Cuba ratificó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés) el 13 de marzo de 1997 y, en el 2000, publicaba su primer Programa de Acción Nacional de lucha contra la desertificación y la sequía.

Periodismo de Barrio responde algunas preguntas esenciales para comprender los procesos de desertificación y degradación que ocurren en el país, así como las acciones adoptadas para contrarrestarlos.

¿Qué es la desertificación?

La UNCCD la define como la “degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”.

Su enfrentamiento comprende a las actividades de aprovechamiento integrado de la tierra para el desarrollo sostenible, la rehabilitación de suelos parcialmente degradados y la recuperación de los desertificados.

A su vez, los suelos degradados son aquellos que han perdido o en los que se ha reducido la productividad biológica o económica como consecuencia de los sistemas de uso de la tierra o un proceso o combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de población. Dentro de estos se encuentran la erosión causada por el viento o el agua; el deterioro de las propiedades físicas, químicas, biológicas o económicas de los suelos y la pérdida duradera de vegetación natural.

¿Cuáles son las consecuencias de la degradación de las tierras?

Según un informe publicado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), 1.3 miles de millones de personas viven en tierras agrícolas degradadas, y la degradación afecta el bienestar de, al menos, 3.2 miles de millones de personas a nivel global.

Las tierras degradadas ocasionan una reducción en la producción de alimentos, almacenamiento de agua, biodiversidad y secuestro de carbono. Ello reduce la capacidad adaptativa de las sociedades y los ecosistemas para enfrentar los impactos del cambio climático, además de incrementar la inseguridad alimenticia e, incluso, los precios de los alimentos, al aumentar la incertidumbre por la reducción de la producción.

El costo de la pérdida de servicios ecosistémicos debido a la degradación de las tierras se estima entre 6.3 y 10.6 miles de miles de millones de dólares estadounidenses al año, aproximadamente, de 10 a 17 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, señala el reporte.

¿Por qué es importante la UNCCD?

La UNCCD surgió en 1992, durante las sesiones de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, y fue establecida formalmente en 1994. Su objetivo consiste en “luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación”, mediante la adopción de medidas eficaces, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, establece su documento fundacional.

Para lograrlo se señala el imperativo de aplicar estrategias integradas a largo plazo que se centren, simultáneamente, en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos terrestres e hídricos.

La Convención constituye el único acuerdo internacional legalmente vinculante que relaciona el medio ambiente y el desarrollo con la gestión sostenible de la tierra. Su rango de acción cubre las zonas áridas, semiáridas, secas y subhúmedas, donde se encuentran algunos de los ecosistemas y poblaciones más vulnerables.

¿Qué es la neutralidad en la degradación de la tierra?

De acuerdo con la UNCCD, la neutralidad en la degradación de la tierra es un estado donde la cantidad y calidad de los recursos terrestres –necesarios para soportar las funciones y los servicios de los ecosistemas e incrementar la seguridad alimenticia– permanece estable o aumenta dentro de ecosistemas y escalas temporales y espaciales específicas.

El Grupo Intergubernamental de Trabajo de la UNCCD señala que existen dos maneras de lograrla: la primera consiste en prevenir, evitar o minimizar la degradación de la tierra, a través de la planificación de usos de suelo nacional y local que tomen en cuenta el potencial y la resiliencia de los recursos terrestres; así como la adopción de prácticas de gestión sostenible de tierras.

La segunda se enfoca en rehabilitar o restaurar las tierras degradadas, mediante la reducción de los factores e impactos que impulsan los procesos de degradación actuales y la implementación de proyectos y otras medidas de rehabilitación y recuperación.

El objetivo de lograr la neutralidad en la degradación de la tierra se planteó por primera vez en 2015, durante la XII Conferencia de las Partes de la Convención. Para cumplirlo se creó el Proyecto para la Fijación de Metas de Neutralidad en la Degradación de la Tierra, el cual busca impulsar el establecimiento de compromisos nacionales voluntarios como un medio para la sostenibilidad, el incremento de la seguridad alimenticia, la reducción en la pérdida de la biodiversidad y la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Hasta el 11 de diciembre de 2021, 128 países se habían comprometido a establecer objetivos nacionales para la neutralidad en la degradación de la tierra, y más de 80 ya habían fijado sus metas.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta Cuba como consecuencia de la degradación de la tierra?

Las causas principales de la degradación de la tierra en el país se encuentran asociadas a los cambios de uso de suelo; las prácticas agrícolas inadecuadas, como el empleo intensivo de maquinaria agrícola y de riego; el incremento de asentamientos humanos e infraestructura; y los efectos del cambio climático, señala el Programa Nacional de Establecimiento de Metas para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras.

Debido a ello, los principales procesos de degradación presentes en la Isla han sido la pérdida de la protección de la cubierta vegetal sobre la superficie de la tierra contra la incidencia directa del clima; la disminución de los aportes de materiales orgánicos, los cuales contribuyen a la formación de capas que funcionan como fuentes de reservas de carbono orgánico en el suelo; la degradación de las propiedades de los suelos en los primeros 30 centímetros de profundidad; y la reducción en la cantidad y calidad de las fuentes superficiales y subterráneas de agua.

¿Qué metas nacionales planteó Cuba ante la UNCCD y cuáles son las acciones previstas para cumplirlas?

El 3 de julio de 2020, Cuba presentó sus metas nacionales para 2030 ante la UNCCD. Estas consisten en un conjunto de compromisos enfocados en el incremento en un 65 % de la superficie agrícola, a una tasa de 3 a 5 % anual; el aumento en 10 % del rendimiento productivo en áreas beneficiadas por el Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos para contribuir a la seguridad alimentaria; la extensión de zonas con manejo sostenible en 150 mil hectáreas; y lograr un índice de boscosidad de 32 %.

De igual forma, restaurar 465 000 hectáreas de bosques; implementar nuevos instrumentos económicos y financieros que contribuyan a alcanzar la neutralidad de la tierra, o mejorar el empleo de los existentes; e incorporar la transversalización de la educación ambiental en los proyectos gubernamentales y no gubernamentales.

Para su cumplimiento, las estrategias trazadas se centran en implementar políticas de conservación, mejoramiento, acondicionamiento y manejo sostenible de suelos y fertilizantes; establecer acciones de control y rehabilitación para reducir la contaminación de los suelos y aguas; y establecer alianzas con proyectos nacionales e internacionales, con el fin de potenciar las acciones de conservación de los recursos naturales implicados en la producción agropecuaria.

También, se identifica la necesidad de introducir medios de mecanización agrícola y manejo de riego que favorezcan el cuidado y conservación del suelo, el medio ambiente, el agua y el empleo de fuentes renovables de energía; mejorar el procedimiento para la evaluación de los indicadores de impactos económicos, sociales, tecnológicos y ambientales, con énfasis en el carbono orgánico del suelo; y potenciar el uso de los créditos, seguros e impuestos como incentivos económicos a los productores.

Al mismo tiempo, se planifica introducir modificaciones arancelarias a productos y/o tecnologías nocivas y peligrosas para desestimular sus importaciones; fortalecer el papel de los fondos ambientales que tributen al manejo sostenible de tierras; incorporar en los planes de estudio de todos los tipos y niveles de enseñanza, la educación ambiental para el desarrollo sostenible; e incrementar hasta un 85 % los procesos de capacitación dirigidos a lograr la neutralidad en la degradación de las tierras en organismos, instituciones y entidades nacionales.

Por otra parte, se plantea regenerar de forma natural áreas deforestadas; controlar el 70 % o más de los incendios forestales antes de que alcancen las 5 hectáreas (ha); disminuir en 15 % los incendios forestales por cada 1000 ha de superficie; mejorar 210 000 ha de bosques degradados mediante su reconstrucción o enriquecimiento; y aprovechar la entrega de tierras ociosas para la creación de nuevos bosques; además de implementar sistemas silvopastoriles y agroforestales en 35 000 ha.

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Consta de un decreto-ley, un decreto y cuatro resoluciones ministeriales, que entrarán en vigor a partir del 22 de enero de 2022 para dar cumplimiento al lineamiento 120 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, para el período 2021-2026. Asimismo, sustituye la legislación vigente hasta el momento: el Decreto No. 179, del 2 de febrero de 1993, que establecía las regulaciones para la protección, uso y conservación de los suelos y sus contravenciones.

Periodismo de Barrio responde algunas preguntas esenciales para comprender el contenido y alcance de los documentos legales publicados.

¿Cuál es la situación actual de los suelos en Cuba que hace necesaria una nueva legislación?

De acuerdo con el Ministerio de la Agricultura (MINAG), el 71% de los suelos cubanos están afectados por la erosión, que en el 43% de estos se califica de fuerte a media. El 70% de la superficie agrícola del país se considera con bajos contenidos de materia orgánica. A ello se une un 15% de salinidad y más de dos millones de hectáreas con acidez.

El MINAG reconoce que solo el 28,2% de las tierras del país pueden valorarse en las categorías I y II según su productividad, y de acuerdo a un reporte de la Agencia Cubana de Noticias, estas se concentran en el sur de Artemisa y Mayabeque y en las provincias de Matanzas y Ciego de Ávila.

El documento rector de la nueva política (Decreto-Ley 50) enuncia que es interés del Estado incrementar la protección del recurso natural suelo, lograr su manejo sostenible y garantizar una fertilización integrada de los cultivos, como soporte fundamental para consolidar la producción agropecuaria, cañera, forestal y de frutales.

¿Qué documentos conforman el paquete legislativo que implementará la nueva Política?

Decreto-Ley 50/2021 del Consejo de Estado: “Sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y el uso de los fertilizantes”.

Decreto 52/2021 del Consejo de Ministros, con el Reglamento del Decreto-Ley 50/2021.

Resolución 524/2021 del MINAG, que aprueba el “Reglamento para el uso y control del financiamiento del Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de los Suelos, Incentivos y Mecanismos Financieros”.

Resolución 525/2021 del MINAG, que aprueba el “Reglamento del Registro Central de Fertilizantes”.

Resolución 526/2021 del MINAG, que aprueba el “Reglamento para la determinación del valor del resarcimiento por el cambio de uso de los suelos y su valor mínimo de arrendamiento”.

Resolución 386/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece que las personas naturales y jurídicas cuya actividad genere cambio de uso de los suelos pagan íntegramente el valor del resarcimiento por este concepto.

¿Cuáles son los aspectos más importantes del nuevo paquete legislativo?

• Creación del Sistema Nacional de Suelos y Fertilizantes
• Actualización del Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de los Suelos.
• Definición del servicio científico técnico de suelos.
• Uso de los suelos según su agroproductividad: aquellos en las categorías I y II deben ser empleados para la producción de alimentos, mientras que los incluidos en las categorías II y IV, para cultivos que utilicen sustratos o para inversiones.
• Actualización del Reglamento del Registro Central de Fertilizantes.

Por primera vez se regulan aspectos como la obligatoriedad del uso de los fertilizantes y bioproductos, el uso controlado del fuego en áreas agrícolas (ante situaciones excepcionales como plagas) y los incentivos financieros para la preservación y el desarrollo de los suelos.

Asimismo, se definen los protocolos y responsables para el cambio de uso o arrendamiento de los suelos, incluyendo el pago por este último concepto. Los propietarios de tierras podrán concertar contratos de arrendamiento para el uso del suelo en actividades no agrícolas (por ejemplo, concesiones mineras), con autorización previa de los delegados provinciales de Agricultura.

Finalmente, es importante destacar que el paquete legislativo comprende el incremento de las cuantías de las multas. Estas serán, además, diferentes para las personas naturales y jurídicas. A saber, por no aplicar una fertilización integrada, a una persona natural se la podría multar con un monto entre 500 y 800 pesos, mientras que una persona jurídica, por la misma contravención, recibiría una multa entre 5000 y 8000 pesos.

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