Catalizadas por «Un violador en tu camino«, el performance creado por la colectiva Las Tesis y que meses antes se viralizó en todo el mundo, las demandas iban dirigidas a la sociedad en general y al Estado. Durante esos días y en todo el continente, el derecho a vivir sin miedo y a tener una vida digna de ser vivida fue el propósito que nos llevó a las calles y sigue siendo el objetivo primero en nuestras agendas.

Días después, se reportaron en América Latina y el Caribe los primeros casos de coronavirus y comenzaron a decretarse los confinamientos, los toques de queda y la emergencia sanitaria bajo el «quédate en casa». Así como subían las curvas de contagio, también lo hacían las llamadas de emergencia, las denuncias por violencia de género y el abuso sexual infantil.

Inmediatamente ONU Mujeres alertó sobre este problema e instó a las autoridades y los Gobiernos a que también respondieran con urgencia y de forma prioritaria contra la violencia de género.

Organizaciones y colectivas se organizaron para reducir el impacto de las medidas de aislamiento a partir de las cuales agresores y víctimas permanecían encerrados en casa por más tiempo.

En sincronía, las desigualdades existentes se acentuaron. La CEPAL calcula que la pandemia hizo retroceder unos diez años los niveles de participación laboral de las mujeres en la región como consecuencia del aumento de las demandas de cuidado en los hogares, trabajo aún invisibilizado y altamente feminizado.

A su vez, la crisis ha develado que el 73,2 % de las personas empleadas en el sector de la salud en América Latina y el Caribe son mujeres y, por tanto, se encuentran más expuestas  a contraer el virus.

En resumen, se estima que, sin apoyos gubernamentales adecuados, alrededor de 118 millones de mujeres de América Latina y el Caribe se encontrarán en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.

Violencia de género, feminismos y ciudadanía cubana

La discusión sobre la violencia de género y los feminismos se ha expandido en la ciudadanía cubana, condicionada por una mayor cobertura mediática, el aumento en el acceso a Internet y un creciente activismo (Foto: Yailín Alfaro).

Las marchas feministas, los paros o las huelgas no han caracterizado al movimiento de mujeres en Cuba, conducido en las últimas décadas por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). El punto de partida para comprender esta asincronía con el estándar mundial es  que, ciertamente, a partir de 1959 demandas feministas medulares lograron institucionalizarse o convertirse en ley: la integración de las mujeres a las fuerzas productivas, a los cargos de dirección y a la defensa del país; el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; la socialización de los cuidados mediante la creación de círculos infantiles, la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, y más.

Es decir, las mujeres organizadas encontraron un terreno de trabajo en común con el Gobierno, aunque con una subordinación paulatina de su propia agenda a las necesidades del proyecto revolucionario. De ahí que la movilización generalizada de las mujeres cubanas ha respondido principalmente a tareas de emergencia nacional orientadas desde la dirección del país. Por ejemplo: la campaña de alfabetización, el combate al trabajo sexual (jineterismo) como consecuencia de la crisis de los noventa, y más recientemente en el enfrentamiento a la COVID-19.

Los 8 de marzo se fueron convirtiendo en la celebración de los logros de las “féminas” cubanas (fundamentalmente aquellos alcanzados desde el triunfo de la Revolución) mediante jornadas de trabajo productivo, festejos en centros de trabajo y felicitaciones públicas desde las instituciones.

Sin embargo, cada año son más las organizaciones e iniciativas que se desmarcan de las tradicionales felicitaciones por el Día de la Mujer y, en cambio, regresan al enfoque feminista de la fecha. En 2020 se realizaron el Festival de la Mujer 7 Palabras, el Espacio Feminista Berta Cáceres del Instituto de Filosofía, el Encuentro de Casa Insurgente y Feministas en Sororidad, la jornada cultural en Santa Clara, el proyecto Expresividades femeninas en el cual convergieron exposiciones, paneles literarios, performances y emprendimientos, entre otros.

El sitio oficial Cubadebate cubrió las jornadas desde una perspectiva feminista.

Aunque en Cuba «Un violador en tu camino» no trascendió con el mismo impacto que en otros países, el catalizador del resurgimiento y la proliferación de demandas feministas en el escenario político fue la solicitud de una ley integral contra la violencia de género por parte de cuarenta mujeres de la sociedad civil pocos meses antes del 8M de 2020.

Sin embargo, el 11 de marzo el Estado cubano anunció los primeros casos de COVID-19 en el país y, como en el resto de la región, semanas después comenzarían a aplicarse las medidas de contención de los contagios.

A propósito de las alertas por el aumento de la violencia de género en el mundo entero, el 27 de marzo la plataforma digital Yo sí te creo en Cuba abrió una línea de atención telefónica para brindar asesoría y acompañamiento a víctimas de violencia machista. A esta iniciativa civil se sumaron el Centro Oscar Arnulfo Romero mediante un correo electrónico, el Cenesex y los teléfonos habituales de la FMC y de la Fiscalía General de la República.

Aunque no se publican con regularidad estadísticas que permitan confirmar el aumento de la violencia de género durante el período de confinamiento, la plataforma Yo sí te creo declaró haber percibido un agravamiento del problema. Asimismo, el trabajo realizado por activistas y proyectos independientes en sistematizar un registro de feminicidios también alcanzó mayor visibilidad en esta etapa.

La prensa oficial (véase Cubadebate y Granma) y no estatal comenzó a dar cobertura con más frecuencia a la problematización entre el aumento de la violencia de género, las dificultades para enfrentarla y la respuesta del Gobierno en el contexto de la pandemia.

En consecuencia, el 21 de julio el Noticiero Nacional de Televisión anunciaba la aprobación de una guía metodológica para atender, mediante una línea telefónica, las denuncias por violencia de género. A través de esta misma emisión se confirmó, esta vez de manera oficial, el aumento de la violencia de género durante los confinamientos en Cuba.

Meses después se supo que, durante los primeros nueve meses de la pandemia, el 60 % de las llamadas registradas a la línea 103 solicitaron apoyo psicológico por situaciones de convivencia intrafamiliar y un 14 % estuvieron relacionadas con la violencia de género.

No obstante, la respuesta del Gobierno no terminó en la puesta en marcha de la línea y en la redacción de la guía.

Le siguieron la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Campaña Junt@s por la no violencia; la creación de la aplicación para celulares Directorio VBG, que facilita el acceso a números telefónicos para la atención a víctimas de violencias basadas en el género; programas televisivos que ayudan a la concientización de la gravedad de la violencia de género; mesas de debate en los medios oficiales y la campaña digital «Reconocer y Valorar los Cuidados». Finalmente, el 5 de marzo, la FMC anunció que creará un Observatorio de Género que incluirá los registros actualizados de los feminicidios y otras expresiones de violencia machista.

Espacios no institucionales y digitales han articulado alianzas para procurar objetivos específicos en torno a la prevención, y han creado nuevos proyectos como el de Chicas Poderosas en Cuba, el servicio de comunicación Matria, la revista Con/texto Magazine, Afrocubanas. La Revista, varios webinars, todos sobre género o feminismos.

La discusión sobre la violencia de género y los feminismos se ha expandido en la ciudadanía, condicionada por la propia pandemia, por una mayor cobertura de los distintos medios, por el aumento en el acceso a Internet y por el creciente activismo. También la respuesta institucional se ha ampliado y diversificado. Sin embargo, la violencia de género solo se logrará erradicar cuando desaparezcan también las desigualdades de género, casi siempre agravadas por cuestiones raciales y de pobreza.

Brechas de desigualdades

La CEPAL pronosticó para Cuba una contracción de -8,1 % del PIB. Nuestro país se encuentra atravesando una crisis económica con graves efectos sobre la población, y bajo la presión de factores externos como el bloqueo estadounidense y la propia pandemia.

No es casual que, según una breve encuesta realizada a diez especialistas en género integradas a las instituciones cubanas, los tres temas que representan un mayor desafío para 2021 sean:

1- responsabilidad del cuidado con sobrecarga para la mujer,

2- brechas de empoderamiento derivadas del ordenamiento económico, y

3- sistema integral e integrado de atención a la violencia machista que incluya tratamiento legislativo.

Las mujeres seguimos teniendo mayores tasas de desocupación laboral [1], mayor promedio de horas semanales dedicadas a los trabajos de cuidado [2], menor presencia en el trabajo por cuenta propia; somos menos dueñas de negocios [3], somos más jefas de hogares solas [4], tenemos menor acceso a la moneda cambiaria, a las remesas y podemos generar menos ahorros.

Si sumamos condiciones como el color de la piel y la migración, las desigualdades anteriores se acentúan. Las mujeres racializadas, migrantes y trans son las que, en mayor proporción, engrosan el empleo informal, las ocupaciones no calificadas y de servicios, y las que tienen además que enfrentarse al racismo, la xenofobia y la transfobia.

En el contexto de la Tarea Ordenamiento, en el cual disminuirán los subsidios y la asistencia social, en el cual los precios han experimentado un alza importante y en el que el llamado a la eficiencia de la empresa estatal puede provocar un éxodo considerable de trabajadores en este sector, la situación de las mujeres se presenta en franca desventaja.

La pandemia reveló que, tal como sucede en el resto del mundo, el sector de salud en Cuba está feminizado: el 71,1 % de las personas empleadas en el sector son mujeres, también con mayor exposición a los contagios y con la doble jornada a cuestas.

En efecto, la articulación de leyes y políticas públicas (no solo sancionadoras o punitivas) pueden considerarse la espina dorsal de una respuesta integral e integradora para luchar contra la violencia de género y para eliminar las grandes brechas de desigualdades.

Agendas pendientes

Las mujeres siguen teniendo mayores tasas de desocupación laboral y mayor promedio de horas semanales dedicadas a los trabajos de cuidado (Foto: Sadiel Mederos).

Ha corrido un año en el que la violencia de género, en particular, ha adquirido mayor visibilidad en Cuba. También el Gobierno ha dado más muestras de su trabajo por atenderla y ha logrado responder con programas más bien de tipo emergencial (Línea de teléfono 103 y guía metodológica).

Sin embargo, nos siguen faltando refugios para mujeres en situación de violencia, la Ley integral contra la violencia de género (a pesar de que en el reajuste del cronograma legislativo se incluyeran nuevas normativas), la eliminación de la excepcionalidad legal que permite el matrimonio infantil y adolescente en el actual Código de Familia, y el reconocimiento de delitos asociados a la violencia de género en el Código Penal, entre ellos el más recurrido ha sido el feminicidio. Esto, de acuerdo con las peticiones más leídas y más urgentes provenientes de la sociedad civil.

El anunciado Observatorio de Género tendrá la obligación de hacer públicas las estadísticas sobre feminicidios y violencia machista, con total transparencia y con pleno acceso público a los registros. Todavía hoy el último dato sobre feminicidios en Cuba data de 2016. Esta información, de tener carácter sistematizado, potenciará la efectividad de los programas de prevención.

Otras demandas también tienen carácter perentorio. La transversalización general del enfoque de género en el ordenamiento jurídico cubano es una de ellas. Máxime cuando seguimos inmersos (y a tiempo) en el cronograma legislativo aprobado en 2020.

Además, urge que los programas de la vivienda atiendan de manera particular la situación habitacional de las mujeres en sus variadas condiciones como jefas de hogares solas, migrantes, con deterioro del inmueble que habitan, albergadas, desempleadas, con bajos ingresos, familias monomarentales, etcétera). En la misma tesitura es inminente que la Tarea Ordenamiento se articule también en clave de género, por ejemplo, mediante ventajas fiscales, moratorias impositivas, otorgamiento de créditos, ampliación de los derechos y las garantías laborales para el sector cuentapropista, políticas de cuotas en todos los niveles y sectores no solo atendiendo el sexo-género sino además a la racialidad y a las identidades trans, entre otras posibles medidas.

Es esperanzador que se estén dando los primeros pasos para tener en cuenta los cuidados (trabajo en el hogar y cuidado de personas dependientes) como una de las piedras angulares de las desigualdades de género. No obstante, la sobrecarga doméstica no se soluciona únicamente con la distribución equitativa de las tareas entre los distintos miembros de una familia. Los cuidados son también responsabilidad del Estado y de la sociedad, tal y como ampara el artículo 44 de la Constitución.

También durante el confinamiento dos madres lograron inscribir a su hijo como tales. Este reconocimiento legal marca un precedente destacable para el nuevo Código de Familias que está próximo a aprobarse, y en el cual se juegan los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, entre ellos, el de formalizar matrimonio.

El aumento de los embarazos en niñas y adolescentes apunta a un incremento en la violencia sexual infantil, agudizado seguramente en tiempos de pandemia. Reelaborar los programas de educación sexual integral, los programas de prevención tanto en espacios escolares, públicos y privados, y atender sin moratorias ni dilaciones procesales los casos de abuso infantil, con la debida protección a víctimas y familiares, son deudas a saldar con urgencia. Para ello, el trabajo comunitario es imprescindible, así como las articulaciones entre las instituciones y los proyectos de la sociedad civil.

Pensar en términos de justicia restaurativa, mediación penal y otros procedimientos alternativos a la solución de conflictos en materia de violencia de género, es contribuir también a la intención integradora para enfrentar las desigualdades. Sobre todo teniendo en cuenta que las violencias de género no solo son físicas, también sicológicas, económicas o patrimoniales, digitales, entre otras. La vía penal, los recursos punitivistas y carcelarios son soluciones reduccionistas a un problema tan complejo y multidisciplinario que, la mayoría de las veces, no logran frenar y menos erradicar la violencia de género.

Reducir las desigualdades supone implementar leyes complementarias que garanticen lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 de la Constitución, como, por ejemplo, una ley contra la discriminación, sea racial, de identidades de género u orientación sexual, y demás.

Del mismo modo, avalar el trabajo de organizaciones y proyectos de la sociedad civil en alianza con las instituciones, mediante su reconocimiento en la futura ley de asociaciones, puede ser una vía segura para llegar, con lentes y trabajo feminista, a cada rincón de Cuba.

Notas:

Este texto fue publicado originalmente por Matria y forma parte del Servicio de Información Coronavirus en Cuba, de elTOQUE y Periodismo de Barrio.

La entrada Pandemia y feminismos en Cuba se publicó primero en Periodismo de Barrio.

Aunque en la mencionada Mesa Redonda se consideró a las mujeres, a las personas de la tercera edad y a los niños como sectores vulnerables, nada se dijo acerca de si tendrían facilidades para su acceso a la justicia penal. Preguntas como de qué manera la Fiscalía General y el Ministerio del Interior van a garantizar los derechos de esos grupos o qué canales exclusivos pueden emplear para demandar eventos que pongan en riesgo sus vidas, no se formularon.

En 1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la violencia de género o intrafamiliar como un asunto de salud pública, debido a que un tercio de la población mundial de mujeres la sufre. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Fondo de Población (UNFPA) han insistido en que las medidas de confinamiento y aislamiento social han traído aparejadas un aumento significativo de la violencia de género. También lo ha reconocido en Cuba la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Entonces, ¿por qué no considerar que las mujeres en situación de violencia deben tener asegurado un acceso ágil y eficiente a la justicia penal?

Si antes de la pandemia las mujeres presentaban dificultades para la radicación efectiva de sus denuncias, por ejemplo, para el delito de amenazas o de ultraje sexual, en el actual escenario se entorpece aún más. Cuando una mujer llega a una estación de policía con el fin de realizar una acusación, no es extraño que se le niegue la radicación de la denuncia y se le derive a las Fiscalías Municipales o al jefe de Sector. En un panel sobre violencia de género realizado en diciembre de 2019, juristas de La Habana y Santiago de Cuba reconocieron que muchos operadores del Derecho entienden que el maltrato psicológico no es violencia, razón por la cual no atienden con la misma importancia a alguien que llega denunciando este tipo de agresión. También explicaron que en ocasiones persiste la idea de que, si hay agresión sexual, la mujer tiene culpa y responsabilidad.

Los especialistas indicaron que si un hombre toca a una mujer en la calle, sin el consentimiento de esta, la multa que enfrenta –en el caso de que se pruebe la infracción– es de solo 40 CUP (menos de dos dólares). Este tipo de prácticas reproducen la impunidad y empeoran la vulnerabilidad de las mujeres en situación de violencia.

A su vez, las mencionadas derivaciones a otras instancias constituyen nuevos obstáculos: Fiscalías Municipales cerradas; guardias que se niegan a recibir la queja por no ser de los “asuntos priorizados”; sucesivas derivaciones a Fiscalías Provinciales como tercera instancia donde solo es accesible un buzón de quejas; imposibilidad de atención personalizada; falta de conectividad a Internet en los sectores humildes para la presentación de las reclamaciones vía web; dificultad para trasladarse hacia entidades lejanas por la escasez de transporte público, entre otras.

A los anteriores obstáculos se suman aquellos relacionados con los términos de los procedimientos. El plazo para dar respuesta a una queja presentada ante la Fiscalía, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o los Tribunales, es de 60 días naturales. Se trata de un proceso demorado, aunque los asuntos penales requieren celeridad. Además, si se tiene en cuenta que al acudir al nivel provincial de la Fiscalía como tercera instancia se adicionan otros 60 días para el traslado del asunto al municipio de residencia de la promovente, entonces el proceso se dilata aún más. Y la denuncia que comenzó en amenazas, puede terminar perfectamente en otro delito de mayor gravedad en tiempos de restricción de movilidad.

Es tan urgente e importante que la policía atienda las denuncias de las mujeres maltratadas, como mismo hace con las denuncias por atentados y resistencias.

En el programa Hacemos Cuba del pasado 22 de abril, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo mencionó que los delitos considerados como graves serían los que “pondrían en peligro la vida”. Provoca tanto peligro para la vida la persona que no usa nasobuco, como aquella que, aprovechándose de las circunstancias de aislamiento, agrede a una mujer por el hecho de ser mujer. Este criterio de delitos graves como aquellos que ponen en peligro la vida, aún no tiene forma legal establecida. Sin embargo, podría ser una puerta para priorizar (según la Instrucción) los delitos de violencia hacia las mujeres en los espacios domésticos.

Aunque el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal no contemplan de manera dedicada y diferenciada los delitos relacionados con la violencia de género, sí están regulados los delitos sexuales, las amenazas, las lesiones, los delitos contra la infancia y la juventud. Ellos son el marco con que cuenta el país para atender y procesar esos hechos.

Hasta el momento, la reorganización de la justicia penal ha sido un proceso que ha atendido de manera fraccionada los delitos derivados de la contingencia sanitaria. Pero, de tenerse en cuenta los pronunciamientos de la ONU y de UNFPA señalados anteriormente, sería necesario considerar también como priorizados los delitos asociados a la violencia de género, debido a su agudización ante las medidas de aislamiento social.

Es urgente una norma jerárquicamente superior, que ordene la articulación entre las diferentes instituciones operadoras del Derecho y que, de manera explícita, enumere aquellas causales que puedan activar el proceso penal; dígase aquellos hechos que atenten contra la vida y la integridad de las personas, incluida la violencia de género. O, al menos, que mediante Disposición Conjunta se logre homogeneizar los criterios de prioridad en materia penal y las vías de resolución alternativas con mayor rapidez y agilidad procesal.

Este proyecto fue apoyado a través del programa de Microgrants Check Global COVID-19. 

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Los refugios son espacios imprescindibles para afrontar la escalada de violencia contra las mujeres. Su existencia ha evitado muertes antes y durante esta crisis.

También conocidos como casas o centros de acogida, los refugios brindan alojamiento a mujeres (y si fuera el caso en compañía de sus hijas e hijos) que sufren violencia de género principalmente por su pareja sentimental, expareja u otro integrante de la familia. Además, ofrecen servicios de ayuda psicológica, asesoramiento legal, transporte y colaboración para la vida. Hay tantos tipos de refugios como combinaciones en cuanto a servicios y financiamiento se puedan acordar entre el sector público y las iniciativas privadas o comunitarias.

En 1995 la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing instó a gobiernos centrales y locales, organizaciones comunitarias y no gubernamentales, y a los sectores público y privado a: “Brindar refugios bien financiados y apoyo de socorro para niñas y mujeres sometidas a violencia, así como servicios de asesoramiento médico, psicológico y de otro tipo y asistencia legal gratuita o de bajo costo, donde sea necesario, así como la asistencia adecuada para que puedan encontrar un medio de subsistencia”.

Es decir, desde hace 25 años las Naciones Unidas solicitan a los gobiernos incorporar en sus políticas públicas la creación de refugios como respuesta a la violencia de género y como recurso para lograr la igualdad de género.

En 1971 en Chiswick, Reino Unido, se tiene referencia documentada del primer refugio para mujeres que sufrían violencia doméstica; fundado por la feminista británica Erin Pizzey como una iniciativa personal, aunque derivada del movimiento de mujeres de la época.

En América Latina parece ser que el primero fue el centro de acogida “Voz de la Mujer”, fundado en Perú, en el año 1982, por iniciativa de Rosa Dueñas. Más tarde, en São Paulo, Brasil, tras inaugurarse la primera Comisaría de Defensa de la Mujer (1985), se crea el primer refugio para mujeres en ese país, esta vez como una respuesta pública del gobierno estatal a la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, los refugios comienzan a formularse como parte de las políticas públicas del panorama latinoamericano en la última década. En 2015, el Informe Regional sobre Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe para el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) identificó que, de un total de 18 países de la región, 7 habían declarado no tener casas de acogida para mujeres en situación de violencia. En la actualidad, todos los países referidos en el informe cuentan con alguna red de refugios.

¿Por qué los refugios como respuesta necesaria de políticas públicas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró desde 1996 que la violencia contra la mujer tenía que ser un asunto de salud pública para todos los países y, por tanto, los Estados tienen la obligación política de atenderla. La violencia es, en efecto, una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años. La violencia de género en particular, afecta a más de un tercio de la población femenina mundial.

Se estima que en el 2017 fueron asesinadas en todo el mundo 87 000 mujeres, de las cuales el 58 % murió a manos de sus parejas o familiares, unas 137 diariamente. El 35 % de las mujeres de todo el mundo ha sufrido, en algún momento de su vida, violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. En nuestro continente, suman por día 12 feminicidios: aproximadamente dos mujeres mueren por el hecho de serlo cada 2 horas, y de cada tres de estos feminicidios, dos son cometidos por la pareja.

Todo lo anterior indica un foco rojo de violencia contra las mujeres al interior de sus hogares. De ahí la necesidad de crear refugios como políticas públicas de los países.

En Cuba

En Cuba no existen refugios para mujeres víctimas de violencia machista (Foto: Sadiel Mederos).

Aunque las casas de orientación a la mujer y la familia de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), pueden ofrecer asesoría a mujeres en situación de violencia machista, en nuestro país no contamos con ningún centro de acogida, y las políticas de prevención y protección a las víctimas son tibias o inexistentes.

Sin embargo, la violencia machista es un problema en Cuba. Según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016, el 26,7 % de las mujeres entre 15 y 74 años fueron víctimas de alguna manifestación de violencia en su relación de pareja durante los 12 meses previos al estudio, y un 22,6 % lo fue, además, en “algún otro momento de su vida”. Pero como consecuencia del débil tejido institucional de protección eficiente, las mujeres no recurren a las instituciones. Solo el 3,7 % de las mujeres cubanas que declaran haber sufrido violencia al interior de sus relaciones de pareja han solicitado algún tipo de ayuda institucional.

Por otra parte, la tasa de feminicidios íntimos en Cuba (aquellos perpetrados por parejas o exparejas) es de 0,99 por cada 100 000 mujeres de 15 años o más, según cifras de 2016. Un análisis realizado a raíz de ese dato informó que, para ese mismo año, el Anuario Estadístico de Salud había registrado que 121 mujeres murieron a causa de agresiones; entonces, el 41 % de las muertes de mujeres por agresiones fueron a manos de parejas o exparejas. La autora del estudio llamó la atención sobre que en el mundo ese tipo de asesinatos representan alrededor del 30 % del total. Por tanto, la cifra cubana supera el promedio global.

El problema, entonces, es notable. Pero su solución y contención se enfrenta a barreras provenientes de las omisiones al respecto en nuestras políticas públicas y en nuestra legislación. No estamos atemperados con los avances que en el contexto internacional se desarrollan y practican en pos de la igualdad de género y contra la violencia. No contamos con una Ley Integral contra la Violencia de Género. No tenemos tipificado el feminicidio en el Código Penal. Una de las barreras más robustas es la ausencia de refugios de acogida temporal para mujeres. Ello contraviene lo instado por la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer sobre la necesidad de, también, entender el asunto como un problema de salud pública a resolver por los Estados.

Durante el confinamiento

En México las solicitudes de asilo en refugios para mujeres aumentaron un 30 %; las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda por violencia de género, un 60 %, según la Red Nacional de Refugios de este país.

En Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad indicó que las llamadas a la línea de emergencia proporcionada por el gobierno para la atención a mujeres en situación de violencia, creció en un 39 %. A la par, desde que inició el confinamiento, sumaron 19 los feminicidios, y de ellos el 45 % (casi la mitad) fue por la pareja actual. Por ello habilitaron tres líneas de teléfonos por WhatsApp, y una casilla de email para atender las urgencias de manera más desconcentrada.

Por su parte España, durante la primera semana de la cuarentena, contabilizó un aumento de las llamadas de emergencia de atención a víctimas de violencia de género en un 18,2 %, por lo que ese país implementó la campaña “Estamos contigo”, de la mano del Ministerio de Igualdad.

En Cuba no sabemos aún. No existe una línea estatal dedicada exclusivamente a las emergencias por violencia de género. No se sabe si el número de urgencias de la Policía Nacional Revolucionaria (106) lleva un registro de estos casos. No tenemos refugios. Algunas instituciones como la Fiscalía General de la República y la FMC anunciaron que sus líneas de siempre también podrán atender casos de violencia de género. La consejería del Centro Oscar Arnulfo Romero habilitó un correo electrónico para el mismo fin, y la plataforma de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, creada desde la sociedad civil, YoSíTeCreo en Cuba, abrió a su vez una línea de emergencias. Son los escasos recursos que se pueden enumerar, escuálidos, si no cuentan con la debida articulación institucional.

Esperemos que el Estado cubano atienda con especial énfasis la pandemia histórica de la violencia de género para estos tiempos de confinamiento, tal y como insta con insistencia la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

“El Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que hagan de la prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres una parte fundamental de sus planes de respuesta nacionales ante la COVID-19. Los refugios y las líneas de atención para las mujeres se deben considerar como un servicio esencial en todos los países, y deben contar con financiación específica y amplios esfuerzos destinados a mejorar la difusión de su disponibilidad”.

Y si sucede, ojalá sean medidas y estrategias que se conviertan en políticas públicas. Ojalá también que las respuestas públicas en atención a las mujeres en situación de violencia en Cuba lleguen para quedarse.

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