El decreto deroga el 107, vigente desde 2024, que clasificaba la farmacia como una de las actividades expresamente prohibidas para el sector no estatal. Además, reduce de 125 a 79 las actividades restringidas o condicionadas y aborda el tema en dos numerales distintos del Anexo Único, cada uno con un alcance diferente. En la Sección C sobre industria manufacturera, la normativa regula la fabricación de productos farmacéuticos, y autoriza a los actores no estatales mediante asociación o encadenamiento con la industria estatal y bajo permiso del Ministerio de Salud Pública. Quedan fuera de esta apertura la elaboración de sustancias químicas medicinales y productos naturales. El segundo numeral relevante está en la Sección O, sobre actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, inmediatamente después del bloque que señala como actividad estatal la atención médica y odontológica. Este numeral habilita a empresas privadas, mipymes y cooperativas no agropecuarias a prestar servicios farmacéuticos, ópticos, de cuidados y de rehabilitación.

Lo que no dice el decreto es igualmente relevante: no explica aún cómo se establecerán los precios de los insumos, no habla de topes o control estatal sobre ellos ni se hace distinción sobre qué clase de medicamentos se pueden comercializar, cuáles serán de venta libre o controlada, etc. Además, es relevante cómo habilita a empresas privadas, mipymes y cooperativas, pero no menciona en ningún momento a los trabajadores por cuenta propia, a diferencia de otras actividades del anexo que sí especifican esa categoría, lo que cierra la puerta al farmacéutico o profesional del sector que quiera operar por su cuenta, sin estructura empresarial que lo respalde.

El decreto tampoco dispone sobre el mercado informal que ya sostiene buena parte del acceso a medicamentos. Sobre trazabilidad y control de calidad, el numeral 64 remite de forma genérica a la palabra “autorizable”, sin el nivel de detalle que sí tiene, por ejemplo, el numeral 51 sobre sustancias peligrosas controladas, lo que sugiere que esos requisitos técnicos quedarán para reglamentos de aplicación aún no publicados.

La medida llega después de que el propio Ministerio de Salud Pública admitiera ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio de 2025, que el país solo contaba con el 30% de su cuadro básico de medicamentos disponible. Sin embargo, no es un tema nuevo: a finales de 2009 el entonces presidente Raúl Castro inició un proceso de transformación sobre el que aseguró, frente a la Asamblea, que “sin afectar la calidad de la atención de salud que se ofrece a todos los ciudadanos sin costo alguno e inclusive mejorándola, los gastos [de los servicios sanitarios] pueden reducirse sustancialmente”.

Para 2025, cerca del 70% del cuadro básico seguía sin disponibilidad normal y el grueso de medicamentos e insumos puede encontrarse solo en el mercado informal a precios exorbitantes.

El enfoque global

Desde su posición de autoridad sanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve una Estrategia de Salud Universal que enfatiza la necesidad de mantener en el centro de los debates la gratuidad de los servicios médicos, más aún cuando las contribuciones privadas son una de las formas principales de financiamiento de los sistemas de salud en la mayoría de los países.

En el contexto latinoamericano, Cuba es una excepción. Aunque el territorio no tiene un comportamiento homogéneo en este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) concluye que la mayor parte de los sistemas locales de salud son administrados y operados por los programas médicos de los sistemas de seguro social. No es habitual que un país de ingresos bajos, como Cuba, tenga en su Constitución un artículo que indica que “La salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación”. Hoy sabemos que esa idea ha quedado lejos de la realidad. Hoy los gastos de bolsillo que realiza cada núcleo familiar para garantizar ciertos servicios médicos son un estrato fundamental en la tensión entre lo público y lo privado, resultado natural del proceso de descapitalización tan significativo que ha experimentado el sistema nacional de salud, junto a las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos, cuyas peores consecuencias las vive el pueblo.

Muchos son los factores que influyen en la salud de una población: las circunstancias en que las personas crecen, conviven, se reproducen, trabajan, descansan o mueren. Es por ello que no se puede entender el decursar de la sanidad en Cuba de forma aislada de las políticas sociales que la rodean. No se corrigen las inequidades en salud sin atender las brechas de desigualdad social que las producen.

Camino a la privatización

Existen pasos básicos para la introducción de lo privado en un sistema sanitario. La producción, importación y dispensarización de medicamentos, insumos y biotecnología son de los temas más debatidos y regulados porque son, además, negocios altamente lucrativos de especial interés público. En México, por ejemplo, cualquier farmacia debe registrarse en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentar un aviso de funcionamiento y contar con un responsable sanitario titulado. Las licencias están separadas y son más estrictas en dependencia del fármaco: no es lo mismo vender analgésicos que psicotrópicos. Hay normas legales para la farmacovigilancia, además de un aparato regulador que audita, sanciona y publica listas de distribuidores irregulares para proteger al consumidor.

Otro caso muy relevante es el español, que funciona casi de forma opuesta: la farmacia es privada, sí, pero su propiedad está reservada por ley a farmacéuticos colegiados, y su apertura depende de una planificación territorial estatal, no de la demanda del mercado. Se regula el número de población que maneja cada farmacia y a qué distancia están unas de otras, se topan los precios, se financian tratamientos largos y se establece un estricto proceso de farmacovigilancia. También hay normas que indican que una misma persona no puede ser propietaria de más de una oficina de farmacia, lo que evita la concentración del mercado y asegura la cobertura.

A pesar de que ambos modelos tienen sus propios agujeros, funcionan porque tienen años de marco jurídico previo, cuerpos reguladores con capacidad técnica, colegios y asociaciones de profesionales y de pacientes que les hacen contrapeso y, sobre todo, tiempo. Ningún país ha improvisado su modelo farmacéutico en cuestión de semanas, en medio de un desabastecimiento del 70% y de la situación de pobreza y desigualdad que tiene Cuba en el presente.

A pesar de que la privatización es la respuesta natural de un gobierno que cada vez toma más medidas de corte neoliberal y asfixia los servicios públicos, la bandera de la salud pública y universal ha sido la favorita de la propaganda por muchos años. Esto no solo significa un cambio en las normas o la implementación de un nuevo modelo, sino un cambio de paradigma importante para una población habituada al acceso a la sanidad pública sin intermediarios.

La escasez ha derivado en un mercado virtual de medicamentos que incluye redes sociales y plataformas de anuncios clasificados —como Revolico—, además de que están disponibles en plataformas de comercio electrónico en las que se compran productos de necesidad básica desde el exterior, y que ya vendían medicamentos sin regulaciones básicas bastante antes de la entrada en vigor del nuevo decreto. Una de las formas de alivio para la población, sin duda, ha sido la donación solidaria de la diáspora, que muchas veces funciona gracias a redes de voluntarios dentro de la Isla, así como a la ayuda de ONG y de la cooperación internacional.

Estos canales conforman un ecosistema previo al Decreto 160, que pretende formalizar y regular actividades de plataformas que ya cuentan con capital, estructura empresarial y ventajas que exceden las posibilidades de cualquier farmacéutico independiente, sin que exista un mercado abierto y competitivo. Se trata de empresas cuyos vínculos con figuras cercanas al poder en Cuba llevan años siendo señalados por investigaciones periodísticas: la familia del comandante Guillermo García Frías, vinculada a Supermarket23, por ejemplo, así como Aníbal Quevedo y el empresario cubanoamericano Hugo Cancio, dueño de Katapulk a través de Fuego Enterprises.

La salud depende del bolsillo

En un sistema sanitario como el cubano, las consecuencias de dichas medidas son previsibles. Las familias que no tienen entrada de divisas serán aún más precarizadas, teniendo en cuenta que el decreto no resuelve el problema de la moneda y los precios, mucho menos el del mercado informal. El riesgo sanitario aumentaría debido a la circulación de medicamentos cuya composición, trazabilidad, control de calidad y farmacovigilancia son desconocidas. No habría acceso equitativo, ni siquiera por disposición geográfica, lo que concentraría los servicios en ciertas zonas urbanas, sin controlar el resto del mercado virtual igual de desprotegido, al que la población seguirá recurriendo. El decreto legitima lucrar con la salud y traiciona los principios de la Constitución cubana, pero no soluciona la urgencia que lo originó. Mientras el Estado no resuelva el abastecimiento de la red pública, el mercado informal seguirá siendo más accesible.

Aunque la brecha no es nueva, institucionaliza lo que ya sabíamos: convierte en oferta lo que antes era, al menos, un mercado informal parejo para todos, en su ilegalidad. El resultado más grave será el acceso desigual según el poder adquisitivo, la inequidad social, la elección entre salud y necesidades básicas.

En salud pública, cuando una porción tan grande del presupuesto familiar se destina a este recurso y compromete el acceso a otros bienes básicos, se denomina “gasto catastrófico” y perpetúa el ciclo de empobrecimiento. Esto tiene, además, una importante dimensión de género: ser mujer aumenta 0,7 veces la posibilidad de no tener acceso a medicamentos; ser mujer de más de 50 años —quien habitualmente asume las tareas de cuidado y gestión de la salud familiar en Cuba— la aumenta 2,26 veces.

El decreto no ataca las causas de la crisis como la descapitalización de los servicios públicos y el impacto del bloqueo estadounidense sobre la importación; sino que traslada parte de su gestión al sector privado sin resolver de dónde saldrán esos medicamentos, o quién absorberá el diferencial de precio cuando los costos de importación superen lo que puede cubrir una familia. Si el Estado no diseña mecanismos de financiación selectiva ni subsidios diferenciados, el costo total recaerá directamente sobre los pacientes. Es, en ese sentido, una medida neoliberal en su lógica de mercado, pero sin ninguno de los contrapesos regulatorios —planificación territorial, control de propiedad, farmacovigilancia—.

A pesar de que esta solución era previsible en el intento de regular el mercado de medicamentos, una vez más, el contexto en el que se implementa es bastante deficiente. Aunque la privatización de los servicios básicos ya funcionaba de facto hace años, hacerlo de golpe, sin gradualidad, sin garantizar el abasto público y conservando los privilegios del entramado de poder, convierte un decreto en una nueva vía de enriquecimiento para los mismos, mientras la gente empobrecida sigue esperando, receta en mano, a que ocurra algún milagro.

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Los apagones prolongados, la escasez de alimentos y medicinas, el deterioro de las condiciones de vida y el incremento de las tarifas de internet impulsaron el estallido de protestas durante 2025, las cuales también fueron reprimidas.

Periodismo de Barrio responde algunas preguntas esenciales para comprender la situación de los derechos humanos en la Isla.

¿Cuáles son las formas de represión en Cuba?

De acuerdo con un informe de Cubalex sobre las tendencias y patrones de represión en 2025, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, se documentaron 1.279 eventos que implicaron violaciones de derechos humanos en Cuba.

Los incidentes más recurrentes fueron violencia contra personas privadas de libertad, operativos policiales de vigilancia y el uso de la violencia y el acoso.

Incidentes represivos más recurrentes en 2025. Fuente: Elaboración propia con datos de Cubalex.

De igual forma, tanto Cubalex como HRW coinciden en que las detenciones arbitrarias constituyen una de las medidas represivas empleadas con mayor frecuencia. Estas pueden durar desde varias horas o días hasta la internación de la persona en una cárcel a la espera de ser procesada penalmente.

Sus víctimas no han sido solo quienes han participado en protestas, sino también personas que han realizado publicaciones, comentarios y videos críticos en redes sociales; asistido a misa; ejercido como gestores particulares de remesas y vendedores ambulantes; se han negado a presentarse a citaciones que no cumplen con la legalidad; han ejercido el periodismo independiente; visitado a activistas; discutido con autoridades; pertenecido a organizaciones de la sociedad civil; entre otras.

Al mismo tiempo, los detenidos han denunciado la negación recurrente de atención médica, condiciones de hacinamiento e insalubridad, la falta de acceso adecuado a alimentos y agua, restricciones a visitas familiares, maltratos, golpizas, y la falta de atención psicológica oportuna.

Por su parte, el control del gobierno sobre las redes sociales y los medios de comunicación restringe el acceso a la información exterior y censura a los críticos y periodistas independientes. Según Cubalex, se han reportado cortes de internet localizados en zonas donde ocurrían protestas, y activistas y periodistas independientes también han denunciado interrupciones en oka conexión y la telefonía, e incluso el hackeo de aplicaciones de mensajería privada como WhatsApp.

¿Cuántos presos políticos hay en Cuba?

De acuerdo con la organización Prisoners Defenders, para junio de 2026, existían en la Isla 1.306 presos políticos, un incremento de 148 con respecto al mismo mes de 2025. De hecho, este año ha presentado un ascenso sostenido en la cifra de personas encarceladas por motivos políticos.

Presos políticos en Cuba en 2025 y 2026. Fuente: Elaboración propia con datos de Prisoners Defenders.

El informe de HRW señala que los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente sin garantías de un debido proceso, ni juicios justos y públicos ante tribunales independientes e imparciales, pues los tribunales cubanos se encuentran subordinados al poder ejecutivo.

Asimismo, las familias de los presos políticos sufren acoso por parte de agentes de la Seguridad del Estado, quienes se han presentado en sus viviendas para disuadirlos de denunciar abusos. También, varios ex-presos políticos han reportado haber sido objeto de vigilancia.

¿Cómo han empeorado los derechos económicos, sociales y culturales?

La crisis en la Isla ha llevado a un deterioro considerable de las condiciones de vida y limitaciones al acceso de bienes y servicios básicos.

Una encuesta realizada por el Observatorio de Derechos Sociales Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reflejaba que los principales problemas sociales eran los apagones (mencionado por el 72% de los encuestados), la crisis alimentaria (por el 71%) y la inflación (por el 61%), con los adultos mayores como el sector de la población más afectado, seguido por  las personas que no reciben ayuda del exterior y quienes están en situación de desempleo.

Al mismo tiempo, 7 de cada 10 cubanos habría dejado de desayunar, almorzar o comer por la falta de dinero o de alimentos, y el 75% de los encuestados mencionaba no haber podido adquirir medicamentos en la farmacia por la escasez.

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El 5 de abril de este año, Cibercuba publicó una nota sobre ciclos de agua de hasta 40 días en Santiago de Cuba. El texto desató decenas de comentarios de personas que aseguraban vivir situaciones similares en otros territorios del país. Desde Santiago de Cuba, una vecina escribió que en su barrio acumulaban ya más de 60 días sin agua y que las viviendas ubicadas a partir del segundo piso llevaban aún más tiempo sin recibir el servicio. También aparecieron mensajes desde Manicaragua, en Villa Clara, donde usuarios hablaban de tres y cuatro meses de espera; y en Perico, Matanzas, una mujer decía haber perdido la cuenta de los meses sin poder recoger agua en su vivienda. “Y ni hablar del color del agua”, añadía otro usuario.

Lo que pareciera ser una suma de experiencias individuales es en realidad un asunto de interés público, al tratarse de un patrón que se reproduce en todo el país y compromete condiciones indispensables para ejercer derechos humanos básicos como el acceso al agua, a la salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la información y a la protección en caso de encontrarse en situación de vulnerabilidad.

El gobierno cubano explica la crisis del Sistema Electroenergético Nacional mediante el deterioro acumulado de las centrales termoeléctricas, la escasez de combustible, las dificultades para importar piezas de repuesto y las restricciones financieras que atribuye, entre otras causas, al embargo estadounidense. Los partes diarios de la Unión Eléctrica informan sobre unidades fuera de servicio, déficits de generación y afectaciones previstas;  datos indispensables para entender el sistema pero que dicen mucho menos sobre lo que ocurre cuando la crisis cruza la puerta de una vivienda. Un apagón es mucho más que una bombilla apagada.

Por ejemplo, en Triunvirato, Matanzas, el robo del aceite de un transformador dejó fuera de servicio a la subestación eléctrica que alimenta tanto a la comunidad como a las estaciones de bombeo que deben tributar a esta, según denunció en Facebook el activista Yadiel Cepero. Y este no es un caso excepcional; una avería o cualquier otra eventualidad en un punto de la infraestructura puede desencadenar una serie de afectaciones que trasciende la falta de electricidad. Nombrarlo apagón simplifica una realidad bastante más compleja.

La conexión más evidente es el agua. En buena parte del país, los sistemas de abasto dependen de estaciones de bombeo alimentadas por el Sistema Electroenergético Nacional. En edificios multifamiliares la situación suele agravarse porque, aun cuando exista agua en las cisternas, sin energía eléctrica los motores no pueden elevarla hasta los tanques de almacenamiento desde donde baja a los apartamentos. La rutina doméstica comienza a girar entonces alrededor de conseguir unos litros de agua para cocinar, beber o mantener una higiene básica. Pero ¿quién tenía la obligación de evitar que una familia llegara a vivir así?

Martha Méndez Mellor, vecina de la calle Independencia en Ciego de Ávila, denunció en el periódico local Invasor que su cuadra llevaba 36 días sin agua. El ciclo era de 17 días, pero la baja presión y los apagones impedían llenar las cisternas. En un momento, dijo, estuvieron 22 horas sin electricidad y, cuando regresó, el agua ya había sido retirada. La zona incluye ancianos encamados, embarazadas, niños, personas con discapacidad y pacientes con cáncer. También solicitaron pipas, pero no las recibieron.

Antes de acudir a un tratado internacional o a una declaración política, miremos la propia Constitución de la República de Cuba. En ella se norman, en primer lugar, las obligaciones que el Estado reconoce frente a  los ciudadanos que viven bajo su jurisdicción y que incluyen el acceso al agua potable y al saneamiento, el derecho a la salud, a una alimentación adecuada y a una vivienda compatible con un hábitat seguro y saludable. Derechos que, dentro de un hogar, nunca aparecen ni se ejercen por separado. Es por ello que, cuando falla un servicio esencial, los demás comienzan a caer uno detrás de otro.

La Constitución cubana formula esas obligaciones coincidiendo con principios ampliamente reconocidos por los derechos humanos, que entienden el acceso al agua, a la salud y a condiciones de vida adecuadas como requisitos indispensables para vivir con dignidad. En esa misma línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que el derecho al agua no consiste únicamente en la existencia de infraestructura o de recursos hídricos, sino en que las personas puedan disponer de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para su vida cotidiana.

La falta prolongada de estos servicios también tiene consecuencias físicas, por ejemplo, puede comprometer la alimentación de un bebé, agravar los efectos del calor extremo sobre una persona mayor o impedir la refrigeración de un medicamento. Proteger la salud no significa únicamente garantizar hospitales, médicos o medicinas, implica también asegurar las condiciones que permiten conservarla antes de que aparezca la enfermedad.

Ahora bien, la misma interrupción eléctrica se vive de manera muy distinta según los recursos de cada hogar. Quien dispone de una cisterna, una bomba propia, paneles solares, baterías o una planta eléctrica enfrenta la emergencia con herramientas que otras familias simplemente no tienen. Y esa diferencia no pasa inadvertida para la Constitución, que reconoce una protección especial para las personas adultas mayores y para quienes viven con discapacidad, y obligaría al Estado a adoptar medidas que protejan de manera reforzada a quienes soportan mayores riesgos cuando esos servicios dejan de funcionar.

Otro de los derechos reconocidos por la Carta Magna y vulnerados durante la actual crisis es el de recibir información veraz, objetiva y oportuna sobre la gestión pública. Cuando una familia sabe con suficiente antelación a qué hora comenzará un apagón, todavía puede llenar recipientes de agua, cocinar, cargar un teléfono móvil, conservar un medicamento o reorganizar el cuidado de una persona dependiente. Cuando esa información no existe, cambia constantemente o resulta insuficiente, la incertidumbre se convierte en un problema más de la crisis. Esa falta de información tampoco permite acceder a datos comprobables como cuántas personas permanecen sin electricidad y sin agua o incluso qué protocolos extraordinarios existen para asistirlas.

El 30 de junio pasado, el periodista Adelth Bonne Gamboa transmitió en vivo en Facebook para mostrar lo que llevaba casi una semana ocurriendo en su edificio de Santos Suárez, municipio Diez de Octubre. Mientras las autoridades locales informaban en los grupos comunitarios que el servicio de agua había sido restablecido, Adelth afirmaba que la cisterna permanecía vacía y las viviendas —habitadas en su mayoría por personas mayores— acumulaban seis días sin recibir una gota. Durante el recorrido abrió las llaves, mostró el nivel de la cisterna y conversó con vecinos que confirmaron la situación. “Dicen que desde las tres de la tarde están bombeando agua. Aquí está la cisterna. Vengan y compruébenlo ustedes mismos”, insistía frente a la cámara. Además, según denunció, las autoridades solo habían respondido en ocasiones anteriores cuando la protesta vecinal había alcanzado mayor visibilidad.

El problema empieza en el sistema eléctrico, pero termina dentro de las casas. El recorrido de esta crisis electroenergética puede comenzar en una termoeléctrica o en un transformador, pero termina junto a una llave de agua seca, un refrigerador en el que se pudren los alimentos o un teléfono sin carga que puede ser indispensable para comunicarse ante un accidente o pedir ayuda por diversas causas.

Se le pide al pueblo muchos sacrificios, más del que pueden resistir las personas, pero es importante preguntarse qué debe hacer el Estado para protegerle; ni más ni menos que lo que dicta su propia Constitución.

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El primer trabajo que tuve en España fue cargando cajas en una tienda de alimentación. Los martes y los viernes llegaban entre cuatro y cinco pallets con mercancía. A veces también los lunes. Galletas, refrescos, latas de conserva, cervezas. De las últimas, una vez conté cincuenta cajas que se convertían en cien movimientos porque había que sacarlas primero del pallet y llevarlas al almacén después. Levanta, acomoda, empuja el carro, levanta, acomoda otra vez. Cien veces.

Luego de una baja médica por una cervicalgia que duró 15 días, decidí buscarme la vida en otro sector. No mejor pagado, quizás menos lesivo. Así llegué a la residencia.

Según el Ministerio de Trabajo de España, para junio de 2025 el 88,8% de las mujeres extranjeras afiliadas trabajaba en el sector de los servicios, donde se incluyen la limpieza, los cuidados y la atención residencial. Entre ellas, las latinoamericanas constituyen el grupo más numeroso.

Yo, como miles de mujeres migrantes, encontré en los cuidados una de las pocas puertas abiertas al mercado laboral.

Lágrimas negras suena en mi oído. Voy tarareándola mientras me muevo por los pasillos blancos larguísimos de la planta menos uno, donde el cuidado se vuelve más invisible, el subsuelo. De ahí salen la comida caliente, la ropa limpia y planchada, las recetas, los insumos, y los carros que llevan el agua clorada para desinfectarlo todo. Todo lo que vive arriba depende de quienes estamos abajo.

Frotar el interior del inodoro con la escobilla se siente diferente si tarareo boleros. No sé si el dejar impecables las habitaciones de Vicenta, Baldomera o Visi hace que me conecte con ser nieta otra vez y me recuerde las canciones que cantaba con mi abuela. No sé si quitar el polvo deje de ser solo eso y se traduzca en cuidarles. O si la melodía de un bolero me permite concentrarme mejor que la de un reguetón. El caso es que siempre voy cantándolos. Por lo que sea.

Mi primer mes allí transcurrió entre lejía, mopas y conversaciones con ellas. “Buenos días, Baldomera, cómo te encuentras hoy”; “Ya está lista tu habitación, Vicenta”; “Gracias, cariño”; “Hola, Cati, vine a limpiar, qué lees hoy”; “¿Te importa que aparte las zapatillas, Visi?”.

Un día mi jefa me pasó a la lavandería. De nuevo, al subsuelo. Recuerdo la tristeza que sentí. Recuerdo pensar que había hecho algo mal y por eso me escondían. Recuerdo la molestia de no poder cuidarlas mientras les miraba a la cara. Sin embargo, he lavado, planchado y doblado cada prenda imaginando el rostro agradecido de Toñi —a quien no le he puesto cara, pero reconozco el corazón que dibujó en cada etiqueta—, o el cuerpo bien vestido de Vicenta.

Cuando cargaba cajas llegaba mucho más cansada a casa. Trabajaba diariamente,  incluso en horas extras que nadie me pagó y yo tampoco reclamé. Una amiga me recordó que ser mujer y cubana era la combinación perfecta para creer que no podemos exigir que se respeten nuestros derechos, que tenemos que trabajar en eso.

Mis hijos se dieron cuenta del cambio de horario. No les bastó que les contara que ya no trabajaba en el mismo sitio. Tuvieron que verme más y mejor. “¿Dónde trabajas ahora? ¿Y qué haces allí?”. Les expliqué.

En Cuba, las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género. Yo fui uno de esos números en algún momento. Y esa desigualdad viajó conmigo cuando emigré. Esa es la explicación que le doy al hecho de continuar ocupándome (ahora también profesionalmente) de limpiar, cuidar o atender a otras personas.

Quizás por eso no veo un fallo en la profesión. Quizás, como le dije a mi madre, limpiar baños y doblar ropa cuesta menos que en casa porque te pagan por ello, aunque no te alcance para llegar a fin de mes.

En la cara de mi hija se dibujó un gesto desagradable cuando me escuchó decir que a veces las toallas llegan a la lavadora con rastro de sangre o heces. “¿Con mierda? ¿Tienes que limpiar la mierda de otros?”.

Sí.

No iba a mentirle. Limpiar heces, vómitos, orine o sangre no es agradable. No quiero que mi hija crea que todos los trabajos son iguales. Porque no lo son. Hay trabajos más duros, más peligrosos, mejor o peor pagados.

“Tu madre es la chica de la limpieza y limpiar la mierda de otros, hija mía, no es indigno”.

Corren tiempos de tradwives y conservadurismo. La sociedad que nos va quedando ha vuelto a romantizar el cuidado y, por un lado, intenta apropiarse de su lenguaje y celebrarlo cuando puede convertirse en estética o en sacrificio. Pero, por otro, cuando se convierte en empleo suele pagarse poco, esconderse en una planta menos uno y recaer sobre mujeres, en su mayoría migrantes.

Entonces, ¿cómo le enseño a mi hija, cuya adolescencia dobla la esquina, que limpiar no avergüenza, que el mundo insiste en establecer una jerarquía entre cuidar por amor y cuidar por sueldo? ¿Cómo le enseño a desconfiar de quienes glorifican el cuidado como sacrificio mientras desprecian a quienes cuidan como trabajo?

“Pregúntate siempre quién limpia la cocina de un hospital, quién cambia las sábanas de una residencia, quién friega el suelo de tu colegio o quién repone los refrescos en una tienda. Eso también es cuidar y si no cuidamos, hija mía, se para todo”, terminé.

Mañana volveré a caminar los pasillos blancos larguísimos de la planta menos uno. Llegaré al ascensor que lleva a la planta de Baldomera mientras canto un bolero. Limpiaré tantas habitaciones como me dé tiempo. Y volveré a mi casa con olor a lejía en las manos. Ojalá no se les olvide nunca que los cuidados también se ven así, que detrás de ese olor hay otras, miles de mujeres, que —como yo— limpian espacios para que otros puedan habitarlos.

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Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el alcance de los cambios que se implementarían en el país.

¿Cómo cambiaría la intervención del Estado en la economía cubana?

Las nuevas medidas incluyen una descentralización de las decisiones económicas en favor de mayor autonomía para las empresas estatales y el sector presupuestado. Así, se amplían las facultades del sistema empresarial estatal para que opere en condiciones similares al resto de los actores económicos; se les autoriza la aprobación de los precios mayoristas y minoristas; y se faculta a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y a las empresas para decidir sobre la creación, fusión y liquidación de empresas y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) estatales, sin depender de la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación.

Además, las entidades que participan en las cadenas de suministros tendrán acceso al mercado cambiario; las escalas salariales podrán ser negociadas con los trabajadores y el sindicato, en función de las capacidades económicas y financieras de las empresas; se permitirá que realicen inversiones y moneticen activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía y la inversión extranjera, así como transformarlas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones y que puedan comprar acciones a otras empresas.

De igual forma, se plantea reducir la cantidad de ministerios y estructuras presupuestadas del Estado, eliminar la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo en algunos sectores, implementar incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada, facultar a los empleadores para aprobar jornadas laborales reducidas, permitir el teletrabajo desde el exterior e incluir la superación en el extranjero por interés personal como causa justificada de la suspensión del cumplimiento del servicio social, con la conformidad del empleador.

También, realizar una reforma salarial en el sector, con un incremento del salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos cubanos (CUP) y la actualización en las demás escalas salariales a partir de julio, y evaluar la posibilidad de poner en práctica un incremento anual, en función de la inflación y las posibilidades del país.

¿Cuáles son los principales cambios en el sistema de planificación económica?

Marrero Cruz señaló que resulta vital transformar el sistema de planificación a partir de una transición a través de la cual el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos y le da mayor participación a las señales del mercado.

De este modo, las empresas estatales accederán de forma descentralizada a insumos, divisas, combustibles y otros recursos para su producción mediante mecanismos de mercado y se ampliarán los límites de aprobación de las inversiones.

En este contexto, se plantea una transformación digital como base de la gestión del gobierno. Las acciones incluyen crear un nodo tecnológico nacional de software y hardware e inteligencia artificial, con el fin de emplear esta última en la administración pública; aplicar un sistema de remuneración competitivo que tribute al impulso de la exportación de servicios profesionales en tecnologías digitales e inteligencia artificial; permitir la inversión extranjera en la ampliación de las capacidades de los centros de datos de Etecsa; además de autorizar al sector privado a brindar servicios de centros de datos que no alojen plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país.

Por su parte, habrá cambios en la autonomía en la gestión de los municipios, con mayores responsabilidades en la planificación del desarrollo económico, la gestión presupuestaria y la prestación de servicios; la posibilidad de exportar e importar directamente y de estimular y gestionar la Inversión Extranjera Directa (IED); la creación de fondos municipales a partir del aporte de las utilidades del sistema empresarial; el establecimiento del pago de la recogida de desechos sólidos urbanos, mediante la aplicación de tarifas diferenciadas sin subsidios y subsidiadas para los hogares; así como el reconocimiento de las asociaciones entre municipios para proyectos y servicios compartidos.

Paralelamente, si bien en la Asamblea Nacional del Poder Popular se ratificó que se mantiene la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, se introducen cambios en las formas de propiedad, al permitir la compra de acciones de empresas y propiedades estatales por parte de personas naturales y jurídicas estatales, no estatales, nacionales y extranjeras; así como reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales.

Al mismo tiempo, se amplían las posibilidades para las formas de gestión no estatal, con la autorización de la creación de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la plataforma de actores económicos, la reducción de trámites para la constitución y operación de negocios, el incremento del límite de contratación a más de 100 trabajadores en las MIPYMES, la autorización para que una persona natural pueda ser titular o poseer acciones de más de una empresa privada, y la ampliación de las formas societarias bajo las que pueden organizarse las empresas privadas.

De igual forma, se conceden derechos reales en usufructo y superficie a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios; se autorizan los depósitos de divisas en efectivo para actores no estatales y su acreditación en cuentas bancarias en la misma moneda depositada, además del derecho de extraerlo; y la reducción de la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.

¿Qué medidas se proponen para el funcionamiento de la economía?

En este ámbito se proponen acciones para modificar el funcionamiento del sistema bancario, cambiario, tributario y de seguros, la política de precios, la IED y el comercio exterior.

Como resultado, se estipula la participación del capital privado en actividades bancarias y financieras; el establecimiento de instituciones financieras privadas y de microcrédito; la eliminación de restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales; la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales sin autorización administrativa previa; la creación de entidades financieras exclusivas y especializadas en activos virtuales; la aceleración del procedimiento de automatización de los bancos y la reducción de los trámites; la conclusión del proceso de eliminación de los límites en las transferencias bancarias y en la extracción por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Asimismo, se plantea incorporar actores no estatales al mercado de divisas y el otorgamiento de licencia de operaciones a casas de cambio privadas, crear un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados, implementar un sistema de subasta de divisas, y realizar devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipos de cambio.

En cuanto al sistema tributario, se espera mejorar la imposición al consumo mediante la implementación gradual del impuesto sobre el valor agregado (IVA), con impositivos reducidos a productos de la canasta de bienes y servicios; establecer la factura electrónica fiscal con incentivos que promuevan su asimilación por parte de los contribuyentes; aplicar una bonificación al impuesto sobre las ventas y servicios en operaciones bancarizadas; reducir la carga fiscal del sector empresarial por concepto del impuesto sobre utilidades, con el objetivo de incrementar sus capacidades de crecimiento e inversión; y aplicar un tipo impositivo reducido de impuesto sobre utilidades para el sector agropecuario, con el fin de estimular la producción.

También, crear incentivos fiscales para los actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector social; actualizar el impuesto sobre ingresos personales de acuerdo con el actual escenario inflacionario, incrementar las cuantías fijas de los impuestos sobre el transporte terrestre, embarcaciones, documentos, impuestos ambientales y la tasa de radicación de anuncios comerciales; además de diseñar tarifas arancelarias e incentivos que favorezcan los procesos productivos nacionales y la importación de materias primas, materiales, tecnologías y equipamiento para el uso de fuentes renovables de energía.

En el caso de los seguros, se prevé implementar nuevas modalidades de cobertura, con un seguro de vida de carácter complementario a las protecciones de la Seguridad Social, el cual podría usarse después de la jubilación del asegurado; expandir la comercialización de pólizas de seguro en divisas y regular con carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil.

Con respecto a los precios, se considera descentralizar la aprobación de precios y tarifas a las empresas y administraciones territoriales y locales y eliminar la formación de precios por el método de gastos. En su lugar, se empleará el precio de referencia del mercado o por correlación, según su posición en la cadena de valor.

Por su parte, las transformaciones en el sector de la IED incluyen impulsar la participación de la inversión extranjera en empresas privadas; extender el límite de otorgamiento de derechos de superficie hasta 99 años y el derecho de usufructo por más de 50 años; permitir que los negocios con capital extranjero puedan abrir cuentas bancarias en el exterior y que los inmobiliarios puedan realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales; eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar a los trabajadores de empresas extranjeras; reducir la documentación, los plazos y descentralizar la aprobación de estas inversiones; así como autorizar este tipo de inversiones en zonas patrimoniales que hasta el momento no se encontraban permitidas.

En relación con el comercio exterior, se estipula autorizar la exportación e importación directa para empresas privadas y cooperativas y la venta de marcas y patentes en el mercado internacional por las instituciones científicas.

¿Qué sectores económicos se incluyen en las reformas?

Las propuestas incluyen medidas específicas para sectores estratégicos, como el energético, donde se permitirá la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles; la operación de la red de servicentros por diferentes actores económicos, incluidas las MIPYMES; la otorgación de incentivos financieros para las acciones que impulsen la transición energética y beneficios fiscales a las inversiones energéticas con impacto social, entre las que se encuentran aquellas realizadas en centros de servicios a la población, sociales o de cuidado.

En el sector agropecuario y de producción de alimentos se estipula ampliar el derecho de usufructo de tierras, eliminar restricciones para productores, autorizar a las cooperativas a importar y comercializar directamente los combustibles que requieren para operar, a gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables y a abrir cuentas bancarias en divisas en el exterior y en bancos cubanos.

Además, se decide que la contratación y la concertación de precios de las producciones agropecuarias serán acordadas entre el productor y el comprador, se creará un Sistema Nacional de Información de Precios de los mercados de los productos agropecuarios y se diseñarán incentivos para que todos los actores económicos comercialicen insumos agropecuarios en divisas y en pesos y que tengan acceso al mercado cambiario.

En cuanto al comercio, la gastronomía y los servicios, se recomienda priorizar las formas de gestión no estatal y las modalidades de inversión extranjera para el fomento, desarrollo y gestión de estas actividades; reordenar el comercio mayorista, con énfasis en la creación de mercados de abastos con acceso directo de personas naturales y jurídicas; crear cadenas de tiendas, restaurantes y redes de gastronomía de marcas reconocidas u otras que se extiendan por todo el país e invitar a franquicias extranjeras de alimentos ligeros a invertir en Cuba y expandir sus cadenas por el territorio nacional.

De igual forma, licitar parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento a empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas, pero con condiciones para su explotación; formalizar en las comunidades los vendedores de diversas modalidades y habilitar el carnet de vendedor ambulante con un régimen simplificado de impuestos; así como la creación de un sistema automatizado digital, auditable y público para la licitación de locales y activos a todos los actores económicos.

En el sector del transporte, se propone eliminar la restricción establecida para la adquisición de vehículos por los diferentes actores económicos y estimular la movilidad eléctrica fotovoltaica; así como permitir la importación directa con carácter comercial por personas jurídicas estatales o privadas para el ensamblaje y la comercialización de vehículos eléctricos de las clases de ciclomotor, motocicletas y triciclos.

Para el turismo, se recomienda agregar a las modalidades de negocios ya existentes los arrendamientos, el otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, la concesión de áreas en desarrollo en diferentes regiones del país, y la venta de inmuebles tanto para inversionistas extranjeros como para cubanos residentes en el exterior y residentes en el país; permitir la aplicación de todas las modalidades de negocios en los cayos y en otras zonas patrimoniales que requieran de inversión extranjera; y autorizar el desarrollo inmobiliario y la modalidad de empresas mixtas y arrendamiento en las marinas turísticas.

Asimismo, aprobar beneficios tributarios y fiscales para proyectos de ecoturismo y otras modalidades de turismo especializado; autorizar la renta de autos a empresas estatales, la inversión extranjera y las formas de gestión no estatal; y la constitución de agencias de viajes a empresas mixtas, a empresas ciento por ciento extranjeras y a formas de gestión no estatal.

¿Cuáles serán los cambios en los subsidios y la protección social?

Como parte de las medidas se establecen acciones para la protección social y otras destinadas a modificar el sistema actual. Entre estas se encuentran, digitalizar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma Soberanía para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad; respaldar los comedores del sistema de atención a las familias, hogares de alimentación comunitaria, de niños sin cuidado parental, de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales; así como establecer precios diferenciados, descuentos, o cupones solidarios para personas en situaciones de vulnerabilidad.

También, crear módulos básicos mensuales para personas y familias vulnerables, ofrecer empleo, capacitación y aprendizaje a estas personas, crear fondos de emergencia local con aportes privados, apoyar servicios funerarios para familias sin recursos, impulsar ferias y ventas populares en comunidades, diseñar tarifas diferenciadas para los servicios de círculos infantiles y beneficios fiscales a los talleres donde laboran personas en situaciones de discapacidad.

En cuanto a la pensiones, se decidió eliminar el límite establecido para el pago de la contribución social del sector no estatal, considerar un máximo de diez años como parte de los 30 años mínimos exigidos para el régimen contributivo, si las personas los han dedicado a cuidados familiares, y establecer un ingreso mensual por ayuda, equivalente a un salario mínimo, para los jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio o del empleo que se inscriban a un curso de preparación o capacitación para luego trabajar.

Asimismo, los trabajadores que, por decisión de la empresa, interrumpen su labor, recibirán una protección monetaria equivalente a entre un mínimo de tres y un máximo de seis veces su salario básico hasta que pueda resolver esa situación. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, se establece la protección equivalente a un mes de remuneración en caso de quedarse sin empleo.

Con respecto a los subsidios, se propone transitar de la canasta familiar normada a las ventas controladas sin subsidio en la red de comercio, con el fin de eliminar los subsidios a productos y transformarlos en subsidios a personas que lo requieran. Con este fin, se determina crear un fondo de protección social, como condición previa a estas transformaciones, a partir del “ahorro” que se genere por la eliminación de los subsidios.

¿Cómo se implementarán las medidas?

Las medidas no entrarán en vigor de manera simultánea, sino a través de un proceso gradual que requerirá modificaciones legales, regulatorias e institucionales. La propuesta contempla la elaboración de nuevas normas, la adecuación de marcos jurídicos existentes y la participación de distintos organismos en la puesta en práctica de los cambios. Según Marrero Cruz, la implementación tendrá en cuenta la mitigación de los impactos negativos y la adopción de acciones correctivas, así como un sistema de aprendizaje para los principales cuadros y ejecutivos.

La entrada Las nuevas medidas económicas y sociales anunciadas por Cuba, explicadas se publicó primero en Periodismo de Barrio.

En este episodio de El Descanso, Lien, Yadira y una invitada muy especial conversan acerca de cómo se comporta el fenómeno del bullying en la escuela cubana; si existen leyes o normativas para su enfrentamiento; y sobre cómo sus consecuencias recaen –también– sobre las personas cuidadoras. Acompáñanos en este necesario debate con el que, además, cerramos esta temporada especial de nuestro podcast.

La entrada El Descanso: Acoso escolar (Temporada Especial) se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Eran los años de la Batalla de Ideas y de una relativa meseta económica, en los que la vida continuaba atravesada por tensiones materiales y formas de racionamiento heredadas de la década anterior.

“Aquí tienen a un país prosperando, avanzando”, decía Fidel Castro en octubre de 2002 frente a trabajadores azucareros en Artemisa.

Pero durante 1.296 minutos repartidos en 48 capítulos, Doble Juego, bajo la dirección de Rudy Mora, mostraba otra cosa. Presentaba la forma en la que esos jóvenes vivían —o, mejor dicho, sobrevivían— a la realidad de un país que “prosperaba”. Ellos versus la marginalidad y la marginación. Ellos versus las olas migratorias del momento. Ellos versus familias —construidas y deconstruidas— que no sabían o no podían responder a las necesidades emocionales o materiales de sus hijos. Ellos versus un Estado que decía avanzar tan rápido que dejaba atrás a los suyos.

Con la estética trash de la época y las limitaciones de infraestructura del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Mora lanzó al universo un retrato no épico, casi neorrealista, de una juventud estigmatizada y constantemente cuestionada por ser promiscua, ruidosa o desobediente. Pero que, frente a la escasez de aquellos años, se vio obligada a crear redes para seguir creciendo en un país incapaz de sostenerla. Un país que, por el contrario, terminaba expulsándola por tierra o por mar.

El doble juego era entonces el de la Cuba institucional —presunta garante de derechos, en camino hacia algo más grande— y la otra Cuba, la cotidiana.

A que tanta historia me da igual,
me asusta tu forma de curar,
no voy a aguantar más la presión,
no voy a encerrarme en tu prisión.

Dicen que es una canción de amor.

La escasez de medicamentos es también uno de los focos del proyecto. Foto: Cortesía del proyecto La solidaridad nos salvará.

Raymar Aguado Hernández nació en La Habana en octubre del 2000, dos años antes del estreno de Doble Juego.

Probablemente no lo sabe —o, por lo menos, no se lo he dicho aún—, pero el video que él y un grupo de amigos publicaron en redes sociales el 5 de marzo de 2026 tiene ecos de una telenovela neorrealista. Una docena —y un poco más— de manos nacidas durante o poco después del Período Especial cortan verduras, desmenuzan alguna que otra proteína de origen animal, remueven ollas de arroz condimentado, sellan platos de telgopor, llenan bolsas y salen a recorrer las calles habaneras para repartir lo elaborado.

La colorimetría, intencional o no, es similar a la del ICRT de inicios de siglo: tonos amarillos y anaranjados. Planos hechos cámara en mano. Escenas cortas y rápidas. Ya no aparece un televisor Caribe acompañado por frases como “Ser cultos para ser libres”. Ahora la consigna es otra: “La solidaridad nos salvará”.

Tampoco suena Polito Ibáñez. La banda sonora es distinta.

“Por más terrible que parezca el presente, juntos construimos una parte del futuro”, escriben.

Quiero saber sus nombres, cuántas horas de electricidad tuvieron en las últimas 24, cuáles son sus sueños y aspiraciones, si sus familias siguen en la isla o si, como tantas otras, están fragmentadas. Se los ve alegres, en un país donde la alegría parece tan distante como el propio país. Quiero saber si están bien. Aquí no hay producción televisiva. Es lo que es.

Los días siguientes llegan más videos de un proyecto sin nombre, pero encabezado siempre por el mismo título: La solidaridad nos salvará.

—¿Cómo surge esta iniciativa y quiénes son las personas que la integran? —le pregunto a Raymar, quien ha sido el encargado de publicar cada uno de los materiales difundidos hasta el momento.

—El proyecto surge, básicamente, como una necesidad histórica en uno de los contextos más precarios y terribles de las últimas décadas, frente al nivel de desprotección que tiene hoy la mayoría popular en Cuba. Un grupo de personas con inquietudes políticas similares intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situaciones extremas de precariedad: adultos mayores, pensionados, madres solteras y familias en condiciones de empobrecimiento muy marcadas.

“Es, en cierta medida, la continuación de varias iniciativas independientes que han existido durante mucho tiempo y que, de una forma u otra, han tratado de articularse, aunque cada una haya tomado su propio cauce” —me responde.

—¿Cómo describen la labor que realizan?

—Es una ayuda que parte de un fragmento del pueblo (de la ciudadanía), en beneficio de otro fragmento del pueblo. Por eso no nos gusta hablar de asistencia social ni de otras categorías que no ilustran realmente lo que buscamos: tejer lazos e invitar a más personas a sumarse a labores similares.

“Para nosotros esto es fundamental porque sentimos que estos tiempos exigen formas de unidad, apoyo colectivo y comunitario que puedan traducirse también en algún tipo de renovación política para la isla, en un contexto tan extremo como el actual”, explica Raymar.

Ya no son solo ollas las que aparecen en primer plano, sino también medicamentos, jabones, pasta dental, esponjas para lavar y otros artículos de higiene. Foto: Cortesía del proyecto La solidaridad nos salvará.

En marzo se cumplió un mes de las nuevas sanciones de la administración de Donald Trump contra el sector energético cubano. El mismo mes en que Miguel Díaz-Canel, desde el Palacio de la Revolución, revivió los fantasmas de la Operación Cero y apeló a la “resistencia creativa” para enfrentar una nueva etapa.

Marzo fue también el mes en que se confirmó el inicio de un nuevo proceso de diálogo entre La Habana y Washington. El mes en que Óscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior, apareció en medios internacionales para reiterar que los cubanos emigrados eran ahora bienvenidos a invertir en la industria nacional. El mes en que arribaron las primeras embarcaciones del Convoy Nuestra América, cuya ayuda muchas personas de la sociedad civil aseguran no haber podido contabilizar aún.

Ya estamos en junio y las escenas de los videos introducidos por la frase “La solidaridad nos salvará” se han complejizado, del mismo modo en que se ha complejizado el día a día dentro de la isla. Ya no son solo ollas las que aparecen en primer plano, sino también medicamentos, jabones, pasta dental, esponjas para lavar, artículos de higiene y productos básicos. Diríamos que son objetos cotidianos, pero ¿qué es lo cotidiano en la Cuba de 2026?

“Apagones interminables, precios impagables, precariedad, desesperanza, escasez, insalubridad… Estas y muchas otras palabras describen la realidad de vida del pueblo cubano. Seguimos en nuestra labor”, escribe Raymar en un material publicado el mismo primero de junio.

—¿Cuáles son hoy las necesidades más urgentes que encuentran en las comunidades?

—El deterioro de la vida de los cubanos se venía profundizando desde antes de 2020, un año marcado por la pandemia. Pero aún así, existían ciertas garantías en términos de calidad de vida que hoy ya no están. El 2026 es, probablemente, el peor año de las últimas décadas. Prácticamente todos los sectores de la realidad cubana se encuentran en un estado de colapso.

“La pensión media de los jubilados en Cuba oscila entre los tres y los ocho dólares mensuales, según la tasa cambiaria oficial. Mientras tanto, la canasta básica, según diversas investigaciones, supera los cien dólares. Los números lo dicen todo”, explica.

“Nos enfrentamos a una estructura completamente disfuncional: un país envejecido, cuya densidad poblacional va en descenso y que mantiene un altísimo índice de juventudes emigradas. Una hecatombe social donde las necesidades urgentes son muchas: alimentos, ropa, artículos de aseo y medicamentos. Por eso trabajamos con personas mayores que viven solas, pensionados, madres solteras y familias en condiciones de empobrecimiento muy graves. Personas que tienen limitaciones para sostenerse económicamente por sí mismas. Y en ese trabajo hay historias que nos han marcado profundamente.

“Está el caso de un hombre diabético, hipertenso, amputado de una pierna y ciego, que vive solo. Durante más de un año no pudo conseguir pentoxifilina, un medicamento fundamental para evitar nuevas complicaciones vasculares. También el de una pareja de adultos mayores en la que uno de sus integrantes se encuentra postrado debido al cáncer, mientras que su esposa, responsable de cuidarlo, padece Alzheimer. Ambos necesitan atención permanente. Gracias a la solidaridad barrial y a la ayuda del proyecto han podido sobrellevar, al menos en parte, la situación. Aunque eso no significa que deje de ser difícil”, cuenta.

—¿Cómo es hoy el trabajo del día a día del proyecto y cuáles son los principales desafíos para sostenerlo?

––Nos hemos concentrado en realizar diagnósticos barriales para identificar núcleos familiares con necesidades muy marcadas. A partir de esos diagnósticos distribuimos módulos de aseo, algunos insumos alimentarios y otros recursos que permitan generar un impacto más sostenido en la vida cotidiana de quienes apoyamos.

“También nos hemos enfocado mucho en el acceso a medicamentos. Hoy faltan numerosos medicamentos esenciales, especialmente aquellos que las personas necesitan consumir diariamente, como la aspirina o la pentoxifilina. Las cocinas populares continúan, pero han sido reconceptualizadas. Ahora buscamos tener una incidencia más constante y específica sobre distintas personas y familias”, dice.

Raymar habla de crisis catalizadoras, capaces de impulsar nuevas formas de organización colectiva. Algo de lo que ha sido testigo en este proyecto sin nombre, conformado por amigas y amigos, y que también ha observado en otros espacios similares nacidos desde la propia barrialidad.

“La principal enseñanza que nos ha dejado el proyecto —y que forma parte de nuestro eslogan— es que la solidaridad nos salvará. Solo generando redes de apoyo que partan del pueblo y respondan a las necesidades del pueblo podemos construir espacios democráticos y horizontales en medio de la hecatombe que vivimos actualmente. Por eso hemos decidido documentar los procesos. Los videos tienen varios objetivos. Uno de ellos es mostrar a quienes realizan donaciones que la ayuda efectivamente llega a las familias que la necesitan. Pero también buscamos que esos materiales funcionen como una invitación.

“Queremos que otros colectivos, vecinos y ciudadanos que tengan la posibilidad, el tiempo o la disposición de hacerlo puedan replicar experiencias similares. El momento histórico que vive Cuba exige precisamente eso: más iniciativas solidarias, más organización comunitaria y más compromiso social”.

A partir de diagnósticos barriales, el proyecto conforma las ayudas y las distribuye. Foto: Cortesía del proyecto La solidaridad nos salvará.

En 2002, cuando Doble Juego formaba parte de la conversación nacional, las señoras en los portales, vestidas con sus ropas de tarde, hablaban de valores perdidos. De una juventud sin rumbo. Molestaban los primeros perreos —ya intensos— al ritmo de Eddy K y el dembow cubano de Candyman; también aquellas modas iracundas que años después serían reconocidas como parte de la estética Y2K.

Un cuarto de siglo más tarde, la promesa del “país próspero” del que hablaba Fidel Castro quedó en eso: una promesa. Y el oficialismo aún nos habla de una juventud confundida.

La juventud confundida que se plantó frente al Ministerio de Cultura en noviembre de 2020, tras la represión al Movimiento San Isidro. La juventud confundida que protagonizó la huelga nacional universitaria de 2025, tras el tarifazo de ETECSA. La misma que este año se sentó a los pies de la escalinata de la Universidad de La Habana para exigir respuestas y soluciones a un sistema educativo paralizado.

La juventud cubana retratada por Rudy Mora y la de ahora, que protagoniza los videos de La solidaridad nos salvará, lleva más de veinte años obligada a inventar sus propias formas de subsistencia. Se sostiene a sí misma y sostiene a quienes quedaron atrás. Repara los vacíos de un sistema que nunca terminó de cuidarla, que prefirió dejarla marcharse antes que construir un camino para su futuro.

“No quiero que me salve nadie”, declama Raymar, citando versos de Raúl Rivero, mientras introduce en bolsas de plástico productos que irán a parar a una casa ajena. “La gasa, la tensa gasa, solo redime las quemaduras a flor de piel, de modo que nada puede hacer cuando el ardor va en la memoria y la llaga no es un punto en el cuerpo, sino un país donde se ha prohibido la armonía”.

La juventud cubana no está perdida; los perdidos son otros.

La entrada La solidaridad nos salvará: la propuesta de una juventud «confundida» se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Por suerte —más bien gracias a quienes los hacen posible—, existen en Cuba proyectos y personas que apuestan por ofrecer espacios donde aún sea posible soñar, divertirse y aprender. En este episodio de El Descanso, Lien y Yadira conversan, entre otras cosas, sobre dos de ellos.

(Este podcast fue grabado en 2023; aunque es probable que estas iniciativas hayan desaparecido o modificado sus modos de hacer, su aporte no deja de ser valioso y por ello lo compartimos).

La entrada El Descanso: ¿Dónde jugarán los niños? (Temporada Especial) se publicó primero en Periodismo de Barrio.

En este episodio de El Descanso, analizamos las dinámicas de los cuidados transnacionales y la crianza a distancia, un fenómeno que atraviesa la realidad de la diáspora y de quienes permanecen en la Isla. A través del análisis y las historias de sus protagonistas, exploramos el impacto de la separación en el tejido familiar y social, y abordamos temas como la feminización y el peso moral del cuidado, la reconfiguración de los roles familiares, y los desafíos legales y burocráticos del fenómeno.

Nota editorial: Este episodio fue grabado en 2023. Al rescatarlo de nuestro archivo, hemos decidido publicarlo íntegramente, pues los testimonios y reflexiones aquí compartidos mantienen una vigencia dolorosa y necesaria para entender la realidad que hoy, tres años después, sigue atravesando nuestra comunidad.

La entrada El Descanso: Cuidados a distancia (Temporada especial) se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Creamos una comunidad maravillosa de personas interesadas en escuchar otras voces cansadas y en compartir la propia. Un espacio seguro que sirvió para nombrar el agotamiento y, por tanto, cuestionarlo. Conseguimos que, más allá de un podcast, El Descanso fuera un diálogo colectivo donde quejarse dejó de ser vergonzoso para convertirse en una forma de resistencia. Hoy tenemos la certeza de que, al menos por unos meses, hicimos algo valioso entre todas.

Una vez finalizada la primera temporada, anunciamos una segunda y nos pusimos a trabajar. La idea inicial era grabar, al menos, ocho episodios que recogieran —otra vez— historias atravesadas por la misma pregunta: ¿quiénes cuidan en Cuba cuando las instituciones fallan, cuando las familias se fracturan y cuando el agotamiento se convierte en una condición permanente?

Pero entre aquella primera temporada y hoy pasaron demasiadas cosas.

La Seguridad del Estado intensificó el acoso contra periodistas y colaboradores, y parte del equipo de Periodismo de Barrio tuvo que salir del país. Al cansancio y la precariedad se le sumaron la inseguridad y la necesidad urgente de proteger nuestras propias vidas.

Entonces, irónicamente, decidimos poner El Descanso en una pausa que sentimos, en aquel momento, como un cierre definitivo. No porque hubiera dejado de importarnos, al contrario. El podcast y su comunidad siguieron siendo un espacio de orgullo y acompañamiento para muchas de nosotras. Pero pausarlo significó también reconocer algo que el propio proyecto nos había enseñado: quienes cuidan también se cansan. Y quienes sostienen comunidades, proyectos y medios independientes también merecen ser cuidados.

Antes de detenernos, logramos terminar tres episodios que quedaron guardados en alguna carpeta segura. Quizás porque manteníamos la esperanza de volver para completar la temporada en una Cuba más amable. Pero eso no sucedió.

Y, en medio de todo eso, Yadira Álvarez, creadora y conductora del podcast, enfermó.

Yadi estuvo detrás de El Descanso desde el inicio. Fue ella quien nos dio el sí para llevar a cabo el proyecto. Sin ella no habría sido posible sostenerlo. Necesitábamos las preguntas que pensaba, su manera inigualable de acompañar procesos y, sobre todo, su forma de hablar de cuidados sin romantizarlos.

En enero de 2026, Yadi murió.

Y ahora, cinco meses después, hemos decidido volver a estos episodios.

Quizás porque los cuidados también sean eso: insistir y negarnos a perder aquello que alguna vez nos ayudó a sentirnos acompañados. Porque estas historias siguen hablando del país que somos hoy. Porque las familias separadas por la migración continúan intentando cuidarse a distancia. Porque el acoso escolar sigue marcando vidas. Porque los proyectos comunitarios continúan llenando vacíos que deberían estar cubiertos o protegidos por las instituciones. Porque el cansancio no desapareció. Porque seguimos necesitando hablar de cuidados.

Volver a El Descanso es, entonces, una manera de acompañar la memoria de Yadi y de negarnos a que su trabajo —y su forma de mirar a los otros— quede suspendido en una carpeta olvidada. Es reconocer que, entre que fueron grabados y hoy, Cuba cambió mucho. Y, al mismo tiempo, muy poco.

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