Durante el segundo trimestre del 2020 la disminución de horas de trabajo a escala mundial alcanzó el 17,3 %, lo que equivale a 495 millones de empleos a tiempo completo, algo superior al conjunto de la población de Canadá, Estados Unidos y México.

La región de las Américas figura entre las más afectadas por la pérdida de empleos. El teletrabajo ha sido una estrategia impulsada por organismos internacionales, gobiernos y sectores productivos para amortizar el impacto de la crisis. Sin embargo, en América Latina y el Caribe se estima que solo el 21,3 % de los ocupados podría teletrabajar.

Cuba también ha promovido esta estrategia como parte de las medidas adoptadas por el gobierno para evitar la paralización de la producción y de los servicios y tributar al aislamiento social. Días después de que se detectara el primer caso positivo a la COVID-19 en el país, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, insistía en la necesidad de fomentar el teletrabajo.

El teletrabajo se define como el “trabajo a distancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y/o de una computadora”, según el Tesauro de la OIT. En correspondencia con esta definición, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Cuba precisa que el teletrabajo es una de las modalidades del trabajo a distancia. Para su aplicación se requiere contar con medios que faciliten laborar desde el domicilio del trabajador, utilizando las tecnologías informáticas y la conectividad.

Esta modalidad, impulsada también durante la crisis energética de 2019, ha tenido un carácter coyuntural en la Isla. Aunque ha formado parte de la agenda pública, mediática y gubernamental cubanas de los últimos meses, no ha estado acompañada de una política integral para su fomento.

Fuente: Elaborado a partir de datos publicados en Granma y Cubadebate.

Ante la novedad del trabajo a distancia en Cuba, y en específico del teletrabajo, analizamos algunos de sus beneficios, desventajas y limitaciones, a partir de un ejercicio de “escucha social” que incluyó las experiencias de la ciudadanía en esta modalidad y las publicaciones sobre el tema en medios de comunicación como Cubadebate, Cubahora, IPS Cuba, Juventud Rebelde, Prensa Latina, y Trabajadores.

Estructuras productivas y mercado laboral

Los sectores de los servicios profesionales, científicos y técnicos, la educación, las finanzas y los seguros tienen mayores probabilidades de teletrabajar (Foto: Yailín Alfaro).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las estructuras de los mercados laborales, las estructuras productivas y los niveles de informalidad juegan un papel esencial en el teletrabajo.

En relación con la estructura de los mercados laborales, CEPAL otorga relevancia a los elevados niveles de informalidad. Más de la mitad del empleo total de la región en 2018 era informal y se concentraba en sectores que necesitan interacción física. Aunque las estadísticas oficiales de Cuba no ofrecen datos al respecto, la experiencia como consumidores revela la importancia del mercado informal en el acceso a artículos de consumo, servicios técnicos y profesionales.

Asimismo, de acuerdo con la CEPAL, “las características de la estructura productiva de la región limitan el porcentaje de ocupaciones que pueden migrar al teletrabajo debido a la alta concentración de trabajadores en actividades que necesitan interacción social y presencia física”.

Los sectores de los servicios profesionales, científicos y técnicos, la educación, las finanzas y los seguros tienen mayores probabilidades de teletrabajar (mayor al 80 %), pero en los países de América Latina y el Caribe, estos representan menos del 20 % de los ocupados.

En Cuba, las personas empleadas en sectores como la Educación, la Intermediación Financiera y la Ciencia e Innovación Tecnológica (equivalentes a la clasificación de la CEPAL), eran 536 700 trabajadores en el año 2019 según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), lo que representaba el 11,71 % de la población ocupada en el país. Sin embargo, la mayor parte del teletrabajo desarrollado en la Isla se concentró en servicios profesionales, científicos y técnicos como la informática, la edición, la comunicación, la consultoría, el diseño de proyectos y la investigación.

Fuente: Elaboración a partir de los datos de Cubadebate.

Calidad de la infraestructura digital

En Cuba, el 64,3 % de la población tenía algún tipo de acceso a Internet en el año 2019.

El alcance de las tecnologías digitales en la región, se ha visto limitado por las brechas en el acceso y uso y las velocidades de conexión. Con esto, se frenan las potencialidades de estas tecnologías para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la pandemia: la baja conectividad reduce el porcentaje de ocupados que podrían teletrabajar.

En Cuba, el 64,3 % de la población tenía algún tipo de acceso a Internet en el año 2019. Pero la posibilidad de teletrabajar, además, está relacionada con el servicio de banda ancha que permita una velocidad adecuada y la tenencia de dispositivos de acceso que faciliten una experiencia más completa.

Las bajas velocidades de conexión inhabilitan el uso de soluciones digitales de teletrabajo. Para entender esta situación en el caso de Cuba, vale referir que en el año 2018 las suscripciones de banda ancha fija (cableada) representaban el 0,87 % por cada 100 habitantes; mientras para las Américas era del 21,19 %, de acuerdo con las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Fuente: Informe “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19”, de CEPAL.

Según el usuario que se identificó como Hugo, en el caso cubano incide también la ausencia de una ley de neutralidad de la red, lo que “facilita que ETECSA le aplique limitación de tráfico a lo que estime pertinente, (…), y esto afecta los servicios de sus clientes”.

En cuanto a la tenencia de dispositivos, en los últimos cinco años se registra un incremento en la cantidad de usuarios de servicio de Internet y de abonados de telefonía celular. Al tiempo que la cantidad de computadoras, y de estas, las que se encuentran conectadas en red, disminuyó ligeramente. Tales datos indican que la conexión a Internet en la Isla se realiza fundamentalmente a través de dispositivos que no habilitan todas las potencialidades asociadas al teletrabajo.

Fuente: Elaboración propia a partir del capítulo “Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones”, del Anuario Estadístico de Cuba 2019.

Adicionalmente, ni los precios de Internet, que siguen siendo altos para el salario medio en Cuba, ni los tipos de acceso predominantes (datos telefónicos, zonas públicas de conexión, salas de navegación) favorecen la conexión de calidad a la Red de redes.

La necesidad de garantías infraestructurales por parte de los empleadores y las dificultades en el acceso a los medios para trabajar, subyace a la mayor parte de las experiencias compartidas por la ciudadanía. El usuario Enrique, por ejemplo, considera que “deben dar más beneficios a los trabajadores para poder realizar el teletrabajo. Dígase facilitar las conexiones y que no todo dependa del bolsillo”; mientras la usuaria Loren expresa que “hace años en las tiendas no se venden (…) computadoras, mercado acaparado por los particulares y con precios inflados con 100 y 150 CUC por encima del precio del mercado”.

La infraestructura es una condición necesaria, pero no suficiente. La capacitación también resulta imprescindible para que la ciudadanía pueda “apropiarse del valor que generan las tecnologías digitales”. Como comenta el usuario identificado como DNF, resulta importante capacitar “a los menos avezados [para] aprovechar las condiciones que tenemos. La mayoría por desconocimiento en vez de navegar, naufragamos en Internet”.

Condiciones familiares y características del hogar

De acuerdo con varias de las personas que compartieron sus vivencias, la flexibilidad en la organización del tiempo de esta modalidad permite atender a las necesidades familiares y el abastecimiento de productos de primera necesidad, sin dejar de cumplir con las obligaciones profesionales.

El usuario Holos, por ejemplo, califica su experiencia como muy buena: “comenzaba mis labores mientras oía la conferencia de prensa”, otras veces hacía “colas para medicamentos y alimentos y regresaba a las 11:00 o 12:00 a.m. Almorzaba y a las 2:00 p.m. reanudaba hasta las 7:00 p.m. Si me atrasaba en algo, tiraba hasta las 9:00 o 10:00 p.m. Pude combinar muy bien las cosas del hogar y el trabajo. El que es eficiente y cumplidor(a) no importa el lugar donde esté. Incluso a veces me levantaba a las 6:00 a.m., adelantaba algo y después desayunaba. Aquí puedes jugar con la necesidad y el deseo y la motivación en cualquier horario del día o la noche”.

Sin embargo, en las posibilidades para el teletrabajo también inciden la composición de los hogares y las características de las viviendas. Allí donde conviven familias numerosas y no existan espacios físicos previamente creados para esta labor, resulta más difícil la organización de horarios y la atención en el trabajo.

El usuario Jorge considera que “nadie puede decir que trabaja (…) con los niños pequeños corriendo y brincando en casa, con la mente puesta en las colas de los abastecimientos necesarios y en la pandemia”. La usuaria Omaida, por su parte, prefiere las condiciones de su oficina: “soy de las que se sienta en una silla dura de mi comedor desde las 8:00 a.m. y me mantengo ahí hasta las 5:00 p.m., lidiando con el ventilador y las moscas, en short y chancletas todo el día”.

Por otra parte, la convergencia de actividades de cuidado, educación, trabajo remunerado y no remunerado impuesta por la pandemia, profundizan las brechas de desigualdad laboral, sobre todo para las mujeres, quienes se han visto en la necesidad de conciliar la jornada laboral y el trabajo de cuidados, en detrimento de su bienestar.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en América Latina las mujeres dedican más del triple del tiempo que los hombres a labores de cuidados, y generalmente lo hacen sin remuneración y en condiciones precarias. A este factor están vinculados varios indicadores que muestran la mayor vulnerabilidad del empleo femenino: mayor informalidad, mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial, menores salarios, menor protección social y mayor volatilidad frente a fluctuaciones en la economía.

Para la usuaria Betina, por ejemplo, ha sido muy complicado “llevar de conjunto el teletrabajo y las labores domésticas”, pues tiene a su cuidado a su abuelo de 93 años y “dos niños que han estado todos estos meses en casa”. Para trabajar emplea las madrugadas, por lo que sus horarios de sueño se han acortado a “tres horas la mayor parte del tiempo”. Sin embargo, considera que ha sido una buena decisión para mantenerse activa y “con garantías laborales”.

Regulación legal y protección de los derechos de los trabajadores

El carácter coyuntural del teletrabajo se explicita en prácticas que, generalmente, no son resultado de una proyección estratégica de las empresas e instituciones. De acuerdo con Reynaldo Jorge Lam Peña, profesor de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de La Habana, la adopción del teletrabajo debe estar acompañada de un análisis que comprenda “las necesidades de la actividad empresarial, la garantía de las condiciones tecnológicas de conectividad, medios y condiciones de trabajo para un desempeño eficiente en ambas partes”.

Según Lam, esta modalidad no exime al empleador de su obligación de garantizar “las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de sus empleados, cubrir los gastos y riesgos profesionales en que puede incurrir y a respetar el horario de trabajo”. En este sentido, las obligaciones económicas derivadas de gastos como electricidad, teléfono, e Internet utilizados para trabajar no pueden ser una carga para el trabajador, como tampoco deberá descansar en el empleado los costos del deterioro de medios personales como computadoras o teléfonos usados para actividades labores.

Asimismo, Lam advierte sobre la necesidad de respetar “los horarios de descanso de los trabajadores” y evitar “e-mails, llamadas a deshora, o tareas que irrespetan los límites del trabajo extraordinario”.

Sin embargo, numerosas experiencias dan cuenta de la vulneración de los derechos laborales. El usuario identificado como YN ha teletrabajado por más de una década y su empresa nunca ha cubierto los gastos de electricidad y telefonía. Según cuenta, ha sufrido del exceso de carga de trabajo, y de asignaciones “fuera del horario laboral”.

Para el usuario Lr las condiciones del hogar no son las ideales. “Trabajo con mi laptop, sentada en una silla de madera y tengo que pagar, como ya lo hice, por cambiar la pantalla de mi laptop, fueron 100 CUC que salieron del sudor de la familia, porque en mi trabajo no se ha hecho contrato entre empleado y empleador, y qué decir de los megas que gasto para enviar el trabajo”.

Fuente: Ley No. 116 del Código de Trabajo y Decreto-Ley No. 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”.

Con todo, el teletrabajo en el contexto de la pandemia ha permitido a muchos trabajadores contar con ingresos por la vía del salario, y les ha posibilitado mantenerse activos y motivados.

Cambio cultural, organizacional y en los estilos de dirección

Más allá de la inversión en telecomunicaciones, la racionalidad productiva y un enfoque de derechos basado en el bienestar de los trabajadores, los desafíos del trabajo a distancia pasan también por la necesidad de cambiar paradigmas organizacionales.

Para Reynaldo Jorge Lam Peña “se trata de romper los esquemas de una presencialidad constante que ha anclado a los trabajadores en los centros laborales durante una jornada estricta e inamovible de ocho horas, aun cuando las funciones de trabajo no requieran de ese máximo de tiempo”.

La orientación hacia relaciones laborales por resultados supone numerosos obstáculos. Al respecto, el usuario Jorge identifica “la falta de capacitación en los directivos para evaluar y controlar este tipo de empleo”. Desde su perspectiva, las improvisaciones y emergencias coyunturales que surgen en la práctica, impactan en que los directivos prefieran la presencia física, “para apagar el fuego según se presente”.

El usuario Enrique, que ha tenido la experiencia de organizar teletrabajo y trabajo a distancia por años, considera esencial la “organización integral del trabajo con objetivos claros y compartidos entre todos los trabajadores implicados”, el establecimiento de “metas precisas a alcanzar por cada trabajador y (…) resultados esperados con la consecuente evaluación en tiempos fijados”, el fomento de la “disciplina (…) con la consecuente creación y adopción de hábitos de trabajo en la casa e incluso de espacio físico para trabajar”, y la “creación de un ʽclima laboral a distanciaʼ, participativo, solidario y humano”.

La capacidad de los directivos para planificar, organizar, dirigir y controlar el teletrabajo constituye un factor definitorio para la mayoría de las personas que compartieron sus experiencias. La usuaria Marta considera que tanto el teletrabajo como el trabajo a distancia son excelentes opciones “cuando los jefes conocen cómo controlarlo y medir el rendimiento de sus trabajadores”.

Los entornos organizacionales también inciden en la calidad y eficiencia de esta modalidad de trabajo. Para el usuario Osvaldo, el teletrabajo “requiere tecnología que permita ese nivel de ubicuidad sin perder la integración de los procesos (…). Se trata de que la empresa pueda ser administrada (…) a distancia”, donde cada actor pueda “acceder desde su hogar a su oficina virtual, pero su oficina virtual no puede estar aislada de las otras con las cuales interactúa”.

Habilitar estas condiciones supone, además, atender a cuestiones de seguridad informática y gestión de la información como la asignación de permisos, roles y flujos de trabajo que garanticen el acceso remoto a los recursos, informaciones y documentos necesarios.

Para el usuario Justo, por ejemplo, el cumplimiento de sus tareas se ha visto entorpecido por las limitaciones en el acceso a los datos e informaciones necesarios para su labor; al tiempo que para el usuario Hugo “la OSRI [Oficina de Seguridad de Redes Informática] no suele ver con buenos ojos que un administrador de redes acceda remotamente a servidores desde redes públicas, incluso aunque existen formas razonablemente seguras de hacerlo, como el uso de comunicaciones con llaves criptográficas en adición a la clave de acceso”.

Beneficios, desventajas y limitaciones del teletrabajo

El teletrabajo es un cambio cultural y organizacional que requiere la orientación hacia objetivos cuantificables, herramientas de seguimiento y control, capacitación de los trabajadores, generación de plataformas de comunicación y de una infraestructura laboral adecuada. Demanda planificación, gestión y conducción activa por parte de los directivos y la participación sustantiva de los trabajadores y sus familias.

En las condiciones atípicas en la que se desarrolla la economía cubana, el teletrabajo puede constituir una oportunidad para generar exportaciones e ingresos en divisas, diversificar los sistemas productivos y propiciar la autonomía sociotecnológica.

Las ventajas, desventajas, riesgos y limitaciones del teletrabajo para las personas, las instituciones y la sociedad cubana se traducen en múltiples dimensiones que incluyen indicadores relativos al desempeño, las aspiraciones profesionales y la vida personal del trabajador, el desarrollo de las instituciones y la integración de la sociedad.

Fuente: Elaborado con base en las experiencias de la ciudadanía en esta modalidad y en los textos “El teletrabajo” y “Gestión del Cambio y el Teletrabajo”.

La COVID-19 aceleró el consenso social en torno a las oportunidades, beneficios y aprendizajes del teletrabajo, y ha servido de entrenamiento para directivos, trabajadores y familias. Para su implementación a futuro, parece necesario poner énfasis tanto en la productividad económica como en el bienestar de las personas, las organizaciones y la sociedad; y junto con ello, transitar de una concepción contingencial a otra que lo incorpore en la estrategia de desarrollo del país.

La entrada Teletrabajo en Cuba: contingencias y desarrollo se publicó primero en Periodismo de Barrio.

En el análisis fueron considerados los puertos de Mariel, Moa, Cienfuegos, La Habana, Nueva Gerona, Matanzas, Nuevitas y Santiago de Cuba, clasificados como Puertos de Primera Categoría. Según el Decreto Ley No. 230/2002 De Puertos, los puertos de interés general de primera categoría, reúnen entre sus características, funciones asociadas con a) “actividades de comercio y tráfico marítimo internacional de gran importancia económica nacional”; b) sirven “a industrias o establecimientos de vital importancia para la economía nacional”; c) sus actividades responden “a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado”; y d) “sus especiales condiciones técnicas, geográficas y de los servicios que prestan”, constituyen “elementos esenciales del tráfico marítimo-portuario, así como para el abrigo y seguridad de los buques”.

Respecto a la tipología de buques, se siguió la clasificación de MarineTraffic, uno de los líderes mundiales en inteligencia marítima y rastreo de barcos. Se seleccionaron aquellas embarcaciones cuyo tipo de carga podría ser de alimentos: buques mercantes, de carga general, graneleros, frigoríficos y de otras cargas.

Esta información no nos permite responder con precisión a las preguntas de la ciudadanía. Sin embargo, nos acerca a los flujos de mercancías que han llegado a los puertos cubanos de primera categoría en lo que va de año, según el puerto y el mes de arribo, el tipo de buque, y el país del puerto de origen.

La entrada 2020: ¿Qué dicen los datos sobre importación de alimentos en Cuba? se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Las consecuencias de la pandemia todavía son incalculables, tanto para la salud como para la economía y la política. Los esfuerzos de los gobiernos en este minuto se orientan hacia la estabilización de los sistemas de salud, la reactivación de la actividad productiva, el perfeccionamiento de los comportamientos sociales de cuidado e higiene, y la instauración de indicadores epidemiológicos dirigidos al monitoreo de la enfermedad.

En el ejercicio de comprender la oportunidad y el alcance de las medidas adoptadas en Cuba durante la desescalada, organicé la información sobre las principales acciones y el momento en que fueron ejecutadas por los mismos países que analizaba hace tres meses atrás: Alemania, España, Italia, Japón, México y Panamá.

Las condiciones de partida de estos países para enfrentar la pandemia eran diferentes, pero sus resultados en el manejo de este primer momento de la crisis podrían definir el ritmo y los alcances de la “recuperación”.

Fuente: Our World in Data y COVID19CUBADATA.

En el caso de Cuba, por ejemplo, ha sido significativo el número relativamente bajo de infectados y de fallecidos, pues el país cuenta con un gran porciento de población de riesgo y vulnerable.

El momento y ritmo del desconfinamiento está relacionado también con el tiempo transcurrido desde su inicio, así como la naturaleza, rigurosidad e integralidad de las políticas tomadas en cada caso.

Fuente: Our World in Data y Stringency Index.

Para establecer las fases del desconfinamiento, que varían en número y tiempo según cada país, las autoridades sanitarias han considerado algunos indicadores como el total de casos por segmentos poblacionales, los porcientos de fallecidos y recuperados, el índice reproductivo, la cantidad de casos activos, la disponibilidad hospitalaria, la ocurrencia de eventos de transmisión comunitaria o rebrotes, entre otros.

Sin embargo, en la desescalada no solo intervienen criterios epidemiológicos, también lo hacen imperativos político-económicos y necesidades psicosociológicas. La nueva normalidad implica readaptación y reingeniería social.

Los objetivos de la desescalada, en todos los casos, se orientan a reactivar la economía al tiempo que se mantienen las medidas de vigilancia epidemiológica, higiene y cuidado de la población, sobre todo, de los más vulnerables.

Para ilustrar este tema, el gobierno de Japón ha definido entre sus propósitos aumentar gradualmente el nivel de actividades socioeconómicas, establecer el “nuevo estilo de vida” que evite la propagación del SARS-CoV-2, monitorear de modo continuo la situación epidemiológica, fortalecer las capacidades de los servicios médicos, tomar medidas fuertes ante una nueva propagación, y, con todo ello, lograr la prevención de la infección y el mantenimiento de las actividades socioeconómicas de manera sostenible.

Fuente: Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón y OMS.

La descentralización y regionalización de las medidas también ha sido otra característica común en la desescalada de los países, sobre todo en Estados federales como Alemania y México. En estos, los gobiernos centrales han otorgado a las autoridades regionales las facultades respecto a la transición hacia cada fase y las medidas correspondientes a cada una de ellas, aunque sus escenarios de partida en cuanto al control de la epidemia son diferentes.

Si bien ni el país germano ni el azteca declararon confinamiento obligatorio, el manejo de la crisis y la lectura de sus resultados por parte de las autoridades es muy diferente. México registra menor infección por cada diez mil habitantes en comparación con Alemania, pero un mayor índice de letalidad y un elevado porciento de positividad.

Fuente: Gobierno Federal de Alemania, Juntos contra el coronavirus y OMS.

Fuente: Gobierno de México y OMS.

Los Estados, en general, están conscientes de que la desescalada es gradual y está sujeta a los riesgos de un rebrote, como ya se ha registrado en casi todos ellos. Asimismo, coinciden en considerarla un proceso asimétrico y que demanda grandes esfuerzos de coordinación.

En España e Italia, dos de los países más golpeados por la enfermedad, y que durante varias semanas fueron el epicentro de la pandemia, los gobiernos han hecho esfuerzos sostenidos por acelerar la gradualidad de las medidas, pero mantienen una toma de decisiones más centralizada.

Fuente: Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, El País, #ÁgoraFinde y OMS.

Fuente: Gobierno Italiano, Presidencia del Consejo de Ministros, y OMS.

En las diferentes fases es común indicar algunas medidas como el aforo de personas permitidas en comercios, restaurantes, espacios públicos, teatros, iglesias u otras instalaciones; las limitaciones de movilidad regional, nacional e internacional; los momentos de reactivación de las actividades consideradas no esenciales y las medidas higiénicas para garantizarlo; así como de las instituciones educativas. Al mismo tiempo, se plantean decisiones orientadas al apoyo y reactivación económica como la entrega de pensiones, el establecimiento de una renta básica, la suspensión de impuestos, el otorgamiento de créditos, la estimulación a la creación de empleos, el rescate financiero de empresas privadas, entre otras.

No obstante, en los países que han pasado a fases más avanzadas del desconfinamiento, la nueva normalidad o estilo de vida está indisolublemente asociada al uso de material de protección y a la implementación de prácticas higiénicas y de distanciamiento social.

Los países de América, por su parte, han vivido el confinamiento casi al mismo tiempo que sus pares europeos. Pero ello no ha evitado la propagación de la enfermedad ni ha incidido necesariamente en una disminución proporcional de los fallecidos, como lo demuestran los casos de Estados Unidos, Brasil o México.

De los países analizados, Panamá y Cuba han sido los que con mayor rigurosidad y oportunidad han tomado las medidas ante el nuevo coronavirus, según el Stringency Index. Sin embargo, difieren sustancialmente en relación con los momentos y condiciones de sus respectivas desescaladas.

Fuente: Gobierno Nacional de Panamá y OMS.

Fuente: Presidencia República de Cuba, Cubadebate y OMS.

Al parecer, la estrategia de detección del SARS-CoV-2 seguida por cada país y los porcientos de positividad de las pruebas realizadas son un criterio clave para entender los resultados en el manejo de esta primera oleada. Pero también lo serán en la desescalada, pues permitirán mantener una vigilancia activa ante posibles rebrotes.

Fuente: Our World in Data, Stringency Index, COVID19CUBADATA.

Ahora bien, controlar la transmisión del virus no significa haberlo eliminado. La mayor parte de los países no tiene las condiciones poblacionales, económicas y naturales, ni las capacidades sanitarias para realizar un rastreo del 100% de los contactos.

Las acciones institucionales solo son efectivas cuando la ciudadanía toma parte activa en ellas. La disminución del riesgo de infección es también una responsabilidad individual.

El microbiólogo cubano Amilcar Pérez Riverol, quien a través de sus publicaciones en Facebook ha proporcionado un valioso servicio de información sobre el desarrollo de la enfermedad, sugiere: 1) vigilar la disponibilidad de espacio para mantener el distanciamiento, 2) evitar siempre que sea posible los ambientes interiores, con poca ventilación y concurridos, 3) utilizar equipos de protección como máscaras faciales y 4) estar informado sobre el nivel de casos diarios en el área donde nos encontremos.

Fuente: Amilcar Pérez Riverol, viernes 3 de julio de 2020.

Adicionalmente, es importante conocer las fases y medidas establecidas según la actividad que desarrollemos, la región donde vivamos, así como nuestra condición de riesgo y la de nuestros familiares, amigos, vecinos o colegas de trabajo. No menos importante será comprender los indicadores sanitarios que emplean las autoridades para evaluar el desarrollo de la epidemia en cada territorio.

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín INFOPOB del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y el “Glosario cubano (o mataburro) sobre la COVID-19″.

La disciplina social y patrones culturales de la población, la idiosincrasia y estructura de cada Estado, las capacidades de los sistemas de salud, la movilidad interna e internacional, la proporción de población en situación de riesgo, las condiciones de las economías de cada país y su nivel de dependencia de las cadenas globales de suministros, y la integralidad de las políticas trazadas para cada fase, serán definitorias para el bienestar y la resiliencia de nuestras sociedades.

Este proyecto fue apoyado a través del programa de Microgrants Check Global COVID-19. 

La entrada En la “nueva normalidad”, ¿qué están haciendo los gobiernos? se publicó primero en Periodismo de Barrio.

La historia de Ana Teresa Toro puede ser la de muchas mujeres. De acuerdo con Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): “millones de madres de todo el mundo iniciaron la aventura de la maternidad en el mundo que conocíamos. Ahora han de prepararse para traer una vida a un mundo totalmente distinto”.

El nuevo coronavirus está alterando la atención médica de las gestantes y los recién nacidos, la relación madre-hijo, así como tradiciones y prácticas sociales en torno al nacimiento. La necesidad de proteger a la familia y al personal sanitario ante la COVID-19 ha estado acompañada de procedimientos que, en ocasiones, violan los derechos de las gestantes. El embarazo y el parto enfrentan viejos y nuevos desafíos.

De acuerdo con la UNICEF, al cierre de 2018 Cuba era el país mejor ubicado en la región de las Américas por sus indicadores de mortalidad infantil y neonatal; al tiempo que ocupaba la octava posición en la mortalidad materna.

Fuente: Anuario Estadístico de Salud 2018. Ministerio de Salud Pública, República de Cuba. 

Sin embargo, no es suficiente salvar la vida de la madre y el recién nacido. Los cuidados de calidad implican un conjunto de elementos que se traducen en indicadores cualitativos de bienestar materno-infantil.

Más allá del manejo eficiente de la COVID-19 por parte de las autoridades sanitarias cubanas, ¿cómo se articula la preservación de la salud física de la madre y el recién nacido, con una perspectiva integral de salud, en el contexto actual? ¿Cómo se traducen estas necesidades en el Protocolo de actuación nacional para la COVID-19?

Embarazo, parto y puerperio: un análisis del Protocolo de actuación nacional para la COVID-19

Cuba cuenta con un Protocolo de actuación nacional para la COVID-19 y un Protocolo para el tratamiento de la enfermedad por COVID-19 en pacientes obstétricas ingresadas en cuidados intensivos. En ambos instrumentos, el abordaje de la mujer gestante se realiza en su condición de paciente sospechosa o confirmada por COVID-19 y se refieren las particularidades del manejo de pacientes obstétricas, pediátricos y recién nacidos. Sin embargo, no recogen recomendaciones generales para atender el proceso del embarazo y el parto en el contexto de la pandemia.

Estos protocolos privilegian la parte técnica y la comunicación entre especialistas, pero no esclarecen los mecanismos de información entre el personal de salud, las pacientes y los familiares. La ausencia de tales referencias resulta contradictoria, toda vez que las gestantes son consideradas población priorizada en Cuba.

Aunque los datos sugieren que las mujeres embarazadas podrían pasar la enfermedad de forma leve o asintomática, al igual que el 80% de la población, la inclusión de las embarazadas como población priorizada se sustenta en cuatro criterios: la importancia social y familiar de este grupo específico, la existencia de afecciones propias del embarazo y puerperio que pueden requerir acciones diferentes a otros pacientes ante la COVID-19, las particularidades en el empleo de fármacos limitados o contraindicados durante el embarazo, y las características del manejo de la vía aérea y la ventilación artificial en estas pacientes.

Ante la necesidad de conocer y poner en contexto los indicadores cualitativos sobre el manejo del embarazo y el parto en la Isla, analizamos los protocolos mencionados a la luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y en relación con protocolos específicos para la atención de gestantes elaborados por países iberoamericanos como Argentina, España y México.

En general, los protocolos para la atención a las gestantes se centran, sobre todo, en el seguimiento y detección oportuna de pacientes sospechosas o confirmadas a la COVID-19, así como en la gravedad de los síntomas de la madre y/o el recién nacido. Las acciones a implementar en cada caso varían de acuerdo con elementos temporales como el trimestre de embarazo, el parto, el puerperio y la atención neonatal.

Respecto a los Criterios y prácticas de monitoreo, la recomendación de la OPS se extiende a todas las mujeres con antecedentes epidemiológicos de contacto, y la OMS recomienda priorizar a las embarazadas con síntomas de la COVID-19. Argentina enfatiza en el seguimiento de gestantes con antecedentes de contactos con casos sospechosos o confirmados. México y Cuba se enfocan en el seguimiento de la mujer embarazada, en general. México pone mayor atención en las gestantes con factores de riesgo, mientras en Cuba todas las embarazadas se consideran población priorizada.

Fuente: Elaboración propia a partir de las recomendaciones de la OMS y la OPS y los protocolos publicados por las autoridades sanitarias de Argentina, España, México y Cuba.

En relación con el Consentimiento y las decisiones informadas, las recomendaciones varían entre los países revisados. Su práctica se sitúa en diferentes momentos de la atención de la madre y el recién nacido, y solo en el caso de Argentina se concibe transversal a los servicios médicos y se considera un derecho de la persona gestante y la familia del bebé.

Fuente: Elaboración propia a partir de las recomendaciones de la OMS y la OPS y los protocolos publicados por las autoridades sanitarias de Argentina, España, México y Cuba. 

La concepción de la Información, asesoramiento y comunicación en los protocolos también es fragmentada y, por lo general, solo destaca algunos momentos de la atención como pueden ser la internación, el parto y la lactancia materna. México concibe la información a pacientes y familiares en todas las etapas de la atención sanitaria.

En el protocolo cubano no se refieren indicaciones sobre la información a pacientes, acompañantes y familiares. Sin embargo, en el Reglamento General de Hospitales del año 2007, consta que “la información al paciente y a sus familiares no es solo un derecho, es una necesidad, y es también un medio para mejorar la calidad”.

Fuente: Elaboración propia a partir de las recomendaciones de la OMS y la OPS y los protocolos publicados por las autoridades sanitarias de Argentina, España, México y Cuba.

En el indicador de Aislamiento / Acompañamiento, existen coincidencias entre los casos analizados sobre la presencia de un acompañante por paciente, así como en las condiciones de riesgo para esta persona, su capacidad para cumplir las medidas de aislamiento, y la elección de la madre. Sin embargo, en los documentos cubanos solo se menciona un acompañante en los servicios pediátricos de hospitalización.

En este punto, especialistas de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, del Grupo Nacional de Expertos del Ministerio de Salud Pública, y de la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia, adaptan algunas de las recomendaciones de UNICEF para el contexto cubano y argumentan que “el acompañamiento al parto está previsto por un familiar allegado que no tenga síntomas respiratorios” y dependerá “de las facilidades sanitarias y constructivas de cada institución, y del momento particular en que se halle la pandemia en el país”. La presencia de un familiar allegado “en condiciones particulares y en un momento dado”, descansa en la decisión de “las autoridades sanitarias institucionales”.

Fuente: Elaboración propia a partir de las recomendaciones de la OMS y la OPS y los protocolos publicados por las autoridades sanitarias de Argentina, España, México y Cuba.

En el Modo de nacimiento el criterio de decisión fundamental es de orden obstétrico. Solo en el caso de México se reconoce explícitamente el respeto de los derechos humanos y el apego al consentimiento informado.

Fuente: Elaboración propia a partir de las recomendaciones de la OMS y la OPS y los protocolos publicados por las autoridades sanitarias de Argentina, España, México y Cuba. 

Igualmente existen acuerdos respecto a la Alimentación del recién nacido mediante lactancia materna exclusiva con medidas de protección ante infecciones respiratorias, aunque existen variaciones de acuerdo con las condiciones clínicas de la madre y el recién nacido.

Hasta la fecha, no se ha detectado el virus en la leche materna, aunque esta afirmación se basa en estudios de casos limitados. Al respecto, la OMS recomienda la lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida, incluso en el caso de que la madre presente la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La OPS, por su parte, sugiere “minimizar la interrupción de la lactancia materna durante la estancia en las instalaciones que prestan servicios de maternidad y de recién nacidos”.

Fuente: Elaboración propia a partir de las recomendaciones de la OMS y la OPS y los protocolos publicados por las autoridades sanitarias de Argentina, España, México y Cuba.

El Contacto madre-hijo también constituye una recomendación común en los países analizados, aunque está mediado por variables como la condición clínica de la madre y el recién nacido, las condiciones institucionales y la situación epidemiológica.

En este indicador, la recomendación de la OPS resalta la necesidad del “contacto piel con piel”. También considera beneficioso “el cuidado de la madre canguro cuando sea indicado”, sobre todo  “inmediatamente después del nacimiento y durante la lactancia materna”, aunque “en ellas o sus bebés se haya sospechado, sea probable o confirmada la infección por COVID-19”.

Fuente: Elaboración propia a partir de las recomendaciones de la OMS y la OPS y los protocolos publicados por las autoridades sanitarias de Argentina, España, México y Cuba. 

Por último, en el Apoyo práctico y psicosocial se concentran las mayores áreas de oportunidad de los protocolos analizados. El apoyo práctico se focaliza en la información asociada a la lactancia materna y a las medidas de higiene y aislamiento social. Mientras que en el apoyo emocional y psicosocial se menciona, de manera general, a la madre y la familia como destinatarias del mismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las recomendaciones de la OMS y la OPS y los protocolos publicados por las autoridades sanitarias de Argentina, España, México y Cuba.

En el mundo conocido, el embarazo, el parto y el puerperio suponían numerosas preocupaciones y temores sobre la salud de la madre y el adecuado desarrollo del bebé. Un estudio realizado a 622 gestantes entre 2011 y 2012 en el Municipio Habana del Este de la capital cubana, diagnosticó que el 8 % de ellas tenían factores de riesgo psicológico, y el 18.8 % eran sanas pero con riesgo.

Entre los factores de riesgo psicológico identificados estaban la no planificación del embarazo, las dificultades en la relación de pareja y las alteraciones en la convivencia familiar (entre mujeres adolescentes); los conflictos económicos (en mujeres entre 20 y 30 años); y los síntomas de ansiedad (en mujeres mayores de 31 años). Asimismo, de acuerdo con los hallazgos, un grupo importante de las gestantes entre 20 y 30 años reconocieron carencias informativas sobre el proceso del embarazo, el parto y la lactancia.

En la nueva realidad, estos factores de riesgo se agudizan no solo por el temor de contraer la COVID-19. Se suman, además, las incertidumbres por las condiciones de aislamiento hospitalario y domiciliario, las preocupaciones por constituir fuente de contagio para otros miembros de la familia considerados población vulnerable, el desasosiego que puede provocar el deterioro de las condiciones económicas del país ─que impactan en el acceso y calidad de alimentos y productos de primera necesidad─, y la ansiedad por el momento del parto.

La combinación de estos factores y sus consecuencias psicológicas requiere de una respuesta integral por parte del sistema de salud cubano. Sin embargo, al menos desde el plano discursivo-normativo, el protocolo de atención a las embarazadas adolece de estos elementos.

La atención durante el embarazo, el parto, y el puerperio en Cuba: viejas y nuevas oportunidades

La OPS recomienda que todas las mujeres embarazadas, incluyendo aquellas con confirmación o sospecha de infección por COVID-19, “tienen el derecho a cuidados de calidad antes, durante y después del parto. Esto incluye cuidados antenatales del recién nacido, posnatal, prevención de violencia y atención a la salud mental”.

De acuerdo con la organización, “una experiencia segura y positiva del parto incluye que la gestante: sea tratada con respecto y dignidad, tenga acompañamiento durante el parto, reciba comunicación clara por parte del equipo de salud, cuente con estrategias apropiadas para el alivio del dolor, y tenga movilidad durante el trabajo de parto y elección de posición”.

Fomentar experiencias positivas y seguras del parto demanda trascender la hegemonía de un modelo médico que controla los conocimientos y procesos fisiológicos, y anula la capacidad y el derecho de la madre para decidir sobre su cuerpo. Supone también revisar la excesiva intervención médica, y crear condiciones infraestructurales para la movilidad durante el trabajo de parto y la elección de posiciones distintas de la ginecológica.

Un trato respetuoso y digno implica informar integralmente a la gestante para que pueda tomar decisiones fundamentadas. Es un derecho de las pacientes, y una obligación ética y legal de los facultativos “ofrecer la información en términos adecuados, comprensibles y suficientes”.

El acompañamiento durante el parto y la hospitalización debería ser una decisión de las gestantes y sus redes de apoyo, y no de las instituciones de salud. La exclusión de los hombres en este proceso termina por reproducir patrones tradicionales de género que refuerzan el rol de la mujer como cuidadora, y limitan la participación de los padres. El cariño, la confianza y la empatía implícitos en el apoyo emocional deberían trascender las normas hospitalarias y centrase en las necesidades de las pacientes.

La atención humanizada del parto y el nacimiento se fundamenta no solo en la seguridad, sino también en la calidad y el respeto a las “necesidades físicas, emocionales, psicológicas, sociales y espirituales de las gestantes”. Demanda un ejercicio de subversión de la hegemonía médica, que empodere a la mujer como protagonista del proceso de parto y no como objeto del mismo.

La COVID-19 no solo plantea nuevos desafíos psicológicos para las mujeres y las familias cubanas durante el embarazo, el parto y el puerperio; abre también una ventana de oportunidad para que las instituciones sanitarias y el personal médico humanicen las prácticas cotidianas de atención a los pacientes, amplíen la calidad del servicio, y con ello, dignifiquen las dimensiones cualitativas del bienestar materno-infantil.

*An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes

**Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19

Este proyecto fue apoyado a través del programa de Microgrants Check Global COVID-19. 

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Las conferencias diarias y el parte de las autoridades sanitarias cubanas, en general, ofrecen información sistemática, actualizada y amplia en comparación con algunos países latinoamericanos. Pero, exactamente, ¿qué nos dicen los datos?, ¿qué significan?, ¿son accesibles?, ¿qué podemos hacer con ellos?, ¿cómo estimulan la participación ciudadana?, y ¿qué necesidades de acceso a la información habilitan para facilitar la gestión gubernamental de la crisis?

Los datos públicos sobre la COVID-19 y su significado

Cada día a las 9:00 a.m., cubanas y cubanos sintonizan la televisión, la radio, o algún canal en YouTube, para escuchar la conferencia de prensa del Dr. Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Durante sus intervenciones, el Dr. Durán ofrece información sobre el desarrollo de la COVID-19 en Cuba, e intenta hacer compresibles los datos técnicos para la ciudadanía.

El MINSAP, además, publica un parte diario con las actualizaciones hasta el cierre del día anterior; mientras Infomed, la Red de Salud de Cuba, ofrece un servicio con enlaces a varios recursos de información. Entre ellos, la plataforma COVID19 CUBADATA, que proporciona datos en tiempo real de la evolución de la epidemia en la Isla.

Los datos más relevantes suelen ser la cantidad de casos confirmados (diarios y acumulados), los fallecidos, la tasa de letalidad y los confirmados activos. En su conjunto, permiten comprender la propagación de la enfermedad y sus consecuencias, y con ello, elevar o disminuir la percepción de riesgo.

El número de personas que se recuperan de la COVID-19 también resulta significativo:
ayuda a entender la capacidad de respuesta del sistema sanitario, facilita la identificación de casos activos, y a la vez, transmite esperanza.

Ahora bien, en la información pública diaria sobre la COVID-19 se ofrecen otros datos útiles. El origen de los casos confirmados y su ubicación geográfica ayuda a comprender la propagación regional del virus y su control. Asimismo, el tipo de atención médica, la cantidad de muestras estudiadas, el porciento de casos confirmados en relación con las muestras, y de casos asintomáticos en relación con los confirmados, no solo ilustran sobre la propagación de la epidemia, sino también sobre la capacidad y efectividad del sistema de salud.

La edad de los pacientes, y de los fallecidos, ayuda a entender el impacto diferencial de la enfermedad en distintas franjas etarias. Además, reafirma el rol clave de los jóvenes para evitar el contagio de los adultos mayores y disminuir la letalidad.

Algunos datos, más que informar, tienen una función de sensibilización. Por ejemplo, la descripción de los procedimientos médicos es útil para entender la complejidad de la atención requerida, reconocer el esfuerzo del personal de salud, y ofrecer el pésame a las familias de los fallecidos. Pero los términos técnicos que se emplean resultan de difícil comprensión para el ciudadano promedio.

Otra información como el número de camas de cuidados intensivos disponibles en los hospitales y el personal sanitario contagiado se ha ofrecido de manera esporádica. No obstante, son de gran valor para conocer tanto la dimensión como la gestión de la crisis.

La estimación de las vidas salvadas como resultado de las medidas de supresión/mitigación es un dato valioso que podría tener un impacto favorable en la actitud y el comportamiento de los ciudadanos ante la epidemia. Por ejemplo, el índice de rigurosidad de las medidas de confinamiento de la Universidad de Oxford compara, a partir de nueve indicadores, la severidad de las respuestas de los gobiernos ante el nuevo coronavirus. Su traducción al contexto cubano ayudaría a contrastar la evolución de la COVID-19 con lo que habría ocurrido en ausencia de estas acciones.

Asimismo, sería deseable la desagregación por municipios y provincias de algunos datos que se ofrecen actualmente, y con ello, contribuir a elevar la percepción de riesgo de la población. Tal es el caso de la cantidad de pruebas procesadas y los casos asintomáticos. Sería útil también poder cruzar los datos de pacientes en estado grave y crítico según hospitales y provincias –presentados en las conferencias de prensa– con la capacidad hospitalaria de camas de terapia intensiva.

Sin embargo, este y otros cruces de información no son posibles a partir de los formatos de presentación de los datos.

¿Qué se puede hacer con los datos sobre la COVID-19 proporcionados por las autoridades sanitarias cubanas?

Uno de los principios que garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información está asociado a los formatos de presentación de los datos. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la idea de los datos abiertos se sustenta en la posibilidad de “poder acceder, utilizar y volver a publicar dichos datos, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control o propiedad”.

Los datos en manos de las instituciones públicas deben ser abiertos por defecto, dado su significativo valor de uso para la sociedad. Este primer principio recogido en la Carta Internacional de los Datos Abiertos, cobra especial relevancia ante la emergencia sanitaria que enfrentamos, y se traduce en la necesidad de que la información sobre el nuevo coronavirus esté disponible y accesible integralmente.

Los datos proporcionados por las autoridades sanitarias cubanas deben integrarse en formatos que favorezcan su consulta oportuna. Poner en perspectiva la evolución de la enfermedad, no debería implicar navegar por cada uno de los partes diarios publicados en el sitio web del MINSAP o los videos del Dr. Durán.

La oportunidad y exhaustividad de los datos, otro de los principios de la referida Carta, pasa en este caso por la posibilidad de desagregar la información según indicadores como regiones y localidades (provincias, municipios, consejos populares), capacidad y ocupación hospitalaria (camas de hospitalización y camas de terapia intensiva), grupos etarios, comorbilidades, estado y evolución de los pacientes, presencia o no de los síntomas de la enfermedad, entre otros.

Lo anterior guarda estrecha relación con los principios de accesibilidad y reutilización, y de comparabilidad e interoperabilidad, que permiten formular nuevas preguntas a los datos y realizar comparaciones según criterios geográficos y a través del tiempo. Ello constituye condición de posibilidad para la “participación universal” en la (re)utilización y (re)distribución informativas.

Los datos abiertos contribuirían a reforzar la percepción de riesgo de la población, la participación activa en la gestión de la crisis, y su adhesión a estrategias de prevención para mitigar el impacto de la epidemia. También facilitarían la labor de los medios de comunicación y estimularían iniciativas ciudadanas que articulen servicios informativos de utilidad, como COVID19 CUBADATA y las publicaciones de Facebook del biólogo cubano Amílcar Pérez Riverol.

En el caso de Cuba existen al menos dos factores favorables para la implementación de los datos abiertos. El primero tiene que ver con la configuración del sistema nacional de salud, y la amplia experiencia de este sector en el diseño de redes y servicios de información de calidad, a partir de Infomed. El segundo de ellos está asociado a una concepción integral de la salud, de alcance comunitario, que enfatiza en la prevención y en el bienestar de la ciudadanía.

La apertura de datos tiene importantes implicaciones técnicas y políticas. Facilitar datos abiertos es un esfuerzo considerable de tiempo y recursos humanos y técnicos, que en contextos de crisis podría considerarse como secundario. Sin embargo, sus beneficios potenciales hay que leerlos en términos de transparencia, eficiencia e innovación.

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Lejos de lo que podría pensarse, dada la responsabilidad de los trabajadores de la salud ante la pandemia, no todos los países transparentan la información sobre el personal sanitario afectado por el nuevo coronavirus.

La visualización que presentamos seguidamente, constituye nuestro primer acercamiento a la situación internacional de estos profesionales. Los datos obtenidos son resultado del ejercicio de contrastar la información fragmentada y dispersa sobre el tema, que ha sido publicada en medios de comunicación y fuentes oficiales de algunos países.

Fuentes: Elaboración propia a partir de la información obtenida en Istituto Superiore di Sanità, Cubadebate, Health Protection Surveillance Centre, Ahval Noticias, KazakhT, El Comercio, EFE,  Sistema Nacional de Emergencias, Diario UChile, Resumen de salud, Animal Político, The Nation Thailand.

Las causas de contagio del personal sanitario, según informó el Ministro de Salud Pública de Cuba, son: 1) infección extrahospitalaria, 2) manejo de pacientes que no aparentaban tener una enfermedad respiratoria vinculada a COVID-19, y 3) violación de normas de seguridad. Estas causas encontradas en la Isla, son comunes al personal sanitario de numerosos países.

Los trabajadores de la salud son particularmente vulnerables por varias razones. Una de ellas está asociada a la naturaleza de la enfermad que puede presentarse asintomática y es altamente contagiosa. Asimismo, se han documentado síntomas tempranos –como los gastrointestinales- que inicialmente no se vincularon con la enfermedad.

Otros factores que explican las cifras de contagio en el personal sanitario son la alta exposición a las partículas virales, así como el estrés y las intensas jornadas de labor, que pueden afectar el sistema inmunológico.

Según un artículo publicado sobre la experiencia italiana, el estrés laboral de médicos y enfermeras se combina con la ansiedad y el temor por la posibilidad de infectar a sus pacientes, y transformar los hospitales en “incubadoras del virus”. En los sanitarios también convive la disyuntiva entre la responsabilidad de proteger a sus familias y las necesidades afectivas asociadas a ellas.

La escasez de suministros y la insuficiente disponibilidad de insumos de protección para el personal de salud, han sido de las problemáticas más señaladas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los medios de comunicación y las asociaciones profesionales.

La disponibilidad de insumos en el mercado internacional es uno de los múltiples factores que explica esta problemática. Las importaciones y exportaciones de instrumentos médicos se concentran en un pequeño grupo de países, lo que repercute en la capacidad de respuesta ante la demanda global de la pandemia. Las visualizaciones siguientes, obtenidas de The Observatory of Economic Complexity (OEC), responden a las preguntas “¿Qué países exportan instrumentos médicos (2017)?” y “¿Qué países importan instrumentos médicos (2017)?”, respectivamente.

Fuente: The Observatory of Economic Complexity.

Como se puede apreciar, los principales exportadores de instrumentos médicos son los Estados Unidos ($22 billones), Alemania ($10,3 billones), México ($8,41 billones), China ($7,49 billones) y los Países Bajos ($6,15 billones).

Cuatro de los principales exportadores, figuran también entre los primeros importadores: Estados Unidos ($21,2 billones), Alemania ($7,86 billones), los Países Bajos ($7,13 billones) y China ($5,3 billones). Las lógicas del mercado global se superponen, una vez más, a los derechos sociales básicos, y profundizan las asimetrías entre regiones y países, y al interior de estos.

Fuente: The Observatory of Economic Complexity.

La insuficiente disponibilidad de insumos médicos también se relaciona con la capacidad de inversión y el gasto público en salud de cada país. A continuación se presentan los datos del PIB per cápita, y el gasto total en salud por habitante, donde se explicita que no existe una relación positiva entre ambos indicadores. Es decir, un PIB más alto no garantiza una mayor inversión en salud.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del PIB per cápita del Banco Mundial y el Gasto total en salud por habitante de la OMS.

Otros dos indicadores que dan cuenta de la inversión en salud son el número de camas y el número de médicos por cada mil habitantes. Ambos cobran relevancia ante la saturación de las redes sanitarias debido al aumento del número de casos. Más allá de la eficiencia o no en la gestión de la crisis por parte de los gobiernos y las autoridades sanitarias, la pandemia explicita la necesidad de inversión en salud y formación de recursos humanos especializados como política sostenida, y no como una emergencia coyuntural.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las Camas de hospital por cada mil habitantes  y los Médicos por cada mil habitantes del Banco Mundial.

Los médicos, enfermeras, técnicos y personal de la salud, como todos los héroes reales, también son vulnerables. La naturaleza de la enfermedad y las dinámicas provocadas por la actual contingencia, así como las estructuras económicas, políticas y sanitarias de los países, figuran entre  las causas que ayudan a entender por qué se está enfermando el personal sanitario en el mundo.

Notas:

*Según el Ministro de Salud Pública de Cuba, de los 30 trabajadores sanitarios afectados, 16 son médicos, 10 enfermeras, 2 técnicos, 1 pantrista y 1 conductor de ambulancia. Es decir, dentro del personal sanitario en el país se incluye tanto a los profesionales y técnicos del sector, como a los trabajadores de servicio que posibilitan el funcionamiento del sistema de salud cubano.

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Periodismo de Barrio y elTOQUE pretenden profundizar este acercamiento preliminar al tema y conocer los sentimientos, temores y vivencias de mujeres y hombres de la salud en tiempos de la COVID-19. Compártenos tu experiencia. Nos preocupamos por ti y por tus colegas.

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El alto porcentaje de adultos mayores (población de 60 años o más) constituye uno de los factores de riesgo más importantes ante la COVID-19. Sin embargo, la prevalencia de enfermedades crónicas, la composición familiar y las condiciones del hogar, son otras de las variables a atender tanto por las instituciones públicas y de salud, como por la ciudadanía.

En Cuba, más de 2 millones de personas sobrepasan los 60 años, lo que representa el 20,4 % de la población. Entre ellos, más del 50 % padece al menos hipertensión arterial. Como se puede apreciar en la tabla que sigue, la edad y la prevalencia de enfermedades no transmisibles sitúa a casi un millón 300 000 adultos mayores en un grupo de muy alto riesgo ante el SARS-CoV-2.

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Aunque es posible encontrar algunas recomendaciones generales, y numerosos trabajos académicos, existen demasiadas preguntas sin respuestas. Más que un desafío epidemiológico y de salud, el SARS-CoV-2 es una prueba política, económica y cultural para los estados nacionales, y el orden global existente.

La compleja situación epidemiológica ha alcanzado más de 200 países y territorios, y nos genera mucha incertidumbre. Incertidumbre profundizada no solo por las consecuencias de la pandemia, sino también porque la historia presente nos ha permeado de desconfianza. Desconfianza en las instituciones gubernamentales, de salud, mediáticas…

En el ejercicio de comprender la oportunidad y el alcance de las medidas adoptadas en Cuba, seleccionamos y organizamos información sobre las principales acciones y el momento en que fueron ejecutadas por países como Alemania, España, Italia, Irán, Japón, México y Panamá.

Italia, España y Alemania fueron seleccionados porque acumulan el mayor número de casos positivos en el continente europeo, epicentro actual de la pandemia. Irán, por su parte, tiene el mayor número de infectados de la región Mediterráneo oriental, y enfrenta la crisis bajo sanciones económicas de Estados Unidos. Japón resulta interesante porque fue el segundo país con casos importados (después de Tailandia) y ha logrado contener el índice de propagación del virus; además, es un archipiélago. México y Panamá fueron incluidos no solo porque pertenecen a la región latinoamericana, sino también por las diferencias en el abordaje de la pandemia.

La tabla siguiente presenta algunas variables que ayudan a explicar y poner en perspectiva la infraestructura en salud de estos países. Como se puede apreciar, no siempre existe una correspondencia entre el PIB y la inversión en salud.  Sin embargo, una alta inversión en salud no garantiza per se una adecuada gestión de la crisis. En este sentido, valdría la pena analizar, a futuro, cómo influye el número de médicos por cada mil habitantes en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud ante la pandemia.

Las condiciones de partida de estos países para enfrentar la pandemia son diferentes, y en consecuencia, las acciones adoptadas ante el SARS-CoV-2 deben interpretarse atendiendo a sus particularidades. Sin embargo, la gestión de la crisis que realicen sus gobiernos, la capacidad de sus sistemas de salud para enfrentarla y la actuación de sus ciudadanos, podrían profundizar, o no, las asimetrías entre las naciones y las desigualdades socioeconómicas al interior de ellas.

Las siguientes visualizaciones ponen en perspectiva el momento en que Italia, España, Alemania, Irán, Japón, México, Panamá y Cuba adoptaron parcial o totalmente cinco medidas tipo, que han afectado de manera significativa la vida cotidiana de la ciudadanía y son recurrentes en el accionar de los gobiernos: suspensión de actividades no esenciales, y de eventos deportivos y culturales, cierre de escuelas y universidades, control de fronteras, y aislamiento social. La comparación implícita en este ejercicio toma en consideración el número de casos y los días transcurridos desde la detección del primer caso.

(Para conocer los detalles de las medidas adoptadas por cada país, y el momento en que fueron tomadas, explore cada uno de los círculos en colores.

Para visualizar la información por países, seleccione el país de su interés en la leyenda de cada visualización).

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