La biología sintética, uno de los temas más polémicos durante la Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP 13) que se celebra en Cancún, México, hasta el próximo domingo 18 de diciembre, consiste en la creación de nuevos organismos vivos que no existen en la naturaleza y en el resideño de organismos ya existentes a partir del uso de la ingeniería biológica.

De acuerdo con un informe publicado por la Fundación Heinrich Böll, los biólogos en este campo afirman que “es posible un enfoque predictivo de la biología, al usar partes que supuestamente están bien caracterizadas y que exhibirán el comportamiento predicho en el organismo de diseño”.

Ante el aumento de la población mundial, el agotamiento de los recursos naturales y las limitaciones de la productividad agrícola, los promotores de la biología sintética buscan formas para incrementar el potencial genético de los cultivos mediante la mejora de la fotosíntesis, un proceso natural que consideran ineficiente.

“La capacidad para manipular la fotosíntesis implica el control de todo lo que determina cómo una planta sobrevive y se adapta: qué tan eficientemente usa el agua y los nutrientes para crecer y producir la biomasa que usamos como alimento, fibra y combustible; qué tan eficientemente fija el dióxido de carbono (CO2) y libera oxígeno”, refiere el informe de la Fundación Heinrich Böll.

Paralelamente, el Grupo Africano, seguido por El Salvador, Bolivia y Venezuela, se ha pronunciado a favor de una moratoria a experimentos que involucren biología sintética, incluyendo la creación de impulsores genéticos.

Los impulsores genéticos son una tecnología de ingeniería genética experimental cuyo objetivo es “la diseminación agresiva de un rasgo específico de ingeniería genética en una especie o población en la naturaleza”, añade el informe de la Fundación Heinrich Böll.

Los Pueblos Indígenas participaron en un evento flash durante la COP 13 para reclamar sus derechos (Foto: IISD)

Las principales objeciones de las más de 160 organizaciones sociales, ambientales y sindicales que han apoyado la petición de una moratoria incluyen que “si un impulsor genético fuese exitoso, los rasgos de diseño genético seleccionados se difundirían y se convertirían en dominantes en poblaciones silvestres en solo unas cuantas generaciones de la especie, o podrían hasta provocar su extinción”.

Cuba, si bien no se pronunció respecto a la moratoria, apoyó la permanencia del enfoque precautorio al considerar la liberación de genes dirigidos en el proyecto de decisión presentado el pasado 15 de diciembre en el grupo de trabajo. El mismo insta a los gobiernos y partes del Convenio a aplicar este enfoque hasta tanto no se hayan realizado evaluaciones del riesgo a los ecosistemas y socioeconómicos.

También pide cautela sobre la creación de genes dirigidos en el laboratorio mientras no se hayan desarrollado y establecido regulaciones específicas para la biocontención de los mismos. Además, solicita que se informe a otros gobiernos cuya diversidad biológica pudiera verse afectada por cualquier propuesta de genes dirigidos y la obtención de su consentimiento antes de que se apruebe la liberación de tales genes.

Australia, Nueva Zelanda y Canadá se opusieron a la inclusión de este principio precautorio. Brasil pidió acogerse al mismo solo en caso de amenazas de reducción significativa o pérdida de la biodiversidad de acuerdo con las legislaciones nacionales e internacionales pertinentes. Por su parte, Namibia recordó que las amenazas derivadas de la biología sintética son la antítesis de la biodiversidad, por lo cual se debía adoptar una decisión al respecto durante la COP 13.

En los debates del 16 de diciembre, los delegados apoyaron la propuesta de Bolivia de retirar las menciones a los conocimientos de los pueblos indígenas y comunidades locales de los términos de referencia para el comité de expertos e insertar en el proyecto de decisión una invitación “a las partes y a otros a presentar a la Secretaría información y documentación de apoyo sobre los conocimientos, experiencias y perspectivas” de estos pueblos.

La versión final del documento, que se aprobará este 17 de diciembre en la plenaria, acepta la definición propuesta por el grupo de expertos, que considera que “la biología sintética representa un nuevo avance y una nueva dimensión de la biotecnología moderna que combina la ciencia, la tecnología y la ingeniería para facilitar y acelerar la comprensión, el diseño, el rediseño, la fabricación y la modificación de materiales genéticos, organismos vivos y sistemas biológicos”.

Elaine Díaz Rodríguez recibió una beca de la Earth Journalism Network para la cobertura de la COP 13.

La entrada Cuba aboga por inclusión de experiencias de los pueblos indígenas en los estudios sobre biología sintética se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Los plaguicidas “no solamente afectan a las abejas, sino también nuestra salud”, añadió Pech. “Dependemos de la polinización para nuestras vidas, nuestros alimentos, para el desarrollo de las plantas con que nos curamos, la producción de miel y la exportación a países europeos”. Esta última actividad es una de las principales fuentes de ingresos para las familias campesinas de la zona. “El cuidado de nuestros bosques y territorios durante miles de años nos ha permitido sobrevivir”, dice. Recientemente, “la Unión Europea declaró que no recibiría más miel procedente de estas comunidades si se detectaban residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos”.

En la convención, Pech ha venido a defender “no solo la vida de las abejas, sino también de nosotros, los mayas”.

El 90 por ciento de las plantas silvestres, el 75 por ciento de los productos agrícolas y el 33 por ciento de las tierras cultivadas en el mundo dependen total o parcialmente de las abejas. En febrero de 2016, se creó la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicio de los Ecosistemas que incluyó entre su agenda de trabajo la evaluación sobre el estado de los polinizadores, la polinización y la producción de alimentos. El 9 de diciembre, en la COP 13, se adoptó un acuerdo que incluye la promoción de hábitats amigables para los polinizadores, la mejora de la gestión de los mismos, la reducción de riesgos derivados de plagas, patógenos y especies invasoras y del uso de pesticidas, incluidos los insecticidas, herbicidas y fungicidas.

Abejas de Campeche (Foto tomada del diario de Campeche)

En un estudio publicado en febrero de 2016 el Journal of Chromatography A reveló que las abejas de miel europeas están siendo envenenadas con hasta 56 tipos de pesticidas diferentes. En 2013, la Unión Europea había restringido el uso de tres pesticidas pero, de acuerdo con la investigación, con tantos pesticidas en uso actualmente, es difícil saber cuáles están dañando a las abejas. “Ciertas combinaciones de pesticidas, o su uso prolongado en el tiempo, podrían afectar a las abejas de diferentes maneras”. En México, campesinos de Chihuahua, Campeche y San Luis Potosí han comenzado a reportar la muerte masiva o la intoxicación de las abejas.

En abril de 2007, el diario cubano Juventud Rebelde publicó un reportaje bajo el título “Cuba no tiene abejas muertas”. El director del Centro de Investigaciones Apícolas, Adolfo Pérez Piñeiro, sostenía que la Isla no se había visto afectada por la desaparición masiva de abejas que había comenzado a alarmar a los países más industrializados.

Tras el colapso de la Unión Soviética, Cuba debió superar un modelo basado en el uso extendido de plaguicidas y otros insumos externos (incluyendo maquinarias) hacia un uso mucho más racional de los recursos, con bajos insumos externos. Fernando Funes, agroecólogo cubano y Premio Nobel Alternativo de Ecología en 1999, explicó durante la COP 13 que “la transición agrícola cubana de un modelo de monocultivo y sobrexplotación de recursos naturales a otro donde se integró la agricultura urbana y las pequeñas fincas de productores privados o asociaciones cooperativas contribuyó a la búsqueda de soluciones ambientalmente sostenibles y bastante eficientes desde el punto de vista productivo que disminuyeron el uso de los pesticidas”.

Entre 1980 y 1989 se utilizaban como promedio 30.000 t de pesticidas en la industria azucarera, tabacalera, cafetalera, arrocera y en la producción de viandas y vegetales. El 80 por ciento de los herbicidas se empleaban en la caña de azúcar y el arroz, según un estudio publicado en 1997 en la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición. En 1997 en los cultivos de tomate, cebolla y papa todavía persistían valores superiores al límite recomendado de etilen bisditiocarbamatos (EBDC). En la papa, por ejemplo, el 13, 5 por ciento de las muestras estudiadas sobrepasaban ese límite.

“Esta situación es preocupante, pues los ditiocarbamatos se utilizan en un grupo considerable de cultivos, las cifras de uso alcanzan valores altos todos los años, con un promedio anual de 2.500 t de ingrediente activo, y desde el punto de vista toxicológico, uno de sus metabolitos denominado etilen tiourea (ETU) representa riesgos para la salud humana. Además, las exportaciones de papa podrían ser rechazadas por los importadores, de no garantizarse que los residuos de ETU se encuentren por debajo de los niveles permitidos, lo cual acarrearía dificultades económicas al país”, añade el estudio.

Un reporte de Inter Press Service, fechado en 2002, refiere que Cuba había reducido el uso de plaguicidas químicos en las dos décadas anteriores, de 40.000 a 10.000 t anuales, “mediante un sistema de manejo integrado de plagas que se aplicaba desde 1982 en el control de unas 90 especies nocivas para la agricultura”. La Oficina Nacional de Estadísticas revela que en 2015 se importaron 6.642 t de herbicidas, productos antigerminantes y otros reguladores del crecimiento de las plantas.

Herbicidas, productos antigerminantes y reguladores del crecimiento de las plantas (2007-2015) expresado en toneladas (Elaboración propia a partir de datos de la ONEI)

En 1988, Cuba implementó un Programa Nacional de Control Biológico donde se crearon 222 Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE) y tres plantas de producción de bioplaguicidas. Al mismo tiempo, “utilizamos otros métodos para sustituir los fertilizantes”, añade Funes, “como el compost, la lombricultura y el biogás, que también sirve como fuente de energía”. En algunas fincas se integraron técnicas de policultivo. La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antonio Maceo, ubicada en Bejucal, Mayabeque, por ejemplo, “cuenta con alrededor de siete cultivos distintos conviviendo: col, plátano, guayaba, aguacate, tomate, frijoles y maíz”. A inicios de la década del noventa se puso énfasis en un programa de manejo integrado de plagas.

En 2001, más del 60 por ciento de los agricultores cubanos realizaba asociaciones de cultivos, principalmente con maíz; alrededor del 70 por ciento tenía sistemas de rotación de los campos, el 75 por ciento incluía prácticas de conservación de los suelos y en más de 900.000 ha anualmente se sustituían los plaguicidas sintéticos por bioplaguicidas, según una investigación realizada en varias provincias representativas del país.

Otros métodos de manejo agroecológico de plagas en la agricultura contemplan la siembra de plantas repelentes y atrayentes, la cría de entomófagos y entomopatógenos, la aplicación preventiva y focal de biopesticidas naturales y de laboratorio, la creación de trampas de colores y la observación diaria de los cultivos. Existen plantas con olores más fuertes que pueden desorientar a aquellas plagas que atacan a otras con un olor más delicado. El ajenjo, por ejemplo, repele a los gorgojos, ácaros y orugas que atacan las poblaciones de maíz; el ajo protege a los cultivos de zanahoria y fresa; la albahaca atrae a los polinizadores, lo cual incrementa la producción del cultivo, ahuyenta la mosca blanca, los mosquitos y los chinches y, a la misma vez, protege a los tomates y pimientos.

Las trampas de colores comúnmente se utilizan para detectar la presencia de insectos. Algunas trampas consisten en pedazos de plástico amarillo cubiertos de una sustancia pegajosa, que pueden ser pegamentos especiales fabricados con este fin, o bien aceites y grasas de origen vegetal, mineral o sintético, capaces de atrapar a los insectos. Algunas moscas y trípidos prefieren el color blanco mientras los escarabajos se ven más atraídos por el rojo.

Fernando Funes en la COP 13 (Foto: Elaine Díaz)

“También hemos desarrollado un programa de Fitomejoramiento Participativo, donde los agricultores son los protagonistas. Este tiene entre sus objetivos fortalecer la capacidad de utilizar el mejoramiento genético de cultivos alimenticios por parte de investigadores, campesinos y autoridades locales, fomentar la diversidad mediante el manejo descentralizado de las semillas y promover grupos de investigación campesina para la selección, conservación y multiplicación de semillas”. Un informe publicado por la CEPAL en 2004 resaltó que “los resultados son notables en términos de diversidad”.

En el caso del maíz, “antes de la intervención del programa, la situación era casi dramática, pues los campesinos habían abandonado esta siembra por escasez de semillas adecuadas. La semilla disponible en ese momento —creada bajo el enfoque de Revolución Verde— no podía utilizarse sin fertilizantes. Del octavo lugar en prioridad de siembra que ocupaba el maíz entonces, se pasó al segundo lugar, porque ahora se dispone de numerosas variedades de maíz adaptadas a las condiciones locales mediante la experimentación campesina”.

Elaine Díaz Rodríguez recibió una beca de la Earth Journalism Network para la cobertura de la COP 13.

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El monto total de los daños, según un informe publicado por la Secretaría de Gobernación y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ascendió a 210 millones de dólares: casi 20.000 viviendas de estructuras endebles, 127 planteles escolares y 60 unidades médicas fueron afectados. Y también la selva maya. Alrededor de 917.000 ha de selva mediana y 270.000 ha de selva baja sufrieron daños. O lo que es lo mismo: una franja de 36 km de ancho. De acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se necesitarían alrededor de 4 millones de dólares para la rehabilitación de las zonas afectadas.

En el municipio Felipe Carrillo Puerto, el ejido Noh Bec estaba a punto de concluir sus diez primeras anualidades de cortas autorizadas como parte del Programa de Manejo Forestal de la SEMARNAT que había iniciado en 1999. Tras el paso del huracán Dean, la secretaría suspendió el Programa de Manejo Forestal y aprobó permisos de corta temporales. Noh Bec perdió además la certificación forestal que había otorgado la organización Smart Wood y que les permitía la exportación de la madera a Estados Unidos y Alemania fundamentalmente. El bosque quedó en estado crítico, con una buena parte de sus árboles dañados, quebrados, carentes de copas por la intensidad de los vientos. De 6.042 m³ de maderas preciosas producidos en 2007, Quintana Roo descendió hasta 1.900 m³ en 2008.

Tres años después del paso del huracán Dean, Noh Beh aún no había recuperado el sello verde. “La madera empezó a venderse a como se podía y los precios bajaron muchísimo”, recuerda Abraham González, director forestal del ejido, con una superficie total de 24.122 ha. “Había que unirse para homogeneizar los precios de la madera”, dice Abraham.

Así se inicia la Alianza Selva Maya el 15 de julio de 2011.

Captura de un diario local que refleja la conformación de la Alianza Selva Maya (Foto: Blog oficial de Alianza Selva Maya)

Cien años antes, el 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclamaba su Plan de Ayala donde proponía la devolución de los terrenos, montes y aguas a los pueblos o ciudadanos que tuvieran los títulos de propiedades correspondientes, de los cuales habían sido despojados por los latifundistas. El artículo 27 de la Constitución mexicana, aprobada en 1917, cedía la propiedad de la tierra a los campesinos y a las comunidades indígenas mediante la creación de dos formas fundamentales de propiedad social sobre la misma: los ejidos y las comunidades.

Los ejidos son propiedades rurales de uso colectivo con tres órganos fundamentales: la Asamblea, el Comisario Ejidal y el Consejo de Vigilancia. El Comisario Ejidal está constituido a la vez por un presidente, un secretario y un tesorero, y ejecutan las decisiones de la Asamblea. El Consejo de Vigilancia escruta las decisiones del Comisario Ejidal. Los ejidatarios mantienen la “propiedad civil” sobre la tierra, pero no pueden venderla, alquilarla, hipotecarla, ni ofrecerla como garantía para la solicitud de créditos. Estas restricciones legales se establecieron porque la concesión de la propiedad plena sobre la tierra podría provocar la pérdida de la misma a manos de los latifundistas, debido a la vulnerabilidad política de los campesinos.

Sin embargo, el gobierno mantuvo un control centralizado de los bosques hasta 1940. Ese año, se introdujeron cambios en la legislación mexicana que permitieron el otorgamiento de concesiones a empresas privadas para la explotación de los recursos forestales. “Las concesiones fueron concedidas por periodos de 25 a 60 años, de manera centralizada, sin consulta con ejidos o comunidades afectadas”, explica Iván Zúñiga, coordinador operativo de Polea, una organización sobre política y legislación ambiental mexicana. A finales de 1970, el sector forestal mexicano estaba en crisis debido a la sobreexplotación de los bosques naturales. En 1986 se abolieron las concesiones a empresas privadas y se devolvió el derecho a la explotación de los recursos forestales a las comunidades y ejidos.

En 1997, SEMARNAT diseñó una estrategia de promoción de la gestión de bosques que incluyó dos nuevos programas: el Programa de Desarrollo Forestal y el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF). Este último pretendía seguir “fortaleciendo el manejo y la conservación de los ecosistemas forestales en ejidos y comunidades principalmente indígenas bajo esquemas de silvicultura comunitaria”. En octubre de 2014, el Consejo Civil Mexicano para la silvicultura sostenible publicó una nota donde reconocía que se podía extraer madera de las selvas de Quintana Roo sin dañar el ecosistema, siempre y cuando se tuviera un área con vegetación alrededor y se permitiera la regeneración del área intervenida.

Se estima que actualmente 2.300 ejidos y comunidades tienen permiso para el uso de la madera en sus bosques y selvas tropicales, de un total de 8.400 con derecho. Durante los últimos 25 años, más del 80 por ciento de los bosques templados y tropicales de México han sido manejados por comunidades rurales y poblaciones indígenas, lo cual les permite decidir sobre la producción maderera comercial. Sus prácticas de cosecha no han sido solamente rentables para las comunidades sino que han contado con un enfoque de preservación del ecosistema.

—Imagina un ejido que tiene 10.000 hectáreas de bosques y 100 ejidatarios –me dice Zúñiga–. Tocarían a cien hectáreas por cada uno. Esas cien hectáreas se dividen en bloques de diez hectáreas y esas son las que se cosechan cada año. Por tanto, tendrías diez años, o más, para regresar al sitio por donde empezaste, lo que permite la restauración de la selva. Ahora bien, en esas diez hectáreas no se talan todos los árboles, sino los más débiles, los que están en peor estado. Se dejan en pie los de mayor calidad genética. En el sitio donde se talaron los árboles queda un claro, que permite la entrada del sol, y las semillas de los árboles que no fueron talados se prenden en el suelo y se restaura de manera natural el ecosistema.

La Alianza Selva Maya tiene 113.000 ha de selva en zonas conocidas como Áreas Forestales Permanentes y otras 49.000 bajo conservación comunitaria. Los cinco ejidos que la conforman son Bacalar (4.036 ha bajo manejo forestal, 10.758 ha de superficie total y 165 ejidatarios), Felipe Carrillo Puerto (24.543 ha bajo manejo forestal, 47.000 ha de superficie total), Noh Bec (18.500 ha bajo manejo forestal, 24.122 ha de superficie total y 216 ejidatarios), Petcacab y Polinkin (42.552 ha de superficie total y 206 ejidatarios) y Xhaxil y Anexos (396 ejidatarios).

José Antonio Arreola, asesor técnico forestal, explica que “cada ejido se maneja de manera independiente, pero también forman parte de la Alianza”, porque “en un solo ejido no podemos lograr mejores precios para nuestra madera”.“Por eso nos juntamos”, añade Elías Be Cituk, presidente de la Alianza. En enero de 2015, la Alianza consiguió abrir su cuenta bancaria después de cinco años de legalizaciones.

Hoy, 12 de diciembre, representantes de los cinco ejidos cuentan sus experiencias en el centro ecoturístico de Felipe Carillo Puerto ante un grupo de periodistas internacionales. De camino a la selva, Alfonso Argüelles, representante nacional de México ante el Consejo de Administración Forestal, una organización no gubernamental de acreditación con sede en Bonn, Alemania, explica los principales desafíos que enfrentan en las comunidades.

—Hábleme de los jóvenes, hábleme de los salarios y hábleme de las mujeres –pregunto.

—Los jóvenes quieren revisar su Facebook, los ejidatarios quieren ganar un salario digno y las mujeres administran mejor que los hombres –dice.

—¿Y eso cómo se traduce eso en las políticas de los ejidos?

—De los cinco ejidos, hay dos donde las tesoreras son mujeres. Muchas trabajan en las zonas ecoturísticas. En el caso de los jóvenes, no queríamos que se nos fueran a la ciudad por el Internet. Y trajimos el Internet hasta el ejido. No queríamos que los jóvenes se nos fueran a la ciudad por la televisión y trajimos Cablevisión. Por 40 pesos mexicanos (2 USD) ahora pueden tener Internet en sus teléfonos y en sus casas y por 200 pesos (10 USD) tienen Cablevisión. La comunidad lo subsidia. En la ciudad cuesta mucho más. Y los salarios son buenos. Un propietario puede ganar hasta 4.000 pesos mexicanos al mes como salario básico. Pero si es técnico forestal puede llegar hasta los 14.000. Además, tenemos una política de empleos que favorece primero a los propietarios, luego a sus hijos y familiares, después a los miembros de la comunidad y, por último, a extranjeros o personas de fuera del pueblo.

—¿Cómo logran que algunos ejidatarios no quieran apropiarse de los recursos comunes?

—Abriendo espacio para los emprendedores, creando oportunidades. Hay quienes se conforman con cosechar su madera y venderla, hay quienes quieren añadir un valor agregado y así aumentan el precio y obtienen más ganancias. A esos últimos, por ejemplo, se les permite crear carpinterías. Si te permito tener una carpintería, no vas a querer quedarte con mi madera, ¿verdad?

—¿Tienen muchos incendios forestales aquí?

—A veces sí. Nosotros no cultivamos en nuestra selva, pero hay comunidades adyacentes a nuestros ejidos que utilizan el fuego para la agricultura. A veces nos coge candela el bosque por eso.

—¿No hay mecanismos legales para demandarlos, denunciarlos?

—Sí, los hay, pero lo resolvemos mejor entre nosotros. Ahora cuando van a prender fuego les pedimos que nos avisen y nos apostamos en los límites para apagar el fuego en caso de que se extienda. Es mejor dialogar que ir a los tribunales.

Desde su creación, la Alianza ha incorporado proyectos de ecoturismo y de captura de carbono, y ha desarrollado técnicas de adaptación agrícola para el cambio climático. En 2016, el Instituto Tecnológico de la Zona Maya tenía un taller de fábrica de piso de madera abandonado. La Alianza hizo un convenio con el centro de estudios y restauró el sitio a través de un proyecto de colaboración con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) que otorgó 1.000.000 de pesos para la compra de maquinaria, materia prima, el pago de asistencia técnica y la inversión en capital de trabajo.

—Somos los principales impulsores de la conservación rural comunitaria. De eso vivimos.

Elaine Díaz Rodríguez recibió una beca de la Earth Journalism Network para la cobertura de la COP 13.

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