Panelistas:

• Elaine Acosta, investigadora cubana, profesora en la Universidad Internacional de la Florida.
• Michael Sánchez, coordinador del proyecto Akokán, en el barrio Los Pocitos, Marianao, La Habana.

Moderador:

• José Jasán Nieves, periodista y coordinador general de elTOQUE.

José Jasán Nieves: ¿Qué personas deben considerarse como vulnerables en este contexto de la pandemia?

Elaine Acosta: La vulnerabilidad es una condición intrínseca al ser humano y la experimenta en diferentes etapas de la vida con distintos grados de intensidad, según la situación en la que se encuentre: el género, la edad, la raza, la clase social. La vulnerabilidad es una condición cambiante, resultado de procesos sociales y de coyunturas económicas, desastres naturales, crisis sanitarias, etc.

Ahora bien, hay grupos más vulnerables que otros de manera más o menos permanente, porque están en posiciones sociales que los hacen más vulnerables de forma estructural. En el caso de Cuba, las ciencias sociales han tenido mucha dificultad para lidiar con términos como vulnerabilidad, pobreza, exclusión, marginalidad, porque el modelo sociopolítico y económico se presentaba como resolutor de todos estos problemas.

Teniendo en cuenta que la COVID-19 ha visibilizado más la condición de vulnerabilidad que tenemos todos; existen determinadas características de esta pandemia que pone a un grupo de personas en una situación de vulnerabilidad. Hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Atendiendo a criterios médicos conocidos, se ha definido a las personas mayores y con padecimientos crónicos previos como las más vulnerables frente al contagio. Se conoce que la letalidad de este virus es mayor en personas que tienen más de 60 años. En el caso cubano este criterio es más preocupante y notorio, debido el alto grado de envejecimiento poblacional del país –un 20 % de la población tiene más de 60 años, lo que representa más de dos millones de personas–. Ahí hay un gran grupo, con sus diferencias, porque este virus no afecta por igual a todas las personas mayores, pues aquellas que se encuentran en mayor situación de pobreza y que están solas son más vulnerables. Sabemos que los hogares de adultos mayores solos han aumentado considerablemente, hemos pasado de un 11 % de hogares a un 17 % en la actualidad.

Por otro lado, buena parte de las medidas epidemiológicas para prevenir el contagio han sido el confinamiento y el distanciamiento social y eso ha implicado la paralización parcial de la economía, la pérdida de empleos no esenciales, la suspensión de clases y un conjunto de medidas que ponen a otros grupos, más allá de los definidos médicamente, en situación de mayor vulnerabilidad.

Dos de los eventos de transmisión local en el país han ocurrido justamente afectando a las personas mayores en instituciones de cuidado del Estado: el caso del hogar de ancianos de la provincia de Villa Clara, y el evento del Centro de Protección Social ubicado en el Cotorro, que trabaja con personas en situación de calle. Cerca del 50 % de estas personas son mayores y eso lo hace más grave.

El tercer grupo lo conforman las personas en situación de discapacidad, particularmente las que están encamadas en los domicilios; situación que ya es compleja y precaria para muchas de las familias en Cuba. Sobre estas personas tenemos una deuda muy grande en términos de estadística, de normativa y de tipos de intervención. No hemos incorporado las nuevas identificaciones internacionales en la medición de la discapacidad. En América Latina, Cuba es el país con menos información estadística disponible, según reporta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Hay otro grupo importante, bastante amplio, las mujeres y los niños en situación de confinamiento. A pesar de las políticas sociales de otorgamiento y ampliación de derechos hacia las mujeres, Cuba es un país donde la sobrecarga de cuidados sigue estando sobre las mujeres, y muchas son mayores de 50 años. Hay que resaltar también el tema de la violencia de género. En la gran mayoría de los países la violencia hacia las mujeres y los niños y las niñas en el ámbito doméstico ha aumentado con el confinamiento; si a eso le sumamos la situación particular cubana, con viviendas multifamiliares, con hacinamiento, la situación se complejiza. Se han reportado al menos tres feminicidios en lo que va de pandemia.

También hay un personal de Salud mayoritariamente femenino, que está con una doble o triple carga de trabajo y, por lo tanto, con mayor vulnerabilidad. Por último, hay dos grupos, los migrantes internos en La Habana, de los que apenas se habla, conformado mayoritariamente por mujeres; por lo tanto, hay vulneraciones sobre vulneraciones. Luego, agregaría también el sector cuentapropista, particularmente las mujeres, que no han podido beneficiarse de las medidas de apoyo y protección salarial que sí se entregaron a las trabajadoras del sector estatal. Las mujeres cuentapropistas han sido discriminadas por las medidas de protección social aplicadas por el Gobierno y esto habla mucho de cómo se considera este sector.

José Jasán Nieves: El Gobierno ha implementado medidas de control e intervención sanitaria para enfrentar la enfermedad. Algunas están destinadas a atender a los sectores más vulnerables. ¿Qué experiencias de intervención han podido monitorear? ¿Qué aspectos positivos o negativos señalarían en ese sentido?

Elaine Acosta: Para entender el alcance de estas medidas, hay que entender que la pandemia llega a una sociedad marcada por una profunda crisis económica. Aunque el Gobierno la ha llamado “coyuntural”, los economistas coinciden en que es una situación estructural, lo que hace complejo el manejo de las medidas de confinamiento y hace que estas sean experimentadas por la población con una sensación mayor de inseguridad y eventual vulnerabilidad. Además, ha habido una disminución paulatina de los beneficios y la asistencia social en general por parte del Estado en los últimos años.

Como aspecto positivo, esta crisis ha evidenciado la capacidad de agencia que una parte de la sociedad civil tiene para ayudar y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. Hay organizaciones como la Iglesia, los proyectos comunitarios, agrupaciones profesionales (psicólogos), movimientos sociales y otros que han empezado a tener un aporte importante en la asistencia a estos grupos vulnerables. Sin embargo, no se les reconoce desde la oficialidad y no se producen alianzas importantes que son parte de las estrategias de intervención en otros territorios de América Latina.

Necesitamos el reconocimiento de la sociedad civil y una nueva Ley de asociaciones. El Estado no puede solo frente a las necesidades cada vez más crecientes de la población en un contexto de crisis estructural sostenida y crónica.

Existen otros problemas transversales que afectan a la población en su conjunto, por ejemplo, el abastecimiento. El Estado ha tratado de implementar medidas que lo desbordan totalmente, porque es una situación crónica desde hace años y muy difícil de resolver en este corto tiempo con las deficiencias de gestiones administrativas.

También existen iniciativas loables por parte del Gobierno, como llevar módulos a las puertas de las personas con mayor situación de vulnerabilidad y utilizar a los estudiantes.

José Jasán Nieves: Quisiera particularizar en la experiencia del proyecto Akokán en el barrio Los Pocitos. ¿Quiénes son las personas vulnerables allí y qué están haciendo para acompañarlas y ayudarlas en estas circunstancias?

Michael Sánchez: En comunidades como esta muchas personas vienen de otras provincias del país buscando oportunidades de vida. Predomina el empleo informal, la mayoría de las personas no tiene acceso a Internet y padecen enfermedades de base.

Hemos identificado cinco condiciones fundamentales de vulnerabilidad en estos asentamientos informales. En primer lugar está el acceso a la información oportuna, veraz y comprensible. Se trata de una comunidad que no ha tenido acceso a la educación.

En segundo lugar se encuentra el hacinamiento. Hay que quedarse en casa y me duele decirlo, pero es un término bastante elitista, porque aquí a veces el espacio habitacional es más peligroso que la calle. Mantener el aislamiento social es difícil pues son viviendas de construcción precaria, a veces de madera, de zinc, de latón; que no tienen acceso al agua directamente, donde pueden vivir 9 o 10 personas.

En tercer lugar está la seguridad económica. La mayoría de estas personas no tiene empleos formales. Muchos trabajan en el tema del reciclaje, la construcción, son vendedores ambulantes o trabajan de forma ilegal; con lo cual aumenta la fragilidad económica.

En cuarto lugar está el acceso al agua, porque algunos no tienen acceso desde su casa, sino desde otros puntos comunes. Esto hace que la gente intercambie y pueda producirse una infección colectiva; aunque hasta ahora no se ha reportado ningún caso.

Y en quinto lugar está el asunto de la violencia machista al interior de las viviendas, que puede convertirse en un problema mayor.

Por eso consideramos que debemos trabajar no solo en el periodo de emergencia, sino también en el de recuperación.

José Jasán Nieves: ¿Cuáles son sus recomendaciones para la atención a las personas vulnerables en este contexto?

Elaine Acosta: Necesitamos que el Gobierno escuche a aquellas personas que están trabajando con las poblaciones más vulnerables. El tema de la información es vital para toda la ciudadanía y para los investigadores también. Hay un aumento sostenido de la desigualdad social en Cuba y para muchas personas quedarse en casa es una opción prácticamente imposible. Por otro lado, tenemos un mensaje gubernamental que criminaliza cuando no comprende estas situaciones sociales.

El Gobierno cubano debe actualizar y reformar las normativas que se necesitan para que los derechos de estas personas sean protegidos y garantizados. Debe existir una Ley sobre la violencia de género para garantizar los derechos de las mujeres que están desprotegidas. Eso es urgente.

También deben cambiarse los paradigmas y modelos que están desactualizados en el manejo de la intervención social. El Gobierno y las políticas públicas tienen bastante que aprender de las nuevas generaciones que están en el terreno. Incorporar el enfoque de género y de derecho en buena parte de las políticas públicas, que pasa por la ampliación de derechos y reformas que son estructurales y que no están adecuadamente garantizadas.

Necesitamos también garantizar una seguridad alimentaria para la población y no la tenemos. Hay servicios básicos que no están garantizados para el conjunto de la población y menos para los más vulnerables.

El déficit habitacional es un problema crónico en la sociedad cubana.

Y agregaría el estímulo del asociacionismo, aprovechando los recursos que están en la comunidad, como la capacidad y esas ganas de hacer de la sociedad civil que es más diversa de lo que pensamos.

Hay que eliminar un conjunto de trabas para que el periodismo independiente pueda ejercer adecuadamente su trabajo y contribuir a la investigación social y la información.

Hay que hacer alianzas con la emergente empresa privada o el cuentapropismo. Sin embargo, parece que eso va en la dirección contraria. Hemos visto como muchos negocios particulares han salido a apoyar y aliviar estas situaciones. Los cuidados deben convertirse en un asunto prioritario en la agenda pública y para eso el conjunto de los actores debe poder expresarse y movilizarse adecuadamente, sin restricciones ni criminalización.

José Jasán Nieves: Les agradezco su participación.

Gracias a todos por acompañarnos.

Este proyecto fue apoyado a través del programa de Microgrants Check Global COVID-19. 

La entrada Atención a personas vulnerables: lo necesario y lo posible se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Panelistas:

• Alina Herrera, abogada y activista feminista.
• Ailynn Torres, académica y militante feminista.
• Yoelkis Torres, economista, antropólogo y coordinador del proyecto sociocultural Afroatenas en Matanzas.

Moderadora:

• Ana Lidia García, editora de elTOQUE.

Ana Lidia García: La COVID-19 ha generado una crisis epidemiológica, pero también ha incidido en las tramas de la desigualdad. ¿Cómo valoran el actual escenario en lo que respecta a la situación de las mujeres y la violencia de género?

Ailynn Torres: La pandemia ha puesto en primer plano y agravado desigualdades que existían con anterioridad. Ha planteado nuevos escenarios de desigualdades y vulnerabilidades para grupos específicos. Me refiero, en este caso, al agravamiento de prácticas autoritarias desde los Gobiernos, lo cual ha sido transversal a muchos países, particularmente de América Latina. También ha habido modificaciones en las posibilidades de resistencia de los sujetos políticos populares por no poder poner el cuerpo en la calle, que es el lugar por excelencia de la resistencia.

La forma en que esto se manifiesta depende mucho del manejo de los Gobiernos en concreto: tenemos manejos prácticamente genocidas, como es el caso de Brasil y Ecuador, luego algunos más o menos torpes, más o menos funcionales, otros buenos desde el punto de vista epidemiológico, y ahí entra el caso cubano como ejemplo de la región.

A la vez, hay actores que se rebelan e intentan tomar ventajas; me refiero no solo a las cámaras empresariales, sino a algunos sectores de gobierno, especialmente en América Latina, y también podemos pensar en actores fundamentalistas religiosos que están intentando tomar ventaja en esta coyuntura para enfatizar su programa de retradicionalización de la familia y colocar una agenda de acortación de derechos que ya venía desde antes. El momento actual es un nicho para asentarla y continuar profundizándola.

Esta situación ha impactado especialmente a los grupos previamente empobrecidos y marginalizados. Migrantes, cuyos problemas se han agravado muchísimo con la pandemia y han sido desatendidos por los Gobiernos y por el debate público: los que se quedaron en los corredores migratorios, los que se quedaron varados. También, los millones de personas que trabajan en el sector informal, las personas en situación de calle, las encarceladas, son grupos que están sufriendo muy especialmente la crisis.

Dentro de esas desigualdades agravadas, una de ellas es la que se reestructura en el eje de las desigualdades de género y en la cual las mujeres están enfrentando situaciones más difíciles. Las mujeres están viendo más afectados sus derechos sexuales y reproductivos. Un elemento que ha salido a debate, y ojalá no termine una vez finalizada la crisis, es la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidado no remunerados en los hogares, la división sexual del trabajo. Se ha registrado un aumento de la violencia en los hogares y también en espacios públicos al estar la calle más solitaria por las restricciones de movilidad. Este ejercicio de autoritarismo se ha ejercido en forma de violencia sexualizada hacia las mujeres.

A la vez, las mujeres son mayoría en los sectores informales del trabajo, los sectores más precarizados. Estas desigualdades se cruzan con otras. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, de las mujeres racializadas que eran mayoría en las franjas de pobreza y estaban ya excluidas de los mercados laborales.

Para el caso cubano, cada uno de estos asuntos tiene una concreción específica. Un primer problema es que hay escasísimos datos sobre la situación previa de las desigualdades de género, pero existe información suficiente para hablar de la existencia de desigualdades en Cuba y para hipotetizar que estas han sido agravadas durante la crisis.

Como se sabe, Cuba es uno de los países de la región que mejor ha manejado la crisis sanitaria, donde no colapsó el sistema de Salud y se está entrando en la desescalada. El desafío ahora es enfrentar y colocar en primer plano la crisis económica que es la que más arrecia a los distintos grupos sociales, atendiendo a las desigualdades existentes y agravadas. Se sabe por experiencias anteriores que las mujeres entran, permanecen y salen de las crisis en condiciones inferiores que sus pares varones; entonces es deseable que se integre esta reflexión como parte de las políticas públicas de salida de la emergencia epidemiológica.

Ana Lidia García: ¿Cuáles son sus consideraciones acerca del tratamiento jurídico hacia la violencia de género en Cuba?

Alina Herrera: Las mujeres en la Isla se enfrentan a dificultades relacionadas con el proceso penal y con ausencias en el sistema de prevención contra la violencia de género.

En relación con las deficiencias de la Policía para tratar estos asuntos, se encuentra la negativa a erradicar el número de denuncias que presentan las mujeres violentadas, bajo la justificación de que son delitos menores. Estamos hablando de delitos de amenaza, de lesiones leves, acoso y ultraje sexual. Esta negativa es muy peligrosa, porque sabemos que la violencia de género es escalable, hoy comienza con una amenaza, mañana resulta en lesiones graves y pasado mañana puede resultar en un feminicidio.

En última instancia, la policía aplica una multa al agresor que es de montos irrisorios, entre 30 y 40 CUP. Esto trae como consecuencia que el agresor quede en cierto plano de impunidad y, a la vez, se coloca a la mujer en un plano de mayor vulnerabilidad y desamparo frente al sistema de justicia penal cubano.

Otro elemento que se ha debatido y ha visibilizado la plataforma YoSíTeCreo en Cuba es el acompañamiento a las víctimas. La revictimización caracteriza el actuar de la policía, cuando a la mujer que pone la denuncia se le pregunta durante la declaración: ¿por qué andabas vestida así?, ¿por qué andabas circulando a altas horas de la noche?, ¿por qué estabas sola? Todos esos cuestionamientos colocan a la mujer como culpable de la violencia que está sufriendo.

Estas situaciones se agudizan en el actual contexto, en el que predomina una focalización en tres bloques de delitos: uno asociado a la propagación de epidemia; otro a la precariedad económica (actividad económica ilícita, acaparamiento y especulación); y un tercer bloque relacionado con los delitos contra las autoridades (resistencia, desobediencia). Si la prioridad la tienen estos delitos, evidentemente otras violencias y delitos no están teniendo la misma atención en las estaciones de policía.

Además, existen ausencias en el Sistema Nacional de Prevención en Cuba y una está relacionada con los refugios y las casas de acogida. En 1995 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a todos los Gobiernos a desarrollar políticas y programas de refugio y casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Esto todavía no ha tenido lugar en Cuba.

Durante el confinamiento hemos tenido conocimiento, al menos, de tres feminicidios a través de las redes sociales y siempre salta la pregunta de si se pudo haber evitado. La respuesta probablemente es sí, si nos acompañaran políticas más amplias de prevención de feminicidios y hacia la violencia de género.

Otra gran ausencia es la falta de una línea telefónica dedicada al tema de la violencia de género. Es necesaria porque respalda protocolos de atención específicos en los que la mujer no es revictimizada. En Cuba existen alternativas como la línea de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la de la Fiscalía General de la República, pero funcionan solo en horarios laborales y padecen la burocratización propia de la institucionalidad, que no permite responder con urgencia ante una situación emergente. La plataforma YoSíTeCreo en Cuba tiene una línea desde la organización civil, pero no sabemos hasta qué punto puede articularse con las instituciones para un acompañamiento efectivo de las mujeres víctimas de violencia machista.

Desde el mes de marzo ONU Mujeres alertó sobre la agudización de la violencia de género e instó a los Gobiernos e instituciones a que se tomaran en cuenta las denuncias. Debido a las medidas de confinamiento, el agresor y la víctima están más tiempo juntos y es probable que se manifiesten aún más las agresiones. Es necesario priorizar los delitos de violencia de género en el sistema penal cubano, y establecer una respuesta más abarcadora en torno a la prevención de la violencia de género y los feminicidios.

El marco legal sobre la violencia de género en Cuba es mínimo. El país cuenta solamente con tres disposiciones normativas para enfrentar la violencia de género: el Código Penal y dos modificaciones de este, con condiciones que agravan la agresión si la víctima y el victimario tenían relaciones sentimentales preexistentes, o si la víctima es menor de edad, en los delitos contra la vida y la integridad física y en los delitos contra la infancia, la juventud y los delitos sexuales.

Ya son 13 los países de la región que cuentan con una Ley integral contra la violencia de género. Cuba no tiene. De hecho, la respuesta  a la solicitud de la sociedad civil fue negativa, con apenas una esperanza de que se pueda incorporar.

Ana Lidia García: En Matanzas, el proyecto sociocultural Afroatenas se ha dedicado, precisamente, a la atención de grupos vulnerables durante el enfrentamiento a la COVID-19. ¿Cómo ha sido este trabajo?

Yoelkis Torres: Afroatenas ha orientado su trabajo hacia la comunidad trans, que enfrenta escasez de recursos. Las personas trans han tenido que regresar a sus hogares tradicionales donde son víctimas de violencia por la discriminación. También se han atendido, con el apoyo de la Dirección Provincial de Salud, personas que viven con VIH-Sida. Otro grupo priorizado ha sido el de los adultos mayores, además de personas discapacitadas y mujeres que viven solas y tienen dos y tres niños.

Hemos detectado dificultades para realizar el trabajo. Una de ellas ha sido la resistencia de las instituciones estatales a la articulación con las experiencias locales que han surgido. Eso ha provocado que no se haya podido llegar a más personas para brindarles ayuda. Nosotros logramos llegar a 800 personas en los primeros 15 días, con mascarillas, alimentación y cloro;  pero al no existir las articulaciones necesarias el impacto del trabajo es mucho es menor.

En mayo Afroatenas lanzó una campaña audiovisual a favor del matrimonio igualitario y las familias inclusivas en Cuba. Hemos visto que los fundamentalistas religiosos han aprovechado estos tiempos de pandemia para reforzar su mensaje en contra de estos derechos.

Uno de los espacios fundamentales del proyecto está vinculado a la cultura de la diversidad y la promoción de los derechos humanos en la ciudadanía LGBTIQ+. A raíz de eso, la propia comunidad trans ha salido con nosotros a apoyar a otras personas en situación de riesgo y esto ha contribuido a eliminar las brechas de discriminación.

El trabajo de Afroatenas se ha centrado en el barrio de Pueblo Nuevo y ha cubierto un área de acción principal donde se atienden 354 personas directamente y 1 572 indirectamente. A través de la promoción de la prensa local, las redes sociales y otros medios de comunicación como la radio, muchas personas se han comunicado con el proyecto y hemos podido brindarles apoyo.

Quisiera agradecer a aquellos administradores y personal de las tiendas de la ciudad de Matanzas que nos han ayudado. En muchos casos nos evitan las colas porque saben que estamos ayudando a personas vulnerables de la comunidad. Esto es resultado de una articulación humanitaria, pero no institucional.

Ana Lidia García: ¿Cuáles son las medidas que deben tomarse en el país para mejorar la atención a los grupos vulnerables?

Ailynn Torres: La sociedad civil cubana hoy es mucho más potente, actuante y diversa que lo que las instituciones pueden reconocer, que lo que la narrativa mainstream antigobierno pueda reconocer y esto debería ser aprovechable tanto por las políticas de Gobierno como por las distintas instancias de colaboración.

A nivel institucional hay muchas posibilidades de enfrentar las tramas de desigualdad. En Cuba no contamos con políticas específicas de atención a la violencia de género, más allá de fuerzas institucionales que son muy precarias; es desde la sociedad civil que se han activado muchas iniciativas cuyo alcance va en aumento y que funcionan para visibilizar el problema.

Una urgencia tan grande como diseñar medidas de enfrentamiento económico a la crisis es también acoger las incitativas que desde la sociedad civil e instancias no gubernamentales se están propiciando. Pensemos en las iniciativas desde el sector por cuenta propia en Cuba, en la necesidad de dinamizar el sector cooperativo que ha sido castrado completamente; esa necesidad de articulación me parece vital.

Por otro lado, es también vital acoger experiencias de otros países en América Latina que han intentado atender estos temas, como construir mesas intersectoriales e interinstitucionales sobre los cuidados. En Argentina, Colombia y otros países que están intentando colocar el tema de cuidado en la agenda pública y como parte de las políticas económicas se encuentran ejemplos de este tipo. Se están diseñando políticas de contingencia para la atención a la violencia dentro del contexto de la crisis y después. A la vez, sobresale la necesidad de gestionar, promover y articular espacios productivos, tanto urbanos como rurales, que reconozcan las desigualdades estructurales que ya están agravadas y que van a agravarse más.

Hay que aprovechar el potencial de emprendimiento político, económico, social y cultural de las sociedades y en este caso de la cubana. Esto debe hacerse pensando en las coyunturas concretas que existen. El país se encuentra frente a un cambio legislativo y tensiones sociales acrecentadas: el Código de Familia se va a llevar a referéndum muy lamentablemente.

Es cierto que una situación tan difícil como la que estamos viviendo de crisis sanitaria con la COVID-19, junto a la crisis económica, visibiliza una tensión fundamental entre solidaridad y linchamiento social e individualismo. Esa tensión se va a resolver en uno u otro sentido y la apuesta tiene que ser que se resuelva a favor de la solidaridad, lo que significa reconocimiento mutuo y trabajo en conjunto. Cualquier bloqueo a las iniciativas de la sociedad civil va a ser en perjuicio de las personas y las legitimidades institucionales allí donde las haya todavía.

Ana Lidia García: ¿Qué canales existen para denunciar abusos policiales contra las mujeres o la comunidad LGBTIQ+?

Alina Herrera: Todas las fiscalías desde el nivel municipal, provincial, hasta la general tienen un departamento o específicamente unas oficinas de Atención a la ciudadanía, y estas se encargan de recoger la queja y de investigar y dar respuesta a la persona afectada. En las municipales y provinciales siempre hay un fiscal de guardia.

La Fiscalía General es la instancia superior. Sin embargo, es importante agotar el nivel del municipio porque muchas veces gestionan una solución operativa ante las llamadas telefónicas. Recomiendo acudir o comunicarse primero con la localidad, porque pueden obtener la solución de manera más rápida y efectiva.

Ana Lidia García: ¿Ha habido políticas efectivas de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres durante la pandemia en Cuba? ¿Qué creen sobre las políticas igualitarias?

Ailynn Torres: No necesariamente todas las políticas de protección social tienen que ser universales. Durante la crisis hay un debate acerca de la pertinencia de ingresos mínimos universales en algunos países, o bien ingresos mínimos no universales, como en España, donde se acaba de aprobar. Esto está en la agenda política global y de muchos países, y tendría que integrarse a la discusión cubana sobre las políticas económicas y las políticas de protección social durante la crisis que no se termina con el desescalamiento sanitario, sino que apenas comienza.

Hay que pensar con información sobre la estructura socio-clasista cubana que tampoco está clara. Necesitamos identificar dónde están las necesidades de ingreso y en función de eso decidir si lo que se necesita son políticas de ingresos mínimos –focalizadas–, que sean un poco más efectivas que las pensiones de asistencia social que existen en este momento, que son muy pobres en dinero y resuelven poco; sin embargo, podrían utilizarse como dispositivo para satisfacer necesidades. Las políticas de protección social necesitan pensarse al mismo tiempo y no después de las políticas económicas.

Por otra parte, no existen políticas claras y firmes que aseguren el acceso a la justicia para las mujeres o personas en situación de violencia machista y son necesarias; no hay una ley integral; no se ha logrado transversalizar el tema de la lucha contra la violencia en el cuerpo legal cubano. Eso debería ser un esfuerzo sincrónico a toda la reforma legal que tendrá lugar desde este momento hasta 2028.

Mientras tanto, las mujeres continúan en la situación de violencia machista y continúan enfrentando barreras importantes no solo en el acceso a la justicia, sino en la conservación de su propia vida por la ausencia de refugios, por la ausencia de programas sistemáticos de sensibilización. Este es un asunto que todas las personas reconocen que es importante, lo reconocen las instituciones, la FMC, la sociedad civil, el presidente de la República, las militantes feministas, la academia. Entonces, es imprescindible dar el siguiente paso que asegure el acceso a la justicia y el cumplimiento de las normas que genere, protocolos policiales para la violencia y sensibilización ciudadana para identificar las diferentes etapas de la violencia.

Ana Lidia García: ¿Qué acciones califican como prioritarias en clave de educación y de articulación política y social, tanto para Gobierno como para la sociedad civil, para enfrentar las desigualdades en Cuba?

Alina Herrera: No es suficiente con un marco legal robusto en el Código Penal. La vía penal es la última, por lo que también se necesitan programas y políticas públicas de prevención como un marco legal diverso; no solo penal, sino también de otras ramas del derecho que complementen un buen manejo, enfrentamiento y educación con respecto a la violencia de género.

Cuba tiene varias campañas, entre ellas Evoluciona, pero está focalizada más en el sujeto agresor. Entonces, ¿qué pasa con la mujer que está en un círculo de violencia y no lo reconoce? En esos casos juegan un papel fundamental las campañas de sensibilización y reconocimiento para todos los sujetos implicados en las diferentes violencias de género.

Dentro de las desigualdades hay que mencionar el tema racial, que es otro problema a enfrentar. Recientemente la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) publicó un censo de vivienda respecto al color de la piel y tenemos unas cuantas pistas para decir que la población que más migra es mujer y racializada, la población con la vivienda en peores condiciones es racializada, la mayor parte de las mujeres que viven solas son racializadas. Por tanto, existe una población vulnerable que no debemos perder de vista en las acciones de recuperación de esta crisis.

Ailynn Torres: Creo que hay que poner en primeros lugares y pensar sincrónicamente las tramas de desigualdad en toda su diversidad y complejidad, tal como las hemos mostrado, junto con el resto de las políticas, programas y esfuerzos que se hagan para enfrentar la crisis económica.

Ana Lidia García: Muchas gracias por su participación.

Gracias a todos los que nos acompañaron.

Este proyecto fue apoyado a través del programa de Microgrants Check Global COVID-19. 

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