Considerado uno de los peces de agua dulce más primitivos que existen en el mundo, se le puede encontrar sobre todo en los pantanos de la Ciénaga de Zapata, en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. Según la nota de Alien Fernández para Reuters, luego de siglos de explotación, la pérdida de su hábitat y la amenaza de especies invasoras, un equipo liderado por el biólogo Andrés Hurtado ha puesto en práctica un método para reproducir al manjuarí y reforzar su bastante debilitada población.

Lamentablemente, son muchas más las especies cubanas que enfrentan peligro de desaparecer completamente y no todas se benefician de esfuerzos como los que describe la citada nota, los cuales incluyen la creación de un criadero y la producción de comida para alimentar a los manjuaríes antes de liberarlos.

Según el Proyecto para la Gestión Integrada del Agua, la Tierra y los Ecosistemas en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Caribe (IWECO, por sus siglas en inglés), Cuba se encuentra entre las diez islas más importantes del mundo en cuanto a la riqueza de su biodiversidad. De las cerca de 19.500 especies de flora y fauna identificadas en la isla, 8.378 son endémicas (42,7%), siendo las plantas con flores, los insectos, los moluscos, los anfibios y los reptiles las de mayor grado de endemismo.

El portal Biodiversidad Cubana publicó un estudio que analiza cuáles son las áreas del país más expuestas al impacto del cambio climático, a partir de un cálculo de la pérdida o aumento de especies en cada región para el año 2050, considerando como “más vulnerables” a aquellas donde el cambio sería mayor. Los resultados señalan, sobre todo, las áreas bajas y llanas, especialmente grandes llanuras como la de Zapata, Colón, Júcaro, el valle del Cauto, el sur de Camagüey y el archipiélago Jardines de la Reina, lugares que podrían sufrir pérdidas significativas de biodiversidad, más graves si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen.

En un informe realizado en 2019 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente de Cuba, en la isla habría 157 especies de animales vertebrados en diferentes categorías de amenaza: ​​52 en peligro crítico, 42 en peligro y 63 vulnerables. Entre los invertebrados terrestres, afirma el documento, son los moluscos el grupo más amenazado, con 34 especies vulnerables y 31 en peligro crítico.

Asimismo, la Convención para la Diversidad Biológica apunta que aproximadamente el 10% de la fauna cubana y el 2% de sus plantas vasculares se consideran “en riesgo o en peligro de extinción”, debido sobre todo a la modificación de los hábitats naturales.

¿Pero qué otros factores de riesgo enfrenta la biodiversidad en la isla?

Además de los asociados a la pérdida o modificación de los hábitats: deforestación, urbanización, agricultura en desarrollo –este último en menor medida, teniendo en cuenta la ociosidad de los campos cubanos–, la biodiversidad cubana debe lidiar con los huracanes, la subida del nivel del mar, la variabilidad climática o las especies invasoras (como la mangosta común, el pez león o algunos roedores y plantas costeras). Además, podemos mencionar la caza furtiva, la comercialización de animales “exóticos” como mascotas, para ritos religiosos (como la jutía y algunas aves), o para alimento (caguama, cocodrilo), como se puede comprobar con una rápida búsqueda en grupos de compraventa en redes sociales como Facebook.

Captura de un anuncio de venta de carne de, entre otros animales, cocodrilo. Foto: Facebook.

Ahora bien, ¿de qué maneras protegen las leyes cubanas a sus especies endémicas? En primer lugar, el artículo 90 de la Constitución de la República de Cuba recoge como un deber del Estado y la ciudadanía “proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano”. En segundo lugar, la Ley 150/2022 del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente –que sustituyó a la histórica Ley 81– fijó las bases para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. A esto se suman normas específicas que prohíben la caza, captura, comercio o exportación no autorizada de especies protegidas, así como un régimen de sanciones administrativas y penales para quienes dañen la flora y la fauna.

El país es firmante de convenios como la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) mediante el cual se compromete legalmente, a nivel internacional, a controlar y regular el comercio de especies silvestres amenazadas, tanto de fauna como de flora.

Existe además un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que preserva hábitats clave donde se concentran muchas especies exclusivas del archipiélago, como el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en Guantánamo y Holguín; el Parque Nacional Viñales, en Pinar del Río; la Ciénaga de Zapata, en Matanzas; o la Reserva de la Biosfera Baconao, en Santiago de Cuba.

Sin embargo, la existencia de un marco legal no es garantía, en la práctica, de que se respete –tanto por parte del Estado como por la ciudadanía– lo regulado en materia de protección de la biodiversidad. Por un lado, la apuesta constante por hacer del turismo el sostén de la economía cubana ha afectado a los ecosistemas marinos (destrucción de dunas y manglares, construcción en playas donde anidan tortugas, actividades náuticas que dañan pastos marinos y arrecifes); y por el otro, está la caza y pesca ilegal de especies que se mueven por un mercado alternativo para suplir alimentos que no llegan por otras vías o simplemente como menú “exótico” en restaurantes.

Para el biólogo, ensayista y divulgador ambiental cubano Isbel Díaz Torres, “Es cierto que existen áreas protegidas, decretos, estrategias, planes. El problema es que proteger en el papel no es lo mismo que conservar en la realidad. La conservación real exige ciencia activa, monitoreo constante, infraestructura funcional, transparencia y participación ciudadana. Y hoy prácticamente ninguno de esos elementos está garantizado, y mucho menos [es capaz de] sostenerse de manera consistente”, dijo a Periodismo de Barrio.

“La ciencia cubana sigue siendo completamente gubernamental, sin autonomía real. En un contexto de crisis económica profunda, colapso institucional, corrupción y éxodo masivo de científicos, sobre todo jóvenes, es difícil pensar que la biodiversidad sea una prioridad efectiva. A eso se suma la falta de comunicación pública: las instituciones científicas y ambientales no dialogan con la población, no rinden cuentas y no comparten datos de manera abierta” añadió.

Anuncio de venta de enseres de pesca usados en la caza furtiva de especies protegidas. Foto: Facebook.

A nivel gubernamental, Cuba cuenta, desde 2010, con una Estrategia Cubana para la Conservación de las Plantas (ECCP), que ha sido actualizada para el período 2023-2030, además del Plan Nacional para la Conservación de la Fauna Silvestre Cubana (PNCFSC) (2024-2030), según el portal Biodiversidad Cubana.

El primero “incluye una propuesta de acciones complementarias relacionadas con la conservación de plantas para apoyar la implementación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y las políticas nacionales de protección medioambiental”, y cuenta con objetivos como promover el uso sostenible y la conservación de la flora, así como el conocimiento acerca de esta; o aumentar las acciones en pos de su adecuado manejo y protección, siempre con participación activa de la ciudadanía.

Por su lado, el PNCFSC se presenta como un “marco de trabajo” para frenar la pérdida de fauna en el país. Su propósito general es orientar y coordinar acciones para el estudio, preservación y uso sostenible de las especies animales, acciones que priorizan la educación, capacitación y buen uso de la información, así como la identificación y protección de hábitats, además del control de las especies invasoras.

Como la del manjuarí, otras iniciativas, estatales y civiles, velan por la protección y conservación de la biodiversidad cubana. Según el Marine Conservation Institute, el archipiélago Jardines de la Reina constituye una de las mayores áreas marinas protegidas que “permanecen intactas” en el Caribe. “Desde su protección inicial en 1996, la cantidad de peces en el parque ha aumentado hasta en un 50%, y su biodiversidad continúa creciendo gracias a estrictas regulaciones y esfuerzos de vigilancia”, explican en su web.

En lo que a protección y restauración de manglares se refiere, la Península de Guanahacabibes se ha beneficiado del proyecto MangRes –Restauración de manglares como solución basada en la naturaleza en Reservas de Biosfera de América Latina y el Caribe–, de la Unesco, el cual promueve la restauración de diferentes especies como el mangle rojo, así como “la documentación de conocimientos locales sobre su uso y gestión, y la formación de capacidades para la gobernanza ambiental, la educación para el desarrollo sostenible y el intercambio de conocimientos”. Asimismo, el proyecto Manglar Vive llegó a las costas de Mayabeque a mediados de la década pasada, beneficiando sobre todo el área protegida del Golfo de Batabanó –específicamente un tramo de 84 kilómetros entre Punta Sucia y Punta Mora–  donde, luego de seis años de su implementación, reportaban la buena salud de los manglares gracias a la reforestación integral y otras acciones para comprender mejor el impacto del cambio climático en esos ecosistemas.

La Revista de Investigaciones Marinas publicó en 2025 el artículo “Conservación del manatí antillano Trichechus manatus (Sirenia, Trichechidae) al norte de Villa Clara, Cuba”, sobre el peligro de extinción que enfrenta esa especie en la isla. La actividad humana sobre estos mamíferos y sus ecosistemas –incluso “en áreas destinadas para su protección”, alerta la investigación– es la principal causa de su posible desaparición.

Para estos autores, la conservación del manatí depende de un enfoque integral que combine la protección de hábitats, la reducción de amenazas humanas, el monitoreo continuo (realización de censos y observaciones periódicas), así como el fomento de una educación ambiental a las comunidades que conviven con los manatíes. Concretamente, se refiere a resoluciones que entraron en vigor en 2017 para regular la actividad pesquera en el área, “entre ellas se destaca la creación de la Red de Vigilancia Cooperada (Red de Varamientos) y la adopción de la Resolución No. 133 de 2017, del Ministerio de la Industria Alimentaria (…). En la actualidad la especie también se encuentra amparada por la Ley 150/2022 “Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”.

Otras especies como las polymitas han sido prioridad para proyectos y alianzas internacionales en pos de su conservación, especialmente la Polymita sulphurosa, una de las más amenazadas y cuya distribución se considera muy restringida. “Cualquier desastre natural o humano podría causar su completa extinción”, una alerta que se puede leer en la página de The Rufford Foundation, organización que impulsó un proyecto para la conservación y manejo de la Polymita versicolor y la Polymita sulphurosa en las provincias de Guantánamo y Holguín hace 10 años. Los objetivos incluían actualizar la información sobre distribución geográfica y número de individuos fuera de las áreas protegidas. Con esos datos, la fundación propondría al Centro Nacional de Áreas Protegidas la creación de nuevos espacios de ese tipo donde ya habitaran las polymitas, además de promover la educación ambiental en las comunidades aledañas.

La sociedad civil cubana también ha hecho importantes aportes no solo a la conservación de la biodiversidad, sino también a la educación popular acerca de su importancia. Uno de los que no ha parado de trabajar desde su creación en 2021 es Nativa. Red de Microviveros, una iniciativa ciudadana para la protección de la flora autóctona de la isla.

Nativa aporta una mirada más intimista, que posibilita una relación afectiva con las plantas (Foto: Cortesía de Nativa).

En una entrevista publicada en 2023 en Periodismo de Barrio a uno de sus fundadores, Juan Carlos Sáenz de Calahorra, decía: “Cuando uno nombra las plantas hace que existan individualmente. Estableces una relación afectiva con ellas y conoces que el jubabán y la siguaraya son parientes: Trichilia hirta y Trichilia havanensis. Empiezas a descubrir todo eso. Es algo apasionante, sobre todo para los niños. Yo quisiera que esa cultura comenzara desde la enseñanza primaria. Muy poca gente ha visto un almiquí, por ejemplo, pero los árboles son omnipresentes. Imagínate si los niños supieran nombrar cada árbol”.

No podemos dejar de mencionar la organización Guardabosques, activa entre 2007 y 2019, y que se dedicó a promover “el ecologismo, participó en acciones de reforestación, transformación comunitaria y educación ambiental, y denunció las irregularidades gubernamentales y las depredaciones del entorno ante organismos internacionales”, según se puede leer en la web del actual proyecto que ha ampliado su radio de acción a la Florida y busca empoderar a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y Latinoamérica en temas medioambientales.

Aunque, en opinión de Isbel Díaz Torres “se ha marginado sistemáticamente el activismo ambiental” y se le ha tratado como una “amenaza”, muchos de estos proyectos han logrado avanzar y lograr resultados que, aunque modestos en algunos casos, no dejan de ser relevantes en la lucha contra el cambio climático.

“El activismo cumple una función clave de supervisión, denuncia y vigilancia ambiental, especialmente en contextos donde el Estado no se audita a sí mismo –explica el especialista–. Pero no solo a los activistas, se ha excluido a la ciudadanía en general, [a] campesinos, productores agrícolas y comunidades locales. La conservación no puede imponerse desde arriba. Sin participación social, sin incentivos ecológicos reales y sin educación ambiental crítica, cualquier política está destinada al fracaso”, concluyó.

El desafío ya no tiene que ver con diseñar políticas, sino que incluye garantizar una educación integral que logre concientizar a las comunidades, así como un pleno acceso a la justicia en temas ambientales. Se trata de democratizar la información y entender que, si no se actúa con rapidez, especies endémicas y ecosistemas completos podrían desaparecer antes de que se comprenda plenamente su valor.

La entrada Especies endémicas y en peligro en Cuba: ¿qué estamos haciendo para que no desaparezcan? se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender las acciones de mitigación y adaptación que pretende adoptar la Isla en los próximos 10 años.

¿Qué son las Contribuciones Nacionales Determinadas?

Las CND fueron creadas en 2013 durante la XIX Conferencia de las Partes (COP) en Varsovia, Polonia, como una estrategia para solucionar las rivalidades entre los principales emisores de Gases con Efecto Invernadero (GEI) con respecto a las cifras de mitigación que cada uno debía asumir en las negociaciones de la CMNUCC.

Estas constituyen el compromiso voluntario de reducción de emisiones de cada país; sin embargo, al ser fijadas de manera autónoma por cada nación, no garantizan que su implementación reduzca la concentración de GEI en la atmósfera a los niveles establecidos por la comunidad científica para limitar el incremento de la temperatura.

Con el fin de reducir esta brecha entre la mitigación necesaria y la declarada en las CND, el Acuerdo de París establece en su artículo 4 que los estados deben comunicar nuevos compromisos cada cinco años con objetivos progresivos de reducción de emisiones.

¿De dónde provienen las emisiones en Cuba?

En 2022, las emisiones de la Isla ascendieron a 28,86 megatoneladas (Mt) de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). Esta medida es empleada para calcular la cantidad de emisiones de un gas o una mezcla de estos que causaría el mismo efecto en la atmósfera que una cantidad específica de CO₂.

Emisiones totales de GEI de Cuba de 1990 a 2022 (en Mt de CO2e). Fuente: Elaboración propia con datos de Climate Watch.

La CND de 2025 reportaba que la reducción en las emisiones a partir de 2020 estaba condicionada, en gran parte, por la disminución de la actividad económica como consecuencia de la pandemia y, en menor medida, por la implementación de las acciones de mitigación planificadas.

El sector responsable de la mayor proporción de emisiones en la Isla es el de energía y electricidad, con el 56,45% del total de emisiones entre 1990 y 2022, seguido por el de la agricultura, con el 17,41%, y el de manufactura y construcción, con un 10,65%. El resto de los sectores representan el 15,49% de las emisiones en el mismo periodo.

Contribución de cada sector a las emisiones totales de Cuba de 1990 a 2022 (en porcentaje del total). Fuente: Elaboración propia con datos de Climate Watch.

¿A qué se había comprometido Cuba en sus CND anteriores?

En noviembre de 2015, unos días antes del comienzo de la COP donde se adoptaría el Acuerdo de París, Cuba presentaba ante la CMNUCC su propuesta de CND. Después de que la Isla ratificara el tratado, esta propuesta pasó a convertirse en su primera CND, en la cual se comprometía a la instalación de 2.144 megavatios (MW) de potencia conectada a la red eléctrica nacional procedente de fuentes renovables de energía y a adoptar un conjunto de medidas para mejorar las capacidades de adaptación del país, enfocadas, en su mayoría, a incrementar la seguridad de las costas contra los efectos del fenómeno.

Posteriormente, en 2020, la Isla presentó su actualización, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo. El documento planteaba un incremento del 24% en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables para 2030, una reducción de la intensidad de carbono en el sector del transporte, el aumento de la cobertura forestal del país al 33% y la mitigación de las emisiones de GEI en el sector porcino.

¿A qué se comprometió Cuba en sus CND actuales?

La CND actual se centra en la presentación de acciones de mitigación y adaptación que representen un incremento de la ambición climática en comparación con las medidas propuestas en los documentos anteriores.

Con respecto a la mitigación, la Isla plantea el empleo de los mecanismos de flexibilización del Acuerdo de París como una de las vías para desarrollar una economía resiliente y baja en carbono.

Este tipo de mecanismos fue incluido por primera vez en el Protocolo de Kyoto en 1997 para ayudar a las naciones a cumplir con sus compromisos de mitigación, y se retomaron también en el Acuerdo de París. Este último contempla un mercado de emisiones donde las partes pueden participar en enfoques cooperativos que involucren el uso de cuotas de mitigación transferidas internacionalmente con el fin de cubrir sus CND y el denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio. Este último permite el desarrollo de proyectos que fomenten la reducción de emisiones en un territorio, con financiamiento o tecnología de otro, y emplear los resultados de las emisiones evitadas para cubrir sus CND.

En el caso de Cuba, el objetivo sería convertirse en un país receptor de tecnología y financiamiento para la puesta en práctica de este tipo de proyectos.

De igual forma, al igual que otros Estados en desarrollo, la Isla ha condicionado el cumplimiento de sus CND a la recepción de apoyo financiero y la transferencia de tecnología de los países desarrollados. Por ello, algunos de los objetivos de mitigación del documento incluyen dos tipos de metas: una incondicional y otra más ambiciosa que dependerá de los recursos que reciba la Isla para implementarla.

El documento determina como año objetivo de cumplimiento el 2035 y como año base el 2030, el cual se emplea para establecer el estado de cada meta y calcular el incremento a partir de ese valor.

De acuerdo con las estimaciones, el país espera dejar de emitir 38.582.500 toneladas de GEI para 2035, procedentes de los sectores de energía, transporte, agricultura, desechos y uso de tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés). Los costos de las transformaciones necesarias para alcanzar esos niveles de reducción se estiman en 2.652 millones de USD.

     Reducción estimada de emisiones de CO₂e (en toneladas de CO₂e) por sector para 2035 y costos estimados (en millones de USD) de las acciones de mitigación contempladas en la CND. Elaboración propia con datos de la CND de Cuba de 2025.

En el sector energético, el país propuso dos metas: lograr un 26% de generación de electricidad a partir de fuentes renovables e incrementar la eficiencia energética. El primero señala que se prevé conseguir una cobertura del 49,3% de renovables en la matriz energética para la generación eléctrica; sin embargo, establece solo un 26% como meta incondicional, y destinar el 23,3% restante al mecanismo del mercado de carbono, además de emplear lo que se obtenga para reinvertirlo en energías renovables. Este 26% parte de la premisa de cumplir el objetivo planteado en la CND de 2020 de lograr el 24% de participación de fuentes renovables, por lo cual de 2031 a 2035 solo debería aumentar esta participación en un 2%.

El segundo apunta a incrementar la eficiencia energética a través de la sustitución tecnológica de luminarias en diferentes sectores, de equipos de calentamiento de agua y de cocción, bombeos y eficiencia hidráulica en los sistemas de conducción y distribución, así como la mejora en los sistemas de generación de vapor.

En cuanto al sector del transporte, el país cuenta actualmente con solo un 1,02% de vehículos eléctricos, sin incluir ciclomotores. La CND propone un 15% de vehículos eléctricos del total del parque para 2035 y un 70% de vehículos eléctricos nuevos matriculados. Esta última meta se basa en la obtención del 45% de vehículos eléctricos del total de vehículos matriculados en 2030.

Con respecto a la ganadería, Cuba planea incrementar su masa ganadera en las próximas décadas, por lo cual resulta necesario la creación de medidas para limitar el ascenso en las emisiones de metano (CH₄). En este sentido, se espera implementar tecnologías dirigidas a cambios en la dieta, el adecuado manejo del estiércol y el establecimiento de sistemas silvopastoriles, con el fin de reducir en un 2% las emisiones por kilogramo de leche producida.

Por su parte, el tratamiento de desechos se encuentra enfocado en los provenientes de la caña de azúcar, donde se espera reducir en un 50% las emisiones de los residuales derivados de la producción de alcohol en 11 destilerías para 2035.

En lo referente al sector de LULUCF, se proyecta incrementar la cobertura forestal del país en 50 kilohectáreas (kha) de forma incondicional y en 40 kha adicionales si se recibe financiamiento externo. Debido a que los bosques actúan como sumideros de carbono, una superficie forestal más extensa contribuirá a una mayor reducción en las emisiones de GEI. Al mismo tiempo, se programa reducir los niveles de degradación de los bosques y establecer el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación Forestal.

A diferencia de las acciones de mitigación, las de adaptación se enfocan en tratar de cubrir las vulnerabilidades que presenta la Isla ante los efectos del cambio climático. Las proyecciones de las variaciones climáticas para el país estiman un incremento de la temperatura anual del aire superior a 1°C para 2030 y a 3,5°C para 2070, con respecto al período de referencia 1961-1990. Asimismo, se prevé una reducción de las precipitaciones del 10% aproximadamente en la época de lluvias, así como un aumento del nivel del mar de 29,3 cm y 95 cm para 2050 y 2100, respectivamente.

De igual forma, la incidencia promedio anual de tormentas e inundaciones de la Isla es de 82,61%. La intensidad y frecuencia de ambos fenómenos se encuentran relacionados con el cambio climático, pues el calentamiento de los océanos contribuye a su formación y evolución.

Incidencia promedio anual de fenómenos naturales en Cuba de 1990 a 2020. Fuente: Elaboración propia con datos de Climate Watch.

Las medidas de adaptación contempladas en la CND muestran las prioridades que ha establecido el país, sin embargo, el documento especifica que la implementación de las acciones dependerá de las posibilidades financieras y del financiamiento disponible.

Estas consisten en reducir la densidad demográfica en las zonas bajas costeras y la prohibición de construcciones nuevas en estas; reducir las áreas de cultivos próximas a las costas o afectadas por la intrusión salina; ajustar las actividades agropecuarias a los cambios de uso de la tierra como consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía; introducir y desarrollar nuevas variedades de cultivos resistentes a los nuevos escenarios de temperaturas; llevar a cabo soluciones naturales para la conservación de las costas como la recuperación de playas y la reforestación; además de asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las demandas locales.

De igual forma, se plantean acciones encaminadas a detener el deterioro y a rehabilitar y conservar los arrecifes de coral; fortalecer los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta temprana para evaluar sistemáticamente el estado y calidad de la zona costera, el agua, la sequía, el bosque, la salud humana, animal y vegetal; así como priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de la población.

¿Qué países han presentado sus CND actualizadas?

Hasta el 26 de noviembre de 2025, 116 países habían presentado sus CND actualizadas. De estos, solo los compromisos de Noruega y Reino Unido son compatibles con la meta de mantener el incremento de la temperatura del planeta por debajo de los 2,5°C.

Países que han presentado sus CND con objetivos para 2035. Fuente: Elaboración propia con datos de Climate Action Tracker.

Las CND presentadas cubren el 78% del total de las emisiones globales y el 62,5% de la población mundial.

A pesar de las proyecciones declaradas por Cuba, de acuerdo con Climate Watch, el Índice de Preparación de la isla para afrontar los efectos del fenómeno es de 0,35, lo cual la ubica en el lugar 99 de 198 países analizados. Este índice evalúa la habilidad de una nación para obtener inversiones y convertirlas en medidas de adaptación. Mientras menor sea la cifra del índice, menos preparado se encuentra el país.

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