Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el alcance de los cambios que se implementarían en el país.

¿Cómo cambiaría la intervención del Estado en la economía cubana?

Las nuevas medidas incluyen una descentralización de las decisiones económicas en favor de mayor autonomía para las empresas estatales y el sector presupuestado. Así, se amplían las facultades del sistema empresarial estatal para que opere en condiciones similares al resto de los actores económicos; se les autoriza la aprobación de los precios mayoristas y minoristas; y se faculta a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y a las empresas para decidir sobre la creación, fusión y liquidación de empresas y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) estatales, sin depender de la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación.

Además, las entidades que participan en las cadenas de suministros tendrán acceso al mercado cambiario; las escalas salariales podrán ser negociadas con los trabajadores y el sindicato, en función de las capacidades económicas y financieras de las empresas; se permitirá que realicen inversiones y moneticen activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía y la inversión extranjera, así como transformarlas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones y que puedan comprar acciones a otras empresas.

De igual forma, se plantea reducir la cantidad de ministerios y estructuras presupuestadas del Estado, eliminar la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo en algunos sectores, implementar incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada, facultar a los empleadores para aprobar jornadas laborales reducidas, permitir el teletrabajo desde el exterior e incluir la superación en el extranjero por interés personal como causa justificada de la suspensión del cumplimiento del servicio social, con la conformidad del empleador.

También, realizar una reforma salarial en el sector, con un incremento del salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos cubanos (CUP) y la actualización en las demás escalas salariales a partir de julio, y evaluar la posibilidad de poner en práctica un incremento anual, en función de la inflación y las posibilidades del país.

¿Cuáles son los principales cambios en el sistema de planificación económica?

Marrero Cruz señaló que resulta vital transformar el sistema de planificación a partir de una transición a través de la cual el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos y le da mayor participación a las señales del mercado.

De este modo, las empresas estatales accederán de forma descentralizada a insumos, divisas, combustibles y otros recursos para su producción mediante mecanismos de mercado y se ampliarán los límites de aprobación de las inversiones.

En este contexto, se plantea una transformación digital como base de la gestión del gobierno. Las acciones incluyen crear un nodo tecnológico nacional de software y hardware e inteligencia artificial, con el fin de emplear esta última en la administración pública; aplicar un sistema de remuneración competitivo que tribute al impulso de la exportación de servicios profesionales en tecnologías digitales e inteligencia artificial; permitir la inversión extranjera en la ampliación de las capacidades de los centros de datos de Etecsa; además de autorizar al sector privado a brindar servicios de centros de datos que no alojen plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país.

Por su parte, habrá cambios en la autonomía en la gestión de los municipios, con mayores responsabilidades en la planificación del desarrollo económico, la gestión presupuestaria y la prestación de servicios; la posibilidad de exportar e importar directamente y de estimular y gestionar la Inversión Extranjera Directa (IED); la creación de fondos municipales a partir del aporte de las utilidades del sistema empresarial; el establecimiento del pago de la recogida de desechos sólidos urbanos, mediante la aplicación de tarifas diferenciadas sin subsidios y subsidiadas para los hogares; así como el reconocimiento de las asociaciones entre municipios para proyectos y servicios compartidos.

Paralelamente, si bien en la Asamblea Nacional del Poder Popular se ratificó que se mantiene la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, se introducen cambios en las formas de propiedad, al permitir la compra de acciones de empresas y propiedades estatales por parte de personas naturales y jurídicas estatales, no estatales, nacionales y extranjeras; así como reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales.

Al mismo tiempo, se amplían las posibilidades para las formas de gestión no estatal, con la autorización de la creación de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la plataforma de actores económicos, la reducción de trámites para la constitución y operación de negocios, el incremento del límite de contratación a más de 100 trabajadores en las MIPYMES, la autorización para que una persona natural pueda ser titular o poseer acciones de más de una empresa privada, y la ampliación de las formas societarias bajo las que pueden organizarse las empresas privadas.

De igual forma, se conceden derechos reales en usufructo y superficie a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios; se autorizan los depósitos de divisas en efectivo para actores no estatales y su acreditación en cuentas bancarias en la misma moneda depositada, además del derecho de extraerlo; y la reducción de la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.

¿Qué medidas se proponen para el funcionamiento de la economía?

En este ámbito se proponen acciones para modificar el funcionamiento del sistema bancario, cambiario, tributario y de seguros, la política de precios, la IED y el comercio exterior.

Como resultado, se estipula la participación del capital privado en actividades bancarias y financieras; el establecimiento de instituciones financieras privadas y de microcrédito; la eliminación de restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales; la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales sin autorización administrativa previa; la creación de entidades financieras exclusivas y especializadas en activos virtuales; la aceleración del procedimiento de automatización de los bancos y la reducción de los trámites; la conclusión del proceso de eliminación de los límites en las transferencias bancarias y en la extracción por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Asimismo, se plantea incorporar actores no estatales al mercado de divisas y el otorgamiento de licencia de operaciones a casas de cambio privadas, crear un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados, implementar un sistema de subasta de divisas, y realizar devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipos de cambio.

En cuanto al sistema tributario, se espera mejorar la imposición al consumo mediante la implementación gradual del impuesto sobre el valor agregado (IVA), con impositivos reducidos a productos de la canasta de bienes y servicios; establecer la factura electrónica fiscal con incentivos que promuevan su asimilación por parte de los contribuyentes; aplicar una bonificación al impuesto sobre las ventas y servicios en operaciones bancarizadas; reducir la carga fiscal del sector empresarial por concepto del impuesto sobre utilidades, con el objetivo de incrementar sus capacidades de crecimiento e inversión; y aplicar un tipo impositivo reducido de impuesto sobre utilidades para el sector agropecuario, con el fin de estimular la producción.

También, crear incentivos fiscales para los actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector social; actualizar el impuesto sobre ingresos personales de acuerdo con el actual escenario inflacionario, incrementar las cuantías fijas de los impuestos sobre el transporte terrestre, embarcaciones, documentos, impuestos ambientales y la tasa de radicación de anuncios comerciales; además de diseñar tarifas arancelarias e incentivos que favorezcan los procesos productivos nacionales y la importación de materias primas, materiales, tecnologías y equipamiento para el uso de fuentes renovables de energía.

En el caso de los seguros, se prevé implementar nuevas modalidades de cobertura, con un seguro de vida de carácter complementario a las protecciones de la Seguridad Social, el cual podría usarse después de la jubilación del asegurado; expandir la comercialización de pólizas de seguro en divisas y regular con carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil.

Con respecto a los precios, se considera descentralizar la aprobación de precios y tarifas a las empresas y administraciones territoriales y locales y eliminar la formación de precios por el método de gastos. En su lugar, se empleará el precio de referencia del mercado o por correlación, según su posición en la cadena de valor.

Por su parte, las transformaciones en el sector de la IED incluyen impulsar la participación de la inversión extranjera en empresas privadas; extender el límite de otorgamiento de derechos de superficie hasta 99 años y el derecho de usufructo por más de 50 años; permitir que los negocios con capital extranjero puedan abrir cuentas bancarias en el exterior y que los inmobiliarios puedan realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales; eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar a los trabajadores de empresas extranjeras; reducir la documentación, los plazos y descentralizar la aprobación de estas inversiones; así como autorizar este tipo de inversiones en zonas patrimoniales que hasta el momento no se encontraban permitidas.

En relación con el comercio exterior, se estipula autorizar la exportación e importación directa para empresas privadas y cooperativas y la venta de marcas y patentes en el mercado internacional por las instituciones científicas.

¿Qué sectores económicos se incluyen en las reformas?

Las propuestas incluyen medidas específicas para sectores estratégicos, como el energético, donde se permitirá la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles; la operación de la red de servicentros por diferentes actores económicos, incluidas las MIPYMES; la otorgación de incentivos financieros para las acciones que impulsen la transición energética y beneficios fiscales a las inversiones energéticas con impacto social, entre las que se encuentran aquellas realizadas en centros de servicios a la población, sociales o de cuidado.

En el sector agropecuario y de producción de alimentos se estipula ampliar el derecho de usufructo de tierras, eliminar restricciones para productores, autorizar a las cooperativas a importar y comercializar directamente los combustibles que requieren para operar, a gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables y a abrir cuentas bancarias en divisas en el exterior y en bancos cubanos.

Además, se decide que la contratación y la concertación de precios de las producciones agropecuarias serán acordadas entre el productor y el comprador, se creará un Sistema Nacional de Información de Precios de los mercados de los productos agropecuarios y se diseñarán incentivos para que todos los actores económicos comercialicen insumos agropecuarios en divisas y en pesos y que tengan acceso al mercado cambiario.

En cuanto al comercio, la gastronomía y los servicios, se recomienda priorizar las formas de gestión no estatal y las modalidades de inversión extranjera para el fomento, desarrollo y gestión de estas actividades; reordenar el comercio mayorista, con énfasis en la creación de mercados de abastos con acceso directo de personas naturales y jurídicas; crear cadenas de tiendas, restaurantes y redes de gastronomía de marcas reconocidas u otras que se extiendan por todo el país e invitar a franquicias extranjeras de alimentos ligeros a invertir en Cuba y expandir sus cadenas por el territorio nacional.

De igual forma, licitar parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento a empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas, pero con condiciones para su explotación; formalizar en las comunidades los vendedores de diversas modalidades y habilitar el carnet de vendedor ambulante con un régimen simplificado de impuestos; así como la creación de un sistema automatizado digital, auditable y público para la licitación de locales y activos a todos los actores económicos.

En el sector del transporte, se propone eliminar la restricción establecida para la adquisición de vehículos por los diferentes actores económicos y estimular la movilidad eléctrica fotovoltaica; así como permitir la importación directa con carácter comercial por personas jurídicas estatales o privadas para el ensamblaje y la comercialización de vehículos eléctricos de las clases de ciclomotor, motocicletas y triciclos.

Para el turismo, se recomienda agregar a las modalidades de negocios ya existentes los arrendamientos, el otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, la concesión de áreas en desarrollo en diferentes regiones del país, y la venta de inmuebles tanto para inversionistas extranjeros como para cubanos residentes en el exterior y residentes en el país; permitir la aplicación de todas las modalidades de negocios en los cayos y en otras zonas patrimoniales que requieran de inversión extranjera; y autorizar el desarrollo inmobiliario y la modalidad de empresas mixtas y arrendamiento en las marinas turísticas.

Asimismo, aprobar beneficios tributarios y fiscales para proyectos de ecoturismo y otras modalidades de turismo especializado; autorizar la renta de autos a empresas estatales, la inversión extranjera y las formas de gestión no estatal; y la constitución de agencias de viajes a empresas mixtas, a empresas ciento por ciento extranjeras y a formas de gestión no estatal.

¿Cuáles serán los cambios en los subsidios y la protección social?

Como parte de las medidas se establecen acciones para la protección social y otras destinadas a modificar el sistema actual. Entre estas se encuentran, digitalizar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma Soberanía para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad; respaldar los comedores del sistema de atención a las familias, hogares de alimentación comunitaria, de niños sin cuidado parental, de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales; así como establecer precios diferenciados, descuentos, o cupones solidarios para personas en situaciones de vulnerabilidad.

También, crear módulos básicos mensuales para personas y familias vulnerables, ofrecer empleo, capacitación y aprendizaje a estas personas, crear fondos de emergencia local con aportes privados, apoyar servicios funerarios para familias sin recursos, impulsar ferias y ventas populares en comunidades, diseñar tarifas diferenciadas para los servicios de círculos infantiles y beneficios fiscales a los talleres donde laboran personas en situaciones de discapacidad.

En cuanto a la pensiones, se decidió eliminar el límite establecido para el pago de la contribución social del sector no estatal, considerar un máximo de diez años como parte de los 30 años mínimos exigidos para el régimen contributivo, si las personas los han dedicado a cuidados familiares, y establecer un ingreso mensual por ayuda, equivalente a un salario mínimo, para los jóvenes de entre 18 y 30 años desvinculados del estudio o del empleo que se inscriban a un curso de preparación o capacitación para luego trabajar.

Asimismo, los trabajadores que, por decisión de la empresa, interrumpen su labor, recibirán una protección monetaria equivalente a entre un mínimo de tres y un máximo de seis veces su salario básico hasta que pueda resolver esa situación. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, se establece la protección equivalente a un mes de remuneración en caso de quedarse sin empleo.

Con respecto a los subsidios, se propone transitar de la canasta familiar normada a las ventas controladas sin subsidio en la red de comercio, con el fin de eliminar los subsidios a productos y transformarlos en subsidios a personas que lo requieran. Con este fin, se determina crear un fondo de protección social, como condición previa a estas transformaciones, a partir del “ahorro” que se genere por la eliminación de los subsidios.

¿Cómo se implementarán las medidas?

Las medidas no entrarán en vigor de manera simultánea, sino a través de un proceso gradual que requerirá modificaciones legales, regulatorias e institucionales. La propuesta contempla la elaboración de nuevas normas, la adecuación de marcos jurídicos existentes y la participación de distintos organismos en la puesta en práctica de los cambios. Según Marrero Cruz, la implementación tendrá en cuenta la mitigación de los impactos negativos y la adopción de acciones correctivas, así como un sistema de aprendizaje para los principales cuadros y ejecutivos.

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Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para entender el desempeño de la economía cubana en 2025 y las proyecciones para 2026.

¿Cómo cerró la economía cubana el 2025?

Durante las sesiones del Sexto Período de la Décima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de 2025, el primer ministro Manuel Marrero Cruz explicaba que el Programa de Gobierno para el año se ejecutó bajo condiciones adversas, derivadas del acceso restringido a divisas, la inestabilidad e interrupciones en el sistema electroenergético nacional (SEN), presiones inflacionarias generadas por una combinación de factores externos e internos, además de dificultades para organizar los recursos necesarios destinados a la población, a la recuperación de la economía y al mantenimiento de la infraestructura crítica del país.

En este contexto, la CEPAL estimaba que la cuenta corriente de la Isla se mantendría con un saldo negativo, al igual que en 2024, como consecuencia del bajo nivel de exportaciones, la disminución del turismo internacional y el menor dinamismo de las remesas.

De igual forma, el organismo proyectaba una reducción real del gasto total de 2%, la cual puede explicarse por la contracción de 5,5% en el gasto total, debido al recorte de subvenciones por pérdidas empresariales, la menor cantidad de ayuda a las organizaciones y el control estricto en los gastos administrativos. Por el contrario, el gasto de capital creció en 16,3%, aunque a un ritmo menor que en 2024, y estuvo concentrado en inversiones estratégicas, como la energía renovable y las viviendas.

Así, la demanda de financiamiento para 2025 ascendería a 129.374 millones de pesos cubanos (CUP), los cuales se destinarían a cubrir el déficit fiscal y la amortización de bonos soberanos.

Paralelamente, se proyecta una reducción real de 1,9% en los ingresos públicos, en contraste con el crecimiento de 32,1% registrado en 2024. Si bien se espera un incremento de los ingresos tributarios en 4,6%, estos no compensarían la contracción de 16% en la recaudación no tributaria, a pesar de las adecuaciones implementadas durante el año, como el impuesto especial a las telecomunicaciones y la eliminación de algunas exenciones.

El sistema financiero también reflejó señales de contracción, con una disminución de 20,9% en los créditos bancarios para el cierre de junio de 2025, causada principalmente por la reducción de los créditos destinados a personas jurídicas. No obstante, los créditos para personas naturales crecieron en 29,4% con respecto a 2024.

En el ámbito laboral, la tasa de desempleo se mantendría en torno al 1,7% y el salario medio en el sector público aumentó de 5.817 CUP en diciembre de 2024 a 6.600 CUP en agosto de 2025.

En cuanto al sector externo, las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron los 5.993 millones de dólares estadounidenses (USD) entre enero y julio, lo cual representa un incremento del 8% en comparación con el mismo período del año anterior. De estas, el 76,6% corresponde a los servicios. Por su parte, las importaciones ascendieron a 5.442 millones de USD, lo cual supone un incremento interanual del 4,5% derivado de la adquisición de combustible, maquinaria, aparatos, productos de aseo personal y limpieza, así como materias primas e insumos para la elaboración de alimentos destinados al consumo humano.

Con respecto a la inflación, esta mostró una desaceleración durante el año con una tasa interanual del 14,95% en noviembre de 2025, en comparación con el 27% del mismo mes en 2024.

Al mismo tiempo, los sectores de agricultura y energía presentaron “dificultades”, explicó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante las sesiones. Si bien el primero habría experimentado una recuperación parcial, los niveles alcanzados aún resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la población, y la producción de azúcar crudo solo logró cumplir el 42,5% del plan, con otras metas incumplidas relativas a los derivados. Además, continúan los problemas de atraso en el pago a los productores, con saldos no cubiertos de aproximadamente 1.192 millones de CUP.

En el sector energético, según se dijo en la Asamblea, se han realizado inversiones por 1.150 millones de USD que han permitido recuperar 422 MW en generación distribuida y 228 MW en generación centralizada. También, se han sincronizado 778 MW con la instalación de 41 parques fotovoltaicos; sin embargo, los déficits diarios promedio de entre 1.500 y 1.700 MW afectan de forma significativa la capacidad del sistema electroenérgetico de cubrir la demanda y colocan al país en una situación crítica.

¿Qué cambios se esperan en la economía del país para 2026?

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, planteaba que las proyecciones para la Isla en 2026 parten del reconocimiento de las dificultades internas y externas que presenta la economía cubana.

A pesar de que en ese momento aún no había ocurrido la captura de Nicolás Maduro, ni la emisión de la Orden Ejecutiva de Donald Trump para limitar el suministro de combustible a la Isla, el ministro admitía la existencia de un escenario complejo que dificultaría la implementación de acciones para la recuperación económica.

Dentro de las prioridades para 2026, se establecían la estabilización macroeconómica; el incremento de los ingresos externos en divisas; el aumento de la producción nacional, especialmente de alimentos y artículos que permitan la sustitución de importaciones; la transformación de la empresa estatal con la participación de los demás actores económicos; la descentralización de competencias hacia los territorios con el fin de conferirles una mayor autonomía; el desarrollo de las políticas sociales encaminadas a reducir desigualdades y atender situaciones de vulnerabilidad; así como la recuperación gradual de las capacidades del SEN y acelerar la transición hacia fuentes renovables de energía.

De este modo, se prevé un crecimiento del PIB a precios constantes de 1%, basado en las proyecciones de recuperación del turismo y las exportaciones, la reanimación de actividades productivas y de servicios y el funcionamiento de esquemas de autofinanciamiento aprobados. Sin embargo, la CEPAL estima que el crecimiento será de solo 0,1%, pues señala que para dinamizar la economía cubana se requiere abordar distorsiones estructurales y corregir problemas como la escasez de insumos importados y financiamiento, la inflación, y la devaluación del peso cubano en el mercado informal.

En este sentido, en la Asamblea se planteó el inicio de un proceso de transformación del mercado cambiario, donde se establecen dos tasas fijas de 24 CUP por un USD y 120 CUP por un USD y un tercer tipo de cambio con una tasa flotante publicada diariamente por el Banco Central de Cuba. Esta última luego de una campaña oficialista de descrédito contra la tasa informal publicada a diario por el medio El Toque, a la cual se parece bastante.

De igual forma, se espera que las exportaciones alcancen los 9.969 millones de USD, de los cuales 2.530 millones provendrían de ventas al exterior de bienes y 7.438 millones de servicios. No obstante, el ministro Alonso Vázquez recalcó la necesidad de diversificar la oferta de exportaciones e incrementar el valor de los rubros actuales. Con respecto a las importaciones, el énfasis se encuentra en los combustibles y alimentos.

En el caso del sector energético, se plantea un consumo de combustible de 7.547.000 toneladas equivalentes, lo cual representa 1.253.000 toneladas más que lo estimado para 2025. La generación eléctrica total sería de 18.606 GWh. De ello, 2.461 GWh provendrían de fuentes renovables de energía, que alcanzarían una participación de 13% en la matriz energética nacional.

Por su parte, en el turismo se planificaba la recepción de 2.200.000 visitantes, un incremento de 15,8% con respecto a la estimación de 2025, lo cual contribuiría a la obtención de divisas por el país. Sin embargo, el escenario actual de tensiones con Estados Unidos, el recrudecimiento de sanciones y la cada vez peor crisis electroenergética ya tienen impacto directo en las comunidades turísticas de la isla.

En cuanto a la agricultura, se proyectaron incrementos en las principales producciones agropecuarias, entre las que se encontraban arroz, frijoles, maíz, leche fluida, huevos, carne de cerdo, viandas y hortaliza. Pero al igual que en 2025, incluso de ser tal, el crecimiento resultará insuficiente para cubrir la demanda de la economía y la población, por lo que deberá compensarse mediante importaciones.

A su vez, el sector azucarero proyecta una producción de 229.500 toneladas de azúcar crudo y 15.000 toneladas de azúcar refino. De estas, 30.000 toneladas se encuentran destinadas a la exportación.

¿Qué inversiones se encuentran planificadas para 2026?

El plan de inversiones proyecta un presupuesto total de 173.662 millones de  CUP, de los cuales 57.922 millones procederán del presupuesto del Estado.

La mayor parte se concentra en sectores priorizados de la economía, dentro de los que se encuentran la producción de alimentos, la modernización y terminación de las fábricas de cemento de Moncada y Nuevitas, el soporte al SEN y las plantas térmicas, la creación de nuevas capacidades y fuentes renovables de energía, así como el desarrollo turístico y la terminación de instalaciones hoteleras. Además, se prevén inversiones en biotecnología; salud pública; la producción de biofertilizantes, fertilizantes y otros productos para la alimentación; o la construcción de 3.790 viviendas y la conclusión de 5.370 actualmente en proceso.

Paralelamente, el 16 de marzo el gobierno anunció nuevas medidas con el objetivo de ampliar las fuentes de financiamiento, mediante una mayor participación de los cubanos residentes en el exterior en las actividades económicas dentro de la isla.

Las acciones incluyen la posibilidad de integrarse a empresas privadas en el país como socios o propietarios; establecer alianzas con entidades cubanas estatales y privadas; la entrega de tierras en usufructo para el desarrollo de proyectos productivos; la creación de fondos con destino a proyectos de cooperación internacional con alcance local o nacional, así como el acceso al sistema financiero-bancario, a través de la apertura de cuentas en divisas, la inversión en fondos administrados por una institución financiera y la obtención de licencias como proveedores de servicios de activos virtuales.

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Mediante la OCDE se articulan programas de cooperación que benefician a países de ingresos bajos y medios, entre ellos Cuba. Su Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) cuenta con 38 miembros —que incluyen a países como Estados Unidos o España— y trabaja de manera conjunta con naciones de gran peso en la política internacional como China, Brasil o India, además de mantener estrechas alianzas con organismos de las Naciones Unidas y otras plataformas internacionales.

A pesar de que los registros de la OCDE no cubren la totalidad  de la asistencia al desarrollo que Cuba puede estar recibiendo, esta base de datos ofrece una mirada amplia al incluir países, actores clave y registros pormenorizados, pues los países miembros del CAD están obligados a informar a la organización sobre los proyectos de cooperación que desarrollan. De igual forma, la base de datos incluye información voluntaria brindada por organismos multilaterales e internacionales, así como por fondos privados y países no miembros del CAD.

En sus reportes, los donantes comparten, entre otros, datos sobre montos, objeto, ejecutores en el país donante y área geográfica beneficiada, recogidos de manera desagregada en su Sistema de Informes de Acreedores (Creditor Reporting System).

Cuba en los registros de la OCDE

La OCDE clasifica a Cuba dentro de los países con ingresos medios-altos (países con un PIB per cápita entre 4.466 y 13.845 USD), pues utiliza como referencia el número de 9.010 USD reportado por el Banco Mundial en 2019. La OCDE revisa esta lista cada tres años: la última revisión se realizó en 2023 y la siguiente será en 2026. El cálculo del PIB per cápita cubano varía según la fuente. De usar los valores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por ejemplo, Cuba hubiese sido desplazada al grupo de los países de ingresos bajos, pues este organismo estimó en 1.157 USD corrientes el PIB per cápita de la isla para 2023.

Entre 2014 y 2023, la OCDE registró cerca de 6.303 proyectos de cooperación en los que Cuba aparece como país beneficiario. Trece de estos, si bien se contabilizan como asistencia para Cuba, corresponden a la asistencia a refugiados cubanos en el país donante. Este texto se enfocará en la asistencia que llega a Cuba como nación receptora, por lo que (a no ser que se especifique lo contrario) se ha excluido la asistencia a refugiados del cómputo global de fondos y programas de cooperación internacional.

Si se compara con otros países del mismo grupo, Cuba se encuentra en la posición 35 en cuanto a cantidad de proyectos registrados, superando en casi un cuarto a los países del mismo grupo, aunque por debajo de otras naciones como China y Colombia.

Comparativa entre Cuba y los países de ingresos medios-altos. La OCDE clasifica a Cuba dentro de este grupo pues utiliza como referencia los últimos datos del PIB per cápita que el Banco Mundial registra para el país: 9.010 USD en 2019.

Para Cuba se registran al año una media de 756 proyectos de cooperación, contando tanto programas nuevos como aquellos que continúan. A lo largo del período 2014-2023, los montos en “compromisos” (lo que el país donante promete a la hora de la firma del proyecto) acumulan anualmente entre 104,07 y 2.776,65 millones de USD a precios constantes, mientras que los desembolsos oscilan entre 103,37 y 3.162,81 millones de USD.

Evolución anual de la cooperación hacia Cuba, incluyendo y excluyendo programas enfocados en la deuda externa.

En 2016 se registra un pico en la asistencia por la condonación masiva de la deuda que realizara la administración del español Mariano Rajoy. El siguiente pico en cuanto a compromisos se registra en 2021, un año después de la caída del PIB en 11 puntos. En cambio, este aumento no se trasladó a los desembolsos en los dos años siguientes, 2022 y 2023, que se mantuvieron muy por debajo del 2020.

En cuanto a los tipos de fondos, la mayoría corresponde a subvenciones, que representan el 94,67% de los registros; mientras que los instrumentos financieros relacionados con la deuda constituyen en conjunto el 5,29%. Estos últimos son, además, los de mayor peso tanto en compromisos (3.952,57 millones de USD) como en desembolsos (5.965 millones de USD).

Instrumento financiero al que responde la asistencia: las subvenciones incluyen transferencias de capitales que no generan deuda al beneficiario, o pagos a terceros en favor del beneficiario.

Los caminos de la cooperación

En diciembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, el gobierno cubano aprobó el Decreto-Ley 16/2020 para regular la cooperación internacional, la cual se expresaría en “aquellas acciones financiadas por una parte extranjera que representan un impacto económico y social dirigido, fundamentalmente, a los sectores estratégicos definidos por el Estado”. Además, el documento otorga al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) la potestad de aprobar qué programas de cooperación pueden ejecutarse en Cuba y a qué fondos o donaciones las personas jurídicas del país pueden acceder.

Dos de las principales críticas al decreto son la ambigüedad sobre los requisitos que debe cumplir un programa para ser considerado “deseable”, definidos como “generales y abiertos para dar cabida a todas las fuentes de financiamiento externo que cooperan y deseen cooperar con Cuba”; y la centralización de los procedimientos que pueden frenar la celeridad con que la asistencia es recibida, algo particularmente sensible en contextos de emergencia como el reciente paso del huracán Melissa por la zona oriental. Otro de los puntos criticados es su ambigüedad en cuanto a los canales de ejecución de los fondos, lo que en la práctica parece traducirse en un mayor control por parte del Estado y sus instituciones sobre la ejecución de los fondos en Cuba y su fiscalización.

A la hora de aprobar un programa, el MINCEX debe contar con el asesoramiento de un comité integrado además por los ministerios de Economía y Planificación, Relaciones Exteriores, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Estado Mayor de la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Estos dos últimos, puntualiza el decreto, se pronuncian respecto a la compatibilización del programa o proyecto de la cooperación internacional con “los intereses de la defensa”, “el orden y la seguridad interior”.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas entonces por funcionarios del gobierno, la promulgación del Decreto Ley 16/2020, realizada en medio de una emergencia sanitaria y en el año en que el PIB del país sufrió su mayor caída en tres décadas, tuvo como objetivo reunir una serie de disposiciones dispersas, agilizar procesos y canalizar la asistencia atendiendo a la estrategia de desarrollo del gobierno.

“En el caso de la cooperación que se recibe, se pretende dar un aseguramiento en el plan y presupuesto a estas acciones, que permita, en primer lugar, atraer más recursos externos al país en función de las líneas estratégicas que este se ha propuesto, sobre todo como complemento a los esfuerzos económicos y de desarrollo y para ejecutar mejor esos fondos de cooperación”, dijo a Cubadebate Magalys Estrada Díaz, directora general de Colaboración Económica del MINCEX.

La realidad, en cambio, apunta a que la cooperación ha pasado de enfocarse en el desarrollo sectorial a funcionar como bolsa salvavidas: en los tres años posteriores a 2020 se observa un decrecimiento de la cooperación en sectores productivos y asistenciales, en profunda crisis en Cuba.

Fondos y registros por sectores.

De forma acumulada, la OCDE recoge que, entre 2014 y 2023, los sectores que más programas de asistencia recibieron fueron los de Abastecimiento de agua y saneamiento, Gobierno y sociedad civil y Agricultura, silvicultura y pesca. En cambio, el balance es diferente si miramos los fondos que terminan siendo desembolsados: las acciones relacionadas con la deuda representan el 77,05% de todos los desembolsos, mientras que las siguientes tres posiciones (Abastecimiento de agua y saneamiento, Gobierno y sociedad civil y Agricultura, silvicultura y pesca) solo representan el 4,71%, el 3,35% y el 2,44%, respectivamente.

Evolución anual por sectores. En cuanto a desembolsos, las acciones relativas a la deuda registran volúmenes muy por encima del resto de los sectores entre 2015 y 2020.

Los fondos desembolsados –fundamentalmente donaciones– para Salud y Agricultura disminuyeron en un 55,57% y 57,65% respectivamente en comparación con 2020, si bien presentaron frente a 2014 un aumento del 60,38% y 8,25%. La asistencia alimentaria, por contraste, registró un aumento de 10.332% en desembolsos respecto al 2020, mientras que en 2023 se registraron 45.813 millones de USD en compromisos para el saneamiento de agua.

La implementación de la asistencia, según recoge la OCDE a nivel histórico, presenta disonancias interesantes en cuanto a programas, desembolsos y compromisos. Al observar el número de programas, el país de procedencia de las donaciones aparece como el principal canal de ejecución. Sin embargo, en cuanto a fondos comprometidos y desembolsados, el gobierno cubano figura como canal dominante de implementación. Esta vía representa el 64,35% de los fondos en compromisos y el 45,02% de los ya desembolsados.

Canales de ejecución de los programas.

Existe también un fuerte contraste entre las formas en que los países donantes hacen llegar sus fondos a Cuba y las que utiliza el Estado cubano. Mientras que los donantes usualmente pueden ejecutar los recursos a través de instituciones estatales propias, organizaciones no gubernamentales o el sector privado, en el caso cubano el único ejecutor es el gobierno y sus instituciones, que han canalizado, según la base de datos, el 45,01% de los fondos desembolsados: unos 3.211,44 millones de USD.

Evolución anual de los fondos y programas, atendiendo a los canales de ejecución.

Entre los 38 países miembros del CAD, España y Japón destacan como los principales donantes de Cuba, con 1.029 y 616 registros respectivamente. De los organismos internacionales que comparten información con la OCDE, destacan el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con 360 proyectos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con 360. En conjunto, los países miembros del CAD aportan unos 4.050,13 millones de USD y los organismos multilaterales 281,75 millones de USD en desembolsos.

En cuanto a los estados no miembros del CAD, destacan los desembolsos de Rusia, con 2.264,79 millones de USD, y de Arabia Saudita, con 142,53 millones de USD. Rusia encabeza su grupo debido a condonaciones de la deuda cubana.

Ranking de principales donantes por grupos.

Los actores privados presentan donaciones mucho menores, aunque muestran en conjunto 18,97 millones de dólares desembolsados entre 2014 y 2023, concentrando su actividad registrada a partir de 2017 con la Fundación Ford y la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur como principales donantes en cuanto a desembolsos (0,21% del total).

Evolución de los programas y fondos atendiendo a los principales donantes de cada grupo. Utiliza la flecha superior para navegar entre los distintos grupos.

La deuda: un breve zoom

En cuanto a la composición sectorial de la cooperación, como ya se mencionó, las acciones relacionadas con la deuda representan el mayor sector con un total de 65 programas y 5.497,09 millones de USD condonados. En comparación con el resto de los países del grupo, Cuba se sitúa entre aquellos que han recibido un mayor volumen de condonaciones de deuda, concentrando el 88,19% del total.

Rusia y España encabezan el grupo de países que han condonado deuda a Cuba, acumulando entre ambos 5.657,95 millones de USD, el 90,7% de todas las condonaciones. Al ser presentadas como cooperación internacional, las condonaciones de deuda por parte del gobierno de Rajoy fueron criticadas en España por no representar fondos reales para los países beneficiados, si bien la OCDE reconoce las acciones relativas a la deuda externa como una forma indirecta de favorecer a las poblaciones de los deudores. Los montos condonados por Rajoy en 2016 representan por sí solos el 44,01% de todos los fondos asumidos por España en compromisos, de forma acumulada.

Notas finales

Una mirada a los flujos de cooperación internacional hacia Cuba es una mirada a un cuadro forzosamente incompleto. Carentes de datos oficiales del gobierno cubano, solo podemos acercarnos a lo que está registrado por organismos internacionales o por los propios países donantes.

La base de datos de la OCDE permite observaciones con alto grado de detalle, pero no necesariamente incluye todos los programas de cooperación de los que Cuba se beneficia. Países como China, Rusia o Arabia Saudí, por ejemplo, no están en la obligación de informar a la OCDE sobre sus programas, añadiendo vacíos de información que no podremos llenar por completo.

Los datos con los que sí contamos, en cambio, son suficientes para comprender cómo los flujos de fondos se centralizan a través del Estado cubano y sus instituciones, cómo la cooperación parece estar enfocándose cada vez más en paliar la situación de crisis, y cómo la deuda externa engulle fondos que, en otro escenario, podrían estar destinándose al desarrollo de sectores productivos.

Para explorar en detalle los flujos de cooperación de donantes a sectores, puedes consultar el siguiente gráfico mediante las opciones de filtrado que se brindan:

La entrada El laberinto de la asistencia internacional a Cuba según registros de la OCDE se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Además, posee 106 objetivos específicos, 342 acciones y 246 indicadores para medir los avances que se realicen en cada área.

El programa se habría implementado desde enero de 2025 y habría sido actualizado a partir de la presentación de los resultados obtenidos durante el primer semestre del año, según fuentes oficiales.

Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender las principales propuestas del texto.

¿Qué cambios se proponen en el ámbito económico?

Los tres primeros objetivos del programa se centran en impulsar y recuperar la economía del país.

El primero se dirige a la estabilización macroeconómica mediante la implementación de políticas fiscales, monetarias y cambiarias orientadas a reducir el déficit fiscal, controlar la inflación y lograr una mayor convertibilidad del peso cubano (CUP).

Para ello, se plantea la eliminación progresiva de subsidios, con el fin de concentrarlos en las personas más vulnerables; la revisión de los precios de servicios básicos como electricidad, agua, transporte y combustibles; y el control de la circulación monetaria. Asimismo, se introduce un sistema de Letras de Regulación Monetaria, las cuales son títulos de deuda del Banco Central de Cuba (BCC), que se compromete a entregar una cantidad de dinero en CUP a los compradores de los títulos en el momento de su vencimiento, y que se emplean para reducir la inflación al disminuir de manera progresiva la cantidad de dinero en circulación.

De igual modo, se prevé la implementación de un sistema de facturación electrónica, la creación de un impuesto al valor agregado (IVA), el incremento de la bancarización de las operaciones y la dolarización parcial de la economía, como mecanismo de gestión, control y asignación de divisas.

El segundo objetivo apunta a incrementar y diversificar los ingresos externos. En este sentido, se busca aumentar las exportaciones de bienes y servicios, particularmente en sectores como el turismo, la biotecnología, los servicios profesionales médicos y la producción de software; reorganizar el comercio electrónico con pagos desde el exterior; promover la inversión extranjera directa (IED) y vincularla con la producción nacional; recuperar los flujos de remesas a través del sistema financiero y fomentar nuevos mecanismos de captación de recursos, entre los que se encuentran los provenientes de bancos de desarrollo, instituciones financieras multilaterales y los bonos verdes asociados con proyectos medioambientales, climáticos o energéticos.

El tercer objetivo se centra en el incremento de la producción nacional, con énfasis en los alimentos. La meta principal radica en aumentar los rendimientos de viandas, granos, hortalizas, frutas, huevos, carnes, leche y pescado. Además, se incluye aprovechar los encadenamientos productivos entre los actores estatales y no estatales; desarrollar sistemas locales de autoabastecimiento; recuperar la industria azucarera; la aplicación de modelos de economía circular; reducir aranceles en la importación de materias primas y bienes intermedios, mientras se incrementan para aquellos productos que puedan fabricarse en el país.

Personas hacen fila frente a una entidad bancaria en La Habana Vieja. (Foto: Periodismo de Barrio).

¿Cómo se plantea mejorar la gestión estatal y la administración pública?

Los objetivos 4, 5, 6 y 10 del programa proponen modificar las formas de gestión estatal y del manejo de la ciencia y la innovación, con el fin de mejorar el funcionamiento gubernamental.

Así, el cuarto objetivo se refiere a la transformación de las estructuras y esquemas de incentivos de la empresa estatal socialista y su conexión con los actores económicos, incluso los no estatales, en su papel complementario dentro de la economía. De este modo, se propone la creación del Instituto Nacional de Archivos Empresariales Estatales, dedicado a concentrar la atención del sistema empresarial estatal y asumir gradualmente las funciones de representante del propietario, y la actualización del Decreto 336 de 2017, el cual regula las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE).

De igual forma, se promueve la formación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) estatales y de empresas mixtas entre entidades estatales y actores privados.

El objetivo 5 propone mejorar la gestión estratégica para el desarrollo territorial con la descentralización de competencias hacia los municipios, en los cuales se deben fortalecer los presupuestos locales, implementar adecuaciones para el uso de los recursos financieros, actualizar las normas jurídicas para reordenar el funcionamiento de los proyectos locales e integrar a los actores estatales y no estatales en los planes de desarrollo de cada área.

Paralelamente, el sexto objetivo se centra en la gestión de gobierno, defensa y seguridad nacional. Dentro de las aristas que incluye se encuentran agilizar y simplificar trámites a la población y a los actores económicos; cumplir con el cronograma legislativo del año, el cual incluye la aprobación de las nuevas leyes del sistema deportivo, vivienda, empresas, tributaria, ciencia e innovación, posesión y uso de la tierra, entre otras.

También, propone actualizar los planes de defensa antes situaciones excepcionales, los planes de tiempo de guerra e incrementar la ciberseguridad y la prevención de “ciber-incidentes”.

A su vez, el objetivo 10 se orienta a la ciencia y la innovación, la comunicación social y la transformación digital para impulsar las esferas de desarrollo y perfeccionar la gestión del gobierno.

En este sentido, se dirige a desarrollar inteligencia artificial en el país e incorporarla de manera gradual a procesos cotidianos, incrementar la cobertura de la telefonía móvil 4G e iniciar las pruebas para la tecnología 5G, incorporar nuevos trámites y servicios digitales y evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía con la información que recibe de la administración pública.

Residentes de La Habana hacen fila para adquirir suministros básicos, una realidad cotidiana marcada por la escasez prolongada (Foto: Archivo Periodismo de Barrio).

¿Qué acciones se plantean para proteger a las personas y comunidades vulnerables?

El objetivo 7 del programa se centra en consolidar y desarrollar políticas sociales que garanticen la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad. Con este fin, se plantea elevar la calidad de los servicios sociales básicos, mejorar los mecanismos de protección social con la identificación de los segmentos poblaciones más vulnerables y la gestión de medicamentos e insumos médicos para un uso más eficiente y racional, incrementar la calidad de la educación, implementar la lengua de señas en la Isla y los servicios de Asistencia Social a Domicilio, además de la protección a las familias con hijos con discapacidad severa y teleasistencia.

De igual forma, se aspira a controlar la implementación del procedimiento para la atención a las personas con conductas deambulantes en los territorios, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población mayor de 60 años y los servicios y capacidades en Casas de Abuelo y Hogares de Ancianos, además de diseñar propuestas para la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.

¿Cómo se espera reducir los delitos, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales?

El documento señala que los ejes principales son la prevención y el enfrentamiento a partir de la identificación, reducción y eliminación de causas y condiciones que generan los delitos. Así, se proyecta implementar acciones para reducir el mal uso y robo de combustibles, el fraude eléctrico, las drogas, las violaciones en la posesión y uso de la tierra y el ganado mayor, las ilegalidades contra los recursos naturales y la flora y fauna silvestre, así como la minería ilegal.

También, elevar la percepción de riesgos asociados a la ciberseguridad y avanzar en la erradicación de las violaciones al ordenamiento territorial y urbanístico.

¿Es posible una recuperación del SEN en Cuba?

El noveno objetivo del programa se dedica a intentar solucionar los problemas electroenergéticos de la Isla. El texto proyecta recuperar la capacidad de generación, incrementar la producción nacional de petróleo y gas, promover la transición y la eficiencia energética, así como fomentar el uso racional y el empleo de energías renovables. Asimismo, propone la puesta en práctica de medidas para el ahorro y la captación e identificación de opciones de financiamiento e inversiones.

Foto: Periodismo de Barrio.

¿Cuáles metas se establecieron para medir los avances en cada punto?

El programa establece un conjunto de metas cuantitativas para evaluar los logros en cada objetivo. En el ámbito económico, se dispone reducir el déficit fiscal hasta un 6% del Producto Interno Bruto (PIB); mantener un saldo positivo en la cuenta corriente; limitar los subsidios a menos de 102.083 millones de pesos; lograr una recaudación tributaria mayor o igual a 384.000 millones de pesos; estabilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 14%; e incrementar los pagos en línea en un 10% con respecto al 2024.

Paralelamente, se proyecta incrementar las exportaciones de bienes y servicios en más de 10,10%, en comparación con 2024, con un valor estimado superior a los 10.608 millones de dólares estadounidenses (USD) y elevar el financiamiento externo en 5%.

A su vez, se plantea producir más de 1.914.800 toneladas (t) de viandas, 1.045.400t de hortalizas, 454.000t de granos, 360.000t de cítricos y frutales y 551.800.000 huevos.

Con respecto a la gestión, se prevé que las ventas netas planificadas sean superiores a 1.532.917 pesos, con una rentabilidad de 0,17 pesos, que las MIPYMES creadas sean iguales o mayores a las de 2024 y aquellas que se declaren con pérdidas se encuentren por debajo en 25% a la cifra de 2024.

Los gobiernos territoriales deberán perfeccionar al menos el 80% de sus estructuras y más del 30% deberá lograr un superávit presupuestario, el 15% de los trámites será simplificado y agilizado para la población y el 10% para los actores económicos.

De igual forma, se espera satisfacer la demanda de conectividad en 65%; extender la cobertura de televisión en alta definición a 60,97%; certificar más del 90% de los proyectos de ciencia y tecnología; aprobar al menos dos nuevas empresas de alta tecnología y un parque científico tecnológico; y obtener 15 nuevos registros de patentes internacionales.

En cuanto a la vulnerabilidad, se busca “mantener” la cobertura médica y de enfermería por encima del 95%, el funcionamiento de los policlínicos en 94% y un 50% de disponibilidad del Cuadro Básico de Medicamentos y de aquellos que se distribuyen en la red de farmacias comunitarias, cifras que contrastan con la situación que encuentran cubanos y cubanas que enferman y acuden a los servicios de salud del país.

También, se apunta a incrementar en 3% la tasa de escolarización en el nivel superior; que la población con servicio de suministro de agua potable gestionado sin riesgo sea de 63,5%; una reducción de 0,68% de los menores de edad de 0 a 6 años en situación compleja y del 60% para los menores de edad entre segundo y quinto año de vida.

Asimismo, disminuir en 5% los menores con indicios de prácticas de prostitución o asedio, y de los estudiantes vinculados al consumo o participación en hechos de drogas; lograr una cifra de mortalidad infantil por debajo de los valores de 2024; además del 90% y 70% de casas de abuelos y hogares de ancianos certificados, respectivamente.

El gobierno además espera terminar 12.183 viviendas, que el fondo habitacional se incremente en 6% y que el déficit se ubique por debajo de las 618.646 viviendas.

En lo referente a los delitos, se busca reducirlos con respecto a los valores de 2024 y erradicar las ilegalidades en valores superiores al 38%.

Por su parte, el sector energético apunta a una capacidad de generación de 1.061 MWh, con 1.734,6 GWh provenientes de fuentes renovables, mantener un financiamiento de 1.920.700.000 USD para la Unión Nacional Eléctrica (UNE) y la instalación de 5.000 módulos en viviendas aisladas.

El nuevo Programa de Gobierno se suma a una larga lista de intentos, como lo fue en su momento la Tarea Ordenamiento, por reimpulsar la economía y mejorar las condiciones de vida del país. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las acciones previas ha logrado transformaciones efectivas que contribuyan a la calidad de vida de los cubanos.

Si bien el documento plantea un conjunto de medidas y metas, no detalla mecanismos concretos para lograr estos objetivos, ni cómo podrían abordarse en la práctica la mayor parte de las fallas que identifica, las cuales han aparecido de modo recurrente en programas anteriores y, aun así, continúan sin solución.

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Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender los resultados de la Encuesta.

¿Cómo se conforma la fuerza de trabajo en Cuba?

En 2024, 4.205.893 personas formaban parte de la fuerza de trabajo cubana. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la fuerza de trabajo se compone por las personas de 15 años o más que se encuentran ocupadas o desocupadas, es decir, aquellas en edad de trabajar y que se dedican a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios; o quienes no trabajan, están en búsqueda activa de empleo y se encuentran disponibles en caso de que existiera la oportunidad.

El 51,1% de las PFT en la Isla se concentraba en seis provincias: La Habana, con un 18,6%; Santiago de Cuba, con 9,7%; Holguín, con 8.2%; Granma, con 7.4% y Villa Clara, con 7.2%.

Por su parte, la población fuera de la fuerza de trabajo (PFFT) se integra por quienes se encuentran en edad de trabajar, pero no poseen disponibilidad para ocupar un empleo de inmediato o aquellos que sí poseen la disponibilidad, pero no llevaron a cabo actividades de búsqueda de empleo. También, las personas que no poseen edad para trabajar.

En 2024, este grupo representó el 50,1% de la población total de la Isla y la mayoría residía en zonas urbanas. A su vez, la tercera parte de este grupo estaba formado por jubilados o pensionados por edad, seguidos por las personas que se dedican a los quehaceres del hogar y estudiantes.

Población fuera de la fuerza de trabajo por zona de residencia y categorías (en porcentaje del total). Fuente: Elaboración propia con datos de la ENO.

Paralelamente, tanto la PFT como la PFFT se encuentran compuestas, en gran parte, por personas mayores de 45 años, quienes representan el 51,8% y el 64,5% en cada grupo, respectivamente.

Población por edades en la FT y FFT (en porcentaje del total). Fuente: Elaboración propia con datos de la ENO.

El decrecimiento de la población cubana, en conjunto con el envejecimiento que reflejan estas cifras, permite estimar que en un período relativamente corto la fuerza de trabajo disponible disminuirá considerablemente.

En este sentido, la Encuesta menciona que las vías fundamentales para evitar una reducción de los resultados productivos consisten en el incremento de la productividad e intensidad del trabajo, la provisión de mejores incentivos para el ingreso a empleos a las personas que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo, y la reincorporación de pensionados que posean las condiciones de aportar a la creación de riquezas del país.

¿Cuántas personas trabajan en Cuba?

En 2024, las personas ocupadas en la Isla ascendieron a 4.136.560, con una tasa de ocupación de 49,1%. La mayor parte de la ocupación se presenta en zonas urbanas, con un 75,5%. Al mismo tiempo, el 76,5% de los ocupados contaba con nivel superior, preuniversitario y técnico medio, mientras que el 20,1% poseía secundaria básica o era obrero calificado.

Nivel educacional de los ocupados (en porcentaje del total de ocupados). Fuente: Elaboración propia con datos de la ENO.

Para ese mismo año había 69.333 personas desocupadas, con 79,3% en zonas urbanas y 20,7% en áreas rurales. La tasa de desocupación total de la Isla se ubicó en 1,7%, con las cifras más altas en Guantánamo, La Habana y Artemisa.

Tasa de desocupación por provincias. Fuente: Elaboración propia con datos de la ENO.

A su vez, el 69,1% de los desocupados contaba con nivel superior, técnico medio o preuniversitario; el 27% tenía secundaria básica o eran obreros calificados, y el 3,9% tenía primaria o menos.

En cuanto a la búsqueda de trabajo, el 57,7% tenía un empleo anterior y el 42,3% buscaba empleo por primera vez, en su mayoría, por necesidad económica y para garantizar la Seguridad Social.

¿Dónde trabajan los cubanos?

Un 21,4% de las personas ocupadas se encuentran empleadas como trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados; seguidos por los profesionales, científicos e intelectuales (20,6%), y aquellos que se desempeñan en ocupaciones elementales (13,8%), las cuales consisten en trabajos sencillos y rutinarios que no requieren una calificación especial.

Distribución de los trabajadores en categorías ocupacionales (en porcentaje del total). Fuente: Elaboración propia con datos de la ENO.

De igual forma, el 16,5% de los cubanos trabaja en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el 11,4% en el de educación, y el 10,9% en el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Distribución de los trabajadores por sectores de actividad (en porcentaje del total). Fuente: Elaboración propia con datos de la ENO.

La mayor parte de los ocupados se encuentran empleados en el sector estatal, con un 68,5% del total y los graduados de preuniversitario y nivel superior poseen mayor representación, con un 29,8% y 29% de los trabajadores de este sector, respectivamente. A su vez, los graduados de preuniversitario poseen la mayor representación en el sector no estatal, con un 35,7%.

Distribución de trabajadores en los sectores estatal y no estatal según nivel educacional (en porcentaje del total de ocupados en cada sector). Fuente: Elaboración propia con datos de la ENO.

La mayoría de los trabajadores en el sector estatal cuenta con una ocupación permanente (99,2%), mientras que en el no estatal la cifra es del 80,6% y se incrementa la cantidad de personas con empleos temporales o estacionales (9,8%) y ocasionales (9,6%).

¿Cuántas personas trabajan en empleos informales?

La ENO define a la ocupación informal como todo trabajo por remuneración o beneficio, carente de vínculo con la seguridad social, es decir, que no cuenta con una garantía de pensión por jubilación o edad.

En Cuba, 831.063 personas trabajan informalmente, lo cual representa el 20,1% de la ocupación total en el país. De ellos, 749.094 se encuentran empleados en el sector no estatal. La Habana posee la mayor proporción de ocupación informal, con un total de 19,6%.

Ocupación informal por provincias (en porcentaje del total de la ocupación informal). Fuente: Elaboración propia con datos de la ENO.

Las actividades con mayor empleo informal son las de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 24,4% del total; las de comercio al por mayor y al por menor, y la reparación de vehículos automotores y motocicletas, con un 15,1%; otras actividades de servicios, con 9,2%; la construcción, con 7,5% y las de transporte y almacenamiento, con 7,2%.

La edad media de aquellos con empleos informales es de 43,6 años.

¿Qué otro tipo de trabajos realizan los cubanos?

La ENO contempla otros tres tipos de trabajo: producción para el autoconsumo, el voluntario y el trabajo en formación no remunerado.

El primero consiste en las personas que realizaron alguna actividad para producir bienes o prestar servicios para uso final propio durante un período de referencia corto. El 76,9% de los cubanos de 15 años o más realizaba algún tipo de labor de autoconsumo y dedicaba aproximadamente 6,6 horas a la semana a este tipo de acciones, las cuales incluyen la realización de compras, trámites y labores domésticas; el cuidado de niños, ancianos y otros familiares; la elaboración de artículos domésticos y personales; la reparación de viviendas; así como labores agrícolas, agropecuarias o de pesca.

En cuanto al segundo, se define como todas aquellas personas en edad de trabajar que realizaban alguna actividad no remunerada y no obligatoria con la finalidad de producir bienes o prestar servicios para terceros durante al menos una hora a la semana. Este tipo de labor fue llevada a cabo por el 13,7% de las personas de 15 años o más, quienes le dedicaron en promedio 3,5 horas a la semana e incluía ayuda de todo tipo a otros hogares no familiares, en el centro de trabajo o estudio, el barrio o la comunidad; además de actividades comunitarias como promotor de salud, cultura u otros y con alguna organización social, religiosa o fraternal.

Por su parte, el trabajo en formación no remunerado radica en actividades para producir bienes o prestar servicios a terceros, con el objetivo de adquirir experiencia en el lugar de trabajo o competencias en un oficio o profesión. Este tipo de trabajo fue realizado por el 1,3% de las personas entre 15 y 49 años de edad, con un promedio de 10,2 horas a la semana dedicadas a este fin.

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