La COVID-19 es una contingencia epidemiológica que coloca en primer plano asuntos no contingentes: desigualdades, vulnerabilidades, imposibilidades para gestionar la incertidumbre del presente y el futuro.

La enfermedad está teniendo peor evolución en los hombres debido a factores relacionados con su sistema inmune y prevalencia de enfermedades respiratorias. Sin embargo, organizaciones internacionales y sociales han advertido que la crisis tiene efectos específicos y más agudos en las mujeres debido a razones sociales y económicas y a desigualdades estructurales previas. Es necesario que los Gobiernos atiendan a ese hecho al momento de diseñar e implementar medidas de enfrentamiento a la crisis y en la poscrisis.

El Gobierno y las instituciones cubanas están desplegando ingentes recursos materiales y organizativos para gestionar esta coyuntura. Parte de la ciudadanía también lo hace, individual y colectivamente. A diario trascienden nuevos emprendimientos solidarios y modos de hacer en conjunto.

Los desafíos que plantea la COVID-19 son diversos y enormes. Se requiere pensar cada paso y direccionar con precisión cada voluntad, porque la crisis afectará más dramáticamente a grupos específicos.

Este es un petitorio mínimo, para pensar el presente y la justicia para las mujeres y los grupos más vulnerables de la casa colectiva.

Incorporar a los cuidados en el vocabulario político y las medidas para enfrentar la crisis

Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados en los hogares (Foto: Sadiel Mederos).

A la fuerza, esta crisis hace pensar políticamente en lo que no se piensa de manera habitual: la forma en que la sociedad y las personas se organizan para cuidar de otras y de sí mismas.

Los cuidados son ahora más visibles como el centro de la vida porque las instituciones escolares están cerradas, los servicios de las guarderías privadas suspendidos, las necesidades de cuidados a las personas más vulnerables por razones de edad o condición de salud aumentan, se han incrementado las dificultades para adquirir bienes básicos y tenemos requerimientos legítimos de permanecer en los hogares.

En Cuba, como en todos los lugares del mundo, son las mujeres las que realizan la mayor parte del trabajo de cuidados en los hogares (cocinar, limpiar, lavar, buscar alimentos, asistir en tareas escolares, atender a menores y personas dependientes, etc.). Ese trabajo ahora aumenta y es urgente pensar en cómo redistribuirlo y gestionar esa situación de formas colectivas e institucionales.

Las trabajadoras remuneradas del sector estatal han recibido protecciones salariales durante esta pandemia en caso de que deban suspender sus actividades laborales para cuidar a menores en edad preescolar, escolar (hasta los 11 años) o de la educación especial. Esa es una medida protectora de gran beneficio, que ha ido ampliando su alcance. Pero en su diseño y aplicación persisten tres sesgos:

1. están ocurriendo barreras institucionales discrecionales para su aplicación (directivos que traban la posibilidad de que opere en la práctica),
2. no aplica para quienes deben dejar de trabajar para cuidar a personas adultas mayores con necesidad de asistencia,
3. no considera a las trabajadoras contratadas del sector no estatal.

Por lo anterior, primero, es imprescindible que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social obligue al absoluto y estricto cumplimiento de las medidas que benefician a quienes trabajan, y especialmente a quienes piden licencias para el cuidado de menores.

Segundo, es importante que dicha institución valore extender la medida a las trabajadoras remuneradas que deban quedar a cargo de personas de la tercera edad dependientes. Y tercero, como sociedad e institucionalmente debemos pensar en políticas que protejan a quienes estaban contratadas en el sector privado y ahora no tienen ingresos ni apoyo para cuidar.

Hasta el momento, estamos resolviendo la mayor parte de los cuidados a través de la gestión familiar (desigualmente distribuida entre hombres y mujeres). Es importante poner el asunto en la agenda política, social y comunicacional (tanto oficial como no oficial). E innovar esfuerzos ciudadanos que apoyen las labores en los barrios: voluntarios para cuidar un rato a los niños y niñas, para hacer las compras, para cocinar colectivamente mientras otras personas cumplen otras funciones, listas comunitarias de necesidades y ofrecimientos para poder organizar el trabajo y responder de forma colectiva y organizada. Esto sería también de provecho para quienes tienen que seguir trabajando (en la salud, comercio, bancos, policías, etc.) y puedan tener apoyo no solo en la familia estrecha.

La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) mencionó el asunto en el espacio de la Mesa Redonda. Si es un tema en agenda, esa misma organización, junto a la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los proyectos comunitarios y activistas e intelectuales con preocupación sobre este asunto, podríamos conformar un espacio de diálogo para diseñar estrategias (comunicativas, organizativas e institucionales) dirigidas a afrontar la crisis de cuidados que la pandemia arrecia. Eso incluiría, por ejemplo, trabajar por el desmontaje del sentido común y la costumbre institucional de dar por sentado que las mujeres son y deben ser las cuidadoras.

En algunos países de la región, organizaciones de mujeres han solicitado crear Mesas Intersectoriales sobre Cuidados para analizar las estrategias disponibles y operativas. En Cuba podríamos intentar algo similar para optimizar las medidas que ya existen, implementar otras con los recursos disponibles, estimular a la ciudadanía a redistribuir los cuidados dentro de los hogares, y potenciar iniciativas solidarias también en ese sentido.

Hablar de cuidados, pensar en los cuidados, hacer por los cuidados.

Tomar medidas de protección socioeconómica específicas para quienes trabajan en los sectores que permanecen ofreciendo servicios (y que están feminizados)

Los sectores laborales que se mantienen activos, como la salud y los servicios, están representados mayoritariamente por mujeres (Foto: Yailín Alfaro).

Dos de los sectores laborales que se mantienen activos y que están en contacto directo con la ciudadanía son los de la salud y los servicios (cajeras, trabajadoras de bancos, etc.). En ambos hay sobrerrepresentación de mujeres.

Es necesario que estas personas cuenten, primero, con la mayor protección de bioseguridad posible, ofrecida a través de las mismas instituciones. Es conocido el celo y esfuerzo con que se está protegiendo en Cuba a quienes trabajan en el sector de la salud. También sabemos que los porcentajes de contagio son mayores allí, como es lógico, debido al mayor nivel de exposición al virus. Esas medidas son imprescindibles y deben ser sostenibles y extensivas a otros sectores altamente vulnerables, como el de los servicios y comercialización en las redes de supermercados o bancos.

Es imprescindible también que quienes trabajen allí tengan más soporte y apoyo en la organización y distribución de alimentos que se están garantizando en las comunidades, y en relación con los cuidados, como quedó dicho antes. Además de los productos racionados, podría potenciarse la organización comunal –¿podrán los Comités de Defensa de la Revolución y las organizaciones comunitarias hacerse cargo?– para asegurar otros productos de primera necesidad que no se distribuyen en las bodegas barriales y son imprescindibles.

También es muy necesario incluir en esas redes los productos de salud menstrual y sexual para las mujeres, que tienden a escasear, aunque continúan siendo de uso obligatorio. Además de los aplausos, pensemos en medidas específicas de apoyo socioeconómico que contribuyan al sostenimiento de sus vidas.

Diseñar e implementar medidas urgentes contra la violencia hacia las mujeres y menores en los espacios domésticos

Inmediatamente después de que comenzaron las restricciones de movilidad en todo el mundo, ha habido un espantoso aumento global de la violencia doméstica y, especialmente, de la violencia hacia mujeres y menores en espacios domésticos.

Todos los países han mostrado el incremento de las llamadas de auxilio y orientación a las líneas para atender situaciones de violencia de género.

China, Italia, España, Francia, Alemania, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú y otros, han comunicado la alerta: las cuarentenas y restricciones de movilidad muestran que los hogares no son lugares seguros para muchas mujeres. La violencia hacia ellas escala en las casas y se mantienen los feminicidios.

Cuba llega a la crisis del coronavirus con mayor discusión ciudadana y política sobre violencia machista. Sabemos que la dimensión nacional del problema es considerable y comparable con las cifras globales: mientras en el mundo aproximadamente el 35 % de las mujeres ha sufrido, en algún momento de su vida, violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental, en Cuba el 39,6 % de las mujeres declara haber sido víctima de violencia al interior de las relaciones de pareja en algún momento de su vida.

Por tanto, aunque no tenemos los datos, es muy probable que también aumenten los hechos de violencia durante esta crisis. El pasado 16 de abril trascendió un feminicidio múltiple en la provincia de Las Tunas. El agresor asesinó a su expareja y las dos hijas en el hogar mientras rigen las restricciones de movilidad a causa de la pandemia.

Distintos países han implementado medidas de emergencia frente al aumento de la violencia machista en los hogares: campañas de comunicación, líneas telefónicas específicas para la atención a estos casos, estrategias de acompañamiento comunitario, vigilancia de quienes tienen expedientes de peligrosidad o advertencias por causas semejantes, ampliación de la capacidad de los refugios para mujeres en situación de violencia en los hogares, etc. En Cuba es necesario pensar también en ello.

La Federación de Mujeres Cubanas ha mencionado el asunto y la necesidad de que la comunidad esté alerta frente a casos de violencia. La Fiscalía General tiene una línea telefónica para denuncias generales (de cualquier tipo) y la FMC tiene otra, que funciona en horario laboral. El Centro Oscar Arnulfo Romero en La Habana ha mantenido su consejería vía correo electrónico y, desde la sociedad civil, la plataforma YoSíTeCreo en Cuba habilitó un servicio de acompañamiento y emergencias.

El tema está en agenda pero hace falta más y son necesarios más esfuerzos institucionales: agilidad de los servicios policiales, refugios de acogida, mayores esfuerzos de concientización ciudadana, protocolos de emergencia que puedan distribuirse en las comunidades a través de trabajadores sociales, orientación a quienes realizan las pesquisas para que informen sobre cualquier indicio al respecto, etc.

Regular la actuación policial a través de protocolos y orientaciones institucionales estrictas

A nivel global, una consecuencia de la pandemia está siendo la securitización de los espacios públicos. Si bien se ha considerado una necesidad para asegurar el cumplimiento de las medidas de restricción de movilidad, plantea desafíos democráticos importantes: los cuerpos policiales pueden tomarse atribuciones desproporcionadas o hacer uso excesivo de la fuerza.

El mismo 20 de abril, en el asentamiento informal de Indaya (Marianao) se reportaron presuntos abusos sexuales a dos adolescentes por parte de oficiales de la policía. Según reportes de los hechos, las hicieron montar en el carro policial alegando que no podían estar fuera de sus casas en horario nocturno. Las adolescentes denunciaron abuso sexual. Hechos similares se han reportado en otros países, que también han alertado de casos de violencia hacia ciudadanos y ciudadanas.

Se han realizado denuncias de otros procederes policiales inadecuados: detenciones violentas sin motivo por incumplimiento de procedimientos relacionados con la pandemia y malos tratos en unidades de detención. Eso contrasta con otros testimonios de buenas prácticas que también es posible constatar.

Si bien son necesarias medidas de control, es imprescindible la elaboración de protocolos de emergencia y orientaciones para las instituciones policiales, con el fin de evitar hechos como el mencionado u otros similares.

En el país no se ha declarado formalmente el Estado de Excepción y hay un vacío jurídico sobre cuáles son los alcances y límites de la actuación policial. Pero para asegurar el cumplimiento de las medidas y la justicia en los debidos procesos, es necesaria la publicidad sobre las disposiciones institucionales y su concreción en normas explícitas de validez jurídica.

Ello permitiría, también, obligatoriedad de que los aparatos del Estado respeten el cumplimiento de las medidas de restricción de movilidad. Sin delitos penales ni hechos que impliquen violencia, no se justifican citaciones policiales a ciudadanos o ciudadanas durante la emergencia sanitaria. Hacerlo es una contravención a los propios mandatos institucionales y recomendaciones de salud y sociales. Además, alimenta la inseguridad y el miedo derivados de la situación misma de crisis sanitaria con expandido peligro de contagio.

Asegurar garantías completas para los derechos de salud sexual y reproductiva, incluido el derecho al aborto, a la salud menstrual y a los anticonceptivos

Uno de los efectos que tienen las crisis epidemiológicas es la restricción de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Los servicios y productos asociados con ello muchas veces se pasan por alto en tiempos de crisis, sobre todo porque es necesario redireccionar recursos y servicios médicos a otros asuntos.

En Cuba, el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) continúa funcionando y asegurando la salud de las mujeres gestantes. Eso es parte del esfuerzo sistemático que se realiza en el país para asegurar la salud física de las madres. En este contexto es vital continuar garantizando los acoples para que así sea, tanto a nivel de salud física como psicológica. Es deseable que las embarazadas reciban atención en sus hogares o sean programadas las citas para que no haya otras personas en espera.

Los niveles de ansiedad de las gestantes pueden aumentar en estas circunstancias, por temores al contagio en los hospitales y durante el parto. Por tanto, los medios de comunicación y las instituciones de salud de atención primaria pueden colaborar en ofrecer información y orientación a las mujeres en esta situación.

En el contexto nacional, más preocupación ofrecen los servicios de salud menstrual, las interrupciones voluntarias de los embarazos y el acceso a anticoncepción. Se necesitan esfuerzos adicionales para que durante la pandemia se continúe garantizando el derecho al aborto, los métodos anticonceptivos y los productos de higiene y salud menstrual. La emergencia sanitaria durará un tiempo aún difícil de pronosticar y nada de lo anterior puede ponerse en suspenso.

Proteger en la crisis y la poscrisis a quienes trabajan en los sectores privado e informal, incluidas a las trabajadoras domésticas y cuidadoras remuneradas

La dimensión de género debe atravesar todas las medidas, también en los sectores privado e informal (Foto: Sadiel Mederos).

La baja del turismo y el cierre de gran parte de las pequeñas y medianas empresas y de las actividades que se desarrollan en formato de autoempleo, afecta y afectará al sector laboral no estatal. Varios economistas han llamado la atención sobre el hecho de que la crisis llega a todos por igual, pero las medidas que se están tomando no protegen de similar modo a quienes ejercen como Trabajadores por Cuenta Propia (TCP).

Las mujeres son minoría en el TCP (el 35 %) pero, aunque no se dispone de cifras actualizadas, parece ser que la mayoría no son dueñas de los negocios, sino contratadas o autoempleadas. En 2012, última cifra pública, eran trabajadoras contratadas el 67,7 % del total de trabajadoras en ese sector.

Por otra parte, como sucede en otros países, en Cuba las mujeres también engrosan el trabajo informal, aunque no hay cifras claras sobre cuál proporción representan. El 48,4 % de los hogares tienen jefatura femenina, pero de ellas solo cerca del 40 % contabilizan como “ocupadas”. Es probable que al menos una parte del resto deba asegurar algún ingreso para vivir y lo haga en el sector informal, sin registro de su actividad ni derechos laborales asociados. Muchas de ellas de seguro han perdido sus ingresos muy al inicio de la crisis.

Algunos académicos están elaborando recomendaciones para proteger a trabajadores contratados, autoempleados e informales en esta crisis.

Un lugar importante ocupan en este panorama las trabajadoras domésticas remuneradas, la mayoría de las cuales realiza su trabajo en la informalidad y, durante la cuarentena, han visto disminuidos o eliminados sus ingresos, o bien continúan trabajando con mayor riesgo a contagiarse por su alta exposición en los vínculos directos con las personas a las que cuidan.

La dimensión de género debe atravesar todas las medidas que se tomen durante este periodo y también después: créditos con bajas o nulas tasas de interés para emprendedoras o autoempleadas, fortalecimiento de derechos laborales en el sector privado, estímulo para formalizar el registro de las trabajadoras informales (incluidas las trabajadoras domésticas), promoción del empleo entre grupos marginalizados en los mercados laborales (incluidas las mujeres trans, etc.), son medidas obligatorias.

Quizás la poscrisis sea un buen momento para comenzar a pensar garantías de derechos para las trabajadoras contratadas del sector privado en relación, por ejemplo, con los cuidados o las licencias de maternidad.

Implementar y transparentar medidas de protección a la población encarcelada

Una de las demandas persistentes de distintas organizaciones sociales y feministas en todo el mundo es atender en la emergencia a la población privada de libertad: sus condiciones higiénico-sanitarias, de espacio, para evitar hacinamientos, etcétera.

Por ejemplo, organizaciones y colectivos de Ecuador, junto a cientos de personas residentes en ese país y organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos de la región, publicaron un Manifiesto por la Excarcelación de mujeres privadas de libertad a razón de la actual crisis. De acuerdo con ese documento, el 54,94 % de las mujeres encarceladas en el país andino han cometido delitos que no implicaron uso de la violencia ni riesgo social. Teniendo en cuenta la emergencia de la pandemia, allí se pidió el excarcelamiento de las mujeres a punto de cumplir sanciones, privadas de libertad por delitos menores, presas por abortar, que conviven con sus hijos e hijas en los penales, entre otras situaciones.

A nivel global también se ha llamado la atención sobre la necesidad de hacer públicas las medidas de emergencia que se toman en las cárceles, para asegurar la prevención y gestión de los contagios allí donde los haya.

Distintos países de la región, incluida Cuba, han suspendido o limitado las visitas a las prisiones como medida preventiva para evitar los contagios de coronavirus; también se han tomado medidas relacionadas con la higienización de los alimentos que envían las familias, la bioseguridad de quienes trabajan allí, la pesquisa activa y la atención diferenciada a grupos considerados vulnerables dentro de la  población carcelaria, incluidas las embarazadas. Hasta el momento no se han reportado oficialmente casos con coronavirus entre las personas privadas de libertad y el Ministerio del Interior ha informado que tiene como prioridad el cumplimiento de cualquier medida que sea necesaria para evitar la entrada de la COVID-19 a las cárceles cubanas.

En efecto, la vida de estas personas debe asegurarse. Según la evolución de la epidemia, podría valorarse la excarcelación de quienes estén a punto de cumplir condenas o en situaciones que así lo propicien. Es necesario, además, informar sistemáticamente las acciones tomadas en estos espacios, tanto en relación a la prevención de posibles contagios que puedan llegar de afuera como a las condiciones de vida de quienes permanecen allí.

Gestionar la crisis pensando en las y los migrantes internos

Uno de los grupos que pueden requerir especial atención es el de los y las migrantes internas, en específico aquellas personas que se encuentran en situación irregular o altamente precarizadas desde el punto de vista habitacional y de recursos económicos. No todas las personas migrantes internas engrosan los sectores empobrecidos. Pero una parte, sí.

En especial estado de vulnerabilidad pueden estar quienes se califican como “migrantes recientes”: las personas que han cambiado de lugar de residencia en corto plazo (5 años, según la evaluación que hacen las encuestas nacionales). Con menos posibilidad de haber consolidado redes o empleo, este puede ser un grupo especialmente frágil.

Se conoce que la migración interna en Cuba está feminizada; o sea, más mujeres se encuentran en esa situación, según informa la última encuesta nacional sobre este tema, realizada en el año 2017. De las casi 129 000 personas que se consideran migrantes recientes, las mujeres son aproximadamente el 55 %.

A la vez, los hogares de los migrantes internos tienden a ser más numerosos y la tasa de desocupación es más alta. La protección específica a estos grupos debe estar en agenda. Recordemos que muchas de estas personas pueden no contar con libreta de abastecimiento ni registro formal en las oficinas de registro de consumidores. De hecho, independientemente de si son parte o no de los grupos empobrecidos, muchas personas migrantes no tienen registro de consumidoras en sus lugares de residencia. Es necesario pensar mecanismos que aseguren que puedan tener acceso a los productos distribuidos por esa vía para paliar la crisis.

Transversalizar con mirada de género todas las medidas poscrisis

Las alternativas para enfrentar la crisis deben atender las necesidades y condiciones específicas de los distintos grupos sociales Foto: Sadiel Mederos).

Las medidas poscrisis necesitan tener un enfoque de género en toda su extensión.

En términos económicos, esta crisis será mayor que la de 2008: una recesión global profunda, ha dicho la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.

Según esa organización, se espera que en América Latina el promedio del PIB decrezca 5,3 %, el desempleo aumente 3,4 % y aproximadamente 30 millones de personas se sumen a las bancadas de la pobreza. Se deteriorarán aún más todos los indicadores laborales y sociales.

En Cuba también se anticipan problemas graves. CEPAL pronostica un decrecimiento del PIB de 3,7 %.

Todas las alternativas para hacer frente a esa situación deberán pensarse de manera universalista y, además, atendiendo a las necesidades y condiciones específicas de los distintos grupos sociales.

Es recomendable la creación de mesas intersectoriales que evalúen todos los programas (sociales y económicos) en clave de género, y atendiendo también a la diversidad intragénero condicionada por pertenencias de estatus socioeconómico, “raza”, territorio de procedencia, identidad de género y edad. En ello se juega la densidad de la justicia que podamos imaginar y asegurar.

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Las políticas de enfrentamiento a la crisis son diversas. Desde la irracionalidad del ultraconservador Jair Bolsonaro en Brasil hasta la rápida y eficiente gestión de Corea del Sur, pasando por el sórdido manejo de Lenín Moreno en Ecuador, que es uno de los epicentros de la pandemia en la región.

Los países que han implementado medidas o políticas sociales coherentes e integrales que protejan a las personas más vulnerables son los menos. El panorama más nítido es el de sobresaturación de los servicios de salud pública y la desprotección de quienes trabajan allí, la fragilidad de los derechos laborales, las tasas elevadísimas de precariedad del trabajo, el ejercicio desmedido de la fuerza militar y policial en las calles, la división sexual desigual de los cuidados entre hombres y mujeres y familias y Estado, y hasta la incapacidad para la gestión práctica y ética de los cadáveres. La otra cara de la moneda son las solidaridades de base activándose, comunidades haciéndose cargo de la gestión colectiva de la vida, intentos por politizar lo privado.

A poco más de veinte días del primer diagnóstico de coronavirus, en Cuba se registran 269 personas con la enfermedad, 3 241 ingresadas, 15 recuperadas y 6 fallecidas. Cuba restringió sus fronteras progresivamente y se cerraron las instituciones escolares. También se han tomado medidas respecto al trabajo y las políticas sociales.

Representantes políticos han reiterado que esas medidas hacen parte del esfuerzo porque nadie quede desamparado. La intención está plena de justicia aunque no se verificará para todas las personas. De hecho, algunas quedarán más empobrecidas o tendrán grandísimas dificultades para reproducir su vida y la de sus familias.

No todos saldremos por la misma puerta ni a la misma vez de esta crisis. Si no se asume esa realidad, las medidas poscrisis (que sin duda tiene que haberlas) no responderán al país que tendremos luego de la COVID-19.

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Toda crisis tiene efectos negativos inesperados, pero algunos pueden anticiparse. Si una medida es deforme y excluyente desde su diseño, así mismo serán los efectos que tendrá. En el conjunto de acciones de política social que se han tomado en Cuba, una es particularmente preocupante. Si se corrige con celeridad, sus efectos podrían evitarse.

El 31 de marzo de 2020 el periódico Granma sistematizó los mandatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para enfrentar la epidemia, y respondió preguntas frecuentes de la ciudadanía. El texto deja claro que “Cuba no se detiene y, a la par de atender sanitariamente a toda su población ante esta peligrosa enfermedad, ha aplicado numerosas medidas para proteger a los trabajadores y a sus familias”.

Las medidas dictadas son protectoras, sobre todo, para quienes trabajan en el sector estatal (que acoge a aproximadamente el 69 por ciento de la fuerza laboral). Las autoridades decidieron que si se realiza teletrabajo se percibirá el 100 por ciento del salario, si se le reubica temporalmente al trabajador en otras labores recibirá el salario del nuevo puesto y no perderá el anterior; si no es posible lo primero ni lo segundo recibirá el 100 por ciento de su salario durante el primer mes y el 60 por ciento del salario en lo sucesivo mientras dure la paralización. También las medidas incluyen agilizar trámites de suspensiones temporales de licencias para el trabajo por cuenta propia.

Sin embargo, la protección a las personas trabajadoras remuneradas a cargo de menores y ancianos está teniendo un sesgo grave, con perjuicio para grupos poblacionales específicos.

La publicación en Granma tiene una sección sobre las “madres trabajadoras”. Allí se confirma que:

La madre o el padre o el familiar que tenga la condición de trabajadores, y están encargados del cuidado del menor al que se le suspenda la escuela en la educación primaria y especial, reciben durante el primer mes una garantía salarial equivalente al ciento por ciento del salario básico, y de mantenerse la suspensión, la garantía es del sesenta por ciento.

La medida es protectora. El problema viene después, cuando se deja en claro que ella no aplica para

1. “las madres trabajadoras con hijos en el círculo infantil”, porque esas instituciones se mantienen ofreciendo servicio,
2. las “madres trabajadoras con hijos en la secundaria”,
3. las madres de los y las preescolares que reciban cuidados en guarderías privadas que hayan cerrado por la emergencia sanitaria,
4. las personas que estén a cargo de un menor que reciba cuidados en un círculo infantil pero que se suspenda su asistencia “por catarro”,
5. “Los trabajadores con responsabilidades familiares por el cuidado de sus padres ancianos”

En esos casos, la persona empleada no perderá su trabajo pero no recibirá porciento alguno de su salario. Si lo necesita, podrán solicitar una licencia no remunerada.

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Al igual que en el resto del mundo, en Cuba las mujeres somos las principales cuidadoras de menores, de personas con necesidades especiales y de la tercera edad. Miremos con ese lente los incisos listados arriba.

Asumamos que los menores que cursan la secundaria básica (de 12 a 14 años) pueden autovalerse (al menos en cuanto a necesidades biológicas) en ausencia de una persona adulta en el hogar. La duda razonable sería entonces respecto al resto de las condiciones mencionadas.

Veamos algunos datos.

En Cuba, la capacidad de los círculos infantiles es limitada. Su matrícula abarca solo al 22.66 por ciento del universo de la población preescolar. Aproximadamente el 77 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años recibe cuidados en los hogares o en guarderías privadas (registradas o no registradas formalmente como actividad por cuenta propia). Con las guarderías privadas cerradas con motivo de la crisis sanitaria, las madres de esos menores que también hagan trabajo remunerado tendrán que dejar temporalmente su empleo y no recibirán remuneración.

El universo preescolar es relativamente pequeño (en 2018 había en todo el país solo 456 450 preescolares) y la tasa de participación laboral femenina también baja (alrededor del 50 por ciento). El número de mujeres en esa condición es, por demás, comparativamente pequeño respecto a quienes tienen hijos e hijas escolares.

Al desconsiderar a ese grupo concreto, la medida es selectivamente discriminatoria. Por demás, no es claro su basamento. ¿Por qué no ofrecer los mismos derechos y garantías a esas mujeres? ¿Cuál es la razón, si la hay?

Lo mismo podría decirse de quienes tienen a su cargo –nuevamente, mujeres– a personas de la tercera edad con necesidades de asistencia que se acrecienten por la crisis sanitaria. ¿Por qué su licencia es no remunerada?

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrece una alternativa a quienes producto de esta crisis queden con una comprobable “insuficiencia de ingresos para el pago de los servicios básicos”: “prestación monetaria temporal de la asistencia social, en las cuantías actualmente vigentes”.

Según la Base de Datos de Protección Social no contributiva disponible a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el rango de los valores de las transferencias monetarias por asistencia social en Cuba en 2018 era de entre 217 y 260 pesos cubanos (CUP). Esos montos son insuficientes para cubrir las necesidades familiares. Un estudio publicado en 2018 por el Centro de Estudios de la Economía Cubana calculó que en 2016 el gasto mensual promedio de consumo de un hogar de tres personas era de 2 245 CUP.¹

Si bien las prestaciones monetarias temporales de la asistencia social son imprescindibles como política social, ellas no son, ni pueden ser, una alternativa para las trabajadoras remuneradas cuyo único “pecado” es ser madres de preescolares que reciben cuidados fuera de un sistema público de cuidados con poca capacidad, o de ser cuidadoras de personas adultas mayores con necesidades acrecentadas por la pandemia.

Esas mujeres estarán entre las más afectadas ahora y en lo que venga después. Y ese no será un efecto inesperado. La medida produce, desde su diseño, exclusión a un grupo específico. Y debe corregirse.

Para gestionar esta coyuntura necesitamos filtrar todas las acciones institucionales a través de un lente que permita advertir desigualdades existentes o emergentes.

La justicia con la que, de hecho, se han tomado las medidas en Cuba debe alcanzarnos a todos, a todas. Lo que no puede pasar es que mujeres, o grupos específicos de nosotras, seamos amortiguadoras de una crisis que pertenece al conjunto.

Notas:

¹ Anicia E. García Álvarez y Betsy Anaya Cruz: “Gastos básicos de familias cubanas urbanas dependientes de salarios y pensiones: dinámicas recientes”, Centro de Estudios de la Economía Cubana, La Habana, 15-16 de marzo de 2018.

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