya, en 1996 había 28, en 1999 eran 41, en 2006 había 46 y en el censo de 2011 las casas estaban por encima de las 50. Entonces, aumentan.

—Indiscutiblemente –admite al fin Lissett–, aunque, ya le digo, esas personas no tienen dirección de allí.

Asumamos por un momento que Indaya está incluido entre los barrios insalubres en el censo de 2011. Para la UMACT, Indaya no sería oficialmente un barrio insalubre porque ellos, como dice Lissett, se guían por el censo de 1987 y allí no aparece como tal. Y no sienten la necesidad de consultar el censo de 2011 para actualizarse porque en teoría el número de viviendas de un barrio insalubre –Lissett reconoce que Indaya lo es– no debería crecer. Conclusión: para la UMACT, aunque apareciera en el censo de 2011, Indaya no sería oficialmente un barrio insalubre porque es, extraoficialmente, un barrio insalubre.

Un absurdo semejante solo es comprensible si se tiene en cuenta que la UMACT, en su objeto social hacia estos barrios, solo identifica una función: “acompañarlos en el proceso de mudanza hacia los nuevos asentamientos”. Cualquier otro asunto queda en las manos de otras instituciones del gobierno local. Cualquier otro asunto se vuelve una tarea y un encargo difuso por el cual muy pocos están dispuestos a responder.

De cualquier manera, en el censo de 2011 Indaya no aparece como barrio insalubre ni como foco. Cabe la posibilidad de que esté incluido en el Consejo Popular de los Pocitos, pero no puedo asegurarlo. La duda, obviamente, persiste después de visitar la UMACT. Sin embargo, una pregunta se impone: si el barrio no apareciera registrado como insalubre, ¿cómo podría explicarse que se esté erradicando?

Hay varios motivos para que en un asentamiento llamado Indaya, a 500 metros del Indaya original –el de fango y casas levantadas con materiales reciclados o sacados de la basura en 1987, léase zinc, papel de techo o cartón–, se construyan 102 viviendas en suelo urbanizado. Uno de ellos lo expone Reynaldo Romero, quien fuera durante 20 años y hasta 2013 delegado de la Circunscripción 14 perteneciente al Consejo no. 2, Pocitos Palmar, la cual reúne 19 CDR y es una de las más extensas del municipio:

Esto de decidir el barrio que sería beneficiado sucedió alrededor de 2008, y el problema con las personas de la comunidad comenzó en 2013. Por eso dice Romero que no quiso continuar como delegado y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por eso, según me explican en el Gobierno de Marianao, los electores dejaron de votar por él.

 

En 2012, cuando llegaron los choferes con los bulldozers a remover la tierra para las nuevas casas, se encontraron el césped de un campo de hockey en el estadio El Palmar. Este era el sitio donde entrenaba el equipo local y el que había señalado la Dirección Provincial de Planificación Física para la obra 100 Viviendas Indaya.

Aquel día, Tania Oliva, técnico medio en Construcción Civil, designada por la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de La Habana (EPROB) para administrar la construcción, ignoraba que cuatro meses más tarde el ingeniero civil que trabajaba con ella renunciaría y que un tiempo después también se marcharía el arquitecto. La Indaya urbanizada tenía fecha de entrega para 2013 y Tania debía dar el máximo de su esfuerzo si deseaba cumplir la meta.

La empresa Diseño Ciudad Habana (DCH) fue la encargada de proyectar en 2009 el asentamiento para su cliente, la Unidad Municipal de Inversiones de la Vivienda de Marianao (UMIV). Idania Galíndez, una de las arquitectas que estuvo en el equipo de trabajo, explica que la propuesta de módulos de viviendas que se iban a implantar bajo el sistema Sandino fue aprobada por la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda. Cada módulo tendría cuatro casas: una de tres dormitorios, una de dos y dos de uno. Los hicieron así porque no sabían la composición de los núcleos familiares para los que estaban diseñando. En el asentamiento, además, se incluirían áreas verdes, una zona deportiva y otra de comercio.

El ingeniero civil René Rosabal pidió que se trabajara con los mejores materiales, y en el proyecto especificó suministros de primera calidad para darle a la obra una resistencia y un acabado que permitieran asegurar los 50 años de durabilidad calculados por él. “Nosotros no proyectamos ni una sola casa bajo el concepto de vivienda económica”, afirma Rosabal. Para Idania, en lo único que se economizó fue al no colocar losas en los pisos, ni azulejos en las mesetas o en los baños.

I. Movimientos de tierras

De acuerdo con Tania, la administradora del proyecto a pie de obra, cuando el Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular fijó la fecha de entrega de las nuevas viviendas para 2013, estaba asumiendo que se violentarían las etapas de los procesos constructivos.

La DCH había indicado que las calles y las aceras fueran incluidas en la etapa inicial de las acciones en el asentamiento, entre otras razones, porque si se construían primero las viviendas, los movimientos de tierras posteriores harían vibrar los cimientos, lo que podría generar grietas e incrementar el riesgo de una severa afectación en las estructuras.

Sin embargo, se hizo una primera compactación del terreno, se cubrieron con relleno técnico las terrazas e inmediatamente se comenzaron a levantar las primeras casas. René Rosabal, el ingeniero a cargo del diseño estructural, aclara que las viviendas no se vendrán abajo con los movimientos que faltan para hacer los viales, pero cada vez que se utiliza un equipo pesado las ondas expansivas rebotan en los elementos estructurales y esa energía a la larga es dañina. Todos los que construyen en Indaya saben esto, y saben además que cuatro años, el tiempo que ha durado la obra, eran suficientes para asfaltar el suelo.

Hasta la fecha se han construido 48 casas –según un cartel informativo en la obra–, pero ninguna calle.

II. Fechas

Como era de imaginar, en 2013 no se entregaron viviendas. La inestabilidad en los suministros y la escasez de mano de obra, así como plazos poco realistas que violentaban los procesos constructivos, retrasaron el proyecto. En la urbanización han intervenido al menos cuatro empresas con licencias de construcción: el Instituto de Aviación y Aeronáutica Civil (IACC), la Empresa Constructora y de Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones de Cuba (TELRED), la Empresa de Servicios Varios (EMSERVA) del Ministerio de la Industria Alimenticia y el Grupo Empresarial de la Construcción de la Administración Local (GECAL). Cada una de ellas con una cuota determinada de residencias por construir; cada una de ellas con un presupuesto específico.

A la IACC le asignaron la construcción de veinte viviendas, es decir, cuatro módulos de cuatro casas y dos de biplantas. Estas fueron las primeras que comenzaron a levantarse y ya están concluidas.

A la EMSERVA le tocaron dos módulos de cuatro casas que ya terminaron.

TELRED, por su parte, debe construir el resto junto a algunas Unidades Empresariales de Base de las GECAL: las ECAL 1, 3 y 5.

Pese a las presiones continuas de los Gobiernos municipal y provincial, en 2014 tampoco se entregaron viviendas. Las primeras casas, las de la IACC, se entregaron en 2015. Un año después, ninguna de esas personas tiene el documento que los acredita como propietarios. No saben siquiera cuánto han de pagar por el inmueble.

Según los constructores, los atrasos se debían fundamentalmente a la falta de suministros. En una ocasión, recuerda Reynaldo Varcasel, especialista de producción de la EMSERVA, estuvieron tres meses en completa inactividad esperando por acero. Esta situación se repitió pero con otros materiales.

Indaya, el asentamiento, aún no tiene fecha límite de culminación, no tiene un día en el que se diga hasta aquí, ya no se mueve una piedra más. Al parecer, se va a terminar cuando se termine.

III. Presupuestos

Desde que comenzaron las labores en Indaya, el Consejo de la Administración Provincial de La Habana destina entre 9 y 14 millones de pesos anuales para la urbanización. Según Greta Rodríguez, subdirectora técnica de la Vivienda en Marianao, en 2016 se entregaron unos 11 millones. “El Estado quiere que esas casas se hagan –dice– y no es poco el dinero que está dando para la obra”.

Cada una de las cuatro empresas constructoras presentes en Indaya elabora un presupuesto para las viviendas que le toca hacer. Para la EMSERVA, por ejemplo, el valor total de la construcción de las ocho casas –incluyendo mano de obra, materiales, transportación y gasto energético– sumó unos 296 000 pesos, por lo que el costo de cada vivienda rondaría los 37 000 pesos. Pero estos son los números de la EMSERVA. Hay, al menos, otras tres estimaciones diferentes. Si bien la fuerza de trabajo y el abastecimiento de suministros son algunas de las variables que explican la diferencia, no son las únicas.

El 1ro. de junio de 2013, la EMSERVA firmó el contrato de mano de obra con la EPROB. Como entidad, tenían una licencia de mantenimiento constructivo emitida por el Ministerio de la Construcción y hasta ese momento solo se habían ocupado de hacer reparaciones industriales y otros trabajos menores. No obstante, al poseer ese tipo de permiso como empresa, debe ser capaz de construir una vivienda biplanta. Cuando fue convocada para Indaya, se vio en la obligación de acudir.

“En septiembre de ese año empezamos a construir –comenta Varcasel, el especialista de producción de la EMSERVA que estuvo al frente de la obra–. En el primer listado de materiales que presupuestamos habíamos incluido juego de baño, herrajes, jabonera y otros objetos de porcelana. Ya que los baños iban a ser estucados, queríamos darle estos accesorios a la gente por si un día ellos decidían enchapar. Pero cuando presentamos el plan de presupuesto inicial para 2013, que ascendía a 86 000 pesos por las ocho viviendas, el Gobierno provincial no nos aprobó esos artículos”.

A pesar de que la empresa no obtuvo la aprobación, una vez que les entregaron el presupuesto compraron los accesorios, cuyo valor apenas llegaba a los 10 pesos para cada vivienda. Con el tiempo, ya terminadas las casas, finalmente fueron autorizados a entregárselos a los propietarios.

Idania Galíndez, la arquitecta de la DCH, recuerda algo similar: “Después, cuando alguien decidió que se iban a construir como viviendas económicas, comenzaron a limitar los suministros; por ejemplo, los accesorios de los baños. Yo vi que el IACC tenía los veinte módulos y los tuvo que devolver, porque les dijeron que lo hicieran. Los constructores los devolvieron a la Empresa de Suministros (EMPROSU), porque no estaba aprobado que los pusieran”.

El IACC entregó sus casas en 2015; la EMSERVA, en mayo de 2016. En consecuencia, las primeras no tienen accesorios y las segundas sí.

Varcasel agrega que en el presupuesto también incluyeron baldosas para los pisos y losas para enchapar las mesetas de la cocina, “pero eso tampoco fue aprobado, porque no entraba en el concepto de bajo costo. Sin embargo, nos pidieron que hiciéramos un piso de cemento pulido de 5 centímetros de espesor, por lo cual en cada habitación utilizamos unas nueve bolsas de cemento gris. Con esa misma cantidad de cemento, bien se podían elaborar baldosas para darles un mejor acabado a estas viviendas”.

En febrero de 2013, el ministro de la Construcción hizo circular una carta en la que se daban las nuevas especificaciones sobre Vivienda Económica, en cumplimiento a un acuerdo de la Comisión Económica Financiera del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Básicamente, se reducían las medidas mínimas de los dormitorios y se limitaba la participación del Estado a garantizar “las condiciones mínimas de funcionalidad y habitabilidad”.

En el cartel informativo que ofrece algunos detalles de la obra que se está ejecutando en Indaya, aparece la cifra de 1 033 400 pesos, que es el monto asignado para 32 viviendas. Si esta cantidad representa apenas un 1 % del presupuesto total, ¿en qué se habrá invertido el resto del dinero?

IV. Suministros y prefabricados

El asentamiento Indaya está hecho de casas que son una especie de híbrido. “Por un lado el hormigón y por el otro paneles Sandino”, me explica Cosme Paneque, jefe de la brigada de mantenimiento constructivo de la EMSERVA en Indaya. “En realidad, se construye muy rápido con los paneles. Están diseñados para que una obra como esta se culmine en tan solo tres meses y medio”, dice, aunque le tomó dos años y medio terminar ocho viviendas.

Los paneles son elementos prefabricados de hormigón que facilitan el ensamblaje y disminuyen los costos de producción de las obras. En Cuba, se han utilizado en viviendas sociales para personas afectadas por ciclones, como en el caso de Santa Cruz del Sur en Camagüey, en donde se combinaron con bovedillas de poliespuma. Como toda estructura, no deben estar expuestos a la intemperie recibiendo lluvia y sol por un tiempo prolongado.

Muchas veces –comenta Paneque– las columnas, las viguetas y los paneles llegaban de la fábrica torcidos. “Algunas de las viviendas se están filtrando por el sistema constructivo –dice Galíndez– y cada vez que se revisaba el suministro… Nosotros no tenemos que hacerlo, pero a veces, en los controles de autor (inspección que realizan a la obra los arquitectos e ingenieros que concibieron el proyecto), poníamos que el suministro estaba malo, porque lo estaba. El constructor tiene que ser mago ahí”.

A juicio de casi todos los entrevistados, lo que más destaca, junto con la inexperiencia y los problemas de ejecución, es la calidad de los materiales asignados. Tanto áridos y morteros eran de tercera categoría, y a veces incluso por debajo de esa clasificación. Par de veces, Tania tuvo que virar cargamentos enteros de arena u otro suministro que no servían ni para relleno. Si el presupuesto para este asentamiento es elevado en comparación con el de otras construcciones similares, no se entiende que le destinen materiales de pésima calidad.

Varcasel, de la EMSERVA, lo expone de la siguiente manera: “Para mí construir es como cocinar. A mí me estaban pidiendo un arroz con pollo a la chorrera y lo único que me dieron fue el arroz. Con los materiales de bajo costo que me dieron, yo entregué una vivienda de bajo costo. Nosotros nos esforzamos mucho por entregar una vivienda digna, pero es como hacer frijoles colorados sin especias”. Aquí, como en la cocina, imagino que importen otros factores: los tipos de comensales, la pericia del chef y los tiempos de cocción.

V. Humedad

Las manchas verdes y negras de la humedad van ganando terreno desde el suelo hacia lo alto de las paredes de las casas entregadas y de las que aún no lo han sido. El terreno sin compactar y la maleza que crece a los lados de las viviendas acentúa la extraña imagen de una urbanización habitada a medias y a medio construir. El suelo, según René Rosabal, no tiene manto freático ni altos niveles de humedad que justifiquen la presencia de esos manchones. Sin embargo, si los materiales de construcción han estado expuestos a la influencia del ambiente y sin protección, terminan por desprender toda el agua acumulada. Rosabal aclara que para evitar esto había en el proyecto una especificación: a las cubiertas inferiores que estuviesen a ras del suelo se les debían aplicar dos capas de pintura asfáltica.

Carmelo Morejón vive desde hace un año en una de las casas que construyó la IACC. Cuando llueve un poquito, se quedan los rastros de humedad en el techo y en algunas de sus paredes interiores. En los primeros meses tuvo que reparar una tupición de los drenajes porque el patio y la cocinan se le llenaban de agua. Las filtraciones las tiene desparramadas en el cuarto de los niños y en el baño. Hay reparaciones que debe hacer y él lo sabe. Aunque algunas le parecen ilógicas, no le falta voluntad para asumirlas. Carmelo no pide que venga una brigada y le arregle todos sus problemas. Solo quiere que le entreguen la propiedad de su vivienda, porque de esa manera ya no tendría que preocuparse por los inspectores.

De momento, cada vez que intenta arreglar algo le ponen una multa.

VI. Puertas y ventanas

Que Ibrahim Masó tenga dos ventanas de aluminio pequeñas superpuestas una encima de la otra para formar una grande es culpa de los suministros. Al menos, eso es lo que me trata de explicar Tania. En la DCH me dicen que así no aparece en el proyecto, y fijarse en esos detalles tan grotescos, que saltan a la vista como una verruga en medio de la frente, es buscar “la pelusa de la contrapelusa”.

“A veces llegan ventanas largas, otras llegan cortas”, dice Tania. Y a veces, por supuesto, lo más práctico es poner dos pequeñas para hacer una grande. Esta solución, desde la mentalidad del chapuceo, fue pasada por alto en los controles de autor de la DCH, y en las inspecciones de la Vivienda y de la EPROB. Nadie se molestaría en señalar la verruga. Por tanto, en algunas casas hay ventanas largas verdaderas y en otras, falsas.

Ibrahim se queja porque le tocó una falsa y porque dos de sus puertas abren en sentidos contrarios, lo que obliga a dejar a alguien encerrado en el balcón si se necesita abrir la puerta de la calle. Hay asimismo otros problemas en esta casa construida por la EMSERVA, y él me los enumera de a poco y con cierta pena. “Estoy muy agradecido porque yo vivía muy mal –me dice–, pero como yo hay gente que cuando recibió su casa no sabía qué hacer, si comprar los muebles, que no se podían tener allá abajo porque se los llevaba el río, o si comenzar a reparar una vivienda nueva”.

VII. Grietas en pisos y techo

Bárbara Díaz también se mudó en mayo. El día de la entrega, su satisfacción por un nuevo techo era inmensa, tanto que no la dejó abrir los ojos mientras levantaba la cabeza al cielo para dar gracias. Esta voz es la de Bárbara, y esto es lo que me contó la primera que nos vimos:

Tres días después de la mudanza de Bárbara volví a visitarla. Con mucho orgullo, me iba mostrando cada habitación, esta vez con los ojos bien atentos. Se fue percatando gradualmente de las grietas del techo, esparcidas como várices por toda la casa, y la alegría se le gastó. En cada cuarto un puñado nuevo. Eso fue en mayo. En septiembre, me enseñó cómo el piso pulido se ha agrietado y levantado, dejando varios huecos de concreto duro.

Algunas de las grietas en los techos aparecen debido a la bovedilla. “Eso es poliespuma con cemento y debía ponerse encima de una malla de acero y ser tratado con morteros especiales, pero se encarecía la obra (las mallas se comercializan en CUC). Como nunca aparecía la malla, nos dijeron que pusiéramos el techo así mismo, y por supuesto que eso a la larga va a comenzar a ceder y a agrietarse”, dice Varcasel.

VIII. Escaleras

Al edificio de Bárbara le falta la baranda metálica que se pone por seguridad en las escaleras. La baranda no es un artefacto complicado, no es un suministro imposible de conseguir. Sucedió que el contrato de las barandas y de las escaleras metálicas que se hace con la empresa Nuevas Técnicas no se renovó, así de simple. Por eso, al igual que con las ventanas, hay quienes tienen baranda y quienes no.

Juana Heredia es vecina de Bárbara, tiene 83 años y es débil visual. Para ella y sus dos nietos pequeños, el acto cotidiano de subir y bajar los escalones se ha vuelto un peligro silencioso que parece no tener respuesta. Tania me explica que las empresas constructoras, en este caso TELRED, durante un año posterior a la entrega son responsables de cualquier queja o inconformidad que presente el cliente. “Hasta el cansancio les he pedido que nos pongan la escalera –me dice la hija mayor de Juana– y nada, no hacen nada”.

La idea del asentamiento es noble, es una acción necesaria que si busca dignificar a las personas de Indaya debe ser asumida con el mismo decoro con el que se haría un hospital o una escuela.

IX. La entrega

La primera vez que llego a Indaya, 5 de mayo del año pasado, coincido con los funcionarios del Gobierno de Marianao, de la Vivienda y de la UMACT, que presiden el acto formal de entrega de 16 viviendas construidas por la EMSERVA y por una de las ECAL. La excitación del preámbulo ha paralizado a la gente, que sin embargo explota de júbilo cuando a Félix le entregan su llave y su casa.

Esa euforia, la de Félix y la de los otros, es auténtica. La nueva casa, para la mayoría, supone la materialización de un viejo anhelo, la oportunidad de legar algo concreto a los hijos, de poder salir del fango. Para hacerlo oficial, Mirtea Ferrer, directora de la UMACT, pinta un número 1 con carboncillo negro en la pared.

Los números 2, 3 y 4 del primer biplanta son dibujados con agilidad. A Mariolis Negret le dan una vivienda de tres cuartos y a Ibrahim Masó una casa con un dormitorio. La comisión les entrega en sus manos los bombillos, las pilas plásticas del agua y el lavamanos con su pedestal. Todo esto falta por poner, pero los funcionarios estiman que lo ideal es dárselo a los dueños para que ellos decidan cuándo y cómo colocarlos.

Después de unos 40 minutos, a medida que se va reduciendo el número de apartamentos vacantes, las personas comienzan a desesperar. De pronto, las viviendas son entregadas de acuerdo con un criterio completamente distinto. Lo definitorio, ahora, no es el orden que tengas en la lista, sino tu facultad para gritar más alto que el resto. El jefe de sector de la policía y otros dos agentes vestidos de civil están presentes en la entrega, y ni a ellos ni a ningún funcionario del Gobierno se les ocurre un método eficaz para lidiar con los alaridos intimidatorios de los hombres y mujeres de Indaya.

El caos alcanza su punto más álgido cuando la gente descubre que buena parte de las nuevas residencias tiene solo un dormitorio. Lo que había empezado como una comisión organizada y formal se vuelve un grupo de jefes dispersos entregando viviendas según les dicta la memoria y a ratos, cada vez menos, según la lista.

Hay insultos, sonoras bofetadas, peleas. El vicepresidente de Construcción del gobierno, Joe Luis San Jorge, a voz en cuello y sacudiendo un portafolio, amenaza a quienes lo asedian:

—No les voy a dar nada, porque ninguno de ustedes se lo merece. Si no se callan, me voy y se quedan sin casa. La Revolución les está dando estas viviendas a ustedes, está gastando recursos en ustedes para que vivan en mejores condiciones, ¿y así es como ustedes le pagan?

En realidad, él sabe muy bien que ellos le pagan de otra manera a la Revolución, porque las casas, de hecho, no son gratis. Algunos, sospechando quizá que no están en posición de probar fuerza, hacen silencio. Mirtea, con su grupo, desecha la vehemencia de San Jorge y trata de ser conciliatoria:

—Hay que ser justos, hay que ver cómo vivíamos antes y cómo se va a vivir ahora. No se pueden desesperar. Todos van a tener casa.

Esto dice Mirtea, y entretanto llegan más residentes de Indaya a ver el espectáculo en el que se ha convertido la entrega. Suben también los otros, los fundadores, los que no viven en las márgenes del río porque el Quibú les ha arrebatado demasiadas veces el techo y el futuro, los que aprendieron la lección y buscaron zonas más altas. Esos que llegaron primero –todo el mundo lo sabe– serán los últimos en mudarse a una urbanización que aún carece de fecha de culminación y sí tiene, en cambio, un amplio catálogo de problemas constructivos.

En este reportaje colaboraron Elaine Díaz y Julio Batista.