Según Economipedia, una devaluación es la pérdida de valor de una moneda con respecto a otra y puede producirse por diversos motivos: aumento de la cantidad de dinero que circula en el país, salida de capital extranjero, déficit en la balanza comercial, desconfianza en la economía local o, como en el caso de Cuba, por una reforma monetaria.

La disminución del valor nominal del peso cubano (CUP) con respecto al USD –al adoptar una tasa de cambio uniforme de 24 CUP por un USD para las personas naturales y jurídicas– condujo a que, al hacer la conversión del PIB cubano medido en CUP a dólares, se redujera su cantidad y se ubicara por debajo del PIB haitiano.

Paralelamente, en el mercado informal cubano de divisas, la devaluación ha sido aún mayor, con un máximo de 114 CUP por 1 USD el 1 de mayo de este año.

Tasa de cambio del dólar estadounidense en el mercado informal cubano de divisas en los últimos seis meses (Fuente: Elaboración propia con datos de elTOQUE).

De acuerdo con el doctor en Ciencias Económicas Pavel Vidal Alejandro, estas tasas de cambio en el mercado informal no solo pueden asociarse con la reforma monetaria de 2021, sino también con la crisis que enfrenta el país desde antes de la Tarea Ordenamiento, como resultado de las sanciones de la administración estadounidense de Donald Trump y los efectos de la pandemia. La caída del turismo ocasionó que existieran menos dólares que permitieran equilibrar el mercado cambiario informal.

Con las devaluaciones se han encarecido las importaciones del país (Foto: Periodismo de Barrio).

Las devaluaciones tienen como consecuencia inmediata que se encarezcan las importaciones del país, porque la moneda vale menos en el mercado extranjero, y que se abaraten sus exportaciones.

Sin embargo, para Cuba –que en los últimos años ha presentado un déficit sostenido en su balanza comercial (registro de las exportaciones e importaciones del país)–, la devaluación agrava aún más este déficit.

Déficit en la balanza comercial cubana de 2015 a 2020, en millones de CUP (Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas [ONEI]).

La tasa de cambio oficial de 1 CUP por 1 CUP, empleada hasta 2020 en la mayoría de las operaciones del sector estatal y con inversión extranjera, abarca alrededor del 94 % del PIB cubano, por lo cual, las magnitudes financieras de ese 94 % cambiaron sus valores absolutos y relativos en 2021, lo cual transfiguró la foto del panorama económico cubano, señala Vidal.

Empresas de los sectores agrícola, azucarero y alimentario han reportado pérdidas (Foto: Periodismo de Barrio).

Con el inicio de la Tarea Ordenamiento comenzaron a salir a la luz algunos de los problemas en los balances financieros que enfrentaban algunas empresas del sector estatal.

En 2021, más de 500 empresas cubanas cerraron todos los meses con pérdidas. Para enero de 2022, la cifra se había reducido a 457 empresas, de las cuales 446 pertenecían al sistema estatal.

De ellas, el 93 % se encontraban en los sectores de agricultura, industria azucarera, industria alimentaria, construcción, transporte y empresas de subordinación local. Al mismo tiempo, 16 de estas 446 empresas concentraban el 50 % del valor de las pérdidas, declaró el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

Con respecto a la inversión extranjera, Cuba reformó su Cartera de Oportunidades de Negocios a fines de 2021. Actualmente, el país cuenta con 678 proyectos y un monto de inversión valorado en, aproximadamente, 12 500 millones de dólares. La mayoría de los proyectos se encuentran enfocados en la producción de alimentos (24.5 %), seguido por el turismo (20.9 %), el sector energético (19.6 %) y la industria (13.1 %).

Oportunidades de inversión extranjera en Cuba en 2022 por cantidad de proyectos en sectores estratégicos (Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio Exterior [MINCEX]).

A su vez, el Índice de Prosperidad de 2021 del Legatum Institute sitúa a la Isla en el puesto 99 a nivel global de un total de 167 naciones en cuanto a clima de inversión, con una calificación de 47.41 de 167, lo cual la muestra como bastante favorable para invertir.

El indicador tiene en cuenta aspectos como los derechos de propiedad, la protección al inversionista, el cumplimiento de los contratos, el ecosistema de financiamiento y las restricciones en inversiones internacionales.

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Posteriormente, el 20 de septiembre, estableció otros dos créditos: uno para la realización de inversiones, con un plazo de entre 3 y 10 años; y otro para capital de trabajo, con un plazo máximo de 18 meses. Estos últimos poseen la modalidad de crédito simple o línea de crédito, y están destinados a las granjas estatales, Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), agricultores individuales, usufructuarios de tierras y otros productores agropecuarios.

Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el financiamiento al desarrollo del sector agropecuario en Cuba.

¿Qué son los créditos agropecuarios?

De acuerdo con Investopedia, son créditos adaptados a las necesidades financieras específicas de los agricultores. Su objetivo principal radica en proveer capital para adquirir activos productivos, tierras o maquinarias que permitan el funcionamiento y diversificación del sector.

Una ponencia presentada en la I Conferencia de Economía Agrícola, auspiciada por la Caribbean Agro-Economic Society, señalaba que los créditos agropecuarios deben cumplir dos funciones principales: proveer el capital necesario para incrementar la eficiencia y ayudar al desarrollo de la comunidad donde se ubican los receptores de los créditos ―bajo el supuesto de que un aumento de la producción agrícola contribuirá a la prosperidad de estas áreas, sobre todo en zonas rurales de países en desarrollo―.

¿Cuáles son los productos beneficiados con los créditos anunciados por el BCC?

El fondo de 1800 millones de pesos se destinó a los cultivos de arroz, plátano, yuca, frutas, producciones porcinas y de la ganadería vacuna. Para la selección de las empresas receptoras se tomaron en cuenta requisitos como sus rendimientos por área o la existencia de sistemas de regadío.

Por su parte, el crédito para la realización de inversiones puede emplearse para el fomento, renovación y sellaje de cultivos permanentes, con excepción de los forestales; plantaciones forestales; acondicionamiento de terrenos; adquisición de maquinarias, equipos, medios y animales de trabajo; construcción de secaderos, casas de curado, cercas y otras edificaciones rurales; adquisición de ganado para pie de cría y leche; además de reparaciones capitales de activos fijos tangibles.

El crédito para capital de trabajo tiene como fin la producción de cultivos temporales, con ciclos menores de 18 meses; plantaciones permanentes, con ciclos de cultivo mayores de 18 meses; producción pecuaria; autoconsumo; producción de posturas; cultivos protegidos, semiprotegidos, organopónicos y huertos intensivos; gastos de comercialización; producción de hortalizas y condimentos frescos; así como beneficios otorgados a otras producciones específicas.

¿Cuál es el procedimiento para acceder a los créditos?

Las empresas seleccionadas para recibir el fondo de fomento agropecuario deben contactar con sus sucursales bancarias para iniciar los trámites que les permitirán acceder a este.

En el caso de los créditos para inversiones y capital de trabajo, se requiere la inscripción en el registro estatal según la forma de producción, la certificación de tenencia legal de tierra, una póliza de seguro o su solicitud, operar una cuenta bancaria en la sucursal donde se realiza la petición del crédito, y el nombramiento y firma de las personas autorizadas a contraer y pagar deudas.

Además, es necesario ofrecer garantías para poder adquirir el crédito. Se aceptan seguros agropecuarios, fiadores solidarios, pignoración de cuentas ―es decir, ofrecer como garantía del préstamo un activo financiero que posea la cooperativa, empresa o agricultor―, prendas de bienes ―las cuales pueden ser joyas, vehículos de motor, ganado mayor, tractores y cosechadoras― e hipotecas de bienes inmuebles como viviendas de verano y solares yermos.

¿Por qué es importante que los agricultores cubanos puedan acceder a créditos específicos destinados al sector?

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2019 el valor agregado del sector agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB) cubano ―a precios corrientes― era de 3.6%.

A su vez, según datos del Banco Mundial, en 2018 las tierras destinadas de manera permanente al cultivo representaban, aproximadamente, el 6.3% del total del área de la tierra, mientras que las tierras cultivables constituían el 28%.

Esta subexplotación se debe a la baja capitalización y la falta de innovación tecnológica, ocasionadas por la disminución de la inversión en el sector a través de los años, la escasez de servicios de asistencia técnica, la degradación de la tierra, además de los efectos del cambio climático, especifica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).

Como consecuencia, la producción de alimentos resulta insuficiente para cubrir la demanda y es necesario recurrir a las importaciones. La FAO advierte que mientras el sector agrícola no “aumente los rendimientos y aproveche en mayor grado su potencial productivo, Cuba continuará necesitando un volumen considerable de importaciones para satisfacer sus necesidades de alimentos”.

Un texto publicado por la propia Organización explicaba que la existencia de mecanismos de préstamo eficientes y duraderos pueden contribuir considerablemente al desarrollo agrícola; no obstante, también apuntaba que el otorgamiento de suficiente crédito para los agricultores constituye un serio desafío para todos los gobiernos de nuestra época.

Así, a inicios de noviembre de 2020, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, anunciaba la creación del Banco de Fomento Agrícola ―el cual se implementó en mayo del presente año y comenzó a funcionar a partir del 1 de septiembre― con el fin de apoyar a los productores e incrementar la disponibilidad de alimentos en el territorio nacional. Sin embargo, su financiamiento, proveniente del presupuesto estatal, está destinado a alimentos priorizados y no a todos los agricultores.

¿Este es el primer Banco de Fomento Agrícola creado en Cuba?

No, Cuba tuvo una institución similar que funcionó desde finales de 1950 hasta mediados de 1960: el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC). Fundado el 20 de diciembre de 1950, tenía el objetivo de “crear, fomentar y mantener las facilidades financieras necesarias para el desarrollo y la diversificación de la producción de la agricultura e industria cubanas, fundamentalmente mediante el crédito bancario”, explica Juan Valdés Paz en su libro Los procesos de organización agraria en Cuba 1959-2006.

Durante su operación, el BANFAIC financió el desarrollo de agroindustrias; creó administraciones para estabilizar los precios de productos como el maíz, el café y el arroz; promovió la expansión arrocera, la industrialización del algodón, la tecnificación de la producción ganadera, el mejoramiento de los pastos naturales, entre otras acciones.

Valdés Paz señala que, si bien el peso relativo de las actividades de créditos del BANFAIC fue relativamente bajo, su aporte más importante consistió en funcionar como una alternativa a la economía privada dominante, además de crear las Asociaciones de Crédito Rural, las cuales eran cooperativas locales de créditos que incorporaron actividades de comercialización, mecanización y otros servicios. Para 1960, cuando se eliminó el BANFAIC, existían trece asociaciones con veinte sedes y unos cinco mil asociados.

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Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el funcionamiento de estas empresas.

¿Qué son las MIPYMES?

De acuerdo con el Decreto-Ley No. 46, son “aquellas unidades económicas con personalidad jurídica, que poseen dimensiones y características propias, y que tienen como objeto desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad”.

Se caracterizan por tener una cantidad reducida de trabajadores y el volumen e ingresos de sus negocios son moderados, en comparación con grandes corporaciones industriales o mercantiles, especifica Economipedia, una plataforma web sobre economía.

En la Mesa Redonda del 11 de agosto de 2021, días antes de que se publicara el Decreto-Ley No. 46, Johana Odriozola Guitart, viceministra del MEP, señalaba que el rasgo fundamental de estas empresas radica en que sus socios son los propietarios y que se constituyen como sociedades mercantiles, bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, lo cual implica que la responsabilidad que cada socio adquiere se encuentra determinada por el capital que aportó para la constitución de la compañía.

A su vez, las micro, pequeñas y medianas empresas se diferencian entre sí por el número de personas que las conforman, incluidos los socios. Las microempresas poseen de una a 10 personas; las pequeñas empresas de 11 a 35, mientras que las medianas desde 36 hasta 100, distingue el Decreto-Ley.

También, en cuanto al tipo de propiedad, pueden ser privadas, estatales o mixtas. En las privadas, el dueño o socio es una o varias personas naturales; en las estatales esta función la desempeña el Estado; y las mixtas son una combinación de ambas.

No obstante, la viceministra Odriozola precisó que en el caso de las estatales, el socio no necesita estar adscrito a una institución del Estado, sino que puede ser tanto un experto, profesor o jubilado, como una universidad o centro de investigación.

¿Cómo funcionan las MIPYMES?

El Decreto-Ley No. 46 establece que estas empresas pueden contratar bienes y servicios; deben rendir información estadística; y responder por sus obligaciones fiscales, crediticias, laborales, medioambientales y contractuales.

Al mismo tiempo, cuentan con autonomía empresarial, la cual les permite realizar importaciones y exportaciones; definir sus productos, servicios, proveedores, clientes, destinos e inserción en mercados; operar cuentas bancarias y acceder a fuentes lícitas de financiamiento; fijar los precios de sus bienes y servicios, con excepción de aquellos que sean de aprobación centralizada; realizar las inversiones requeridas para el desarrollo de la empresa; así como acceder a los fondos de financiamiento que se establezcan para ellas.

De igual forma, determinan los ingresos de sus trabajadores con el cumplimiento de los mínimos salariales establecidos; y pueden crear establecimientos sin personalidad jurídica dentro o fuera de la provincia donde radica su domicilio social.

¿Quiénes pueden formar una micro, pequeña o mediana empresa, o ser socio de una?

El Artículo 48 del Decreto-Ley precisa que pueden crear o ser socios en las MIPYMES privadas las personas naturales mayores de 18 años que sean residentes permanentes en Cuba. En el caso de las MIPYMES estatales, pueden asociarse las personas jurídicas aprobadas por el MEP.

No obstante, una persona natural no podrá convertirse en socio de una MIPYME si ya se encuentra registrado como socio de otra, si se desempeña como cuadro o funcionario del Estado o Gobierno, u ocupa cargos electivos con carácter profesional en un órgano estatal.

¿Qué actividades pueden realizar las MIPYMES?

De acuerdo con el Artículo 2 del Decreto-Ley No. 49, el cual regula las actividades que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, estas pueden desempeñar cualquier labor lícita, con excepción de las incluidas en el listado de actividades no autorizadas expuesto en el propio Decreto.

No obstante, según Odriozola Guitart, para conceder las solicitudes de creación de las primeras MIPYMES se han priorizado un conjunto de actividades relacionadas con la producción de alimentos, los proyectos de desarrollo local, los negocios de base tecnológica, y aquellos dedicados al desarrollo de la economía circular, es decir, producciones basadas en el reciclaje que no requieren la importación de materias primas.

Distribución de las actividades que realizan las MIPYMES creadas (Fuente: Elaboración propia con datos del MEP).

La actividad más representada, con un 34 %, es la producción de alimentos, los cuales incluyen pan y derivados de la harina; vegetales, hortalizas, frutas; carnes; productos lácteos y pesca marina.

Por su parte, los negocios con base tecnológica (26 %) se enfocan en servicios de impresión, actividades de programación informática y una MIPYME estatal que realiza actividades de parques temáticos.

En tercer lugar, se encuentran las manufacturas (14 %) que están dedicadas a la fabricación de equipos, muebles, maquinaria agropecuaria y forestal, productos de caucho y prendas de vestir.

El resto de las MIPYMES brindan servicios de reparación y mantenimiento, jardinería, comida, actividades de esparcimiento y recreativas, recuperación de materiales y fabricación de materiales de construcción a partir de desechos sólidos, así como a la importación y exportación de productos para la venta al por mayor.

Hasta el momento ninguna de las solicitudes de creación ha sido denegada y el resto de las aplicaciones se encuentran en procesamiento, informó el MEP. Odriozola Guitart aseguró que, paulatinamente, en función de las solicitudes que se reciban, se abrirán el resto de las actividades que no se encuentran en la lista priorizada.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar la constitución de una MIPYME?

El Decreto-Ley No. 46 establece que los aspirantes a socios fundadores de una MIPYME deben escoger a un representante para realizar la solicitud de creación ante el MEP, o si la empresa es unipersonal, el socio único debe hacerla.

Las MIPYMES que surjan por reconversión de negocios preexistentes también requieren solicitar autorización para realizar el proceso; sin embargo, si no cambian las actividades que desempeñaban previamente, las licencias y permisos otorgados para ello mantienen su validez. En caso contrario, es decir, si se modifica el objeto social de la empresa, se requiere una nueva autorización.

Según la viceministra Odriozola, el proceso se diseñó de forma que fuera lo más sencillo posible, con una plataforma digital para llevar a cabo las inscripciones y completar los datos solicitados. Después de emitida la autorización del MEP, el banco automáticamente crea una cuenta bancaria para recibir las aportaciones iniciales de los socios, quienes solo deben hacer la transferencia bancaria del capital mínimo reconocido a esa cuenta.

El propio MEP es el encargado de enviar el expediente digital de la MIPYME a las diferentes instituciones que participan en el proceso. Así, después de realizado el trámite bancario, se enviará el expediente a las notarías de las provincias donde se constituirá la empresa y los socios deberán presentarse para firmar los documentos, los cuales son enviados por el notario al Registro Mercantil. Allí se podrá recoger la certificación de constitución de la empresa.

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Como parte del Servicio de Información Coronavirus en Cuba compartimos una versión en texto del intercambio:

Ana Lidia García: Me gustaría comenzar con el tema de las tasas de cambio. ¿Qué consecuencias puede tener el desequilibrio entre las tasas de cambio oficial e informal?

Mauricio De Miranda: Lo primero que me gustaría decir es que colocar la tasa de cambio unificada en 24 pesos por 1 dólar fue un error. ¿Por qué un error? Porque esta era la tasa que funcionaba en las Casas de Cambio (Cadeca). Esa tasa debería ser la tasa que aseguraba lo que en Teoría Económica se denomina el anclaje nominal de la moneda cubana, porque esto viene por el CUC. Es decir, 1 dólar equivalía a 1 CUC y 1 CUC a 24 pesos. Entonces, supuestamente los CUC que circulaban estaban respaldados en su totalidad por dólares.

Sin embargo, hace mucho que eso no es así; han sido emitidos CUC sin respaldo en dólares. Esto ha traído como consecuencia que en la práctica incluso ese tipo de cambio estuviera sobrevaluado. ¿Qué significa que algún tipo de cambio esté sobrevalorado? Que vale más de lo que debería valer. Por tanto, las exportaciones del país se encarecen; el país resulta más caro para los turistas extranjeros; las importaciones se abaratan.

Lo adecuado habría sido establecer un tipo de cambio que se correspondiera con la realidad; es decir, que representara el nivel de paridad real entre la moneda cubana y la moneda estadounidense, y que permitiera realmente establecer precios relativos entre la economía cubana y la economía internacional, que estuvieran adecuadamente fundamentados.

Otro problema es el momento en el que el Gobierno toma la medida. Estamos en medio de una pandemia que ha afectado la capacidad de generación de divisas de Cuba. El turismo no puede funcionar normalmente. Además, se han afectado las remesas por la crisis económica internacional, por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos. Otra fuente de divisas, que son los ingresos por servicios profesionales, en su gran mayoría contratados por Venezuela —esa información lamentablemente no se publica de manera accesible—, al aplicar la lógica racional y teniendo en cuenta la crisis en ese país, muy difícilmente deben estarse pagando de una manera sistemática.

Se adopta una medida que se debió haber tomado hace muchísimos años, no los diez de los congresos del partido y de su inclusión en los lineamientos, sino muchos años antes. Este es el peor momento para la economía cubana, en el cual se ha podido verificar una contracción similar a la del período especial.

La política económica no solo tiene que tener en cuenta la necesidad de adoptar medidas, sino la oportunidad y la pertinencia de adoptarlas en un determinado momento. Lo que aconsejaba la teoría económica y la práctica, además, era establecer un tipo de cambio mucho más alto, de manera que poco a poco, cuando las condiciones fueran mejorando, se pudiera ir rebajando y el propio mercado lo permitiría.

En estos momentos, se está generando un nuevo fenómeno de distorsión en los precios relativos y en las condiciones económicas. Es decir, se está adoptando una unificación monetaria para solucionar una distorsión que viene desde los años 60, pero generando una nueva distorsión.

Se está generando un nuevo fenómeno de distorsión en los precios relativos y en las condiciones económicas (Foto: Sadiel Mederos).

Ana Lidia García: ¿Esa tasa fija que ha impuesto el Gobierno pudiera ser cambiada a partir de la presión que ejerce el mercado informal? ¿Qué medidas deberían implementarse para equilibrar estas tasas?

Mauricio De Miranda: La política económica oficial tiene los resortes para hacer eso; el Banco Central perfectamente puede corregir la tasa de cambio. Lo que llama la atención es que tengan que corregir tantos elementos cuando debieron haber pensado mejor las decisiones a tomar, y adoptar las que estuvieran realmente bien fundamentadas.

Hay un problema de fondo: todas las medidas que están asociadas  la Tarea Ordenamiento están planteadas desde la esfera de la circulación, no desde la esfera de la producción. Los clásicos de la economía política, y su gran crítico Carlos Marx, nos enseñaron que es la producción la que determina qué se distribuye, cómo se distribuye, cuándo se distribuye. Lo primero que había que solucionar eran los problemas de la producción. Había que tomar medidas económicas y legales para asegurar el crecimiento de la producción.

Desde julio del año pasado, se habló de que se cambiaría el sistema de autorización de trabajadores por cuenta propia de una lista de actividades permitidas a una lista de actividades no permitidas. Nada de esto se ha hecho. También en julio se anunció la implementación de las pequeñas y medianas empresas privadas y pequeñas empresas estatales, privadas y cooperativas. Nada ha pasado al respecto.

Con estas, junto con una serie de medidas estructurales que deberían asegurar la mayor autonomía de la empresa estatal, se garantizaría una reforma del sistema empresarial en el país, que debería conducir a un incremento de los niveles de producción de bienes y de servicios.

Uno de los problemas vinculados a la Tarea Ordenamiento es la inflación. El mejor antídoto que hay contra la inflación que, por demás, es el más fuerte impuesto para los pobres, es precisamente lograr que aumente la producción de bienes y servicios, porque la escasez es una razón de aumento de precios en condiciones de un mercado. La imposición de precios topados no resuelve el problema, porque el precio topado lo que hace es ahuyentar al productor o al oferente de bienes y servicios.

Se habla mucho de la necesidad de desatar las fuerzas productivas, pero pareciera que los nudos son tan fuertes que no se logran soltar, porque no se están tomando las medidas necesarias, como crear un clima favorable al desarrollo de los negocios y dejar de anatematizar los negocios, sean privados o cooperativos. Hablar de socialismo significa incrementar el bienestar y esto lo recuerdo de una reunión que tuve hace muchos años en una visita que hicimos varios economistas cubanos a Vietnam. Conversamos con uno de los asesores que en el inicio de la reforma vietnamita fue secretario general del Partido Comunista Vietnamita: Le Dang Doanh. Y el profesor nos decía que socialismo para ellos era incremento del bienestar de la población. Hay que desprenderse de unos cuantos dogmas que están impidiendo que se tomen las medidas necesarias.

Hablando de dogmas, es muy importante considerar que la economía cubana no genera suficiente ahorro interno; por tanto, hay que importar ahorro. La mejor manera de importar ahorro no es contratar préstamos, sino estimular la inversión y para estimular la inversión hay que crear un buen clima de negocios.

Hay que ofrecer garantías, pero no solo al inversionista privado, también al inversionista nacional. Con esto estoy considerando incluso a los cubanos que residen fuera de la Isla. Eso implica cambios que van más allá de las cuestiones económicas, que tienen que ver con cuestiones migratorias, sociales, incluso con cuestiones de carácter político, incluidas modificaciones en la actual Constitución de la República de Cuba.

Ana Lidia García: Hablemos del problema agrario y de la necesidad de hacer una reforma integral del agro cubano.

Mauricio De Miranda: Una reforma integral del agro cubano implica la introducción de normas de mercado en el agro y, por tanto, del reconocimiento del rol del intermediario en el proceso de comercialización. Lo que no se puede permitir es que un intermediario monopolice la oferta, porque estaría en condiciones de imponer precio.

Acopio es una especie de intermediario monopolista o cuasi monopolista. Hay elementos de afectación, sin duda alguna, porque los precios de Acopio están resultando precios desestimulantes para el productor agropecuario. Hemos visto que se han publicado precios por parte del Estado en los productos agropecuarios e, incluso, se han publicado precios de acopio a los productores. No hay una voluntad clara de eliminar esta situación.

Es inaudito que Cuba tenga que importar pollo. Veamos las estadísticas de la producción de pollo en los años 50 en el país. Cuba tiene la tierra, el clima y demás condiciones para favorecer una serie de producciones agrícolas, que garantizarían la alimentación de la población. El problema es que hay que revisar la estructura del sistema agropecuario.

Cuba tiene condiciones para favorecer producciones agrícolas que garanticen la alimentación de la población (Foto: Sadiel Mederos).

Ana Lidia García: ¿Cómo afectan los topes de precios al sector privado y al resto de la población?

Mauricio De Miranda: Las consecuencias de establecer topes de precio que no guardan relación con las condiciones de mercado ya se han visto. Cuando se aplican, las reacciones del mercado pueden ser: los bienes y servicios cuyos precios están topados en unas condiciones que se alejan del mercado desaparecen o escasean; se dinamiza el mercado negro, es decir, convierten al oferente de ese tipo de bienes o al comercializador en delincuentes.

Entonces, se adoptan medidas punitivas que promueven la ilegalidad en lugar de eliminarla. Las medidas deben ser racionales, para no darle espacio a la ilegalidad y permitir que los distintos agentes del mercado y el mercado mismo puedan funcionar de una manera transparente.

Quiero llamar la atención sobre unos precios que parece que no han sido considerados en esta ecuación. Hay que tener muy claro que, desde la creación de las llamadas tiendas de recaudación de divisa, los productos que se vendían en estas tiendas estaban por encima de las posibilidades de adquisición de la inmensa mayoría de la población cubana, a partir de los niveles de ingreso que esta tenía. En la cuenta que nos hacen para hablar del incremento actual de los precios, estos no aumentan porque se convierten: si valía antes 10 CUC, ahora vale 240 pesos.

Pero esa no es la cuenta que hay que hacer, porque muchos de esos productos ni siquiera incorporan materias primas importadas, son de producción nacional. Para esos productos no se debería haber colocado la simple tábula rasa de 24 por 1, sino adecuarlos a las condiciones de la economía, porque si no, es mantener esos mismos productos fuera de las posibilidades de la mayor parte de la población cubana.

Ana Lidia García: ¿Cuál debe ser el precio de venta de un producto a partir de su precio de costo?

Mauricio De Miranda: No existe una fórmula mágica para el tema del establecimiento de los precios. Sí hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. El precio tiene que considerar el costo de producción, de eso no cabe duda. Alguna vez escuchamos a Marino Murillo en una Mesa Redonda decir: “Consideramos el costo de producción más una tasa de ganancia”. ¿Cuál es la tasa de ganancia? Si queremos saber cómo se calcula la tasa de ganancia y cómo funciona la tasa de ganancia, yo recomiendo leer a Marx, el tomo 3 de El capital, para que veamos cómo funcionan las tasas de ganancia en el capitalismo, cómo tienden a nivelarse como resultado de la competencia; es decir, ninguna entidad estatal puede determinar cuál es la tasa de ganancia.

Los productores suelen determinar cuál es la ganancia esperada, lo que Keynes llamaba la eficacia marginal del capital, cuánto me va a producir mi capital invirtiéndose en determinada actividad económica. Dicho de una manera muy sencilla: es la ganancia esperada por el inversionista. Todo eso funciona en el mercado, es el mercado el que lo determina. Si quiero poner una tasa de ganancia del 200 % al producto que estoy ofreciendo, probablemente el mercado no esté dispuesto a pagármelo. Entonces, tendría que rebajar la tasa de ganancia o dejar de producir. Es así como funcionan las cosas.

Ana Lidia García: ¿Cómo valora la situación de los jubilados como resultado de las medidas anunciadas? ¿Cuáles podrían ser las alternativas a tener en cuenta para este sector?

Mauricio De Miranda: El problema principal es evidente: las pensiones no alcanzan, no son suficientes para garantizar las necesidades básicas de la mayor parte de los jubilados del país. Me gustaría muchísimo ver la fórmula para determinar la canasta de bienes y servicios, que se evaluó en 1 528 pesos. Me gustaría verla porque a mí la cuenta no me da y a muchos de los jubilados, tampoco. No tengo elementos para decir que es incorrecta, por eso digo que me gustaría verla.

Sin embargo, mi punto es que las pensiones en Cuba, como los salarios, el lado de los ingresos, se han desfasado durante las últimas tres décadas, frente al costo real de la vida.

Ahora bien, en el tema de las pensiones de jubilación varios representantes del Gobierno han expresado que nadie será abandonado a su suerte. Asumamos que esto es cierto, pero las pensiones de jubilación no deben estar determinadas por una condición de asistencialismo. Los jubilados cubanos que durante 30, 40 e incluso 50 años estuvieron trabajando para construir un país mejor, para dejárselo a sus hijos, a sus nietos, merecen un tratamiento digno.

Me pongo a pensar en que fueron esas personas las que hicieron la revolución, las que acometieron con desprendimiento y espíritu de sacrificio todas las tareas que implicaron la campaña alfabetización, los trabajos voluntarios, la zafra azucarera, sin pensar en una remuneración. Esa gente merece un tratamiento más justo y no uno asistencialista.

Además, hay que tener en cuenta que justamente por ese desfase del que he hablado, los ingresos que tenían esas personas en los 70 y los 80 por su trabajo les permitían una determinada capacidad de adquisición que está muy lejos de ser la capacidad de adquisición que le permite la pensión de jubilación hoy.

Puedo aceptar el argumento de Marino Murillo en la Mesa Redonda de que antes las pensiones aseguraban un 68 % de las necesidades de la canasta de bienes y ahora garantizan el 100 %, eso está muy bien. El problema es: calculemos la canasta a ver si efectivamente esa es la que es. Eso para empezar. Si mejoró de 68 a 100 está muy bien. Pero es que eso no es suficiente, porque no creo que sea justo que la mayor parte de los jubilados de Cuba perciban una pensión de jubilación inferior al salario mínimo, inferior a la actividad menos compleja, con menor remuneración por su menor complejidad.

Hay países capitalistas donde la pensión de jubilación es, al menos, el salario mínimo. Entonces, dejémoslo sobre la mesa para que podamos seguir discutiendo si esto en el socialismo es justo o no.

El otro tema es que hay una realidad diferente: 1.7 millones de pensionados; una población envejecida. Dos elementos son claros: el aumento de la expectativa de vida al nacer como resultado del mejoramiento de las condiciones de salud y la disminución de la tasa de natalidad.

Un tercer elemento es el aumento de la emigración de la población joven que no encuentra posibilidades de realización en su país. Hay que crear las condiciones para que esa emigración no tenga que producirse. Que se vaya el que quiera irse, pero que no sea realmente una necesidad para realizarse profesional o económicamente, o incluso, para ayudar a su familia.

Las pensiones y los salarios se han desfasado durante las últimas tres décadas, frente al costo real de la vida (Foto: Sadiel Mederos).

Ana Lidia García: ¿Cómo valora el problema de la desigualdad social en Cuba?

Mauricio De Miranda: En el mundo entero se calcula y se monitorea el nivel de desigualdad en una sociedad con el cálculo de una serie de indicadores, mediante instrumentos matemáticos, pero para eso hace falta información que no tenemos. Estoy seguro de que hay sociólogos, economistas, matemáticos que están detrás de este tipo de estudios. Asumo que se hacen, pero no salen a la luz. Y como no salen a la luz, no podemos discutir un fenómeno que vemos todos los días en la calle: la desigualdad está incrementándose.

Lo peor, no se está incrementando debido a una diferente participación de la gente en el proceso de producción. Se está incrementando porque unos tienen familiares en el exterior que los ayudan con remesas y otros no los tienen, porque unos trabajan en el segmento emergente de la economía y otros no, porque unos trabajan en empresas donde sus ingresos tienen relación con los resultados de la producción y otros reciben un salario fijo en una unidad presupuestada.

No puede darse una circunstancia en la que la sociedad se empiece a diferenciar por razones distintas a la participación de cada cual en el proceso de creación de valor, en el proceso de trabajo; porque si eso se produce, se están erosionando las bases, incluso las bases sociales del sistema que se preconiza, y las consecuencias son gravísimas. La historia económica lo muestra.

Ana Lidia García: ¿Cuál es su criterio en torno al sobreempleo en el sector estatal?

Mauricio De Miranda: Desde hace rato se dice que en el sector estatal hay sobreempleo, es decir, que hay más personas que las que realmente deberían estar empleadas con un criterio de eficiencia económica. Eso no es nuevo. Se menciona desde la época del Sexto Congreso del Partido, incluso desde antes de 2008, cuando desde el Gobierno se comenzó a hablar de la necesidad de reformas económicas.

En la medida que se promueva el emprendimiento privado, cooperativo, la creación de otro tipo de empresas, se va a producir un desplazamiento de trabajadores. El mercado laboral es un mercado que funciona por todos lados: las empresas compiten por los mejores trabajadores y los trabajadores compiten por las mejores empresas.

Ana Lidia García: ¿Considera que las criptomonedas son una alternativa para Cuba ante la imposibilidad de acceder a otro tipo de divisas?

Mauricio De Miranda: No soy un especialista en el tema, pero tengo una gran reserva con las criptomonedas. Los defensores de las criptomonedas podrían decir que son la emisión más democrática del mundo, porque no depende de ningún banco central ni de ningún Estado. Precisamente por eso es que son muy peligrosas. Hay un ente global que produce un dinero que no está respaldado en la producción.

Con el movimiento del bitcóin, en específico, se ha generado una espiral especulativa. Las burbujas especulativas son lo peor que le puede pasar a una economía. Por eso, no creo que el bitcóin sea una alternativa. La manera de obtener divisas es exportar bienes y servicios. Mientras haya dificultades en la obtención del dólar, se pueden obtener euros, libras esterlinas, francos suizos y hasta yuanes.

Ana Lidia García: Muchas gracias por su participación en este intercambio.

Gracias a todos los que nos acompañaron.

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En sus palabras del 10 de diciembre, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguraba que la tarea “pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social, sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, la cual será posible, no mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo”.

Así, mediante el artículo 2 del Decreto Ley No. 17 del 24 de noviembre de 2020 –publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 68 Extraordinaria– se disponía la retirada de circulación del peso convertible (CUC) en un plazo de 180 días, a partir del primero de enero.

Durante este período, los CUC podrán cambiarse por pesos cubanos (CUP) en los bancos y casas de cambio; además de ser utilizados en tiendas y otros establecimientos “al solo efecto de ejecutar la transacción y retirarlo de la circulación”, especifica el artículo 3 del Decreto. Posteriormente, el CUP será la moneda empleada como medio de pago en el país, con la excepción de casos autorizados expresamente para usar una moneda extranjera.

Sin embargo, las Disposiciones Especiales de la Resolución No. 177 del Banco Central de Cuba enuncian que las personas naturales pueden mantener las monedas extranjeras que tengan en su poder, así como “operar cuentas bancarias en dólares estadounidenses o euros, según las modalidades que oferten los bancos, de acuerdo con su política comercial”.

Las libretas de ahorros en CUC no pierden su validez y serán actualizadas en la medida que sus propietarios acudan a los bancos. De forma similar, las tarjetas magnéticas en esta moneda permanecerán vigentes hasta que el banco emisor lo decida; pero las operaciones que se realicen con ellas serán en pesos cubanos; al igual que los cajeros automáticos, los cuales solo dispondrán de CUP.

La tasa de cambio establecida es de un dólar estadounidense por 24 CUP para las personas naturales y jurídicas. Esta se aplicará también a las operaciones que se realicen en CUC mientras aún se mantenga en circulación.

La Resolución puntualiza que quienes posean cuentas de ahorro a la vista, depósitos a plazos fijos y certificados de depósitos en CUC podrán decidir –dentro del plazo de los 180 días– si convertirán su saldo, total o parcialmente, a pesos cubanos, dólares estadounidenses o euros.

No obstante, en los dos últimos casos, el titular “no puede incrementar su saldo, extraer efectivo en estas monedas, ni transferirlos hacia otros productos bancarios en moneda extranjera”. Estas condiciones podrán modificarse una vez que el país cuente con disponibilidad de divisas para respaldar los certificados de depósitos en dichas monedas, emitidos al momento de la conversión.

Si antes que ello ocurra, la persona desea retirar sus fondos podrá hacerlo en CUP, a la tasa de cambio de la moneda en la que se encuentra la cuenta, es decir, si se tiene una cuenta en euros, podrá retirar el equivalente en pesos cubanos, más los intereses acumulados; pero la cuantía dependerá de la tasa de cambio de ese día del euro con respecto al dólar estadounidense, el cual a su vez, se convierte a pesos cubanos a 1 por 24.

Por ejemplo, si se tiene un certificado de depósito por un valor de 300 euros (incluyendo los intereses acumulados), y la tasa de cambio de esa fecha es de 1 euro = 1.20 dólares, entonces el titular recibirá un total de 8 640 pesos cubanos (300 euros por 1.20 = 360 dólares; 360 dólares por 24 = 8 640 pesos cubanos). Al término de los 180 días, las cuentas que aún permanezcan en CUC se convertirán automáticamente a CUP a la tasa de 1 por 24, y generarán intereses en esta moneda.

En el caso del sector empresarial, la principal transformación es la pérdida de valor del peso cubano con respecto al tipo de cambio anterior (1 CUC = 1 CUP). Miguel Díaz-Canel, en su intervención del 10 de diciembre, sostenía que el ordenamiento monetario “crea las condiciones para que el sistema empresarial pueda tomar las decisiones adecuadas y ejercer plenamente las facultades que se le ha ido otorgando, lo que le permitirá reaccionar positivamente, incrementando los beneficios para sus trabajadores y para toda la sociedad”. Sin embargo, este tipo de cambios no se van a lograr de forma inmediata, pues las empresas deben ajustar su funcionamiento a la nueva realidad cambiaria.

Con respecto a los subsidios, el Decreto Ley No. 17/2020  dicta “eliminar de forma gradual los subsidios excesivos y gratuidades indebidas con el objetivo de hacer una redistribución diferente de los recursos disponibles en la economía”. Además, precisa que estos no se les conceden a los productos, sino a las personas, hasta que se encuentren en condiciones de financiar el consumo con sus ingresos.

Esta modificación ocasiona variaciones en los precios de productos y servicios de diferentes sectores, así como en las ayudas a los grupos más vulnerables de la población. A continuación, se exponen los principales cambios en cada una de estas áreas:

Casas de abuelos y hogares de ancianos

La Resolución 351 de 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios determina una tarifa de 110.00 CUP al mes para las casas de abuelo sin certificar y de 792.00 CUP para las certificadas. Los hogares de ancianos certificados poseen un costo de 792.00 CUP al mes, en caso de ser seminternos, y de 1 260.00 CUP si son internos. Para los no certificados de tipo A, se define un precio de 189.00 CUP al mes en los internos, y de 154.00 CUP en los externos; mientras que, en los de tipo B, debe pagarse 126.00 CUP al mes en los internos y 110.00 CUP en los externos.

Sistema de Atención a la Familia

Las unidades gastronómicas que brindan servicios de alimentación a adultos mayores, personas con discapacidad, casos sociales y otros con ingresos insuficientes establecen precios sin subsidios que cubran “el costo de la materia prima, los gastos directos y otros gastos asociados a la fuerza de trabajo directa y una tasa mínima de utilidad”, aclara la Resolución 142 del Ministerio de Comercio Interior. Sin embargo, tales precios no deben exceder los 13.00 CUP al día, sin incluir desayuno, para un total de 403.00 CUP en los meses de 31 días.

Servicios necrológicos

Las incineraciones de cadáveres y restos tienen un valor de 340.00 CUP y las de los restos óseos exhumados, de 115.00 CUP, según el Anexo IV de la Resolución 346 del Ministerio de Finanzas y Precios. El transporte terrestre de fallecidos se fija en 4.00 CUP por kilómetro; el marítimo en 10.00 CUP por milla náutica y el aéreo en 18.00 CUP por kilómetro.

Seminternado y círculos infantiles

El Anexo 6 de la Resolución 346 del Ministerio de Finanzas y Precios dispone los precios del almuerzo de seminternado en 7.00 CUP al mes y de la matrícula en círculos infantiles y de la prensa en 40.00 CUP al mes, ambos con las bonificaciones aprobadas a las madres a partir del segundo hijo.

Alimentos y medicamentos subsidiados

En la canasta familiar normada se mantienen los precios subsidiados de alimentos para niños (Foto: Sadiel Mederos).

A pesar de la eliminación gradual de los subsidios, la libreta de abastecimientos permanecerá como el instrumento empleado para la venta de la canasta familiar normada. No obstante, en una primera etapa, se mantendrán los precios subsidiados de la compota para niños de 0 hasta 2 años; los productos lácteos, carne y picadillo de res para niños de 0 hasta 6 años; la carne de res, leche en polvo entera y semidescremada destinada a pacientes con dietas médicas, tanto por enfermedades crónicas de la infancia, como por embarazo, retrovirosis crónica, fórmula basal e intolerantes a la leche, según la Resolución 136 del Ministerio de Comercio Interior.

Igualmente, se mantiene la entrega gratuita de módulos para niños con déficit nutricional y de bajo peso y talla; los precios previos al inicio de la Tarea Ordenamiento en los programas de canastilla, calzado profiláctico y el de postrados e incontinentes, así como el sistema de venta para el uniforme escolar.

También continúan subsidiados los medicamentos necesarios para tratar enfermedades crónicas, los productos de medicina natural y tradicional, los artículos de óptica, los del Centro Nacional de Ortopedia Técnica y la reparación de calzado ortopédico, puntualiza la Resolución 345 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Electricidad y gas

No está garantizada una producción de paneles fotovoltaicos que permita su comercialización en la red minorista (Foto: Sadiel Mederos).

Las tarifas de electricidad y gas para el sector residencial tuvieron dos modificaciones dentro de la Tarea Ordenamiento. La primera se definió al anunciarse este proceso; pero fue adecuada, posteriormente, para reducir el incremento inicial.

La siguiente tabla muestra las variaciones de los precios de la electricidad en cada uno de estos momentos y el precio final por el consumo en un tramo determinado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unión Eléctrica y la Mesa Redonda.

El cilindro de 10 kilogramos de gas licuado poseía un precio inicial de 213.00 CUP, el cual luego fue reducido a 180.00 CUP.

Con respecto a las opciones de la población para adquirir paneles solares e instalarlos en sus domicilios, la Unión Eléctrica especificó que, si bien se concibe su venta, actualmente, debido a “las dificultades económico-financieras, no se ha podido garantizar la producción de paneles fotovoltaicos para poner a disposición de la red de comercio minorista”.

Servicios de ETECSA

El Ministerio de Comunicaciones en su Resolución 125, establece una tarifa máxima para el acceso a Internet a través de NAUTA en las áreas públicas de 25 CUP por hora para la navegación internacional; y de 2.50 CUP por hora para la nacional. Esto significa que el precio de ambos servicios no puede exceder esas cantidades, aunque es posible asignarles un valor menor.

Las llamadas internacionales desde teléfonos fijos adquieren un precio de 17.50 CUP el minuto hacia Venezuela, y 25.00 CUP hacia el resto del mundo. El tiempo se calcula por intervalos de 10 segundos con aproximación por exceso, es decir, si la conversación dura 5 minutos y 51 segundos, se cobrará como si se hubiera extendido hasta los 6 minutos.  Además, se le adiciona 1.30 CUP por el establecimiento de la comunicación, especifica la Resolución 126 de este Ministerio.

Aquellas llamadas realizadas desde celulares poseen un costo de 17.50 CUP el minuto para Venezuela; y 27.50 CUP para el resto del mundo. El precio de los mensajes de texto (sms) es de 15.00 pesos y el de los multimedia (mms) de 35.00 CUP.

Igualmente, en la Resolución 128, se ajustan las tarifas máximas relativas al uso del celular dentro del territorio nacional. La activación del servicio tiene un valor de 750.00 CUP; el cambio de tarjeta SIM de 75.00 CUP y el de número de 250.00 CUP. El acceso a datos móviles se establece en 2.50 CUP por cada megabyte (MB) transferido; el envío de sms, a través de la red de telefonía celular, en 2.25 CUP; y el de mms en 7.50 CUP.

Las llamadas de celular a celular cuentan con un precio diferenciado de 8.75 CUP el minuto en el horario de 7:00 a.m. a 10:59 p.m. (tarifa normal); y de 2.50 CUP el minuto, 11:00 p.m. a 6:59 a.m. (tarifa reducida). Esta cantidad se le cobrará solamente al emisor de la llamada. Asimismo, las que se realizan entre un celular y una red fija, sin importar de cuál de los dos equipos se originan, se limitan a 8.75 CUP el minuto en tarifa normal y 2.50 CUP en tarifa reducida.

Transporte

El precio de la transportación en ómnibus urbanos dentro de La Habana ascendió a 2.00 CUP, y en el resto de las provincias a 1.00 CUP. Los taxis ruteros en Artemisa incrementan su importe a 2.00 CUP y los de La Habana –con forma de gestión no estatal, regulada por el Estado– a 5.00 CUP. El servicio de catamarán pasa a costar 50.00 CUP; las lanchas que operan en La Habana 2.00 CUP, mientras que las de otras provincias 1.00 CUP, enuncia la Resolución 346 del Ministerio de Finanzas y Precios.

También aumentaron las cuantías a pagar por los viajes en ómnibus interprovinciales, ferrocarriles y transporte aéreo. Sus montos varían de 50.00 CUP a 280.00 CUP en el primer caso; de 18.00 CUP a 138.00 CUP en el segundo; y de 300.00 CUP a 1 165.00 CUP para los aviones, en dependencia de las distancias a recorrer.

Las tarifas máximas aplicadas por la Empresa de Administración Vial y Diagnósticos Automotor (FICAV) –conocida popularmente como somatón– para el servicio de revisión técnica se establecieron en 200.00 CUP para vehículos ligeros y 300.00 CUP para los vehículos pesados, de acuerdo con la Resolución 319 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Aranceles de la Aduana General de la República de Cuba

Las tarifas de los aranceles de la Aduana se mantienen como se encontraban antes del inicio de la Tarea Ordenamiento, precisa una nota del Ministerio de Finanzas y Precios del 14 de diciembre de 2020. La única diferencia en las mismas radica en el pago en CUP, a la tasa de cambio establecida, es decir, 1 dólar estadounidense = 24 CUP.

Documentos y trámites

El Decreto Ley No. 21, el cual modifica la Ley 113 del Sistema Tributario del 23 de julio de 2012, establece una separación en dos grupos para fijar el precio de trámites y las solicitudes de documentos.

El Grupo 1 no experimenta ningún cambio en las tarifas. Este se encuentra integrado por entidades estatales y sociedades mercantiles de capital 100 % cubano; sujetos que operan en el país bajo la Ley 118 De la Inversión Extranjera; usuarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel; cooperativas; organizaciones y asociaciones; así como las personas naturales residentes permanentes en el territorio nacional.

El Grupo 2 –compuesto por sucursales, agentes y oficinas de representación de personas jurídicas extranjeras radicadas en el territorio nacional y personas naturales no residentes permanentes en el territorio nacional– sí percibe un incremento en los precios, según el Anexo 4 del mencionado Decreto.

Este incluye a los documentos y trámites realizados en las oficinas del Registro Civil; del Registro de Actos de Última Voluntad; de las Declaratorias de Herederos y de Capitulaciones Matrimoniales; del Registro de Sancionados; del Registro de Asociaciones; del Registro de Consumidores; y del Registro de Auditores.

Asimismo, comprende a los documentos notariales; aquellos relativos a trámites migratorios y al Registro de Propiedad; los expedidos por el Ministerio de Agricultura y, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; las solicitudes referidas al carné de identidad, la licencia de conducción y al Registro de Vehículos Automotores.

También, los trámites relacionados con el ejercicio de la actividad por cuenta propia; la Ley General de la Vivienda; las Pólizas de Seguro; y la Oficina Nacional de la Administración.

Correos de Cuba y sellos postales

Los servicios que ofrece Correos de Cuba para los destinos nacionales son los envíos de cartas, impresos, pequeños paquetes, documentos bancarios, libros, bultos postales, tarjetas, telegramas, giros postales, y arriendo de apartados y gavetas. Estos modifican sus tarifas, en dependencia del peso del artículo, según las tarifas publicadas por la institución.

Los envíos con destino internacional también cambian sus precios en función del peso e incluyen cartas, impresos, pequeños paquetes, aerogramas, bultos postales, envío postal y tarjeta postal universal.

En cuanto a la prensa nacional y provincial para particulares, los periódicos con más de 26 tiradas al mes ascienden a 16.00 CUP; los de hasta 22 tiradas, a 13.55 CUP; los de cuatro o cinco al mes, a 3.10 CUP; y los de frecuencias quincenal y mensual, a 1.25 CUP.

Además, la Resolución 332 del Ministerio de Finanzas y Precios aprobó la emisión e impresión de sellos postales de denominaciones con valor de 50.00 CUP, 125.00 CUP, 500.00 CUP y 1 000.00 CUP.

Actividades culturales y consultorías

El incremento de los precios de los lugares que ofrecen actividades culturales responde al crecimiento de los gastos por la prestación de los servicios que ofrecen, según la Resolución 328 del mismo Ministerio.

Los límites establecidos para el aumento son de hasta tres veces en museos, sitios históricos, cines y teatros locales, espectáculos culturales y deportivos locales; hasta cinco veces en teatros nacionales; hasta seis veces por los servicios prestados en bibliotecas y archivos; hasta tres veces en los acuarios locales y hasta cuatro veces en los nacionales; hasta cuatro veces en los espectáculos musicales locales y hasta 5 veces en los nacionales y las salas de concierto.

Los servicios legales aumentarán hasta seis veces y las consultorías no jurídicas hasta 4.5 veces. Estas últimas tiene la posibilidad de negociar directamente con los clientes el ascenso de las tarifas hasta un límite de seis veces, si al concluir el primer mes, a partir de la entrada en vigor de la Resolución, no logran cubrir sus gastos de gestión.

El resto de las actividades de esta índole no mencionadas pueden aumentar sus costos hasta seis veces.

Por el contrario, se mantienen las tarifas para espectáculos en teatros, casas de la música y otras afines, además de las de los paquetes turísticos, las cuales se convierten a pesos cubanos. También permanecen los descuentos a niños, estudiantes, pensionados, entre otros.

Impuestos

La Resolución 310 del Ministerio de Finanzas y Precios determina la Contribución Especial a la Seguridad Social en un 5 % del total de los ingresos percibidos por los trabajadores, lo cual se paga mediante el sistema de retenciones implementados en las entidades.

El 100 % de los gastos realizados para el ejercicio de la actividad que se desempeña serán reconocidos y deducidos de los ingresos obtenidos –siempre que se justifique el 80 % de estos–, es decir, se gravan los ingresos después de descontadas las cantidades empleadas para llevar a cabo estas actividades, enuncia el Decreto Ley No. 21. Como mínimo exento anual sobre los ingresos gravados de este impuesto se fijó la cantidad de 39 120.00 CUP.

Las personas naturales que posean autorización legal para comercializar productos de forma minorista deben pagar un 10 % del valor total de sus ventas.

Por otra parte, el Decreto mantiene el Artículo 28 de la Ley 113, el cual se refiere al pago del 4 % de los ingresos que perciban las personas naturales con residencia permanente en Cuba, pero incluye la especificación de que este pago debe realizarse en CUP, al tipo de cambio con respecto al dólar, con un valor mínimo mensual de 500.00 CUP.

Sin embargo, una nota aclaratoria del Ministerio de Finanzas y Precios del 15 de diciembre de 2020 explica que “como parte del Ordenamiento Monetario no se prevé la implementación de este tributo con carácter general”, el cual no se ha aplicado hasta la fecha y “sobre el que se trabaja en la creación de condiciones técnicas, organizativas y de gestión para su aplicación gradual, respecto a lo que llegado el momento se ofrecerán las explicaciones oportunas a la población”. En el presente año, solo deberán pagarlo los atletas residentes permanentes en la Isla que se encuentren contratados en el exterior.

Ingresos

La reforma en los ingresos (salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social) está encaminada a eliminar “las distorsiones salariales existentes, así como lograr que el salario se convierta en la fuente principal para financiar el consumo del trabajador y su familia”, señala el Decreto Ley No.17.

Debido a ello, se plantea que el aumento del salario mínimo debe estar “en correspondencia con el costo de la canasta de bienes y servicios que satisfaga los requerimientos nutricionales mínimos del trabajador y su familia”.

La Resolución 29 del texto establece esta cuantía en 2 100.00 CUP mensuales y crea 32 grupos de complejidad con diferentes tarifas salariales, las cuales abarcan un rango de 1 910.00 CUP a 8 645.00 CUP por una jornada de trabajo de 40 horas semanales y de 2 100.00 a 9 510.00 por una de 44 horas.

Los trabajadores de servicios se ubican en los grupos del I al VI; los administrativos en los del III al VII, los operarios en los del II al VIII, los técnicos en los del VII a XXV; y los cuadros en los del XVII al XXXII.

Los recién graduados que no ocupan plazas en los centros donde realizan su Servicio Social pertenecen al grupo VII si poseen nivel medio superior, al XII en el caso de técnico superior y al XIII los de nivel superior.

El pago adicional mensual por contar con la categoría de Máster o la Especialidad equivalente reconocida por el Ministerio de Educación Superior es de 440.00 CUP y para el grado científico de Doctor de 825.00 CUP.

Además, la Resolución 71 dispone que el pago a partir de resultados se compone de una cuantía fija, en correspondencia con su grupo de complejidad; pagos adicionales aprobados; y una cantidad variable asociada a los resultados.

Las pensiones por edad e invalidez total del Régimen General de Seguridad Social, y de los regímenes especiales de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, se establecen, mediante la Resolución 28 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en una cantidad mínima de 1528. 00 CUP.

Las prestaciones monetarias por maternidad para las trabajadoras del sector estatal se considerarán, durante el primer año de la Tarea Ordenamiento, a partir del promedio del nuevo salario, dividido entre los meses en que lo percibe, laborados con anterioridad al inicio de la prestación.

Este método se aplica también para el caso del padre o familiar que se encargue del cuidado del menor; pero se toman en cuenta los meses laborados con anterioridad al nacimiento del bebé, aclara el Decreto Ley No. 28. Asimismo, las prestaciones que se encuentran en curso al momento de entrada en vigor del Decreto se modificarán en concordancia con el porcentaje correspondiente al nuevo salario.

Asistencia social

La prestación mínima de la asistencia social asciende a 1 260.00 CUP (Foto: Sadiel Mederos).

En la Mesa Redonda del 11 de enero de 2020, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, mencionaba el aumento en 5.8 veces de la prestación mínima de la asistencia social, la cual ascendía a un total de 1 260.00 CUP.

La necesidad de la protección que brinda esta asistencia es determinada al demostrar “insuficiencia de ingresos para asumir la alimentación, medicamentos, el pago de los servicios básicos, la carencia de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda y la incapacidad de los miembros del núcleo familiar para incorporarse al empleo, motivado por situaciones de salud, discapacidad y otras causas”, formula el Decreto 25 que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del 6 de abril de 2009.

Tales prestaciones monetarias –revisadas, como mínimo, una vez al año para verificar si se mantienen las condiciones que originaron su otorgamiento– pueden ser de tipo temporal o eventual.

Las primeras cubren un período de hasta un año “cuando se prevé que la situación del núcleo familiar que originó su concesión es prolongada”; mientras que las segundas se conceden “cuando la persona o núcleo familiar, por razones excepcionales y justificadas, presente una situación emergente”, que impide asumir gastos de alimentación básica, medicamentos, pago de servicios y otros que se consideran impostergables.

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