En este artículo te proponemos tres trámites clave: la obtención del DNI, la solicitud de asistencia sanitaria durante la estancia en España, y la tramitación de un número de identificación (NIE) para los familiares de los ciudadanos.

Obtener el DNI sin empadronarse en España

Si bien el pasaporte español permite entrar a España –y a muchos otros países–, dentro del territorio español lo recomendable es contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI). La expedición por primera vez o la renovación del DNI solo puede realizarse en territorio español, en una delegación de la Policía Nacional.

Contrario a lo que muchos creen, no es necesario darse de baja consular en Cuba ni empadronarse en España para solicitar el DNI, se puede tramitar como ciudadano español residente en el extranjero.

La documentación necesaria incluye el pasaporte español en vigor; el certificado literal de nacimiento emitido a los efectos de obtener el DNI (válido seis meses desde su expedición); y el padrón consular emitido por la Representación Diplomática o Consular, que certifique la inscripción como ciudadano español residente en Cuba (válido tres meses desde su expedición).

Es importante tener en cuenta que el certificado literal de nacimiento para DNI se emite solo una vez para las personas inscritas como ciudadanos españoles antes de la implementación del sistema DICIREG en marzo de 2025. Por ello, para tramitar el DNI sin residir en España, es crucial planificar con antelación para evitar que los documentos caduquen antes de completar el trámite.

Pasos recomendados

Solicitar con suficiente tiempo de antelación al Consulado español en La Habana el certificado literal de nacimiento para DNI (solo para quienes obtuvieron su certificación de nacimiento con tomo y folio). Las personas inscritas en DICIREG con Código Personal no necesitan este certificado, ya que lo pueden obtener online. Para quienes sí necesitan el documento que se expide una única vez, los tiempos de espera desde la cita y la emisión del documento, pueden superar los seis meses.

Una vez obtenido el certificado, se debe solicitar el padrón consular, que normalmente el Consulado envía por correo electrónico en menos de dos semanas. Finalmente, agendar una cita en una oficina de la Policía Nacional para la expedición del DNI.

Para más información aquí dejamos los enlaces de las páginas del Ministerio del Interior donde aparece la documentación necesaria para la tramitación de la versión física del DNI, y del Cuerpo Nacional de Policía para los trámites relativos a la obtención/renovación del DNI

Asistencia sanitaria

Los españoles de origen (y sus familiares de primer grado) que residen fuera de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza, tienen derecho a recibir asistencia médica gratuita en España durante sus estancias temporales. Este beneficio está regulado por el Real Decreto 8/2008 y se financia con fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud.

La cobertura se aplica cuando no se cuenta con seguro médico por parte de la Seguridad Social española, del país en el que reside el ciudadano, o mediante convenios internacionales. En otras palabras: si no tienen otra cobertura, España garantiza la atención médica de sus ciudadanos mientras estén en el país. Sin embargo, aunque es un derecho, no se recibe automáticamente, sino que al menos dos meses antes del viaje se ha de comenzar a tramitar.

Para gestionarlo, se debe contar con la siguiente documentación: certificado emitido por la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en La Habana que certifique el acceso del ciudadano al derecho a asistencia médica gratuita en España; documento oficial que acredite que el ciudadano español es pensionista o persona trabajadora por cuenta ajena o propia en Cuba (aunque no se detalla en ninguna web oficial, lo ideal es que este documento esté legalizado y apostillado); y  certificado del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que solo puede solicitarse vía correo postal o por fax, aunque el certificado sí se puede recibir de forma electrónica. Para este trámite es mejor contar con la ayuda de alguien que resida en España, ya que el correo postal desde Cuba a España puede tardar mucho.

Una vez reunida toda esta documentación, se puede solicitar telemáticamente la asistencia sanitaria para españoles residentes en el exterior de visita en España a través de la web de la Seguridad Social. Según indica la página, este trámite debe realizarse al menos 30 días antes de la fecha de viaje prevista. Si la resolución es favorable, se recibirá un documento que puede presentarse en cualquier centro de salud o institución hospitalaria española.

A la hora de solicitar este derecho en España, es muy recomendable contar con un DNI español. Aunque legalmente se puede gestionar con el pasaporte, en la práctica muchos centros de salud no están familiarizados con este procedimiento y sus sistemas informáticos solo reconocen los caracteres del DNI.

No obstante, cabe destacar que en España toda persona, sin importar su situación administrativa, tiene derecho a la atención sanitaria de urgencia en caso de accidente o enfermedad grave, y a la atención por embarazo, parto y postparto, según lo establecido por la legislación. Por tanto, incluso sin este papel, ante una emergencia no se debe dudar en solicitar atención sanitaria.

Tramitar el NIE para los familiares

España permite a cualquier ciudadano extranjero que no se encuentre en situación irregular (por ejemplo, durante los primeros 90 días en el país) solicitar la asignación de un NIE (Número de Identidad de Extranjero), que identifica de forma única a una persona extranjera en España y se mantiene asignado mientras no adquiera la nacionalidad española.

Se puede solicitar la asignación de NIE en las Oficinas de Extranjería de cada provincia o en una Comisaría de Policía, con cita previa. Es un trámite sencillo, que solo requiere presentar el pasaporte, el formulario EX-15 y pagar una tasa de poco menos de 10 euros.

Es importante entender que tener NIE no significa que se conceda ningún tipo de residencia, pero tiene ventajas prácticas el obtenerlo, incluso si no se planea residir en España por el momento, por ejemplo:

-Permite pedir un certificado digital para gestionar trámites online. Con NIE y certificado digital se pueden presentar la Declaración de la Renta, pedir copias digitales de certificados (nacimiento, matrimonio…) al Registro Civil central en lugar de a la embajada, solicitar cita o enviar documentación a Extranjería sin estar presente en España, solicitar antecedentes penales españoles, tramitar prestaciones y consultar la vida laboral, entre otros trámites.

-Contar con el NIE agiliza cualquier trámite de residencia porque el expediente ya parte con un número de identificación. Si el NIE está asignado, la Administración ya dispone del número y los datos básicos, lo que reduce errores, evita duplicidades y puede acelerar cita y resolución. Además, aunque la residencia no esté aprobada, una pareja con NIE podrá realizar gestiones útiles: abrir cuenta bancaria, empadronarse con un número de identificación español en lugar del pasaporte, tramitar el alta en el centro de salud, solicitar determinadas prestaciones o inscribirse en formaciones, por ejemplo.

Planificar con antelación y conocer bien estos procesos no solo evita contratiempos, sino que también abre la puerta para aprovechar de manera plena los derechos y beneficios que conlleva la ciudadanía española.

La entrada Cubanos con pasaporte español: tres trámites indispensables al visitar España se publicó primero en Periodismo de Barrio.

¿Qué significa la entrada en funcionamiento de DICIREG en el consulado español en Cuba? ¿Cómo impacta en los servicios del registro civil que opera en el mismo, especialmente en la emisión de certificados de nacimiento para DNI? En este texto, Periodismo de Barrio explica las ventajas que aporta, y los trámites a los que da acceso.

¿Qué es DICIREG?

DICIREG es la abreviatura de Digital Civil Registry, un proyecto del Ministerio de Justicia español para cumplir con la Ley 20/2011 de Registro Civil. Su objetivo es transformar el Servicio Público de Justicia para que sea más accesible y eficiente al poder tramitar los expedientes por medios electrónicos, ofrecer toda la información de forma digital y posibilitar el acceso telemático a este servicio mediante identificación electrónica.

En su página web, el Ministerio de Asuntos Exteriores español explica que DICIREG es “​la plataforma digital adaptada al nuevo modelo de Registro Civil previsto en la Ley del Registro Civil de 2011, supone un cambio de paradigma con el que se pasa de los tradicionales Libros físicos a un Registro Civil único y totalmente digitalizado”. Si bien el sistema se comenzó a implementar paulatinamente en los registros civiles de España desde septiembre de 2021, no fue hasta mediados de 2024 que llegó a los consulados españoles, siendo los primeros los de Helsinki, Manchester y Amán, y para finales de año ya estaba implementado en 35 oficinas consulares. El Ministerio tiene como objetivo que para finales de 2025 esté disponible en toda la red consular de España.

¿Qué modificaciones introduce su implementación en el proceso de emisión de certificados de nacimiento?

Con la implementación de DICIREG, el Ministerio de Justicia español realizó un cambio de paradigma, pasando de un Registro Civil basado en hechos (distintos asientos para nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.) a un Registro Civil basado en personas. ¿Cómo lograrlo? Generando un código personal único para cada individuo. Este código se genera con el primer asiento (típicamente el certificado de nacimiento) y será único e inalterable durante la vida de esa persona. Para generar el código, DICIREG enlaza las bases de datos del Registro Civil con las de la Dirección General de la Policía, de forma tal que dentro del código ya se incluye el número del futuro DNI que se emitirá, siempre que el inscrito sea español en ese momento. Con este código, será posible vincular todos los asientos de trámites futuros, para acceder a ellos de forma inmediata y agilizando trámites.

Hasta ahora, todas las inscripciones de nacimiento emitidas por el consulado español en La Habana seguían el formato tradicional: una plantilla con secciones en blanco a completar a mano por el funcionario del Registro Civil Consular, indicando el tomo y página donde quedaba asentado el registro.

Formato tradicional de las inscripciones de nacimiento emitidas por un registro civil español antes de la implementación de DICIREG. Estos documentos eran completados a mano y referenciaban libros físicos mediante tomos y páginas.

Para obtener su DNI en España, los ciudadanos españoles nacidos o nacionalizados en Cuba, por ejemplo, que recibieron o reciban este documento hasta el 17 de marzo de 2025, deberán solicitar una certificación literal de nacimiento, que el Ministerio de Justicia emite una sola vez y que tiene validez por seis meses. Típicamente este tarda varias semanas en llegar de forma física, y de no ser usado en su período de vigencia, puede ocasionar problemas, ya que no es posible obtenerlo una segunda vez. La razón de esta limitante es que la inscripción de nacimiento asentada en el consulado tiene una copia en el Registro Civil Central de Madrid y, con el modelo antiguo, debe anotarse manualmente en el libro, indicando “Librada certificación para DNI”, con la fecha de emisión.

Sello de certificación para DNI en una inscripción de nacimiento emitida por n registro civil español. Hasta la llegada de DICIREG, estas anotaciones manuales registraban la expedición única del certificado necesario para obtener el DNI.

Una vez se tiene el certificado literal de nacimiento, para obtener un DNI es necesario tramitarlo en España. Para ello típicamente las personas primero deben empadronarse, y luego acudir a una oficina de la Policía Nacional, donde se asigna en ese momento un número de DNI.

Con la implantación de DICIREG, el formato del certificado de nacimiento ha cambiado, y ahora se emite en su modalidad literal de forma digital, listo para imprimir. En dicho documento ya no se incluyen tomo y página, sino número de asiento y el código personal del registro individual del inscrito, cuyos últimos nueve dígitos se corresponderían con el DNI. Es decir, ya no se emite para los inscritos con el nuevo sistema un “certificado de nacimiento para DNI”. No existirá tal mención, será suficiente llevar un certificado literal de nacimiento expedido en los seis meses anteriores a la tramitación del DNI, y la persona podría solicitar otro sin limitación de no utilizarlo en ese período.

Captura de una certificación literal de inscripción de nacimiento generada electrónicamente a través del sistema DICIREG del Registro Civil español. Imagen: tomada del sitio web de legalteam.es

En el apartado relativo a la emisión de DNI de la página web del Ministerio del Interior, queda confirmado que estos nuevos certificados literales de nacimiento ya no tienen la limitante de expedición de una única vez:

Extracto informativo sobre la validez de certificaciones literales de nacimiento para trámites de DNI, destacando la excepción aplicable a los documentos generados con DICIREG.

¿Es posible obtener un DNI sin empadronarse en España?

La respuesta es sí. Pero se tramita en territorio español.

La implantación de DICIREG no es retroactiva, por tanto todas aquellas personas que ya tienen un certificado de nacimiento español en el formato tradicional, están sujetas a los trámites habituales. Sin embargo, representa un importante avance para los nuevos ciudadanos en cuanto a sus derechos.

Se recomienda que los españoles residentes en el extranjero que no tengan DNI y planeen viajar a España realicen este trámite. La falta de DNI puede generar inconvenientes al completar formularios en línea ya que, en muchos casos, estos no aceptan el pasaporte español como identificación válida.

La forma más habitual es empadronarse en España y, una vez realizado este paso, solicitar el DNI. Sin embargo, son conocidos los casos en los que algunos ayuntamientos españoles apuran los tres meses de plazo para resolver las instancias padronales (otros lo dan en el acto), ocasionando una angustiosa espera del certificado de empadronamiento para obtener el DNI, con el certificado de nacimiento cerca de caducar.

Con el nuevo certificado de nacimiento emitido por DICIREG, incluso si el empadronamiento demora, no es un problema, ya que se puede volver a solicitar. Pero tanto para ellos, como para quienes tienen el certificado de nacimiento literal emitido una única vez, hay una alternativa.

El Ministerio del Interior español indica en su web que los ciudadanos españoles que residen en el exterior pueden presentar, al solicitar por primera vez su DNI, en lugar del empadronamiento en territorio español, un certificado de acreditación de residencia expedido por la Representación Diplomática o Consular en donde figure inscrito/a. El resto de la documentación a presentar es la misma. De esta forma, se emite un DNI con la dirección del país donde reside el ciudadano.

Agilizando la obtención del DNI durante la primera visita a España, se logra evitar el limbo burocrático de un empadronamiento retardado o un certificado de nacimiento literal vencido, así como gestionar un certificado digital para poder realizar telemáticamente sus trámites con la Administración española.

Si un español residente en el exterior con DNI trasladase su residencia legal a España empadronándose en cualquier ayuntamiento, tan solo tendría que renovar el DNI por cambio de domicilio una vez tenga el certificado de empadronamiento, tratándose de una expedición exenta del pago de la tasa.

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Periodismo de Barrio responde varias preguntas importantes sobre las diferencias entre ambas listas, cómo puede interpretarse la reciente medida de sacar a Cuba de una de ellas, y su posible impacto a medio plazo para los ciudadanos cubanos.

¿En qué se diferencian la lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista y la lista de países patrocinadores del terrorismo?

La lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista (NFCC, por sus siglas en inglés) y la lista de países patrocinadores del terrorismo (SST, por sus siglas en inglés) son dos clasificaciones distintas utilizadas por los Estados Unidos para señalar a naciones que, a su juicio, de diferentes maneras presentan problemas en relación con el terrorismo:

Lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista:

• Incluye a aquellos países que no colaboran adecuadamente con los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo.
• Se enfoca en la falta de cooperación en aspectos como compartir información de inteligencia, tomar medidas legales contra terroristas o facilitar operaciones antiterroristas.
• No necesariamente implica que el país apoye activamente a grupos terroristas, pero señala una falta de cooperación que obstaculiza los esfuerzos globales contra el terrorismo.

Lista de países patrocinadores del terrorismo:

• Incluye a aquellos países que el gobierno de los Estados Unidos determina que han proporcionado apoyo tangible y directo a actos de terrorismo internacional.
• Implica que el país ha participado en acciones como financiar, entrenar o proporcionar refugio a grupos terroristas.
• Los países en esta lista suelen enfrentar sanciones más severas, como restricciones económicas y comerciales, además de una mayor vigilancia internacional.

¿Por qué fue incluida Cuba en ambas listas?

 Cuba fue añadida a la lista de países patrocinadores del terrorismo por primera vez en 1982, bajo la administración Reagan. El argumento esgrimido fue el apoyo a movimientos insurgentes armados en América Latina y África. A pesar de que dicho apoyo explícito cesó en la década de 1990, la Isla se mantuvo en la lista durante 33 años bajo tres argumentos fundamentales: 1) Que Cuba continuaba sus estrechas relaciones con otros países patrocinadores el terrorismo como Irán y Corea del Norte, así como seguía proveyendo asilo a miembros de organizaciones terroristas de terceros países, como ETA; 2) Que Cuba ha mantenido el asilo brindado hace décadas a fugitivos de la justicia estadounidense, aunque se ha comprometido a no dar nuevos asilos; y 3) Que Cuba se opuso activamente a la coalición liderada por los Estados Unidos en la década de los 2000 para llevar a cabo la guerra global contra el terrorismo, condenando públicamente las políticas y acciones de ese país.

En mayo de 2015, la administración Obama finalmente retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, como parte del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, menos de seis años después, en enero de 2021 Cuba fue reincorporada a la lista por la administración Trump.

La reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo en 2021 vino precedida por su reincorporación en mayo de 2020 a la lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista. El argumento en ambos casos fue prácticamente el mismo: 1) Citando protocolos de negociación de paz, Cuba se negó a la solicitud de Colombia de extraditar a diez líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), después de que el grupo se atribuyera el atentado con bomba en una academia de policía de Bogotá en enero de 2019, y 2) Cuba alberga a varios fugitivos de la justicia de Estados Unidos acusados de violencia política, muchos de los cuales han residido en la Isla por décadas.

Si han sacado a Cuba de la lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista, ¿es de esperar que también la saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo?

El portavoz del Departamento de Estado, Vidant Patel, al preguntársele sobre la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista durante una conferencia de prensa el 16 de mayo de 2024, aseguró que ambas listas siguen procesos completamente distintos, y que la entrada o salida de un país en una de ellas no necesariamente implica que se vea reflejado en la otra.

Sobre las razones para sacar a Cuba de la lista, dijo: “En agosto de 2022, en cumplimiento de una orden del presidente colombiano Petro, el fiscal general de Colombia anunció que se suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado previamente a Cuba. Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación en materia de aplicación de la ley en 2023, incluyendo la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, hemos determinado que la certificación de Cuba como un país que no coopera plenamente ya no era apropiada”.

El argumento principal para que Cuba permanezca en ambas listas, como se ve, ya no existe. Pese a lo asegurado por Patel, sí parece haber una relación entre ambas, tomando en cuenta las fechas de los anuncios determinadas por el calendario. Si revisamos la página web del Federal Register, publicación oficial del gobierno federal de los Estados Unidos, vemos que una vez al año el Secretario de Estado debe informar al Congreso cuáles son los países que no cooperan con la lucha antiterrorista. Esto lo hace cumpliendo lo dictado por la sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas (22 U.S.C. 2781). Si ponemos en el buscador: “Determination and Certification of Countries Not Cooperating Fully With Antiterrorism Efforts”, los resultados mostrarán que dicha determinación siempre ocurre en mayo, y se publica no más de una semana después en el Federal Register.

Captura de pantalla de la página web de https://www.federalregister.gov/, que muestra los resultados de la búsqueda “Determination and Certification of Countries Not Cooperating Fully With Antiterrorism Efforts”, donde se evidencia que dicha determinación ocurre una vez al año, y es típicamente publicada en el mes de mayo.

Entonces, el anuncio de que Cuba ha salido de la lista de países que no cooperan con la lucha antiterrorista ha sido informado en la fecha prevista para la actualización de este listado. ¿Y cuándo se actualiza la lista de países patrocinadores del terrorismo? Si revisamos el sitio web del Departamento de Estado que se dedica al reporte por países sobre terrorismo, podemos apreciar que, si bien solía publicarse a finales de año, en los últimos periodos el patrón ha ido cambiando.

Captura de pantalla de la página web https://www.state.gov/country-reports-on-terrorism-2/ donde se pueden consultar los reportes a partir de 2016.

Lo que sí podemos asegurar es que el reporte que se publicará en 2024 corresponde al año 2023, primero en el que el análisis tiene en cuenta el impacto de la revocación de la orden de extradición de los líderes del ELN. Y si revisamos el más reciente Informe sobre el Terrorismo por Países (2022), los argumentos para mantener a Cuba en dicha lista son la negativa a extraditar a los líderes de ELN y el asilo de fugitivos estadounidenses.

Si el primero ya no existe y el segundo fue sobreseído cuando se retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en 2015, hay serias probabilidades de que el anuncio de mayo de 2024 sea la antesala de un segundo anuncio en los próximos meses. No obstante, Patel se aseguró de bajar las expectativas al respecto argumentando: “seguimos creyendo que están llevando a cabo acciones que apoyan actividades terroristas”, así que si bien no hay argumentos públicos que sostengan que Cuba sea mantenida en la lista, podría continuar en ella.

¿Qué impacto tienen estas medidas para el pueblo cubano?

La inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo tiene múltiples impactos para un país: sanciones económicas, prohibición de exportaciones de materiales de defensa o de tecnología de doble uso (civil y militar), restricciones financieras, aislamiento diplomático, etc. Sin embargo, para Cuba esta determinación no representa un impacto económico significativo, dado que ya el embargo cubre la mayoría de las sanciones que vienen en el paquete. Por lo que sacar a Cuba de la lista no mejoraría en gran medida la situación económica o política del país. Sería mayormente un gesto del gobierno estadounidense, indicativo del interés en mejorar las relaciones bilaterales, lo que daría a Cuba una “victoria” política en el escenario internacional.

La inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo ha tenido, no obstante, un impacto imprevisto para un gran sector de la población: los ciudadanos cubanos con doble ciudadanía. Lo que comenzó como un rumor a finales de 2021 e inicios de 2022 se confirmó al acabar ese año: debido a la nueva inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, aquellas personas que hayan viajado a la Isla a partir de enero de 2021, así como los ciudadanos con doble nacionalidad, una de ellas cubana, ya no son elegibles para obtener un permiso ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) bajo el Programa de Exención de Visa, y están obligados a solicitar un visado en una embajada o consulado estadounidense.

Captura de pantalla de la sección de preguntas frecuentes en la página web https://esta.cbp.dhs.gov/.

Esta medida cumple un doble objetivo: disuasorio, en cuanto pone trabas al turismo hacia Cuba (muchas personas se lo van a pensar dos veces antes de viajar si ello puede impedirles luego su entrada a los Estados Unidos), y de control migratorio. Este último caso aplica a los ciudadanos cubanos con doble nacionalidad (española en su mayoría) que antes de 2021 podían acceder con relativa facilidad a un permiso ESTA y entrar a los Estados Unidos. Muchos de ellos hicieron de esta ventaja una forma de vida, con viajes frecuentes en los que importaban a Cuba artículos de primera necesidad (medicamentos, ropa, alimentos…) con los que comerciaban. Otros aprovechaban su período de estancia legal dentro de los Estados Unidos (90 días) para realizar trabajos en el mercado informal, que les reportaban ingresos con los cuales regresaban a Cuba, para más adelante repetir el ciclo. Y no pocos tuvieron su oportunidad de migrar, sin necesidad de enfrentarse a los peligros del mar o del cruce de fronteras.

Pasó casi un año entre la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y la aplicación de esta medida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Ante la creciente oleada migratoria, es de esperar que sea utilizada como forma de contención, dado que se ha visto ya una tendencia al enlentecimiento del proceso de aprobación en el programa de parole.

De cualquier forma, si a finales de 2024 el Departamento de Estado sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el impacto real de esta medida solo podrá conocerse a partir de enero de 2025, cuando tome posesión el presidente elegido en noviembre de 2024. Biden no ha mostrado gran interés en potenciar el restablecimiento de las relaciones con Cuba, pero bajo su mandato han tenido lugar políticas de regulación de la migración, como el programa de parole y la reapertura de servicios consulares en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Trump, durante su mandato anterior, abogó por una política de mano dura, impuso sanciones, restringió los canales de migración regular y devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, tan solo nueve días antes de terminar su mandato en la Casa Blanca, así que no es de esperar que retire la medida.

Aquellas personas que antes podían pedir permisos ESTA y fueron afectadas deberán esperar al menos un año para saber si esta oportunidad vuelve a llegarles a los cubanos con doble nacionalidad.

La entrada Cuba y las listas sobre el terrorismo… ¿volverá el ESTA? se publicó primero en Periodismo de Barrio.

El fin del Título 42 trae consigo el potencial crecimiento de los flujos de migración irregular, una vez que estén de vuelta los protocolos habituales (Título 8), algo para lo cual la administración Biden lleva meses preparándose. La aprobación del Proceso de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos funcionó a modo de “programa piloto” y, dado su éxito, continuará expandiéndose a otras nacionalidades.

El pasado 27 de abril, en una conferencia de prensa conjunta con el Departamento de Estado, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, dejó clara la postura de la Administración: “La propaganda de los coyotes es falsa. Déjenme decirlo claro: nuestra frontera no está abierta y no estará abierta después del 11 de mayo”.

¿Cómo piensa el gobierno estadounidense frenar la migración ilegal? ¿Cuáles fueron las nuevas medidas anunciadas? ¿Cómo impactan estas medidas a los cubanos? ¿Son realmente positivas? A continuación, Periodismo de Barrio explica los detalles:

• Creación de Centros Regionales para el Procesamiento de Migrantes.
• Expandir el Proceso de Permanencia Temporal a otras nacionalidades.
• Incrementar las plazas del Programa de Admisiones de Refugiados.
• Nuevo requisito de elegibilidad para solicitar asilo en la frontera y endurecimiento de las penalizaciones para migrantes irregulares.

Creación de Centros Regionales para el Procesamiento de Migrantes

En la conferencia de prensa conjunta del 27 de abril, el secretario de Estado Antony Blinken reconoció que “la migración es la definición de un desafío que ningún país puede resolver por sí solo”. Por ello, la estrategia de contención pasa por alianzas regionales e internacionales, y la creación de estos centros es uno de los primeros pasos.

Los primeros dos Centros Regionales abrirán en Colombia y Guatemala, siendo potencialmente México la tercera localización, a mediano plazo. Estos centros no estarán ubicados en las embajadas estadounidenses en dichos territorios. Todo parece indicar que, en la práctica, los Centros Regionales no son más que la expansión de espacios ya existentes operados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a los que ahora se unirán funcionarios estadounidenses. La novedad radica en que los Centros Regionales, si bien bajo los auspicios de las Naciones Unidas y en terceros países, serán completamente financiados por los Estados Unidos, como aseguró en conferencia de prensa la subsecretaria de Estado Marta Youth, adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración.

¿Qué rol tendrán los Centros Regionales?

En principio, funcionarán como una suerte de espacio “triaje” y de orientación para definir cuál es la mejor opción para cada migrante. Según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la expectativa es que una vez estén completamente operativos, puedan ser atendidas en cada centro entre 5000 y 6000 personas por mes. En primer lugar, estarían los solicitantes del Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, quienes serían directamente evaluados por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para definir su elegibilidad e iniciar, dado el caso, el proceso de reasentamiento de forma expedita.

Adicionalmente, aquellas personas que no cualifiquen para el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, recibirán asesoría sobre otras opciones como la reunificación familiar a través de un patrocinador. Además, como muestra de que es un esfuerzo conjunto, los Centros Regionales ofrecerán información sobre formas de regularización en el país anfitrión y servicios sociales disponibles, vías legales de migración para Canadá y España. En el caso de Canadá, el secretario Mayorkas anunció que ese país ha aceptado recibir a 15.000 migrantes adicionales. Sobre España no se han ofrecido detalles en cuanto a números, aunque la subsecretaria Youth mencionó la posibilidad de programas laborales. En general, todos los funcionarios coinciden en que los detalles operativos aún están definiéndose.

Expandir el Proceso de Permanencia Temporal a otras nacionalidades

Un mes después de la instauración de este programa para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua en enero de 2023, la migración irregular desde estos países cayó un 97%, aseguró el secretario Blinken. Para marzo de 2023, el número de encuentros con la Patrulla Fronteriza disminuyó un 23% en comparación con marzo de 2022. En reconocimiento al éxito de este modelo, tras el 11 de mayo no solo el programa se mantiene vigente, sino que será expandido a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.

Asimismo, el secretario Mayorkas mencionó que los programas de reunificación familiar por medio de paroles para ciudadanos de Cuba y de Haití serían agilizados, aunque no ofreció un marco temporal. Recordemos que el de Cuba fue creado en 2007 y el de Haití en 2014, y son programas con características distintas al Proceso de Permanencia Temporal. El Programa Cubano de Parole de Reunificación Familiar estuvo “congelado” por casi cinco años hasta su restablecimiento en septiembre de 2022.

Incrementar las plazas del Programa de Admisiones de Refugiados

Estados Unidos recibió seis veces más refugiados de América Latina y el Caribe en 2022 que el año anterior, aseguró el secretario Blinken. Y para 2023 el propósito es duplicar esas entradas. Esas cifras son, sin embargo, discretas cuando las miramos en contexto. Las estadísticas oficiales indican que en el año fiscal 2021 solo 11.411 refugiados fueron admitidos en los Estados Unidos. De ellos, solo 400 eran de América Latina y el Caribe. Para el año fiscal 2022, fueron admitidas 25.475 personas. Aunque la sección de Refugiados y Asilados del Departamento de Seguridad Nacional aún no muestra los datos desagregados del 2022; si en ese año fiscal el número de admitidos se sextuplicó ―como indicó el secretario Blinken―, estamos hablando de no más de 2500 personas de la región.

El subsecretario interino de Políticas de Fronteras e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, comentó en conferencia de prensa que, por primera vez, individuos estadounidenses podrán patrocinar refugiados, a través de un programa denominado “Welcome Corps”.

Nuevo requisito de elegibilidad para solicitar asilo en la frontera y endurecimiento de las penalizaciones para migrantes irregulares

El Programa Cubano de Parole de Reunificación Familiar estuvo “congelado” por casi cinco años hasta su restablecimiento en septiembre de 2022 (Foto: Periodismo de Barrio).

El gobierno estadounidense ha tomado estas y otras medidas previas con un objetivo fundamental: disminuir la migración irregular a través de su frontera sur y por mar. A partir del 11 de mayo, se añade una nueva condición de inelegibilidad para recibir asilo en la frontera terrestre o por mar: a aquellas personas que no hayan utilizado los canales legales vigentes (solicitud del Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, asesoría en los Centros Regionales, patrocinio de parole, cita concertada a través de la aplicación CBP One…) y que no programen una cita a través de la aplicación CBP One para presentarse en un puerto de entrada, o que no soliciten asilo en alguno de los países por los que están viajando, les sería denegado el asilo.

En estos casos, el secretario Mayorkas afirmó que se implementará el mecanismo de repatriación acelerada, con la prohibición adicional de no poder ser beneficiario de ningún programa migratorio para los Estados Unidos ―o posibilidad de viajar― durante un periodo de cinco años. Incluso, aquellas personas que aun así lo intenten nuevamente, podrían ser procesadas penalmente. El funcionario enfatizó que esto no solo aplica a quienes intentan llegar por tierra, sino también a las personas que lo hacen por mar.

El reforzamiento de la frontera también queda evidenciado por la ampliación del personal: a los 24.000 agentes y oficiales que actualmente existen se sumarán este año 300 agentes patrulleros de frontera.

Es importante señalar que este endurecimiento pudiera aplicarse no solo a individuos, sino a familias con menores. De hecho, en la conferencia de prensa el secretario Mayorkas aparentemente se contradijo al afirmar que “Al igual que los adultos solteros, las familias serán sometidas a procesos de deportación, incluyendo la deportación acelerada”; y luego, ante la petición de un periodista de que ofreciera más detalles sobre este aspecto, respondió: “​​No tenemos planes de detener a las familias. Como mencioné, emplearemos alternativas a la detención, incluyendo algunas innovaciones al respecto, y utilizaremos alternativas mejoradas a la detención caso por caso según sea necesario”.

En conclusión… es posiblemente una buena noticia para los solicitantes de refugio o quienes pueden contar con un patrocinador, pero mala para las personas que necesitan asilo

“Ampliar las vías de reagrupación familiar y el procesamiento de refugiados para las personas desplazadas en las Américas es algo que se ha esperado durante mucho tiempo, pero no podemos ignorar que la administración de Biden propone un pacto faustiano al buscar simultáneamente implementar una prohibición de asilo heredada de la era Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, cerrando efectivamente la puerta a innumerables personas necesitadas”. Esta declaración de Sunil Varghese, Director de Políticas en el International Refugee Assistance Project (IRAP) resume el sentir de las instituciones que trabajan con migrantes en la región.

Recordemos que hay una diferencia sustancial entre un refugiado y un asilado: el primero realiza la petición desde su país, mientras que el segundo lo hace en la propia frontera. De acuerdo con el proyecto TRAC Immigration, a finales de 2022 había al menos 1.565.966 individuos esperando sus audiencias de asilo en los Estados Unidos, de ellos 30.000 fueron adiciones del primer trimestre del año fiscal 2023. ¿Por qué tantos casos?

La cifra anterior se entiende mejor al saber que el “techo” permitido para la admisión de refugiados en los Estados Unidos desde los últimos años es de 125.000 personas. Es decir, que hay cabida para incrementar los números, pero por razones logísticas, políticas y económicas el pasado año fiscal se admitieron en ese país solo cerca de un 20% del total de refugiados para los que se tenía capacidad. Solo 25.475 personas en todo el mundo recibieron esta condición siguiendo los procedimientos establecidos para ello.

Dos Centros Regionales operando según lo indicado por el secretario Mayorkas estarían procesando anualmente cerca de 120.000 potenciales migrantes. El techo es el mismo para el año fiscal 2023, por lo que, si se habla de “duplicar” cifras, no serían más de 5000 refugiados de América Latina y el Caribe los que serían admitidos este año. Es decir: en contexto, esa es la misma cantidad de personas que puede procesar en un solo mes un Centro Regional completamente operativo. ¿Y el resto?

Queda por confirmar si realmente se están recibiendo mensualmente 30.000 personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua a través del proceso de permanencia temporal, que es el máximo aprobado por la administración Biden. Según un reporte de Univisión el pasado mes de abril, las cifras indicarían que sí. ¿Se ampliarán los cupos mensuales ahora que se añaden El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia? Incluso sin incrementarse, si se mantiene este ritmo, en un año deberían entrar a los Estados Unidos 360.000 personas.

En perspectiva, ¿qué representa esto? En 2022, en la frontera sur se contabilizaron 2.378.944 interdicciones a migrantes. Haciendo una rápida suma, las nuevas medidas anunciadas solo cubrirán (no necesariamente benefician con un estatus migratorio) a cerca del 17% de este número. Anticipando la dificultad para conseguir cita en los Centros Regionales o en CBP One, es mucho más comprensible la preocupación de las organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo, ya que una serie de medidas en principio positivas, terminarán haciendo aún más difícil que quienes solo tienen la frontera como opción logren finalmente entrar.

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Periodismo de Barrio analiza algunos aspectos fundamentales de esta nueva política y sus implicaciones para los ciudadanos cubanos interesados en migrar a los Estados Unidos.

1/ El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy nuevas medidas para contener la crisis migratoria en la frontera sur del país.

¿Qué impacto tendrán estas medidas para los cubanos?
??? https://t.co/gE2MDADVx0

— Periodismo de Barrio (@periodibarrio) January 5, 2023

¿Por qué se ha aprobado esta nueva política y en qué consiste?

En marzo de 2020, entró en vigor en los Estados Unidos una ley que se encuentra en el Título 42 del Código de Leyes Federales de los Estados Unidos. La misma otorga al gobierno el «poder de prohibir, total o parcialmente, la introducción de personas y bienes» para impedir que una enfermedad contagiosa se propague en el país. Conocida popularmente como Título 42, en la práctica esta ley ha sido utilizada durante casi tres años para restringir la migración ilegal a través de la frontera sur.

La Administración Biden lleva cerca de un año proponiendo la derogación de la misma y, como algunos de sus predecesores demócratas, una reforma total del sistema migratorio estadounidense. Ambos esfuerzos hasta el momento no han avanzado debido a discrepancias con los legisladores republicanos. En este contexto, los migrantes se han convertido en una ficha de juego, llegando incluso a ser depositados fuera de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington DC la noche de Navidad, con temperaturas bajo cero.

La nueva estrategia de la Administración Biden parece usar todos los recursos disponibles bajo la autoridad presidencial para —sin contravenir el Título 42— intentar regularizar la crisis migratoria que tan solo el pasado año fiscal llevó a más de dos millones de personas a intentar cruzar la frontera sur. Los pilares de esta nueva política quedaron definidos en el briefing ofrecido por el propio presidente para inaugurar la iniciativa: frenar la migración ilegal, reforzar la migración legal y proteger a los “dreamers”, a los que tienen estatus de protección temporal y a los trabajadores agrícolas.

El nuevo procedimiento incluye la digitalización casi total del proceso migratorio a través de la aplicación CBP One, que debe ser utilizada tanto para las peticiones de asilo como de parole. La diferencia entre uno y otro proceso es que los solicitantes de asilo no necesitan de un patrocinador: solo deben agendar una cita en un puerto de entrada para presentar su petición, la cual será examinada por los funcionarios correspondientes. Es de esperar que los requisitos para recibir asilo sean extremadamente rigurosos y requieran de pruebas indiscutibles.

¿Qué es un parole? ¿Es el Proceso de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos una continuación del Programa de Parole para Reunificación de Familias Cubanas?

Los parole o permisos temporales de permanencia son autorizaciones especiales que emite el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. Un parole otorga autorización adelantada de viaje (no se considera un visado) y —de ser admitidos en territorio estadounidense— estatus legal por un tiempo determinado a ciudadanos de países afectados por desastres naturales, conflictos bélicos u otras circunstancias. Estos permisos están diseñados como una solución temporal, y los beneficiarios deben regresar a sus países tras el período de vigencia o buscar alternativas legales para reajustar su estatus.

Los ciudadanos cubanos beneficiarios de un parole, en virtud de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, cuentan con la excepcional capacidad de, tras un año y un día de admisión legal en los Estados Unidos, poder solicitar la residencia permanente o Green Card, que da acceso posterior a la obtención de la ciudadanía.

El Programa de Parole para Reunificación de Familias Cubanas (CFRP, por sus siglas en inglés) se estableció en 2007 para permitir que ciudadanos cubanos beneficiarios de una petición de inmigración aprobada pudiesen solicitar un parole para sus cónyuges e hijos menores de 21 años. De 2017 a 2022 este programa estuvo suspendido debido a la reducción del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba y el cierre de la oficina de campo de USCIS en La Habana en 2018.

En septiembre de 2022, USCIS anunció la reactivación del procesamiento de solicitudes bajo este programa, pero solo para los casos ya existentes (se estima que hay más de 20.000 expedientes por procesar). Los primeros documentos de viaje emitidos en La Habana tras la restauración del programa fueron durante la primera semana de enero de 2023, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE. Hasta el momento no se ha confirmado que bajo este programa se vayan a emitir nuevas invitaciones.

Por su parte, el nuevo Proceso de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos no requiere de un vínculo familiar. La elegibilidad de los beneficiarios de este programa está en función de cinco criterios:

• Nacionalidad del beneficiario.
• Tener una persona de apoyo en los Estados Unidos con probada solvencia económica y compromiso de apoyo financiero y de otro tipo.
• Pasar una comprobación de seguridad.
• Estar vacunado contra la COVID-19 y otras enfermedades con vacunas autorizadas por los Estados Unidos y la OMS.
• No haber intentado entrar ilegalmente a los Estados Unidos a partir del 5 de enero de 2023.

A ello ha de sumarse el ejercicio de discrecionalidad de los oficiales de fronteras, quienes tienen la última palabra sobre la admisión en territorio estadounidense.

El proceso lo inicia un patrocinador —puede ser una persona, grupo de personas u organización con estatus legal y residencia habitual en los Estados Unidos— que debe completar el formulario I-134A, Solicitud en Línea para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero. Adicionalmente, el o los patrocinadores podrían ser requeridos para una entrevista y toma de datos biométricos. Si la solicitud es aceptada, la persona beneficiaria tendrá que proveer información personal a través de la aplicación CBP One y contará con un margen de 90 días para viajar a los Estados Unidos.

¿Cuánta solvencia debe demostrar un patrocinador?

USCIS afirma que no existe un monto específico para la aprobación del patrocinio. “Las circunstancias de cada colaborador potencial son únicas, y revisamos la información financiera que nos proporcionan en el formulario I-134A sobre todos sus bienes y recursos”, señala su sitio web. Sin embargo, sí aclara que utiliza como referencia las Directrices Federales de Pobreza.

En el caso de los tradicionales affidavits of support, se estima que el solicitante debe poseer ingresos o patrimonio superiores al 125% de la línea de pobreza. Por tanto, usando esa misma estimación con los números de 2023, el monto mínimo recomendable a demostrar sería de $18.225 dólares para un hogar de una sola persona, al cual habría que sumar $6.425 por cada miembro adicional de la familia, incluyendo al beneficiario.

Como parte del proceso de solicitud, el solicitante no solo deberá listar sus recursos financieros, sino proveer un plan detallado sobre cómo cubrirá las necesidades básicas del beneficiario, incluyendo la vivienda, y qué recursos de integración pondrá a su disposición.

Los documentos válidos como prueba de ingresos y recursos pueden ser:

• Cuenta bancaria corriente, de ahorro, o específica (para jubilación o para pagar estudios). En este caso, será preciso proveer un certificado bancario emitido por el banco o entidad financiera del solicitante, que indique la fecha de apertura de la cuenta, el importe total depositado durante el último año y el saldo actual de la misma.
• Declaración del empleador (aunque no se precisa una declaración jurada, sí es obligatorio que el documento incluya los datos identificativos de la empresa, incluidos membretes) indicando si el solicitante está contratado de forma temporal o permanente, el salario que recibe, la fecha de contratación y el tipo de trabajo que realiza.
• Bienes inmuebles, valor neto de otros bienes personales (solo es posible incluir aquellos que puedan convertirse en efectivo en un plazo de 12 meses) o anualidades. Además de cualquier documento que certifique la propiedad, es preciso aportar copia de la última declaración del impuesto federal sobre la renta.
• Acciones (incluido documento de propiedad), bonos (con su número de serie y denominaciones) o certificados de depósito.

Todo ingreso o recurso listado se entenderá que puede ser usado para la manutención y asistencia de la persona beneficiada. Entre los medios económicos no se pueden incluir aquellos fondos que provengan de ayudas estatales o federales.

¿Qué implicaciones legales tiene el proceso para patrocinadores y beneficiarios?

Una de las principales preocupaciones para quienes realizan un compromiso de apoyo es si el formulario I-134 representa una obligación para la cobertura de todos los gastos de la persona beneficiaria. La organización Catholic Legal Immigration Network afirma que existe el precedente de al menos tres dictámenes judiciales que determinan que el formulario I-134 no es un contrato legal, sino solo una obligación moral. Existe otro formulario, el “I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la Ley”, que sí tiene carácter vinculante, ya que conduce a la obtención de una Green Card.

Por tanto, dado que el formulario del Proceso de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos, I-134A, deriva del I-134 y no conlleva el otorgamiento de residencia, tendría que aplicársele la misma interpretación. Sin embargo, cualquier persona que desee patrocinar a otra bajo este nuevo programa debería consultar un abogado para comprobar sus obligaciones al firmar el documento.

Por su parte, USCIS ha confirmado que aquellas personas que se acojan al nuevo proceso y tengan en trámite una petición migratoria adicional (una reclamación familiar, por ejemplo), no verán afectada su capacidad para ajustar estatus cuando les llegue su turno en el otro proceso. El Departamento de Estado no ha realizado ningún pronunciamiento respecto a si tendrán alguna prioridad aquellos beneficiarios del Programa de Parole para Reunificación de Familias Cubanas con documentos de apoyo financiero ya aprobados.

Enlaces útiles:

 USCIS: Procesos de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos

USCIS: Preguntas frecuentes sobre los procesos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos

Departamento de Estado: Hoja informativa: La Administración Biden-Harris anuncia nuevas acciones de aplicación de la ley para la frontera

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Cada año, el reporte “The Lancet Countdown: seguimiento de los avances en materia de salud y cambio climático” ofrece información sobre cómo el cambio climático afecta la salud de las personas y cuáles son las consecuencias de no reaccionar a tiempo. Presenta cuarenta y tres indicadores sobre el impacto de las temperaturas extremas en la salud.

En octubre de 2022 se publicó el séptimo informe de Lancet Countdown, realizado con el aporte de 99 expertos de 51 instituciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), bajo el auspicio del University College de Londres. La publicación del reporte coincide con el 30 aniversario de la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y con la 27ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP27).

Periodismo de Barrio traduce y resume los principales puntos del informe, que puede ser consultado  aquí en inglés.

¿Cuáles son los principales mensajes del reporte de 2022?

La temperatura superficial media global es 1,1 °C más alta que el promedio de la era preindustrial (Foto: Periodismo de Barrio).

• La persistente adicción a los combustibles fósiles está amplificando los efectos del cambio climático sobre la salud y agravando las crisis concurrentes de la energía, el coste de la vida, la alimentación y la COVID-19 a las que nos enfrentamos.
• Los gobiernos siguen subvencionando los combustibles fósiles por un importe de cientos de miles de millones de dólares al año; cantidades comparables a sus presupuestos sanitarios totales. Mientras tanto, la profunda falta de financiación socava una transición justa hacia una energía asequible, saludable y sin emisiones de carbono.
• Los responsables de la toma de decisiones aún pueden ofrecer hoy sistemas energéticos más resistentes, salvando al menos 1,2 millones de vidas gracias a un aire más limpio y 11,5 millones de vidas gracias a dietas más saludables, reduciendo la pobreza energética y ofreciendo ciudades más saludables y habitables.

El impacto del cambio climático en la salud y la seguridad alimentaria

Las temperaturas más altas en 2021 acortaron las temporadas de crecimiento de los cultivos (Foto: Periodismo de Barrio).

• Entre 2000 y 2021 las personas estuvieron expuestas a un aumento medio de la temperatura estival dos veces superior a la media mundial.
• En los últimos 10 años se experimentó una media de 281 horas más al año de riesgo moderado de estrés térmico en actividades al aire libre, debido al calor intenso, en comparación con el periodo 1991-2000.
• La mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años aumentó aproximadamente un 68 % entre 2000-2004 y 2017-2021.
• El cambio climático afecta la distribución y transmisión de muchas enfermedades infecciosas, incluidas las transmitidas por vectores, por alimentos y por el agua. La idoneidad climática para la transmisión del dengue aumentó un 11-5 % para el Aedes aegypti y un 12-0 % para el Aedes albopictus desde 1951-1960 hasta 2012-2021.
• La exposición humana a días de peligro de incendio muy alto o extremadamente alto aumentó en el 61 % de los países.
• En promedio, un 29 % más de superficie mundial se vio afectada por una sequía extrema durante, al menos, un mes al año entre 2012-2021.
• La carne roja y la leche contribuyen al 55 % de las emisiones de la agricultura mundial.
• En 2021 la exposición al calor provocó la pérdida de 470 000 millones de horas potenciales de trabajo, lo que supone un aumento del 37 % respecto a 1990-1999. El 87 % de las pérdidas en los países con un bajo Índice de Desarrollo Humano se produjeron en el sector agrícola.
• Las temperaturas más altas en 2021 acortaron las temporadas de crecimiento de los cultivos en todo el mundo: 9,3 días para el maíz; 1,7 días para el arroz; 6 días para el trigo de invierno y primavera.
• En 2020, la exposición a las PM2,5 antropogénicas en el ambiente contribuyó a 3,3 millones de muertes. De ellas, 1,2 millones estaban directamente relacionadas con la combustión de combustibles fósiles.

¿Cuál es el rol de los combustibles en el cambio climático?

Con el aumento del consumo de energía, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía alcanzaron un récord en 2021 (Foto: Antonio Wilfredo Rodríguez).

La intensidad de carbono en el sistema energético mundial ha disminuido menos de 1 % desde que se estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la generación mundial de electricidad sigue dominada por los combustibles fósiles; las energías renovables solo contribuyen al 8,2 % del total. Específicamente, durante el año 2020, la biomasa y los combustibles fósiles representaron el 31 % y el 26 % de la energía doméstica mundial, respectivamente. Con el aumento del consumo de energía, las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía alcanzaron un récord en 2021.

Las políticas actuales indican que habrá un aumento de 2,7 °C para finales de siglo. Incluso con los compromisos que los países establecieron, las emisiones mundiales en 2030 podrían estar 13,7 % por encima de los niveles de 2010. A pesar de ello, los gobiernos siguen subvencionando los combustibles fósiles, en muchos casos, por cantidades comparables o superiores a sus presupuestos sanitarios. Al mismo tiempo, las empresas petroleras y de gas registran beneficios extraordinarios. Los países más ricos no han cumplido su compromiso de aportar las sumas acordadas en el Acuerdo de Copenhague de 2009 para apoyar la acción climática en los países en desarrollo, por lo que los esfuerzos climáticos afrontan una notable escasez de financiación.

El abandono de los combustibles fósiles podría evitar los 1,2 millones de muertes que se producen por la exposición a las PM2,5 ambientales. El rediseño urbano ecológico podría aumentar la resiliencia climática, al tiempo que mejoraría la salud física y mental gracias a ciudades más sanas y habitables.

Principales recomendaciones del reporte

• Alimentación y dietas sostenibles. Desarrollar estrategias y planes alimentarios nacionales que apoyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, protegiendo al mismo tiempo los suelos, la biodiversidad, el aire, el agua y la salud pública del planeta. Esto incluye fomentar dietas más saludables, reducir la ingesta de carne roja y productos lácteos (con menos uso de pesticidas y fertilizantes). Debe prestarse especial atención a restringir la comercialización y la publicidad de alimentos poco saludables, con una gran huella de carbono.
• Disminuir la contaminación del aire. A más tardar en 2030 se deben adaptar plenamente las normas de calidad del aire de la Unión Europea (que son jurídicamente vinculantes a nivel nacional) a las Directrices Mundiales de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS.
• Ecologización del sector sanitario. Aumentar los esfuerzos nacionales para descarbonizar los servicios sanitarios. El sector debe desarrollar sistemas de gestión de residuos e invertir en investigación sobre sostenibilidad y atención sanitaria segura para el paciente.

En 2023 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizará el primer Inventario Mundial, esto es: una evaluación del progreso colectivo hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.

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Las estadísticas muestran que entre enero y abril de 2022, el gobierno mexicano procesó a 14 133 cubanos en situación migratoria irregular, emitió 5 885 oficios de salida (conocidos popularmente como “salvoconductos”), concedió 7 745 tarjetas de visitante por razones humanitarias a ciudadanos cubanos, y 115 residencias permanentes en México bajo la condición de refugiado.

A estas cifras hay que sumar que, durante los primeros cuatro meses del año, 35 314 cubanos entraron a territorio mexicano por vía aérea. No todos procedían de Cuba. Desde la Isla entraron en ese periodo 20 128 personas, sin que podamos asumir que eran necesariamente todos ciudadanos cubanos. Más del 60 % de las entradas por aire fueron a través del aeropuerto de Cancún, punto más cercano a Cuba, pero también un destino vacacional y de compras.

Todo ello contrasta con la cifra de 93 248 cubanos que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos entre enero y abril de 2022, publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Los números lo dejan claro: decenas de miles de cubanos están transitando fronteras y atravesando México sin ser detenidos o procesados por las autoridades migratorias. Pero aquellos que sí lo son: ¿a qué procedimientos legales están sometidos en territorio mexicano para poder continuar su ruta?

Procesamiento inicial de los migrantes

Tapachula, en el estado de Chiapas, es la ciudad donde se registra el 70 % de todas las solicitudes de asilo en México, y es continuamente referenciada en los medios como una “ciudad-cárcel”. En ella comienza un tortuoso y agónico proceso de regularización para que los migrantes puedan transitar a su destino final: la frontera sur estadounidense. Es importante entender que, en México, la migración indocumentada no es un delito, sino una falta administrativa. Y como tal se le gestiona.

Los migrantes extranjeros son procesados por el Instituto Nacional de Migración a partir de un primer triaje: presentados (algunos de ellos posteriormente canalizados) y devueltos. El artículo 99 de la Ley de Migración establece que “Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional”. Aquellas personas que no acrediten el cumplimiento de dicho trámite están sujetas a deportación en caso de ser aprehendidas.

Ciudadanos cubanos presentados, canalizados y devueltos entre 2020 y 2022 (Fuente: Datos obtenidos de los Boletines de la Dirección de Estadística del gobierno de México).

La primera estancia de un migrante irregular es, entonces, una estación migratoria. La estación “Siglo XXI” en Tapachula, es tristemente conocida por sus condiciones de hacinamiento, maltratos y militarización. Un porciento de los migrantes presentados –niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad, adultos mayores o víctimas de delitos graves– pueden ser “canalizados”. Es decir, el Instituto Nacional de Migración los deriva a los albergues de la Red DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias), donde se supone que cuenten con una mejor atención y acompañamiento.

Una vez se emite el documento de Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM), los migrantes ya pueden abandonar la estación o albergue, pero tienen la obligación de “permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio”, indica el artículo 101 de la Ley de Migración.

Durante días, semanas e incluso meses, los migrantes han de esperar a la resolución de sus casos, sin prácticamente medios económicos. El primer desafío es poder conseguir una cita para realizar los trámites correspondientes ante las oficinas del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Largas colas para procesar sus documentos, demoras y malos tratos por parte de las autoridades y la Guardia Nacional son su día a día. Una de las estrategias que han encontrado es realizar caravanas en señal de protesta: centenares, e incluso miles, caminan intentando llegar a las ciudades cercanas –antes de que las autoridades migratorias les detengan y retornen– gritando consignas como “¡Queremos visas!” y demandando la posibilidad de transitar. La visibilidad mediática de estas acciones supone una presión adicional para expeditar sus casos.

En el caso de los migrantes que viajan con menores de edad, aplica el artículo 112 de la Ley de Migración, que indica que “De manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño y adolescente migrante la condición de Visitante por Razones Humanitarias (…) el Instituto lo podrá regularizar bajo los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y tendrá derecho a la preservación de la unidad familiar”. Es decir, los niños incrementan automáticamente la posibilidad de regularización para sus familias.

Finalmente, de los 1 348 ciudadanos cubanos devueltos entre enero y abril de 2022, 880 fueron deportados y 468 tuvieron retorno asistido. El retorno asistido es un proceso voluntario que propone el Instituto Nacional de Migración a la persona migrante. Si esta acepta, debe confirmar por escrito que se acoge a dicha opción.

Vías de regularización temporal de los migrantes cubanos

Una vez se determina que un migrante no está sujeto a devolución (a su país de origen, de residencia o de procedencia irregular), este tiene diversas alternativas de regularización ante el Instituto Nacional de Migración, en dependencia del propósito y duración de su estancia en el país.

Alternativas de regularización temporal para ciudadanos cubanos no sujetos a devolución entre 2020 y 2022 (Fuente: Datos obtenidos de los Boletines de la Dirección de Estadística del gobierno de México).

El oficio de salida, popularmente conocido entre los migrantes como “salvoconducto”, es un documento administrativo que se emite a quienes tienen abierto un Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM) para que tras su salida de la estación migratoria o del albergue abandonen México por sus propios medios en un lapso no mayor a 30 días.

En el año 2019, debido en gran parte a la política estadounidense de no admisión durante la presidencia de Donald Trump, se suspendió su emisión de forma temporal, pero en el último año se puede ver que es un documento cada más utilizado como forma de regularización “exprés” para migrantes que solo necesitan cruzar el país y no tienen intenciones de residir en él. De hecho, se está empleando con las caravanas de migrantes: a inicios de junio de 2022, el Instituto Nacional de Migración aceptó documentar con esta opción a unos 14 000 migrantes de 18 nacionalidades que integraban una caravana de Tapachula con destino a los Estados Unidos.

Para aquellos migrantes que no integran caravanas o que su estancia en México es por mayor tiempo, se emite un oficio de regularización migratoria. Este documento administrativo autoriza a la persona a tramitar su condición de estancia migratoria en México por una de las dos vías que ofrece la Ley de Migración: regularización por razones humanitarias o regularización por vínculo familiar.

Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH)

Entre enero y abril de 2022, el gobierno mexicano emitió 7 745 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) a ciudadanos cubanos: 4 578 hombres y 3 167 mujeres. El 91,7 % de dichas tarjetas (7 108) se emitieron en el estado de Chiapas, al que pertenece Tapachula.

Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) emitidas a cubanos entre 2020 y 2022 (Fuente: Datos obtenidos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, SEGOB, con base en información registrada en las oficinas de trámites del INM).

El artículo 52 de la Ley de Migración establece que las personas extranjeras podrán permanecer en territorio nacional en la categoría de Visitante por Razones Humanitarias si cumplen con alguno de los siguientes supuestos:

1. Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio mexicano.
2. Ser un menor migrante no acompañado.
3. Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de condición de refugiado o de protección complementaria ante las autoridades mexicanas, en tanto no se resuelva su situación migratoria.
4. Cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país. Se entiende como “causa humanitaria” que exista riesgo a su salud o vida, que tenga en el territorio nacional a un familiar directo bajo custodia del Estado mexicano y sea necesaria su autorización para prestarle asistencia médica, psicológica, o que requiera asistir a un familiar directo en estado grave de salud que se encuentre en el territorio nacional, así como que la persona que por su situación de vulnerabilidad no pueda ser devuelto a su país de origen, o no pueda continuar su viaje.

En el folleto Migrante: una guía de tus derechos humanos, una publicación de la organización mexicana Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se explican que la Ley sobre los Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México contempla tres tipos de protección internacional:

1. Asilo político: personas perseguidas por “ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público”.
2. Condición de refugiado: para las personas que tienen “fundados temores” de ser perseguidas “por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas” o han “huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas”.
3. Protección complementaria: se otorga a la persona que no reúne los requisitos para ser reconocida como refugiada, pero que no puede ser devuelta al país de origen, porque ahí corre peligro de perder su vida, libertad o seguridad o ser sometida a la tortura y otros tratos crueles.

Los migrantes cubanos han encontrado mayores posibilidades en la segunda de estas tres opciones para acogerse a la posibilidad de obtener una TVRH. A diferencia del oficio de salida, esta tarjeta (válida por un año y prorrogable) autoriza a residir y trabajar en México, posibilita realizar entradas y salidas múltiples del territorio mexicano, así como recibir una clave única de registro de población (CURP) que permite el acceso a servicios públicos (entre ellos, los de salud y educación).

Sin embargo, la renovación de la condición de estancia TVRH está supeditada a que se pruebe que la situación por la que fue entregada inicialmente persiste, y no prevé una vía legal para lograr la residencia temporal o permanente en México. Debido a ello, es lógico asumir que muchos de los cubanos beneficiarios de la misma tienen pocas posibilidades de lograr una integración completa en el país y pudieran decidir continuar su camino migratorio a la frontera estadounidense.

Residencia temporal y permanente en México

Los migrantes irregulares tienen otra posibilidad de regularización: a través de vínculos familiares, ya sea por matrimonio o lazos sanguíneos. Con ello, son elegibles para obtener una residencia temporal que se otorga por un periodo máximo de cuatro años, prorrogables. Otras formas de acceder a este tipo de residencia son mediante contratos de trabajo o como estudiante, por ejemplo.

Comparada con la residencia de Visitante por Razones Humanitarias, la temporal, en el caso de los cubanos, exhibe estadísticas mucho más discretas y sostenidas en el tiempo. Solo se aprecia un incremento notable dentro de este tipo de residencia en el caso de los estudiantes. Que es, a fin de cuentas, también una de las principales alternativas migratorias empleadas por los cubanos.

En el caso de la residencia permanente, que se concede por diez años y es también prorrogable, los números son aún más reducidos. Es requisito indispensable el haber mantenido el estatus de residente permanente por al menos cinco años para acceder a la ciudadanía mexicana. Los bajos números de renovación de este tipo de residencia indican la alta probabilidad de que los cubanos que cualifiquen a nacionalidad se acojan a esta opción tan pronto pueden.

Residencias temporales y permanentes emitidas a ciudadanos cubanos, según categoría de inmigración, entre 2020 y 2022 (Fuente: Datos obtenidos de los Boletines de la Dirección de Estadística del gobierno de México).

De enero a abril de 2022, se concedió la condición de “Residente permanente por reconocimiento de refugio” a 115 cubanos, quedando solo una persona con condición diferente en la categoría “Razones humanitarias”, posiblemente asilo político. Queda entonces claro que pese a la creciente demanda de este estatus son realmente pocos los cubanos que lo reciben, y en los últimos tres años ninguno lo ha renovado.

El continuo descenso de los números de cubanos que buscan una regularización migratoria a largo plazo en México no hace más que confirmar lo que las noticias muestran cada día: la opción cada vez más frecuente –incluso para aquellos legalmente asentados en el país– es dirigirse hacia los Estados Unidos.

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Cuba no está exenta de tales dinámicas. Por ello, Periodismo de Barrio responde algunas de las interrogantes asociadas a este escenario.

¿Por qué una guerra entre los dos países afecta el comercio internacional?

El impacto económico de las guerras abarca múltiples esferas: la población como capital de trabajo, las infraestructuras, el medioambiente y, por supuesto, el comercio.

No es ni siquiera necesario un conflicto bélico. Basta recordar cómo durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump, su guerra comercial con China resultó disruptiva a nivel global debido al incremento de las tarifas arancelarias en productos claves para la industria, como el aluminio y el acero.

Las guerras afectan las estructuras productivas de los países involucrados, ya que interrumpen sus relaciones de comercio exterior, rompiendo integraciones comerciales globales. Esto repercute en el incremento de los costos, las entregas demoradas y la escasez de opciones de suministro para las empresas que transportan mercancías por todo el mundo. Y aunque ello da oportunidad a países neutrales para posicionarse como proveedores, es imposible que lo logren en un corto período de tiempo, lo que da lugar a épocas de desabastecimiento.

El actual conflicto Rusia-Ucrania ha puesto en riesgo el suministro global de productos de la canasta básica como el aceite de girasol (Ucrania es el principal exportador de este producto a escala planetaria), pero también de materias primas como el aluminio, el acero y el platino, indispensables en la industria automotriz y las industrias tecnológicas. A ello hay que sumar el cierre de fábricas, multitud de sanciones y la retirada de la mayor parte de las empresas multinacionales de Rusia. Pero especialmente, el conflicto ha agudizado la crisis del combustible que ya se venía gestando y que tiene sus orígenes en un tiempo anterior a la pandemia.

¿El aumento de precio del combustible fue provocado por esta guerra?

El precio del petróleo es un factor importante en la salud general del sector energético. Este hidrocarburo es una de las materias primas más negociadas, pues está influida por casi todos los acontecimientos macroeconómicos mundiales. La crisis actual, agravada por el conflicto Rusia-Ucrania, tiene su origen en la última década.

Sin entrar en disquisiciones técnicas demasiado profundas, debemos entender que el mercado del petróleo está regido por el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI). El Brent es el crudo empleado en Europa, se extrae de los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte y es el que usa la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, según sus siglas en inglés)* como referencia para establecer precios; mientras que el WTI procede de los yacimientos estadounidenses. Existen otras variedades, como el Dubái/Omán, pero no dominan el mercado como las dos anteriores. En tiempos de crisis, el diferencial entre el Brent y el WTI se dispara, ya que la incertidumbre política provoca subidas en los precios del Brent. El WTI se ve menos afectado porque se extrae en zonas sin litoral de Estados Unidos, altamente protegidas.

Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos han sido los tres mayores productores de petróleo de las últimas décadas. Desde la implementación a gran escala por parte de los EE.UU. de la tecnología de extracción de petróleo de esquisto (fracturando las formaciones rocosas que contienen las capas de petróleo en lugar de extraerlo de la forma tradicional), el precio del crudo bajó de más de 100 dólares/barril en 2014 a menos de 30 dólares/barril en 2016. Esto trajo como consecuencia que en ese año Rusia llegara a un acuerdo con Arabia Saudita y el resto de los países miembros de la OPEC para recortar la producción de petróleo hasta 2 millones de barriles diarios (alrededor del 2% de la producción mundial), y de esta manera controlar la caída de los precios causada por la existencia de más oferta que demanda. A esta alianza informal se le conoció como OPEC+.

Sin embargo, en 2020 Rusia se opuso a continuar recortando su generación de crudo, y para ejercer presión los saudíes anunciaron en marzo de ese año un descuento de hasta 10% para sus clientes y un aumento del 25% de su producción. Ello provocó que el índice Brent cayera inmediatamente un 30% y el WTI un 20%. Sin embargo, los saudíes no contaron con la llegada del COVID-19 unos días después, lo cual desplomó la demanda: a escala mundial se estima que el consumo de gasolina disminuyó casi un 50% y el de combustible de aviones aún más. En esa crisis los precios del petróleo incluso llegaron a ser negativos durante un breve tiempo. El resultado: todos los países productores de crudo recortaron drásticamente su producción, incluido Estados Unidos.

Tras el control de la pandemia los precios se han recuperado más rápido de lo que muchos analistas esperaban. En marzo de 2022 el barril llegó a 130 dólares. Este incremento se ha dado en gran medida debido a que la oferta no ha seguido el ritmo de la demanda, pues las compañías petroleras han sido cautas para no cometer el mismo error del pasado, consistente en aumentar la producción cuando suben los precios, lo que provoca el colapso de estos.

La empresa de servicios financieros JP Morgan Chase ha vaticinado que si el crudo llega a los 150 dólares/barril el crecimiento mundial se quedaría en un 0,9%. Sería una reducción adicional, pues el inicio de la invasión a Ucrania hizo descender el estimado de crecimiento de 4,1% a 2,6% (según estimados de la propia entidad financiera), y la inflación se dispararía hasta el 7,2%, más del doble de lo previsto.

¿Qué impacto tiene esto en el comercio internacional?

La invasión rusa a Ucrania deja a Cuba a las puertas de una crisis energética de gran magnitud (Foto: Julio Batista).

Por lo ya comentado, es fácil entender que el conflicto con Ucrania distorsiona la cadena de suministro energético: Rusia actualmente produce 10 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa aproximadamente 1 de cada 10 barriles a nivel global. El resto de los países no tienen la capacidad necesaria para sustituir el petróleo ruso de un día para otro.

A pesar de no poder darse el lujo de prescindir del crudo ruso sin afectar la calidad de vida de sus ciudadanos, se ha podido apreciar una respuesta global coordinada compuesta mayormente por sanciones. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2022 el presidente Biden prohibió la importación de petróleo, gas natural licuado y carbón rusos a Estados Unidos, así como nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético de Rusia. El Reino Unido se comprometió a eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso para finales de año. Por su parte, la Unión Europea está en camino de aprobar una nueva propuesta de seguridad energética para diversificar su suministro de combustible. De hecho, a mediados de marzo de 2022 JP Morgan Chase estimaba que aproximadamente el 66% del petróleo ruso estaba presentando dificultades para encontrar compradores. China e India se vislumbran en ese contexto como los posibles “salvadores” de Rusia, pero aún no han tomado una postura definitiva.

En cualquier caso, ninguna de las medidas logrará un impacto a corto plazo, y ello se traduce en un incremento sostenido de los precios del combustible que termina afectando el bolsillo de los ciudadanos y aumentando el costo de la vida. Otra consecuencia es el aumento del descontento social, que incluye huelgas de transportistas y el subsecuente desabastecimiento de los mercados de alimentos, pero también de todo sector del comercio que depende de las cadenas de distribución.

¿Cómo afecta esta situación a Cuba?

La tensa situación energética de Cuba repercute en cada una de las esferas comerciales del país (Foto: Periodismo de Barrio).

A mediano plazo Cuba, como el resto del mundo, se enfrentará al incremento de los precios de prácticamente todos los productos de la canasta básica. Al ser un país mayoritariamente importador y en plena crisis económica, es de prever que la capacidad adquisitiva del Estado cubano se vea mermada, con la consiguiente contracción de los volúmenes de importación. Sin embargo, la principal consecuencia a corto plazo para Cuba (más allá de los desabastecimientos crónicos con tendencia al alza) puede ser la dificultad para acceder al combustible.

Según la Casa Blanca, en 2021 Estados Unidos importó de Rusia casi 700 000 barriles diarios de crudo y productos petrolíferos refinados. Inmediatamente después de que el presidente Biden prohibiera estas importaciones como parte del paquete de sanciones tras la invasión a Ucrania, el gobierno estadounidense realizó un inesperado acercamiento a Venezuela. A cambio, posiblemente Estados Unidos levante muchas de las actuales sanciones y termine reconociendo a Nicolás Maduro como presidente del país, en detrimento del gobierno paralelo y virtual de Juan Guaidó.

El peligro para Cuba en este escenario es que, de acuerdo con el portal CEIC Data, la producción de crudo venezolano en diciembre de 2021 y enero de 2022 fue de 718 000 y 668 000 barriles diarios, respectivamente. Es decir, que el total de la producción venezolana alcanza a duras penas para cubrir la demanda estadounidense. Por su parte, Reuters reportó que, aunque desde principios de 2020 Venezuela había disminuido sus exportaciones de combustible a Cuba debido a la contracción de su producción interna, entre noviembre de 2021 y enero de 2022 se produjo una recuperación, ya que PDVSA envió en esos meses al menos tres cargamentos con unos 197 000 barriles de gasolina, junto con otros productos refinados, a los puertos cubanos de Nuevitas, Matanzas y La Habana. Si Venezuela comprometiese gran parte de su producción destinada a los Estados Unidos, ¿amenazarían estas negociaciones las cuotas pactadas con Cuba, que precisamente ahora vienen recuperándose?

El escenario es para nada optimista, porque el otro posible suministrador de combustible sería la propia Rusia, que hace poco renegoció con Cuba el pago de la deuda existente, por lo que no parece factible que Putin esté interesado en engrosarla cuando la economía de su país se estima va a contraerse entre un 7% y un 35%.

La tensa situación energética de Cuba (agravada por recientes averías en las plantas generadoras) repercute en cada una de las esferas comerciales del país, reduciendo aún más el flujo de efectivo para adquirir el combustible, escaso y caro en el mercado global. Sin convenios ni créditos, a Cuba le resultaría prácticamente imposible obtener el combustible que necesita.

Con un sector turístico deprimido (que en el último lustro ha engullido las inversiones extranjeras sin aún reportar beneficios) y las secuelas económicas de la pandemia, la invasión rusa a Ucrania deja a Cuba a las puertas de una crisis energética de gran magnitud, sin los medios económicos para competir por la obtención de un recurso cuya oferta se espera continúe siendo inferior a la demanda en el mediano plazo. A ello se le une la inflación externa, generada por el aumento de los costos de las importaciones, que vendría a sumarse a la ya existente inflación interna, incrementando la distorsión de las tasas de cambio, la contracción del poder adquisitivo y los gastos asociados a la canasta básica (que no es lo mismo que libreta de abastecimiento) en cada hogar.

* Países que integran la OPEC: Argelia, Angola, Congo, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.

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Los primeros estudios en Cuba sobre esta bacteria que vive en las células del tracto genital y respiratorio datan de hace menos de una década, y en ese período ha podido constatarse un incremento en el país de casi el 100% de la presencia de cepas resistentes a los antibióticos.

Aunque muchas personas portan la bacteria sin experimentar síntomas, en las mujeres puede provocar uretritis, cervicitis, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica, corioamnionitis (infección de la placenta y del líquido amniótico), infertilidad y aborto espontáneo. En los hombres es causante de síndrome uretral. Cerca del 50% de las mujeres que sufren infección por M. genitalium presentan coinfección por N. gonorrhoeae, C. trachomatis o T. vaginalis. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (CDC, según sus siglas en inglés), en ese país el M. genitalium es responsable de aproximadamente el 15-30% de los casos de uretritis persistente o recurrente en los hombres y del 10-30 % de los casos de cervicitis en las mujeres.

Por la importancia de este tema para la salud, Periodismo de Barrio les comparte un resumen de los resultados arrojados por las principales investigaciones científicas en Cuba, dadas a conocer por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).

Prevalencia y tratamiento del Mycoplasma genitalium en Cuba

Cuba cuenta con un Plan Estratégico Nacional para la Prevención y el Control de las ITS y el VIH/SIDA desde 2001. Como parte de este, desde 2007 la detección del M. genitalium se realiza en el Laboratorio de Referencia de Micoplasma del IPK.

El primer estudio desarrollado en el país sobre esta afección tuvo lugar entre 2014 y 2015, dentro de la vigilancia etiológica del Programa Nacional de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual de Cuba. Este analizó la prevalencia de la infección por M. genitalium en hombres y mujeres cubanos sexualmente activos con síndromes urogenitales. Se procesaron 971 muestras (147 hisopos uretrales en pacientes masculinos y 824 hisopos endocervicales en pacientes femeninas), recogidas en hospitales de La Habana y en los Centros Médicos Provinciales de la Red Microbiológica Nacional de Cuba de las provincias Camagüey y Artemisa.

El resultado de la investigación determinó que se sugiriera incluir al M. genitalium como un patógeno importante entre las infecciones de transmisión sexual en Cuba, dado que el 5,7% (47/824) de las mujeres y el 27,9% (41/147) de los hombres fueron positivos a este. Un estudio posterior publicado en 2017, que al parecer es una ampliación del ya citado, confirmó los resultados: entre 2009 y 2015 se analizaron 3 829 muestras de mujeres con síndromes urogenitales y 390 muestras de hombres con síndrome uretral. La positividad en mujeres fue de un 2,1%, mientras que en los hombres fue de un 16,2%.

Una de las deudas pendientes de ambas investigaciones fue el desbalance entre sexos, ya que la mayor parte de sus muestras fueron mujeres. Mientras que ellas acudieron a consulta médica por una variedad de síntomas o causas ―síndrome de descarga vaginal, abortos espontáneos o tratamientos de fertilidad―, todas las muestras masculinas fueron tomadas a pacientes sintomáticos con síndrome uretral. Asimismo, los autores del primer estudio reconocen que la baja prevalencia del patógeno en las mujeres pudo deberse a que ellas ya hubieran recibido varias rondas de terapia antimicrobiana con actividad contra M. genitalium.

Aunque la sintomatología es similar a la de la clamidia, ambas infecciones requieren diferentes tratamientos, pues depende del estado de susceptibilidad de la cepa a los macrólidos. Los macrólidos son un grupo de antibióticos llamados así por su estructura molecular en forma de anillo macrocíclico de lactona con 14-16 miembros.

El macrólido más empleado para el tratamiento del M. genitalium es la azitromicina. Sin embargo, un estudio de patrones de susceptibilidad a los antimicrobianos contra el M. genitalium en Cuba, realizado en 2016, determinó que en el país circulan cepas resistentes a los macrólidos y tetraciclinas. De hecho, se ha logrado aislar hasta siete cepas autóctonas y, de manera general, las cepas cubanas han mostrado similitud genética con las circulantes en el sur de los Estados Unidos.

Una investigación del IPK publicada en 2021 dio a conocer que en el país se ha podido comprobar un incremento sustancial de la resistencia a macrólidos en M. genitalium, desde un 18% en 2014 hasta un 98% en 2019, lo cual evidencia que las cepas resistentes se han difundido con rapidez.

Para ello, el IPK ha realizado múltiples pruebas de susceptibilidad empleando azitromicina (Novatec, Cuba), eritromicina (Sigma, EE.UU.), ciprofloxacina (Sigma, EE.UU.), ofloxacina (Sigma, EE.UU.), levofloxacina (Novatec, Cuba), moxifloxacina (Bayer, Italia), tetraciclina (Sigma, EE.UU.) y doxiciclina (Bayer, Italia). La recomendación resultante fue que como primera opción de tratamiento se administrase azitromicina de forma extendida (1 g como dosis única, seguido de 250 mg durante cuatro días). Como segunda opción de tratamiento para cepas resistentes se sugirió emplear la moxifloxacina y las fluoroquinolonas de última generación. Esto es consistente con lo indicado por la Directriz europea de 2016 sobre las infecciones por M. genitalium.

Actualmente, el protocolo establecido por el Plan estratégico nacional para la prevención y control de las ITS, el VIH y las hepatitis 2019-2023 dicta que, en el caso de las mujeres, el especialista en ginecología y obstetricia es quien ha de indicar un exudado vaginal con cultivo, y si diese positivo para Mycoplasma hominis, se ha de enviar la muestra al IPK para hacerle un PCR específico de M. genitalium. Además, el Plan indica que la búsqueda de M. genitalium y C. trachomatis se incluirá de rutina en el exudado que forma parte del perfil de sepsis que se orienta a pacientes con riesgos de prematuridad ingresadas en los hogares maternos, o que ingresan en las maternidades con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. Finalmente, el protocolo indica que cada provincia ha de tener un área de salud seleccionada por el IPK y un hospital preferiblemente materno para realizar estudios especiales a fin de detectar M. genitalium y C. trachomatis.

El Plan no incluye protocolos específicos para la detección proactiva de esta afección en hombres más allá de la derivación desde los servicios de urología, lo cual es contradictorio con los resultados arrojados en años anteriores, que muestran una prevalencia de la enfermedad en pacientes masculinos.

Prevención y avances sobre el M. genitalium

El incremento de casos de este patógeno de transmisión sexual emergente y su creciente resistencia a los tratamientos habituales ha generado preocupación a nivel internacional y en Cuba.

La patología típicamente se diagnostica por medio de técnicas de biología molecular (PCR) en secreción uretral, vaginal, endocervical, orina (muestra de primer chorro miccional) o frotis rectal, lo que disminuye el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento y erradicación de este microorganismo en los pacientes positivos.

Sin embargo, dada la prevalencia de la enfermedad, algunas farmacéuticas ya han creado productos enfocados en la identificación rápida del patógeno. En 2019 la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA según sus siglas en inglés) aprobó el primer test específico para la detección de M. genitalium. Llamada Aptima Mycoplasma genitalium Assay, es una prueba basada en la amplificación de ácido nucleico. Por su parte, la compañía belga Novosanis se encuentra desarrollando el test Colli-Pee, que a partir de una muestra de orina podría detectar hasta cuatro ITS: clamidia, gonorrea, tricomoniasis y M. genitalium.

En Cuba, por el momento, el método de diagnóstico utilizado es el PCR. Dado que en un exudado común no es posible diagnosticar la patología, aquellas personas con síntomas como los descritos, que no los hayan solucionado tras rondas de los medicamentos habituales, deberían consultar con su médico la posibilidad de una prueba específica para detectar si son portadoras de esta bacteria cada vez más frecuente.

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Consta de un decreto-ley, un decreto y cuatro resoluciones ministeriales, que entrarán en vigor a partir del 22 de enero de 2022 para dar cumplimiento al lineamiento 120 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, para el período 2021-2026. Asimismo, sustituye la legislación vigente hasta el momento: el Decreto No. 179, del 2 de febrero de 1993, que establecía las regulaciones para la protección, uso y conservación de los suelos y sus contravenciones.

Periodismo de Barrio responde algunas preguntas esenciales para comprender el contenido y alcance de los documentos legales publicados.

¿Cuál es la situación actual de los suelos en Cuba que hace necesaria una nueva legislación?

De acuerdo con el Ministerio de la Agricultura (MINAG), el 71% de los suelos cubanos están afectados por la erosión, que en el 43% de estos se califica de fuerte a media. El 70% de la superficie agrícola del país se considera con bajos contenidos de materia orgánica. A ello se une un 15% de salinidad y más de dos millones de hectáreas con acidez.

El MINAG reconoce que solo el 28,2% de las tierras del país pueden valorarse en las categorías I y II según su productividad, y de acuerdo a un reporte de la Agencia Cubana de Noticias, estas se concentran en el sur de Artemisa y Mayabeque y en las provincias de Matanzas y Ciego de Ávila.

El documento rector de la nueva política (Decreto-Ley 50) enuncia que es interés del Estado incrementar la protección del recurso natural suelo, lograr su manejo sostenible y garantizar una fertilización integrada de los cultivos, como soporte fundamental para consolidar la producción agropecuaria, cañera, forestal y de frutales.

¿Qué documentos conforman el paquete legislativo que implementará la nueva Política?

Decreto-Ley 50/2021 del Consejo de Estado: “Sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y el uso de los fertilizantes”.

Decreto 52/2021 del Consejo de Ministros, con el Reglamento del Decreto-Ley 50/2021.

Resolución 524/2021 del MINAG, que aprueba el “Reglamento para el uso y control del financiamiento del Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de los Suelos, Incentivos y Mecanismos Financieros”.

Resolución 525/2021 del MINAG, que aprueba el “Reglamento del Registro Central de Fertilizantes”.

Resolución 526/2021 del MINAG, que aprueba el “Reglamento para la determinación del valor del resarcimiento por el cambio de uso de los suelos y su valor mínimo de arrendamiento”.

Resolución 386/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece que las personas naturales y jurídicas cuya actividad genere cambio de uso de los suelos pagan íntegramente el valor del resarcimiento por este concepto.

¿Cuáles son los aspectos más importantes del nuevo paquete legislativo?

• Creación del Sistema Nacional de Suelos y Fertilizantes
• Actualización del Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de los Suelos.
• Definición del servicio científico técnico de suelos.
• Uso de los suelos según su agroproductividad: aquellos en las categorías I y II deben ser empleados para la producción de alimentos, mientras que los incluidos en las categorías II y IV, para cultivos que utilicen sustratos o para inversiones.
• Actualización del Reglamento del Registro Central de Fertilizantes.

Por primera vez se regulan aspectos como la obligatoriedad del uso de los fertilizantes y bioproductos, el uso controlado del fuego en áreas agrícolas (ante situaciones excepcionales como plagas) y los incentivos financieros para la preservación y el desarrollo de los suelos.

Asimismo, se definen los protocolos y responsables para el cambio de uso o arrendamiento de los suelos, incluyendo el pago por este último concepto. Los propietarios de tierras podrán concertar contratos de arrendamiento para el uso del suelo en actividades no agrícolas (por ejemplo, concesiones mineras), con autorización previa de los delegados provinciales de Agricultura.

Finalmente, es importante destacar que el paquete legislativo comprende el incremento de las cuantías de las multas. Estas serán, además, diferentes para las personas naturales y jurídicas. A saber, por no aplicar una fertilización integrada, a una persona natural se la podría multar con un monto entre 500 y 800 pesos, mientras que una persona jurídica, por la misma contravención, recibiría una multa entre 5000 y 8000 pesos.

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