El decreto deroga el 107, vigente desde 2024, que clasificaba la farmacia como una de las actividades expresamente prohibidas para el sector no estatal. Además, reduce de 125 a 79 las actividades restringidas o condicionadas y aborda el tema en dos numerales distintos del Anexo Único, cada uno con un alcance diferente. En la Sección C sobre industria manufacturera, la normativa regula la fabricación de productos farmacéuticos, y autoriza a los actores no estatales mediante asociación o encadenamiento con la industria estatal y bajo permiso del Ministerio de Salud Pública. Quedan fuera de esta apertura la elaboración de sustancias químicas medicinales y productos naturales. El segundo numeral relevante está en la Sección O, sobre actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, inmediatamente después del bloque que señala como actividad estatal la atención médica y odontológica. Este numeral habilita a empresas privadas, mipymes y cooperativas no agropecuarias a prestar servicios farmacéuticos, ópticos, de cuidados y de rehabilitación.

Lo que no dice el decreto es igualmente relevante: no explica aún cómo se establecerán los precios de los insumos, no habla de topes o control estatal sobre ellos ni se hace distinción sobre qué clase de medicamentos se pueden comercializar, cuáles serán de venta libre o controlada, etc. Además, es relevante cómo habilita a empresas privadas, mipymes y cooperativas, pero no menciona en ningún momento a los trabajadores por cuenta propia, a diferencia de otras actividades del anexo que sí especifican esa categoría, lo que cierra la puerta al farmacéutico o profesional del sector que quiera operar por su cuenta, sin estructura empresarial que lo respalde.

El decreto tampoco dispone sobre el mercado informal que ya sostiene buena parte del acceso a medicamentos. Sobre trazabilidad y control de calidad, el numeral 64 remite de forma genérica a la palabra “autorizable”, sin el nivel de detalle que sí tiene, por ejemplo, el numeral 51 sobre sustancias peligrosas controladas, lo que sugiere que esos requisitos técnicos quedarán para reglamentos de aplicación aún no publicados.

La medida llega después de que el propio Ministerio de Salud Pública admitiera ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio de 2025, que el país solo contaba con el 30% de su cuadro básico de medicamentos disponible. Sin embargo, no es un tema nuevo: a finales de 2009 el entonces presidente Raúl Castro inició un proceso de transformación sobre el que aseguró, frente a la Asamblea, que “sin afectar la calidad de la atención de salud que se ofrece a todos los ciudadanos sin costo alguno e inclusive mejorándola, los gastos [de los servicios sanitarios] pueden reducirse sustancialmente”.

Para 2025, cerca del 70% del cuadro básico seguía sin disponibilidad normal y el grueso de medicamentos e insumos puede encontrarse solo en el mercado informal a precios exorbitantes.

El enfoque global

Desde su posición de autoridad sanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve una Estrategia de Salud Universal que enfatiza la necesidad de mantener en el centro de los debates la gratuidad de los servicios médicos, más aún cuando las contribuciones privadas son una de las formas principales de financiamiento de los sistemas de salud en la mayoría de los países.

En el contexto latinoamericano, Cuba es una excepción. Aunque el territorio no tiene un comportamiento homogéneo en este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) concluye que la mayor parte de los sistemas locales de salud son administrados y operados por los programas médicos de los sistemas de seguro social. No es habitual que un país de ingresos bajos, como Cuba, tenga en su Constitución un artículo que indica que “La salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación”. Hoy sabemos que esa idea ha quedado lejos de la realidad. Hoy los gastos de bolsillo que realiza cada núcleo familiar para garantizar ciertos servicios médicos son un estrato fundamental en la tensión entre lo público y lo privado, resultado natural del proceso de descapitalización tan significativo que ha experimentado el sistema nacional de salud, junto a las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos, cuyas peores consecuencias las vive el pueblo.

Muchos son los factores que influyen en la salud de una población: las circunstancias en que las personas crecen, conviven, se reproducen, trabajan, descansan o mueren. Es por ello que no se puede entender el decursar de la sanidad en Cuba de forma aislada de las políticas sociales que la rodean. No se corrigen las inequidades en salud sin atender las brechas de desigualdad social que las producen.

Camino a la privatización

Existen pasos básicos para la introducción de lo privado en un sistema sanitario. La producción, importación y dispensarización de medicamentos, insumos y biotecnología son de los temas más debatidos y regulados porque son, además, negocios altamente lucrativos de especial interés público. En México, por ejemplo, cualquier farmacia debe registrarse en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentar un aviso de funcionamiento y contar con un responsable sanitario titulado. Las licencias están separadas y son más estrictas en dependencia del fármaco: no es lo mismo vender analgésicos que psicotrópicos. Hay normas legales para la farmacovigilancia, además de un aparato regulador que audita, sanciona y publica listas de distribuidores irregulares para proteger al consumidor.

Otro caso muy relevante es el español, que funciona casi de forma opuesta: la farmacia es privada, sí, pero su propiedad está reservada por ley a farmacéuticos colegiados, y su apertura depende de una planificación territorial estatal, no de la demanda del mercado. Se regula el número de población que maneja cada farmacia y a qué distancia están unas de otras, se topan los precios, se financian tratamientos largos y se establece un estricto proceso de farmacovigilancia. También hay normas que indican que una misma persona no puede ser propietaria de más de una oficina de farmacia, lo que evita la concentración del mercado y asegura la cobertura.

A pesar de que ambos modelos tienen sus propios agujeros, funcionan porque tienen años de marco jurídico previo, cuerpos reguladores con capacidad técnica, colegios y asociaciones de profesionales y de pacientes que les hacen contrapeso y, sobre todo, tiempo. Ningún país ha improvisado su modelo farmacéutico en cuestión de semanas, en medio de un desabastecimiento del 70% y de la situación de pobreza y desigualdad que tiene Cuba en el presente.

A pesar de que la privatización es la respuesta natural de un gobierno que cada vez toma más medidas de corte neoliberal y asfixia los servicios públicos, la bandera de la salud pública y universal ha sido la favorita de la propaganda por muchos años. Esto no solo significa un cambio en las normas o la implementación de un nuevo modelo, sino un cambio de paradigma importante para una población habituada al acceso a la sanidad pública sin intermediarios.

La escasez ha derivado en un mercado virtual de medicamentos que incluye redes sociales y plataformas de anuncios clasificados —como Revolico—, además de que están disponibles en plataformas de comercio electrónico en las que se compran productos de necesidad básica desde el exterior, y que ya vendían medicamentos sin regulaciones básicas bastante antes de la entrada en vigor del nuevo decreto. Una de las formas de alivio para la población, sin duda, ha sido la donación solidaria de la diáspora, que muchas veces funciona gracias a redes de voluntarios dentro de la Isla, así como a la ayuda de ONG y de la cooperación internacional.

Estos canales conforman un ecosistema previo al Decreto 160, que pretende formalizar y regular actividades de plataformas que ya cuentan con capital, estructura empresarial y ventajas que exceden las posibilidades de cualquier farmacéutico independiente, sin que exista un mercado abierto y competitivo. Se trata de empresas cuyos vínculos con figuras cercanas al poder en Cuba llevan años siendo señalados por investigaciones periodísticas: la familia del comandante Guillermo García Frías, vinculada a Supermarket23, por ejemplo, así como Aníbal Quevedo y el empresario cubanoamericano Hugo Cancio, dueño de Katapulk a través de Fuego Enterprises.

La salud depende del bolsillo

En un sistema sanitario como el cubano, las consecuencias de dichas medidas son previsibles. Las familias que no tienen entrada de divisas serán aún más precarizadas, teniendo en cuenta que el decreto no resuelve el problema de la moneda y los precios, mucho menos el del mercado informal. El riesgo sanitario aumentaría debido a la circulación de medicamentos cuya composición, trazabilidad, control de calidad y farmacovigilancia son desconocidas. No habría acceso equitativo, ni siquiera por disposición geográfica, lo que concentraría los servicios en ciertas zonas urbanas, sin controlar el resto del mercado virtual igual de desprotegido, al que la población seguirá recurriendo. El decreto legitima lucrar con la salud y traiciona los principios de la Constitución cubana, pero no soluciona la urgencia que lo originó. Mientras el Estado no resuelva el abastecimiento de la red pública, el mercado informal seguirá siendo más accesible.

Aunque la brecha no es nueva, institucionaliza lo que ya sabíamos: convierte en oferta lo que antes era, al menos, un mercado informal parejo para todos, en su ilegalidad. El resultado más grave será el acceso desigual según el poder adquisitivo, la inequidad social, la elección entre salud y necesidades básicas.

En salud pública, cuando una porción tan grande del presupuesto familiar se destina a este recurso y compromete el acceso a otros bienes básicos, se denomina “gasto catastrófico” y perpetúa el ciclo de empobrecimiento. Esto tiene, además, una importante dimensión de género: ser mujer aumenta 0,7 veces la posibilidad de no tener acceso a medicamentos; ser mujer de más de 50 años —quien habitualmente asume las tareas de cuidado y gestión de la salud familiar en Cuba— la aumenta 2,26 veces.

El decreto no ataca las causas de la crisis como la descapitalización de los servicios públicos y el impacto del bloqueo estadounidense sobre la importación; sino que traslada parte de su gestión al sector privado sin resolver de dónde saldrán esos medicamentos, o quién absorberá el diferencial de precio cuando los costos de importación superen lo que puede cubrir una familia. Si el Estado no diseña mecanismos de financiación selectiva ni subsidios diferenciados, el costo total recaerá directamente sobre los pacientes. Es, en ese sentido, una medida neoliberal en su lógica de mercado, pero sin ninguno de los contrapesos regulatorios —planificación territorial, control de propiedad, farmacovigilancia—.

A pesar de que esta solución era previsible en el intento de regular el mercado de medicamentos, una vez más, el contexto en el que se implementa es bastante deficiente. Aunque la privatización de los servicios básicos ya funcionaba de facto hace años, hacerlo de golpe, sin gradualidad, sin garantizar el abasto público y conservando los privilegios del entramado de poder, convierte un decreto en una nueva vía de enriquecimiento para los mismos, mientras la gente empobrecida sigue esperando, receta en mano, a que ocurra algún milagro.

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La ciencia de la contracepción usualmente señala al cuerpo de la mujer como figura sometida no solo al control sino al dolor. Son las mujeres las que intervienen su cuerpo con inyecciones, parches, incisiones, eventos traumáticos para colocar en su interior una barrita de cobre u hormonas, píldoras para cambiar su metabolismo, para controlar, como hacían las “brujas” medievales, el acto de la gestación. La extensión de dicha ciencia puso a mediados del siglo XX un arma muy poderosa en manos de la mujer occidental: la posibilidad de elegir sobre su propio cuerpo, y la historia le llamó a ese momento “revolución sexual”.

Es la planificación familiar como nueva forma de la medicina preventiva la que cambia la historia del control de la natalidad. Y así, la anticoncepción fue blanco de leyes que priorizaban la natalidad sobre el aborto: multas, arrestos, tipificación en códigos penales no solo a quienes usaban métodos anticonceptivos, sino a quienes divulgaban la información y prescribían. Es por ello que su reconocimiento en los diferentes territorios data de fechas muy recientes: en países como el Reino Unido, por ejemplo, se legalizaron los anticonceptivos en 1958, mientras que en Estados Unidos ocurrió en 1960 y en España en 1978.

En Cuba, durante los años 70 se comenzaron a fabricar píldoras anticonceptivas y dispositivos intrauterinos (DIU), cuya cobertura fue ampliada gracias a la asistencia técnica internacional. Además, comenzaron a aplicarse las Encuestas Nacionales de Fecundidad en las que solo participaban mujeres, por lo tanto, la anticoncepción solo contemplaba su conocimiento y sus cuerpos para trazar estrategias. Es por ello que en la década de los 90, aunque las autoridades declaraban un 88% de cobertura, solo se usaba la esterilización femenina, la píldora o la colocación de un DIU como contracepción. Se fundaron en la isla los servicios de planificación familiar y la disponibilidad de los insumos y las consultas solo se hizo inestable en los años más duros del Período Especial. No fue hasta 1995 cuando la Sociedad Cubana de Estudios de Familia (SOCUDEF) percibió un aumento en el uso del preservativo como respuesta al déficit de píldoras y dispositivos en farmacias, debido a la gran crisis del país, y no fue hasta el año 2009 que la Encuesta Nacional de Fecundidad incorporó a los hombres en sus estudios, para demostrar que la responsabilidad de la contracepción es plural.

Los métodos anticonceptivos pueden ser hormonales o no, orales o no, permanentes o temporales, de barrera, reversibles o irreversibles, preventivos o de emergencia. Se le llama anticoncepción masculina a la usada en el cuerpo masculinizado –no solo cisgénero–, usualmente vinculada a ciertas hormonas y a la producción de esperma.

Aunque los especialistas están de acuerdo en que el mejor método anticonceptivo es el condón, por incluir la protección contra las enfermedades de transmisión sexual, la investigación continúa y el afán por hacer parte a los hombres en el control de la natalidad ha provocado que las opciones sean cada vez más variadas, sobre todo en países con recursos suficientes. Así, tenemos métodos hormonales cuyos resultados en ensayos clínicos no son del todo concluyentes; métodos para anular la producción espermática o inhibir sus funciones, el uso del preservativo y la vasectomía. Los laboratorios y las farmacéuticas limitan sus esfuerzos a la contracepción femenina, sobre todo, pues creen que dichos productos serán de escasa aceptación entre la población masculina. E investigar es muy caro como para despilfarrar recursos.

En otros países, como Cuba, cuya actual crisis sanitaria es devastadora, la situación es bastante más compleja (y reducida). La última Encuesta Nacional de Fecundidad fue lanzada en 2022 y ofrece datos interesantes como, por ejemplo, que alrededor del 12% de las mujeres y el 14,5% de los hombres entre 15 y 54 años, que alguna vez tuvieron relaciones sexuales, nunca ha usado, al menos, un método anticonceptivo o no respondieron a esa pregunta. También valida el uso extendido de algunos métodos en particular: el más empleado es el condón con una frecuencia del 45% entre las mujeres y del 59,6% entre los hombres. Otros métodos utilizados con frecuencia son la píldora (35,6%) y los DIU (24,7%). El 13,9% de las mujeres en relaciones estables están esterilizadas por ligadura de trompas. Los hombres, por su parte, usan más como anticonceptivos el condón 48,7% y solo el 0,09% se ha practicado una vasectomía.

“El condón es básicamente el único método [anticonceptivo] que uso. En la pareja ambos tomamos la iniciativa, no es cuestión de uno solo, pero igual, yo ‘sin globo no entro a la fiesta’. Aunque al hombre ese asunto suele preocuparle menos, yo siempre [he tenido] ese cuidado”, dice Lachy, de 34 años, desde La Habana.

“En mi entorno lo más usado es el condón, las chicas algún DIU. Estos temas últimamente se han complicado bastante, entonces uno recurre a ‘menos eventos’ o a la típica ‘sacarla antes’, aunque no siempre surta efecto por otros asuntos precoces que no vienen al caso”, añade.

Amanda cuenta, desde Pinar del Río, que ha podido mantener el uso del condón como método más asequible en el último año, pero que no considera que sea accesible para las personas que viven solamente de su salario (sobre todo si su salario es estatal). “Un condón está a 50 pesos, pero es muy difícil [hallar] otras formas de anticoncepción. Sabemos que para los [anticonceptivos] hormonales, como las pastillas, hace falta estabilidad [en la relación], y no vas a arriesgarte a comprar a 500 pesos el blíster de Etinor para que te las manden de La Habana y luego quedarte a medias, imagina lo que eso le hace a tu cuerpo”.

Las pastillas anticonceptivas Etinor, fabricadas en Cuba, han desaparecido de las farmacias y se venden en el mercado informal a precios elevados. Un blíster puede costar hasta 900 CUP, haciendo inaccesible su compra para muchas mujeres.

En Revolico las pastillas Etinor, tabletas revestidas que Levonorgestrel y Etinilestradiol cuyo registro sanitario está a nombre de la unidad empresarial cubana Laboratorios MEDSOL, oscilan entre 700 y 900 pesos el blíster. Cada caja contiene tres blísters y cada blíster 21 tabletas. Eso significa que para estar cubierta, por ejemplo, seis meses, el gasto asciende a los 3000 pesos. Sin embargo, muchas mujeres las toman por años. Hay que tener en cuenta que estas pastillas tienen advertencias especiales, indicaciones para su uso, contraindicaciones. Es por ello que en las cajas que venden –sin prescripción ni precauciones–, se puede leer en letras verdes y mayúsculas “Venta por receta médica”.

Las últimas noticias de las que se tiene constancia en la prensa estatal sobre la reactivación de la producción de anticonceptivos orales data de 2022. En el 2023 BioCubaFarma volvió a informar sobre la fabricación de las píldoras (Aminor y Estracip) con cobertura para 30 días. Desde entonces no se tienen noticias oficiales de la fabricación de los anticonceptivos orales en empresas cubanas. Esto ha sido complementado con donaciones de la Oficina cubana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que para apoyar los servicios de salud sexual y reproductiva del país, ha donado cada año toneladas de insumos que incluyen anticonceptivos orales y otras formas de contracepción.

Pero nada es suficiente.

“Desde hace unos cinco años, tal vez más, el asunto de los métodos anticonceptivos se ha complicado bastante, una vez que dejaron de venderse en farmacias. Incluso recuerdo que en cualquier cafetería de mala muerte encontrabas a los tres mosqueteros: ron mafuco, cigarros Criollos y condones Vigor. Pero eso es borrosa postal del pasado. En puestos estatales no existe esa oferta. Antes hasta te los daban gratis en los consultorios del Médico de la Familia, casi como acto promocional de la salud sexual. Tampoco. Ahí ya casi no te dan ni los buenos días”, comenta Lachy.

“Ante esa situación, casi todo el mundo se ha visto obligado a recurrir al ‘mercado negro’. Los he visto por el mercado de Tulipán en portales y aceras donde se sientan unas señoras mayores con el producto, a veces condones nacionales, pero en redes más privadas ves condones y pastillas de importación. Los precios resultan bastantes costosos. Digamos 50 pesos la unidad o las cajas a 150. Quizás en algún lugar esté más caro si es más sofisticado: entiéndase saborizados o con colores o relieves”, explica.

El precio de los preservativos en el mercado informal ha aumentado significativamente en Cuba. Una caja de tres condones Vigor cuesta 150 CUP, lo que dificulta su acceso para muchas personas (Foto: El Yerro Menú).

El tema de la fabricación de condones en Cuba ha sido ampliamente cubierto tanto por la prensa estatal como independiente. Sabiendo que en Cuba el número aproximado de condones que se necesitarían es de 6 millones anuales, según datos oficiales, la cobertura siempre queda muy por debajo de la demanda, lo que constituye un problema de salud pública. El anuario estadístico de salud más reciente que reportó el porcentaje de cobertura fue el de 2019, el cual reveló que la cobertura total de anticonceptivos fue de 76.8%, la cifra más baja registrada desde 2004.

El déficit de condones, sobre todo, es anterior a la pandemia. Sin embargo, el coordinador de la línea de condones de Prosalud, Rafael Pérez De la Iglesia le dijo a Cubadebate que la pandemia les había obligado a redistribuir recursos financieros para la compra de insumos más urgentes y que ello, junto al “recrudecimiento del bloqueo norteamericano a Cuba”, era la causa principal del desabastecimiento. Los proveedores son habitualmente chinos, malayos e indios, y el MINSAP es el principal cliente cubano. Todo se importa y, por lo tanto, es más caro y propenso al incumplimiento de su fabricación, ciclo de arribo y distribución.

“Yo solo uso píldoras, vacunas o DIU. No tengo pareja estable y prefiero controlarlo yo que esperar a que la persona con la que me vaya a encontrar tenga o no tenga condones. Muy probablemente no los tendrá, así que prefiero agenciármelas, –explica Laura, enfermera camagüeyana de 32 años–. En mi entorno los más usados son el DIU y las píldoras. En las farmacias no hay hace años y si hay ni nos enteramos porque nadie va en busca de eso a ellas. Hasta el momento nunca he tenido que pagar mis pastillas porque me las resuelven ‘por fuera’, pero sé que están a 800 el blíster”.

Para este trabajo, se realizó una encuesta a 20 personas de diversas localidades de La Habana, Pinar del Río, Camaguey y Holguín, que difieren en sexo e identidad sexual, pero cuya totalidad se reconoce como cisgénero. Las preguntas trataban tres temas fundamentales: uso y conocimiento de métodos anticonceptivos, accesibilidad y disponibilidad, y anticoncepción masculina.

En las respuestas, los precios referidos por las personas fueron bastante certeros al compararlos con los disponibles en el mercado alternativo actualmente: el implante subcutáneo a 5000 pesos, las vacunas de medroxyprogesterona entre 1500 y 2000 pesos, y los condones por unidad, que se pueden encontrar hasta en 150 pesos.

“Yo conozco como métodos anticonceptivos el condón, claro, las pastillas diarias, la pastilla del día después, los dispositivos que se insertan en el brazo y los intrauterinos. Solo utilizo el condón y la pastilla del día después. Suelo ser yo la que lleva la iniciativa en la anticoncepción”,  –comenta Eli Benítez, habanera, de 36 años–. En nuestro ambiente lo que más se usa es el condón, pero mis amigas en Estados Unidos y Europa lo que más usan es el dispositivo en el brazo”.

Sobre la accesibilidad a estos métodos, Eli dice: “Yo tengo la posibilidad de salir de Cuba con frecuencia y los compro fuera, pero sé que la gente en Cuba los compra en el ‘mercado negro’. No tengo idea del precio. Me han contado que los reutilizan, pero no sé si sea verdad”.

A las preguntas sobre la anticoncepción masculina, Lachy responde: “Hace tiempo hubo más información sobre el uso del condón, pero como aquí todo se asume como propaganda, no se hizo ni caso. Conozco a promotores de salud que daban charlas en barrios y se hacían ferias donde te regalaban pasquines educativos y el condoncito. En general, el tema para los hombres sigue siendo tabú, algunos todavía tenían pena de ir a la farmacia y pedir una cajita de condones, quizás porque sentían que eso disminuye su hombría o no sé qué. Aquí a uno no le gusta hablar de sus intimidades así abiertamente”.

¿Conoces otros anticonceptivos masculinos, además del condón?, pregunto.

“La vasectomía, pero no estaría dispuesto a someterme a ella bajo ningún caso. Quizás tomaría píldoras, estaría en duda con las inyecciones, tengo buen brazo pero me dan miedo las agujas”, dice.

Sobre la accesibilidad a la información y formas de prevención Eli comenta: “Durante la universidad había muchos programas y regalaban condones (de muy buena calidad, por cierto), hacían charlas, nos dejaban sueltos con información muy útil. Recuerdo especialmente el Carrito Amarillo, porque la gráfica era muy buena y tenía condones de chocolate. Entonces nos enteramos del uso de otros métodos igual de saludables. Uno de mis actuales amantes, por ejemplo, tiene hecha la vasectomía hace años, por él la conocí, pero se la hizo en España, no en Cuba. Creo que muchos hombres se la harían, sobre todo para evitar el uso del condón, cosa que debe entenderse como un riesgo para la transmisión de enfermedades, claro”.

Por su parte, Marialina, médica pinareña de 27 años, cree que hay formas menos radicales para protegerse sexualmente: “La vasectomía te excluye de ser progenitor pero no te hace inmune a enfermedades de transmisión sexual. Si hubiese en Cuba anticonceptivos masculinos novedosos como píldoras o vacunas, los usaría con una pareja estable, pero creo que preferiría el condón igualmente”.

De las personas que respondieron a la encuesta elaborada para este trabajo, el 100% dijo que tenía dificultad para adquirir anticonceptivos por vías estatales, el 37,5% admite que no ha usado ninguna forma de contracepción en los últimos doce meses, y el 75% ha tenido que recurrir al mercado alternativo en busca de los insumos. El 100% de los encuestados considera que no son accesibles en ninguna de sus formas comerciales, tanto por el precio (en referencia al mercado alternativo no estatal) como por la disponibilidad de ofertas.

La solución a esta forma muy particular de carencia es no usar ninguna protección, o atenerse al método del ritmo y/o al coito interrumpido. Así, tal vez y con suerte, se pueda evitar un embarazo no deseado pero, ¿y las ITS?

Sin dudas, hay un problema que al menos tiene diez años de recorrido, y el tema de las enfermedades de transmisión en Cuba mereciera otro texto, pero algunos datos muestran luces sobre la situación: la sífilis, por ejemplo, ha duplicado su cifra con respecto al cercano 2021; la blenorragia mantiene sus números sobre los mil casos, el VIH/SIDA se muestra en los anuarios bastante controlada, pero ¿cómo se está diagnosticando?, ¿cómo se trata? ¿Qué consecuencias tiene la poca accesibilidad a anticonceptivos sobre la salud reproductiva de les adolescentes?, ¿cuál es la cifra actual de embarazos no deseados?, ¿qué ocurrió con las consultas de planificación familiar?

Como siempre, muchas preguntas, pocas respuestas y menos transparencia, poco acceso a datos útiles y, en consecuencia, una insalubridad creciente en el país, como muestra infalible de su permanente crisis.

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El texto complementa tanto el Artículo 13 de la Constitución de la República de Cuba que establece como “fin esencial del Estado garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral”, como el Código de las Familias, donde se plantea que “las familias, la sociedad y el Estado, de acuerdo con sus respectivas responsabilidades, realizan los ajustes razonables que sean necesarios (…) y brindan, a través de sus organismos e instituciones, el sistema de apoyos, la debida protección, la educación y la orientación necesarios que le permita desarrollar al máximo sus capacidades y sus aptitudes”.

El decreto habla también de un proyecto ubicado dentro del Macroprograma “Desarrollo humano, equidad, justicia social del Programa Nacional de Desarrollo Económico Social 2030”, y que ha sido nombrado como “trabajo no remunerado”. Este macroprograma es el que, además, contiene otros títulos de los que mucho se ha debatido como el “Programa nacional para el adelanto de las mujeres”, el “Programa nacional contra el racismo y la discriminacion racial”, el de “Atención a las vulnerabilidades”, o el de “Trabajo digno”, etc.

Sin embargo, englobar la justicia social en seis programas y 18 proyectos sin adentrarse en una reforma integral es, cuando menos, ambicioso, y en ello las instituciones cubanas no han estado solas: Magela Romero Almodóvar, coordinadora de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados e integrante de la Red CLACSO, mencionó a la redacción de la propia Red que “el sistema de cuidados, con el paso del tiempo, dejó de ser una apuesta de un pequeño grupo para convertirse en una apuesta colectiva, por la que pujaron muchas personas, instituciones, organizaciones, redes nacionales e internacionales, personas expertas”. Romero Almodóvar no menciona, sin embargo, el trabajo de organizaciones independientes que también han pujado por mejorar los cuidados en Cuba, estimuladas sobre todo por la compleja situación demográfica en la que se encuentra hoy el país.

Una mujer mayor empuja su carrito en una calle de La Habana (Foto: Periodismo de Barrio).

Más cuidados, menos cuidadores

Las crisis que se superponen en el actual contexto cubano recaen, sobre todo, en las mujeres, que son quienes suelen llevar a cabo las labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Esta carga se acentúa si tomamos como referencia que muchas de estas mujeres son racializadas, empobrecidas, de edad avanzada, en condición de discapacidad o cuyos contextos particulares amplifican el alto costo de la inequidad.

La población cubana está envejecida y no cumple con los valores necesarios para el reemplazo poblacional. La ancianidad ocupa hoy el 24,4%  de la población nacional y se prevé que para el 2050 sean más de 3 millones 300 mil las personas con más de 60 años en la isla –contra alrededor de 2 millones 400 mil existentes en el 2022–, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Todo ello ejerce una fuerte presión en los servicios sanitarios y sociales que, además, intentan sobrevivir a sus propias crisis, lo que complejiza el escenario de los cuidados en Cuba y, en definitiva, el de la justicia social.

Esta ley intenta regular lo que ya venía ocurriendo hace algo más de un año en Cuba, con el surgimiento de negocios privados –sobre todo en La Habana– que ofrecen servicios de cuidados a domicilio, entre los que se incluyen la atención a la salud física y mental, el acompañamiento al área de salud, los cuidados dentro de centros hospitalarios, la alimentación e higienización, o el cumplimiento de tratamientos farmacológicos; pero en cuyos estatutos han tenido que aclarar que no ofrecen servicios de salud per se. Habría que ver entonces qué se entiende por servicios de salud, más aún cuando estos negocios son sostenidos en muchos casos por médicos y enfermeras que salen del Ministerio de Salud Pública para hacerse trabajadores por cuenta propia.

El instrumento legal también aborda la necesidad de enfrentar la inminente mercantilización de los cuidados en Cuba y reconoce el papel del trabajo no estatal en este ámbito, lo cual representa un cambio significativo en la inclusión del sector privado en servicios que históricamente han sido responsabilidad del Estado. Llama la atención que esto ocurra apenas un mes después de hacerse pública la noticia de la extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). El objetivo de esta medida, según fuentes oficiales, fue descentralizar las funciones y que sea la Asamblea Municipal del Poder Popular de cada territorio quien apruebe su propio presupuesto anual; una medida con un defecto de fábrica: la “puja redistributiva”, al hacer depender servicios básicos de los presupuestos locales en un entorno de profunda crisis económica y déficit fiscal. El municipio Plaza de la Revolución, por ejemplo, no tiene las mismas herramientas que el municipio Minas de Matahambre, en Pinar del Río, para resolver sus problemas.

El Artículo 9 –sobre los destinatarios de los servicios– menciona a las instituciones de alojamiento entre las que se incluyen hogares de ancianos, residencias de cuidados permanentes, centros psicopedagógicos, hogares de niños y adolescentes sin amparo familiar, hogares maternos y similares. En el propio artículo se menciona que será indispensable obtener una certificación por parte del sistema sanitario para ejercer como persona cuidadora remunerada. Igualmente se habla sobre servicios de respiro para el descanso de las personas cuidadoras y su complemento con servicios de lavandería, mensajería, elaboración de alimentos y otras facilidades.

El organismo que a nivel nacional responderá por ello será la Comisión Gubernamental encargada de la atención a la dinámica demográfica y la Subcomisión Sistema de Cuidados. A nivel provincial y municipal serán los grupos correspondientes a los observatorios demográficos. Las fuentes de financiamiento serán, sobre todo, las provenientes del Presupuesto del Estado, y los recursos propios de las personas o familias “que financian los servicios que se brindan tanto por el Estado como por actores no estatales (…)”.

En un país que recorta los parámetros de bienestar, descapitaliza servicios fundamentales y reorienta sus políticas a la mercantilización de las ofertas, mientras se deteriora el poder adquisitivo y crece la desigualdad y la incertidumbre, una ley es insuficiente, y solo regulará el alivio de unos pocos. Sin embargo, tener la ley es una ventaja en el largo camino de la lucha por la justicia social.

Varias especialistas han acuñado la idea de que la precariedad está feminizada (Foto: Periodismo de Barrio).

La ruta legislativa contra la violencia de género

Varias especialistas han acuñado la idea de que la precariedad está feminizada, teniendo en cuenta que las mujeres son el grupo poblacional más afectado en la actual crisis sistémica y señalando las propias desigualdades que entre ellas se agudizan. Este también es uno de los argumentos para señalar al Estado como ejecutor de la violencia institucional sobre las mujeres, sobre todo en un contexto en el que se ha retirado de muchos de sus deberes sociales y obligaciones constitucionales.

Pero las mujeres no solo son las que cargan el mayor peso de la crisis sino que representan el grupo poblacional predominante dentro de los mayores de 60 años (53,4%) y son, además, las que preferiblemente proveen los cuidados (68%). Las mujeres cubanas tienen una esperanza de vida superior (80,45 años frente a 76,50 de los hombres) y en cuanto a los patrones de residencia, son mayoría (57%) dentro del grupo de personas de la tercera edad que viven solas. De ellas, el 82,3% cuenta solo con ingresos personales devenidos del trabajo o la jubilación, sin otra fuente de ingreso adicional, y existe además un 20% de mayores que declara no recibir ayuda de familiares o corresidentes. En este porcentaje tiene una gran influencia el agudizado fenómeno migratorio cubano, si tenemos en cuenta que el 7% de las personas mayores en Cuba tiene a todos sus hijos viviendo fuera de Cuba y el 3% tiene, además, a todos sus nietos emigrados, según el informe “Mujeres cubanas en condiciones particulares y la crisis multifactorial en Cuba”.

En cuanto a las diferencias entre la participación política real y la representatividad de las mujeres en el mundo político hay datos muy sugerentes: según CubaData, las mujeres muestran menor intención de participación política que los hombres, además de mayor conformidad y satisfacción con las políticas de gobierno. Esto nos hacen pensar en  razones estructurales y enormes brechas de género en el acceso a puestos de mayor jerarquía. Una de las causas podría ser un menor acceso a la formación, por ejemplo, además del tiempo limitado para informarse sobre el acontecer político al deber emplearlo casi en su totalidad a cuidar, proteger y proveer seguridad a sus convivientes.

Haciendo un recorrido bastante superficial por la situación de las mujeres en Cuba y enumerando razones para la urgencia de ciertas reformas, cabe entonces preguntarse si efectivamente se están preparando las condiciones legales para la aprobación en el 2028 de una Ley Integral contra la violencia de género, como sugiere el calendario legislativo. Luego de ser aplazada y desatendida la propuesta presentada en noviembre de 2019 por 40 mujeres cubanas solicitando que el cronograma llevara dicha ley a discusión, y en respuesta a la creciente violencia ejercida sobre mujeres y niñas en la isla, incluyendo el incremento de feminicidios, el Estado ha ido construyendo una ruta legal en la que se atiende, sin normas específicas, la violencia de género desde diferentes enfoques. Ha sido el caso del nuevo Código Penal, a pesar de que no tipifica el delito de feminicidio, y el Código de las Familias, vigente desde septiembre de 2022. A ello podríamos agregarle la creación del Observatorio Cubano sobre Igualdad de Género, el “Programa Nacional para el adelanto de las mujeres”, la Ley de Salud Pública y otros cuerpos legales que intentan regular procedimientos, articular un lenguaje que no reproduzca patrones sexistas en su redacción, y que puedan acoplarse luego con la supuesta Ley Integral. No podían quedarse fuera los cuidados y el Decreto 109-2024 los incorpora al debate, sobre todo cuando se hace urgente pensar y proponer pautas de acción sobre el fenómeno del envejecimiento demográfico y sus impactos sociales.

Sea cual sea el móvil, la aprobación de este Decreto es beneficiosa para regular (y no asfixiar) lo inevitable, que en este caso es la incorporación de las formas no estatales de gestión de los cuidados. No basta la letra muerta para revalorizar al ser humano como sujeto del desarrollo. Bien podría aliviar ciertas situaciones a corto plazo, pero con vista al futuro, la privatización de servicios esenciales pueden abrir una brecha de inequidad insalvable, sobre todo cuando el Estado recorta y descapitaliza los servicios que solo a él corresponden. La crisis deja a los cubanos sin muchas opciones, es por ello que todo lo que se haga será tan beneficioso como insuficiente y nos deja con la idea de que la única opción es ir ganando terreno en espacios de luchas aparentemente reducidas, mientras no se puedan llevar a cabo las profundas reformas integrales que requiere el país para reparar algo de la justicia social que se ha dilapidado.

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El trámite lo ha llevado a cabo una compañía biotecnológica estadounidense radicada en Cleveland (Ohio), la Discovery Therapeutics Caribe (DTC), que se dedica a “mejorar la salud de los americanos a través del desarrollo de terapias regenerativas para enfermedades de alta mortalidad”. Esta compañía se fundó en 2020 para comercializar medicamentos que respondieran a dicha premisa; sin embargo, presenta al Heberprot-P como su producto líder ―no figura ningún otro fármaco en su dispensario―, los catorce artículos que referencian argumentan las bases científicas del Heberprot-P ―todos sus autores son cubanos― y la única noticia que se recoge en el apartado de prensa es la referente a la aprobación por parte de la agencia federal.

Sería fácil concluir que DTC se fundó con el propósito de servir de intermediaria al Heberprot-P como única vía factible para que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), una de las tantas empresas del holding BioCubaFarma, pudiera comercializar uno de sus fármacos estrella en el mercado estadounidense, entre los más lucrativos a nivel global. Esta estructura legal y financiera es necesaria pues, según legislaciones administrativas del gobierno federal de los EE. UU., las transacciones relacionadas con la obtención de la aprobación de la FDA para proyectos conjuntos de investigación y desarrollo de fármacos de origen cubano solo podrán ejecutarse a través de personas con jurisdicción en territorio estadounidense. Estas incluyen el desarrollo, la investigación preclínica y clínica, la revisión y aprobación reglamentaria, la concesión de licencias, las actividades posteriores a la comercialización y la importación en ese país de tales productos.

He aquí una de las tantas formas que tiene que adoptar la industria biofarmacéutica, de las más estables y rentables de la isla en cuanto empresa exportadora, para incorporarse al mercado mundial y evadir las disímiles sanciones, restricciones y medidas coercitivas de Estados Unidos. Pero la trama del medicamento es más compleja.

El Heberprot-P es un producto que favorece la cicatrización de las úlceras diabéticas y reduce el riesgo de amputación. Es una formulación liofilizada inyectable, basada en el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante (EGFhr), que se indica para infiltrarse en el lecho y los contornos de la úlcera del pie diabético y revertir el fenotipo de cronicidad, como terapia adyuvante para desencadenar y mantener el proceso de cicatrización y la eventual re-epitelización. El producto está indicado para heridas de alto grado. Es único en su tipo. Actúa de forma localizada, estimula y protege el tejido, acciones muy diferentes a lo internacionalmente estandarizado. Claro que es un medicamento útil, novedoso y rentable. Las estadísticas de la diabetes y sus frecuentes lesiones en los miembros inferiores refuerzan la utilidad del fármaco. La amputación, una de las consecuencias más probables de la enfermedad, inhabilita, reduce notablemente la calidad de vida, aumenta la mortalidad y contribuye al ciclo de perpetuación de la pobreza.

El CIGB pone la mente

El Heberprot-P favorece la cicatrización de las úlceras diabéticas y reduce el riesgo de amputación (Imagen tomada del sitio web del CIGB).

La primera empresa de biotecnología en el mundo, Genentech, fue creada en San Francisco, Estados Unidos, en 1976. Apenas tres años después se fundó el Frente Biológico (antecedente de BioCubaFarma), un foro profesional interdisciplinario para desarrollar esta industria en Cuba. Ese fue el resultado más notable de una reunión que ocurrió en La Habana entre Fidel Castro y un grupo de científicos norteamericanos, quienes aprovecharon el mejoramiento de las relaciones entre ambas naciones en el contexto de la presidencia de Jimmy Carter. Entre ellos figuraba el Dr. Randolph Lee Clark, médico militar veterano de la Segunda Guerra Mundial y entonces director del M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute de Houston, un señor que ya llevaba diez años investigando los interferones como tratamiento contra el cáncer, pionero en la materia.

En marzo de 1981, seis cubanos pasaron doce días en Finlandia con los especialistas que habían aislado el interferón de las células humanas y se habían negado a patentar un bien público. Con ellos aprendieron a producir grandes cantidades del producto. A solo 45 días de su regreso a la isla produjeron el primer lote de Interferón cubano, justo a tiempo para la gran crisis del dengue hemorrágico ese mismo año. El Ministerio de Salud Pública autorizó el uso de interferón para detener el brote de dengue y se logró frenar la mortalidad. Fue el evento de prevención con interferón más extenso del mundo. Cuba se puso al centro del interés internacional.

La industria biofarmacéutica era muy versátil, resolvía un gran problema sanitario y al mismo tiempo resultaba altamente rentable. Era la fórmula perfecta para la propaganda: un bien público universal que, de paso, generaba altos ingresos. Fidel Castro, convencido de su importancia estratégica, hizo todo para potenciar el sector, comenzando por las inversiones. Científicos cubanos fueron al extranjero a estudiar. La investigación tomó caminos más innovadores y en 1986 se desarrolló en la isla el Interferón Alfa 2B humano recombinante. Ese mismo año fue inaugurado el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Para entonces, el país estaba sumergido en otra crisis de salud, un brote grave de meningitis B que estimuló aún más el sector biotecnológico. La meningitis B fue estrepitosa, su alta incidencia y mortalidad dejó a las autoridades sin muchas soluciones. El CIGB desarrolló entonces la primera vacuna exitosa del mundo contra esa enfermedad, que fue aplicada a los grupos poblacionales más vulnerables en el punto álgido de la epidemia. Aquello se conoció como el “milagro” de la meningitis en Cuba.

Posteriormente, en 1992, se produjo un desarrollo sorprendente del sector con la creación del Polo Científico del Oeste de La Habana, cuya misión era ofrecer ingresos al país en un momento en que la economía sufría una aguda crisis debido a la caída del bloque socialista. El Polo Científico estuvo conformado por más de 50 instituciones y 10.000 trabajadores.

En 2012, las empresas biotecnológicas cubanas pasaron a integrar el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma). A él se integraron las entidades del sector que antes pertenecían al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y las del Grupo Empresarial QUIMEFA, encargado de la producción de fármacos. Así quedó constituida una de las empresas más grandes y de mayor impacto en el país.

Desde entonces y hasta la actualidad, la historia es más o menos sabida. La industria biofarmacéutica cubana es competitiva y reconocida por la comunidad científica internacional. Las vacunas desarrolladas bajo las terribles condiciones de la pandemia de Covid-19 no fueron la excepción.

¿Quién pone el bolsillo?

El CIGB desarrolló la primera vacuna exitosa del mundo contra la meningitis B (Foto: Yandry Fernández).

La biotecnología cubana se ha desarrollado en las circunstancias de un país pobre, bloqueado y sin un desarrollo industrial precedente en el sector. Uno de los rasgos esenciales de tal experiencia ha sido la orientación hacia la exportación ―lo que implica que las capacidades financieras para solucionar las necesidades nacionales están condicionadas por el éxito de la actividad exportadora― y el tratamiento de la investigación científica como inversión. El tema es quién invierte, una especificidad que no está plasmada en los anuarios estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), sino que se incluye dentro de indicadores como la ejecución del presupuesto del Estado en tecnología e innovación, la distribución sectorial de inversiones, el volumen de inversiones por clase de actividad económica y las tasas del PIB. Estos datos permiten una valoración aproximada pero no exacta de lo que ha significado la industria biofarmacéutica para la economía del país.

El sector ha sido financiado mediante diferentes esquemas que han evolucionado en el tiempo. En el caso de la biotecnología, en sus inicios el financiamiento lo otorgaba directamente el Estado. En 2001 se realizaron cambios y fue aplicado un esquema de autofinanciamiento, específicamente para los gastos corrientes; se exceptuaron las inversiones, que se aprobaban centralmente. A finales de 2008 se estableció otro tipo de financiamiento, el cual tenía que ser aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación (MINEP).

BioCubaFarma emplea diferentes modalidades para realizar la comercialización. La fórmula ha sido una aleación conveniente de estrategias: desarrollo completo del producto (para vender solo la representación comercial) y negociación precomercial. Los pilares de esta conjugación son el codesarrollo de proyectos, la creación de empresas mixtas, los contratos de representación y distribución, la creación de empresas en el exterior con capital cubano, los contratos de transferencia de tecnología, los contratos de servicios de manufactura y la inversión extranjera.

Las  fuentes de financiamiento que pueden ser empleadas por las entidades de ciencia, tecnología e innovación en el país comprenden los recursos propios ―registrados como costos o gastos―, las utilidades retenidas por las empresas después de pagar sus impuestos, el Fondo Financiero de Ciencia e Innovación (FONCI), los fondos de desarrollo o reservas creadas en las empresas, las asignaciones del presupuesto estatal, los créditos del sistema bancario, las donaciones y el financiamiento desde el exterior. Los recursos destinados a biotecnología son entregados por el Estado a través del Presupuesto Central, el cual gestiona los recursos financieros provenientes de las personas naturales o jurídicas según la política de distribución establecida por la ley. Además, contribuyen a ello los recursos financieros provenientes del crédito público, donaciones y dividendos.

Inserción internacional de BioCubaFarma (Imagen tomada de Cubadebate).

El monto del Presupuesto Central destinado a la biotecnología es acorde con el plan elaborado por cada empresa perteneciente al Grupo BioCubaFarma, previamente aprobado por la oficina central del mismo. Este plan se comienza a elaborar alrededor de seis meses antes del inicio del año fiscal, bajo los estatutos y regulaciones que establecen el sistema presupuestario cubano y las entidades y ministerios a los que se subordina cada empresa. BioCubaFarma se subordina directamente al Consejo de Ministros.

El Presupuesto del Estado es, junto con las fuentes internas de financiamiento (sistema empresarial), responsable del 73% de los recursos monetarios de los que dispone BioCubaFarma. Lo anterior no significa un alto grado de compromiso empresarial con la innovación; es más bien un reflejo de la falta de recursos monetarios de estas empresas, lo que las obliga a autofinanciarse o, en muchos casos, a abandonar los proyectos. El restante 27% se obtiene, mayormente, de proyectos internacionales y alianzas, como las empresas mixtas en China y en la India, o las alianzas con Venezuela, Brasil y México.

De manera general, pese a que en el país existen leyes que permiten a las empresas invertir en ciencia, estas últimas continúan siendo, esencialmente, unidades presupuestadas. Por tanto, aunque se disponga de dinero, las empresas no pueden utilizarlo libremente.

El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el Gobierno en cuanto a las actividades del comercio, la inversión y la colaboración con el exterior. La información del volumen de divisas que mueve la industria biofarmacéutica con sus exportaciones no aparece en los anuarios estadísticos; sin embargo, de acuerdo a plataformas como Comtrade Commodity Trade Statistics Database, de las Naciones Unidas, el balance comercial en el sector biofarmacéutico en Cuba es positivo, a pesar de algunas inexactitudes en las cifras por basarse en las importaciones de otros países desde Cuba y no en datos oficiales cubanos. Las exportaciones del sector, de alrededor de 400 millones de dólares anuales ―con un crecimiento anual superior al 30% en los últimos años―, representan entre un 20 y un 30% de las exportaciones totales de bienes del país. El último dato al que se tiene acceso es de 2013, cuando se reportaron 686 millones de dólares. En 2011 fueron 711 millones. Entre el CIGB y el Centro de Inmunología Molecular se concentran más del 50% de las exportaciones médico-farmacéuticas de la isla.

Rejuego de poderes: el bloqueo y GAESA

Entre el CIGB y el Centro de Inmunología Molecular se concentran más del 50% de las exportaciones médico-farmacéuticas de Cuba (Foto: Yandry Fernández).

Lo que queda por mencionar de la industria biofarmacéutica cubana es, probablemente, lo que la modela. Las medidas coercitivas ―bloqueo o embargo― de Estados Unidos contra Cuba han limitado profundamente las capacidades de investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus productos. Entre abril de 2019 y marzo de 2020 se calculan daños en el orden de los 161 millones de dólares, en correspondencia con las 243 medidas del gobierno de Donald Trump, añadidas a otras que sobrepasan los sesenta años de antigüedad.

Según el informe contra el bloqueo presentado por Cuba a las Naciones Unidas, del 1º de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023 esta política causó daños y perjuicios al país estimados en 4.867 millones de dólares. Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el gobierno de Joseph Biden aplicó con rigor la política de su antecesor e impactó negativamente en todos los sectores de la economía cubana. El mantenimiento de la calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, la posibilidad de tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas presentadas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, el tracking de las transacciones financieras cubanas y los consiguientes obstáculos para el suministro de combustibles al país, así como la vigencia de listas que impiden transacciones financieras con entidades cubanas, constituyen las disposiciones de mayor severidad.

Según el propio informe, durante el mencionado período el bloqueo causó pérdidas en el sector de la salud por un valor de 239 millones 803 mil 690 dólares, cifra que supera en casi 80 millones las afectaciones reportadas en el período previo a la pandemia de Covid-19. Los daños acumulados a los servicios en esta esfera durante más de seis décadas de aplicación del bloqueo ascienden a 3 mil 625 millones 840 mil 594 dólares.

El CIGB reportó ingresos específicos dejados de percibir por la no exportación a los Estados Unidos del medicamento Heberprot-P, según la hipótesis de que si solo el 8% de los pacientes estadounidenses que al año desarrollan la patología hubieran utilizado este medicamento, Cuba habría ingresado en 2019 aproximadamente 114 millones 912 mil dólares.

En los últimos años, decenas de proveedores alrededor del mundo han interrumpido sus relaciones con Cuba. Como resultado, la industria biofarmacéutica vio afectada gravemente su línea de suministro. Las muchas medidas limitan la posibilidad de obtener recursos que se obtendrían a un valor tres o cuatro veces inferior a su precio actual, sobre todo por la forzosa reubicación geográfica del comercio y la necesidad de recurrir a intermediarios para adquirir productos ―incluida materia prima imprescindible― de procedencia estadounidense.

Las consecuencias más graves de esta política sobrecargan los hombros de personas comunes. Como si no bastara, queda el poder del Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA), un megaconglomerado de empresas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que atraviesa la economía cubana de forma (cada vez menos) imperceptible y deja trazas en cada uno de los sectores productivos del país.

En pleno 2021, mientras la mayoría de los recursos (nacionales y extranjeros) eran destinados a suavizar los estragos de la pandemia, la industria biofarmacéutica se recapitalizaba y el CIGB se ampliaba, dándole paso al Complejo Industrial Biotecnológico CIGB, con sede en el Mariel, que fue inaugurado el 1º de noviembre del mismo año con unos 500 empleados. Esta ha sido la inversión más grande y de mayor estándar que se ha ejecutado en el sector desde la fundación de BioCubaFarma, cuyos números, dicho sea de paso, se desconocen. Nadie sabe con exactitud cuánta divisa maneja GAESA. Lo que sí se conoce es que en la actualidad no solo está presente directamente en los sectores más lucrativos de la economía por medio de estructuras empresariales subordinadas a él, sino que también ejerce su poder prácticamente sobre el resto de las estructuras empresariales de diversos sectores de la economía nacional. Para ello utiliza dos vías de control. La primera, colocar a altos oficiales al frente de estas empresas. La segunda, ejercer una especie de poder indirecto por la vía financiera a través del Banco Financiero Internacional (BFI). Esta entidad, perteneciente a GAESA, controla las actividades financieras de todas las empresas que operan bajo su sombrilla, así como alrededor del 95% del flujo de operaciones comerciales de importación y exportación que realizan todas las empresas nacionales y extranjeras que operan en el mercado cubano. Esto ha desbalanceado considerablemente el poder económico institucional en el país. Bajo tales condiciones se decidió ampliar y modernizar el puerto de Mariel, para convertirlo en la terminal de contenedores más grande de Cuba, y crear la Zona Especial de Desarrollo. La inversión necesaria de 1000 millones de dólares fue gestionada por Almacenes Universales S. A., uno de los holdings de GAESA. Allí se ubica el CIGB, que alberga la producción del Heberprot-P.

La estructura de GAESA incluye al grupo ZED-Mariel y este, a su vez, al Complejo Industrial Biotecnológico CIGB y a la primera empresa biotecnológica cubana-estadounidense, Innovative Immunotherapy Alliance S. A., junto con otras cuarenta empresas, gran parte de ellas sancionadas —como sancionado está el Banco Financiero Internacional desde enero de 2021 con la justificación de “evitar que los militares cubanos controlen y se beneficien de transacciones financieras que deberían beneficiar al pueblo cubano”—. Innovative Immunotherapy Alliance S. A. recibe el flujo de actividades financieras de BioCubaFarma y, por transitividad, del CIGB.

A puerta cerrada

El Heberprot-P hoy cuenta la historia que nos contaron las vacunas desarrolladas en tiempos de pandemia y cuya ruta actual no conocemos, o las historias que nos contaron los lotes de Interferón, la vacuna contra la meningitis y el PPG. Una historia de glorias y portadas cuyas narraciones exponen estrategias opacas que intentan hacer de la industria biofarmacéutica cubana un negocio eficaz, rentable, que mantenga el balance positivo en un binomio fundamental: costos y beneficios. La economía cubana, tan deprimida, siempre ha tenido ese trasfondo turbio que se estima por la ausencia de cifras en informes institucionales, a pesar del mandato constitucional de transparencia.

Habrá que preguntarse: ¿A dónde van las ganancias de industrias tan cercanas a las ciencias médicas que no se reinvierten en Salud Pública, sector que hoy tiene menos recursos que nunca en su historia? ¿Cuánto se exporta y bajo qué condiciones? ¿Con quiénes se comercializa y por qué? ¿Cuánto significan estas ganancias en nuestro PIB, en nuestra deuda? ¿Quiénes y cómo invierten en la industria biofarmacéutica? ¿Vale la pena priorizar sus productos antes que el cuadro básico de medicamentos y la infraestructura hospitalaria? ¿Quiénes comercializan los productos cubanos en nombre de Cuba? ¿Hasta dónde puede la gente contar con las ganancias de un sector del que solo se conocen sus logros, anunciados en la prensa oficial cada cierto tiempo? ¿Cuáles son las condiciones de vida de los científicos y gestores que constituyen la fuerza mayor de esa industria?

La industria biofarmacéutica es tema del Consejo de Ministros, una prioridad gubernamental. Lo que llega a nuestros noticiarios son breves portadas que narran, escasamente, los azares de la ciencia cubana, la cual, como tantos otros dilemas, es asunto político, de la política exterior y de los militares. Un asunto que se discute a puerta cerrada, por encima de disposiciones ministeriales y de la fiscalización de la ciudadanía, pero, según sus decisores, por el bien de todos.

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Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), por su parte, son un problema de salud pública estrechamente ligado a la inequidad. La mayoría de ellas se transmiten a través de artrópodos debido a las condiciones climáticas que favorecen sus ciclos de vida en un corto tiempo. Las transmitidas por vectores representan el 17% de las enfermedades infecciosas a nivel global, amenazan la salud de más del 80% de la región de las Américas y en ella afectan a una de cada dos personas. Las ETD aquejan a cerca de 1.000 millones de personas, en particular a poblaciones pobres residentes en zonas de clima tropical y subtropical.

La pandemia más reciente de la que se tiene (extensa) memoria es la Covid-19, con sus altos costos tanto en vidas humanas como en recursos. En mayo de 2024 oímos hablar por primera vez de un virus nuevo transmitido por los mismos vectores que circulan intensamente en Cuba, cuando el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí confirmó la circulación del virus de la fiebre de Oropouche en los municipios Ernesto Guevara y Songo-La Maya, en Santiago de Cuba. Hasta el momento no se reportan casos graves, críticos, ni fallecidos. No se tiene constancia del número exacto de casos activos.

¿Cómo se comportan las enfermedades tropicales en Cuba y qué se hace al respecto?

Aedes aegypti es un mosquito doméstico que se nutre y respira en las aguas estancadas (Foto: Periodismo de Barrio).

En Cuba, las enfermedades infecciosas ocupan un lugar fundamental entre las principales causas de muerte de los últimos diez años, por detrás de las crónicas no transmisibles. Se incluyen las zoonosis, las enfermedades transmitidas por el agua y alimentos contaminados, por el suelo, por vía sexual y por vectores (insectos, caracoles, garrapatas), especialmente importantes estas por su alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas, las familias y las comunidades, por sus consecuencias en la sobrecarga del Sistema Nacional de Salud y por los altos costos económicos que presuponen.

En la última década, la aparición de nuevos arbovirus como el zika y el chikungunya, sumados al ya endémico dengue (la fiebre amarilla en Cuba está erradicada, aunque es reemergente en la región), demandan una respuesta del Sistema Nacional de Salud que este puede cumplimentar solo parcialmente, tanto por el menoscabo de la infraestructura hospitalaria como por los altos costos de las medidas que urge tomar. A esto se suman otras enfermedades infecciosas con una alta morbilidad, como la leptospirosis, que en los últimos diez años se mantiene en las de más alta prevalencia en la Isla junto a la influenza, la varicela, la tuberculosis y el VIH, enfermedades tropicales arquetípicas. No todas las enfermedades infecciosas son tropicales ni transmitidas por vectores.

Según el Boletín anual de arbovirosis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022 se notificaron un total de 3.126.673 casos de enfermedad por arbovirus. De estos, 2.812.304 (90,0%) fueron casos de dengue, 273.841 (8,8%) de chikungunya y 40.528 (1,3%) de zika. Se ha estimado que hay más de 250 millones de personas en todo el mundo con riesgo de padecer estas enfermedades, y que cada año se producen aproximadamente 100 millones de casos, entre los cuales 500.000 corresponden a dengue hemorrágico.

Casos de arbovirosis reportados en la región de las Américas en 2022 (Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín anual de arbovirosis de la Organización Panamericana de la Salud).

Los mosquitos del género Aedes son el vector más importante de arbovirus en Cuba. El albopictus, que también circula en la Isla, es menos frecuente. Aedes aegypti es un mosquito doméstico que se nutre y respira en las aguas estancadas. Es la hembra infectada la que pica, y prefiere el horario de la tardenoche para hacerlo. Puede volar unos 840 metros a la redonda y deposita huevos capaces de sobrevivir por años en condiciones desfavorables, o que en solo una semana llegan a ser mosquitos adultos. Este ciclo se extiende por generaciones.

En 2021 se reportó en Cuba el mayor número de focos de Aedes de los últimos 15 años. Los meses de junio, septiembre y octubre fueron los de mayor incidencia. El 71,1% de los focos se detectaron en las provincias de Santiago de Cuba, La Habana, Holguín, Camagüey, Matanzas y Villa Clara. El número de casos de enfermedad por dengue notificados oficialmente en 2022 tuvo un aumento relativo de 261,6% en comparación con igual período de 2021. La circulación del zika fue más fuerte en el primer semestre de 2022, pero su patrón de circulación es menos pronunciado debido a un menor número de casos.

Según el Programa Mundial de Control de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ―que datan de 2022―, en los diez años más recientes hemos llegado a los 3.000 casos de dengue tanto en 2019 como en 2022, con tasas de incidencia acumulada de 28,37 casos por cada 100.000 habitantes, en coincidencia con la pandemia de Covid-19 que distorsionó las estadísticas de casos de arbovirosis confirmados por laboratorio. Si a esto añadimos los asintomáticos, los que no acuden a servicios especializados y la poca transparencia de las estadísticas cubanas, tendremos cifras subcalculadas. Además, Cuba es uno de los pocos países en la región que reportan la circulación de cuatro serotipos y un quinto por estudiar.

Casos de dengue reportados por Cuba en los últimos diez años (Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Panamericana de la Salud).

Por otro lado, el zika se detectó en América Latina y el Caribe a finales de 2015 y tuvo su pico en 2016, con 648.722 casos. En diciembre de 2015, el MINSAP emitió la alerta epidemiológica en correspondencia con la compleja situación de la región, y en 2016 Cuba reportó el brote de la enfermedad, con 245 pacientes confirmados en laboratorio. En 2017 este número ascendió a 1.384, con una tasa acumulada de 12,05 por cada 100.000 habitantes. A partir de 2019 la OPS no muestra reportes actualizados sobre el zika en Cuba.

Casos de zika reportados por Cuba entre 2016 y 2019 (Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Panamericana de la Salud).

El chikungunya, palabra makonde que quiere decir “doblado del dolor”, es un virus de diferente género respecto a los anteriores pero igualmente transmitido por mosquitos Aedes. Llegó a las Américas en 2013 y en 2021 se habían reportado ya 131.630 casos en la región.  En 2022 se notificó un total de 273.685 casos de chikungunya en 14 de los 52 países y territorios de la región, de los cuales el 50,6% fueron confirmados. Cuba no tiene reportes actualizados por las autoridades sanitarias, pero una nota de prensa de 2016 confirmó la presencia del virus con seis casos en 2014 y 28 en 2015. El MINSAP asegura que la Isla está libre de esta fiebre viral desde 2017; sin embargo, con posterioridad las autoridades sanitarias españolas reportaron casos de chikungunya en viajeros procedentes de Cuba, por constituir este un grave problema para la sanidad de su país.

El problema de la leptospirosis

A pesar de que las enfermedades infecciosas anteriores son muy comentadas por los cubanos, no son las únicas que forman parte de la consulta habitual. La leptospirosis, por ejemplo, continúa siendo una de las cinco infecciones más letales en el país, estrechamente relacionada a la insalubridad y la escasa vigilancia. Esta es una zoonosis transmitida por la orina de las ratas y otros roedores, que crece con el advenimiento de las lluvias y la dispersión de la bacteria que la transmite.

Según la Revista cubana de higiene y epidemiología, el Caribe está considerado por la OMS como de alto riesgo para esta infección y Cuba es el segundo país que mayor proporción de casos muestra, con 27,6% del total de casos de la región. En los años 2000 se mostraba una tendencia descendente, gracias sobre todo a la vacuna desarrollada por el Instituto Finlay, pero en la última década los números se han mantenido y la vacuna quedó reservada para pacientes que, por su quehacer laboral, están en riesgo de contraerla. La actualización más reciente del programa de esta enfermedad se realizó en 1998, aunque las mayores tasas de casos sospechosos se agrupan en el último quinquenio y fue el año 2016 el de mayor incidencia. Camagüey, con sus zonas arroceras, ha sido la provincia más afectada, con 90 casos confirmados solo en 2022.

Casos letales de leptospirosis en Cuba entre 2014 y 2022 (Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología).

Las infecciones respiratorias agudas

Las enfermedades tropicales afectan fundamentalmente a poblaciones pobres residentes en zonas de clima tropical y subtropical (Foto: Sadiel Mederos).

En abril de 2009 las autoridades internacionales alertaban sobre una neumonía de rápida progresión y alta letalidad que ocasionó un incremento en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA) y puso al mundo en “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Aislado el virus de la influenza A(H1N1), de origen porcino, en Cuba se activó ese mismo año la Alerta sanitaria, con la experiencia de la influenza aviar A(H5N1), altamente patógena, que había entrado al país en 2005.

En mayo de 2009 se confirmaron seis casos importados, los cuales se pusieron en cuarentena inmediata. Solo en junio estos ascendieron a 46, todos importados, y al cierre de ese año la transmisión autóctona ya estaba establecida. En julio se confirmaron 144 casos y en agosto ya eran 306. LA OMS donó a Cuba los insumos suficientes para vacunar a su población de riesgo, y tan pronto como en 2010 la emergencia sanitaria quedaba rebasada. Los costos de los picos epidémicos cubanos fueron notables: se cuentan en 57.000 los ingresos de casos sospechosos y en 11.000 los ingresos en el hogar. En diciembre de 2009 se contabilizaron 973 casos y 41 fallecidos. En julio de 2010 la influenza A(H1N1) presentaba en Cuba una dispersión regional, con baja intensidad, tendencia decreciente y disminución progresiva del porcentaje de muestras positivas. El virus circula hoy en el país, tal como en el mundo, bajo estándares controlados, favorecidos por las estrictas normas sanitarias de la pandemia de Covid-19.

¿Quiénes son las autoridades responsables?

En Cuba las epidemias son manejadas por la Defensa Civil asesorada por el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología, que se subordina al Ministerio de Salud Pública. Los estudios, diagnósticos y tratamientos más avanzados están centralizados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, con el único laboratorio especializado del país en la materia, que es uno de los tres centros colaboradores de la OPS/OMS en Cuba.

Las legislaciones fundamentales que regulan las actividades sanitarias con respecto a enfermedades infecciosas, tropicales, epidemias y pandemias son, sobre todo, la Ley de Medio Ambiente, que instituye los principios de la política ambiental y las normas básicas que rigen esta gestión por parte del Estado; el Reglamento de la Inspección Sanitaria Estatal, que garantiza el control de las condiciones higénicosanitarias del territorio nacional, y, principalmente, la Ley de Salud Pública, que en el capítulo I de su título III ―“Higiene, epidemiología y microbiología”― establece la regulación científica, técnica y metodológica para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles, la atención a las situaciones de emergencia epidemiológica o sanitaria y el control sanitario del ambiente comunitario.

La Constitución de la República de Cuba consagra en su artículo 72 a la salud pública como un derecho inalienable de todas las personas. Asimismo, deposita en el Estado la responsabilidad de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación.

¿Cuáles son las causas del alto índice de enfermedades infecciosas en la última década?

La crisis multisistémica que vive el país incide en la alta prevalencia de las enfermedades tropicales (Foto: Sadiel Mederos).

La gentrificación, el cambio climático, la globalización y la falta de control de los vectores son las causas fundamentales de que estas enfermedades persistan con tan alta prevalencia mundial, recortando la esperanza de vida, sobre todo, de poblaciones que viven en condiciones de extrema pobreza. Con la movilidad derivada de los conflictos bélicos activos, las autoridades sanitarias europeas han activado protocolos más estrictos para protegerse de la entrada de casos a su territorio.

En Cuba las causas son similares: la profunda crisis multisistémica, la urbanización, el hacinamiento, la privación nutricional y el deterioro de la infraestructura hospitalaria catalizan el ascenso de los casos y la aparición de nuevas cepas y nuevos patógenos. El éxodo masivo de personal profesional y la desprofesionalización han disminuido considerablemente la cobertura sanitaria. La pérdida de la capacidad de convocatoria de organizaciones de masas también dificulta la promoción y prevención de salud.

La falta de combustible atraviesa esta crisis de todas las formas: si no hay diésel no se recoge la basura; los criaderos de mosquitos, reservorios de leptospiras y otros microorganismos se multiplican y se extienden con las lluvias. Además, si no hay diésel no se fumiga, una medida fundamental para controlar el vector y en la que el país invirtió millones de pesos en años anteriores. La falta de combustible es el pilar fundamental de la crisis de los apagones, lo que también contribuye a la circulación de los mosquitos en casa, sobre todo en las horas de la tardenoche, por la poca corriente de aire. Las autoridades sanitarias admiten que también hay problemas con la escueta distribución del abate. Todo esto, unido a las altas temperaturas, la humedad relativa, las lluvias y posibles huracanes, contribuye a la diseminación de enfermedades infecciosas por todo el territorio nacional.

Los correctos drenajes, la operatividad de los servicios comunales, el agua potable y de flujo constante en todas las regiones del país, las acciones domésticas para eliminar el vector constituyen medidas esenciales para la prevención. Los picos epidémicos y los nuevos casos siempre serán más costosos de tratar, y su manejo menos eficaz que la prevención. La sanidad del país sigue siendo una responsabilidad estatal, un mandato constitucional con todas sus garantías: la prevención, la calidad, la accesibilidad y el carácter público. Los problemas de insalubridad y las urgencias sanitarias serán resueltas si se atienden con premura desde la causa fundamental: la inequidad derivada de la mala gestión gubernamental de una crisis sin precedentes.

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Con la lluvia los vecinos se encierran huyéndole a lo que se ve; sin embargo, pocas formas hay de huirle a lo imperceptible: el agua dispersa los microorganismos, las larvas, la orina de las ratas, que es el medio predilecto de la leptospira, una de las principales causas de muerte por infecciones en Cuba. Crecen los criaderos de Aedes aegypti, colocando al dengue como el rey de nuestras endemias, pues viene superando los 3000 casos anuales (reportados) desde 2019. Crecen las sarnas, las micosis y otras enfermedades no solo humanas, cuya cadena de transmisión se rompe solo si las soluciones se abordan desde el Estado.

La lluvia, que no detiene sus estragos, se mezcla ahora con el líquido pestilente de los desechos orgánicos. A eso se le llama lixiviado, una sustancia altamente contaminante que se filtra, pasa al manto freático y de ahí a las aguas de la ciudad. La basura de las cercanías del Almendares ―incluido el basurero de 100 y Boyeros― vierte su lixiviado al río y, con ello, al mar. No es posible atravesar el Bosque de La Habana sin distinguir el olor, que empeora con los años.

El problema de la acumulación de residuos sólidos se extiende por todo el país. Si bien la cuestión sanitaria no es la que prima en estos debates, las toneladas de basura que produce la vida urbana ocupan el paisaje cotidiano y avivan la idea de la sobrevivencia en un país colapsado.

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El problema de la acumulación de residuos sólidos se extiende por toda Cuba (Foto: Periodismo de Barrio).

De acuerdo con la Real Academia Española, “desecho” es aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo; “residuo”, la parte o porción que resta de un todo. En inglés ambas palabras se engloban en waste. Cuando se intenta definir cada término para su estudio, nos enfrentamos a lo subjetivo: el que un objeto sea considerado basura depende sobre todo del criterio de su propietario.

Los centros urbanos tienen un gran problema para lidiar con la basura. En ello tiene mucho que ver la afluencia de la población rural hacia la ciudad, la presencia de industrias y empresas grandes o medianas, los ingresos per cápita con su efecto en los patrones de consumo.

Es un problema universal: según el Banco Mundial, los países con bajos ingresos eliminan más del 90% de sus desechos quemándolos o conformando vertederos al aire libre. En África, por ejemplo, solo se recicla el 5% de incontables toneladas de desechos.

La composición de la basura es diferente en cada región. Los países con altos ingresos generan más residuos secos disponibles para el reciclaje, como plástico, vidrio, papel, cartón y metal. En los países con ingresos medios y bajos (la mayoría del planeta) los materiales que podrían reciclarse representan solo el 16% del flujo de residuos, dato en el que influye el mal tratamiento a la hora de su clasificación. La gestión de los desechos también tiene un patrón determinado por los ingresos: los países empobrecidos suelen verter el 93% de sus desechos a cielo abierto, mientras que las regiones más ricas solo acuden a ese método en un 2% de las ocasiones.

Basándose en el volumen de residuos generados, su composición y la forma en que se gestionan, se estima que en 2016 se liberaron a la atmósfera 1600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, equivalentes a dióxido de carbono (CO2), a partir del tratamiento y la eliminación de residuos sólidos, debido principalmente al vertido a cielo abierto y a su evacuación en vertederos. Esto supone aproximadamente el 5% de las emisiones mundiales. Se prevé que, si no hay mejoras en el sector, las emisiones de CO2 relacionadas con los residuos sólidos aumentarán hasta 2600 millones de toneladas al año en 2050.

Globalmente se producen 0,74 kilogramos de residuos per cápita al día. Las tasas de cada país fluctúan entre 0,11 y 4,54 kilogramos. Los volúmenes de generación de residuos están correlacionados con los niveles de renta y las tasas de urbanización. El Banco Mundial considera que, en un escenario sin cambios, en 2050 se generarán 3400 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Luego de estimar sus desechos en aproximadamente 0,99 kilogramos per cápita al día, se pronostica que la cantidad total de residuos originados en los países de renta baja, incluida la región de América Latina y el Caribe, aumente más de tres veces de aquí a 2050.

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La Habana genera entre 20.000 y 25.000 toneladas de residuos al día (Foto: Joyme González).

El vertedero de 100 y Boyeros es, sin dudas, el más famoso del país y el más grande, con algo más de 40 años de explotación. En él reposan 52 millones de metros cúbicos de basura; alcanza los 25 metros de alto y 105 hectáreas de extensión. Surgió a pocos kilómetros del corazón de la ciudad, luego de que casi fuera olvidado el vertedero de Cayo Cruz, una de las principales fuentes contaminantes de la bahía de La Habana.

Si tenemos en cuenta que una tonelada de residuos sólidos produce al menos 200 metros cúbicos de gases de efecto invernadero en una proporción de, aproximadamente, 48% de metano y 52% de dióxido de carbono; que quemarla equivale a 6000 metros cúbicos de humo; que 200.000 toneladas de basura anual emiten alrededor de 24.000 millones de metros cúbicos de gases en 20 años; y que el contenido altamente tóxico de las cenizas volantes aceleran el metabolismo del cáncer, causan problemas de fertilidad, dermatitis, afecciones respiratorias y demás patologías, estamos ante un problema de salud pública que atañe a todos.

Solo La Habana genera entre 20.000 y 25.000 toneladas de residuos diariamente. Siempre se dice que las ciudades del “interior” son más limpias que la capital, y es lógico, al ser menos gentrificadas y agitadas. Sin embargo, el bulevar de Baracoa, la calle Real de Pinar del Río, el parque Céspedes de Santiago de Cuba, el parque Vidal de Santa Clara y el malecón de Cienfuegos, famosos por sus limpios recorridos, también se han visto alcanzados por la desidia, la falta de combustible, la dejadez de los gobiernos locales.

El Estado cubano reguló el uso de los recursos naturales a partir del artículo 27 de la anterior Constitución, de febrero de 1976. Ese mandato fue complementado por la Ley 81/1997, “Ley de Medio Ambiente”, que brinda los principios y normas generales que rigen la actividad, y por disposiciones complementarias de diferentes rangos jurídicos que contienen las normas sustantivas específicas y las normas adjetivas para cada esfera de protección. Esta tuvo su antecedente en la Ley 33/1981, “Ley de protección del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales”.

Pero los desechos sólidos, conocidos comúnmente como basura, no son tratados de forma explícita en la Ley 81, aun cuando en uno de sus artículos se recogen algunas prohibiciones al respecto; su regulación fue dispuesta en el Decreto Ley No. 54, “Disposiciones Sanitarias Básicas”, dictado por el Ministerio de Salud Pública el 23 de abril de 1982, donde él mismo queda encargado de velar por su cumplimiento.

Dichas normas estuvieron más bien encaminadas a orientar las actividades de control higiénico-sanitario y epidemiológico en el país, por lo que abordan lo referente a los desechos sólidos y aspectos como las regulaciones relativas a los cementerios, los restos humanos y el proceso de cremación. Justo sería señalar que aunque estas Disposiciones no son específicas de la esfera de protección ambiental, marcaron un hito en cuanto a su custodia legal.

Entre otras normas que regulan la recolección de desechos encontramos el Decreto No. 201 del 13 de junio de 1995 y el Reglamento para el Ornato, la Higiene y los Servicios Comunales en La Habana, aprobado en 2023.

Los residuos sólidos tienen también su espacio en la Estrategia Ambiental Nacional (2007-2010), dictada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente con fecha 21 de marzo de 2007. Documento rector de la política ambiental cubana donde se establecen los principios de este quehacer a nivel nacional, la Estrategia caracteriza los principales problemas ambientales del país y propone las vías e instrumentos para su prevención, solución y minimización, con vistas a hacer un uso racional de los recursos naturales y a alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible.

A pesar de las leyes y normas existentes, los vertederos no han dejado de crecer a lo largo del país (Foto: Felko).

Cabe mencionar también la Ley No. 41/1983, que en su artículo 65 establece la competencia del Ministerio de Salud Pública para dictar medidas relacionadas con el control sanitario del ambiente, así como con la prevención y el control de los residuales sólidos. La nueva Ley de Salud Pública repite las disposiciones medioambientales de la anterior legislación y estrena un concepto que hoy ocupa las mesas de debate de la Organización Mundial de la Salud: “una salud” (One Health). Este da nombre a una estrategia global que busca la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, con el fin de poder elaborar e implementar programas, políticas y leyes más efectivos.

En diciembre de 2022, previo al Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, el Consejo de Ministros decidió que serían los municipios los encargados de implementar sus propios métodos para el manejo de los servicios comunales y la recogida de desechos sólidos (incluidos los servicios necrológicos), y sustituir las Direcciones Provinciales de Servicios Comunales por las Direcciones de Patrimonio y Construcción, adscritas a la gobernación provincial. En resumidas cuentas: que cada gobierno local se encargue de su propia basura.

De tal manera, muchas provincias usan equipos de tracción animal, camiones y carros Ampliroll, algún buldócer o retroexcavadora, cuyo destino no es otro que la acumulación de los desechos en algún rincón oculto de la ciudad. Oculto tal vez al propio Gobierno, no así a la gente que vive alrededor de los grandes basureros locales, a quienes se les llama amablemente “convivientes indirectos de la basura”: ella constituye su sustento económico, la dinámica de su existencia, y, muy a nuestro pesar, esta simbiosis es fundamental para la vida útil de la basura.

Pero tampoco esta medida bastó para aliviar la podredumbre. La prensa local y las redes sociales llevan años llamando la atención sobre los microvertederos que crecen en las esquinas, la negligencia que los nutre, los roedores que se cuelan en las casas, el mal olor y la contaminación que derivan de ellos. Más allá de la ley escrita, los carretones dejaron de pasar cada 72 horas, como estaba establecido, y los “ampliroles” podían esperar semanas rebosantes de desechos, escombros y restos de la poda de árboles.

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Para acceder a los beneficios económicos asociados al reciclaje, se tendría que hacer una inversión millonaria (Foto: Periodismo de Barrio).

“Cultura de segregación de la basura” le llamó Taymí Martínez Naranjo, diputada por el municipio de Matanzas, a la urgente necesidad de que fuera el núcleo familiar el responsable de clasificar los desechos vertidos. Así, a partir de septiembre de 2023 comenzaron a aplicarse altísimas multas tras el velo de un “grupo de medidas” que respaldaban el cumplimiento del Reglamento para el Ornato, la Higiene y los Servicios Comunales.

El Gobierno de La Habana, por su parte, aprobó una nueva resolución (la 190 de 2023) que en un solo día permitió ejecutar 1449 acciones de control y aplicar 554 multas de 2500 a 3000 pesos, aumentadas al doble si lo vertido incluía escombros, maderas, metales u otros objetos inapropiados. No es menos cierto que el manejo de los desechos comienza por la vivienda, mas si fuera de ella no existen las disposiciones para su separación, tratamiento adecuado y reciclaje, si los carros de recogida no pasan a tiempo y la basura se acrecienta, de muy poco sirve separar el vidrio del cartón o disminuir la acumulación de residuos en los cestos domésticos.

Pero reciclar es caro. Para llegar a beneficios económicos se tendría que hacer una inversión millonaria. Habría que disponer de combustible suficiente para los tantos camiones que deben pasar por todo barrio cada tres días, así como de sus piezas y neumáticos; habría que tener capital para operar las grandes plantas de reciclaje y para las plantas de biogás que convierten el metano en energía, haciendo de la gestión de desechos una tarea económicamente sostenible y comercialmente rentable.

También se ha unido al debate la intersectorialidad, un método fundamental para tratar el tema de la basura, ya que este compete tanto a Salud Pública y Servicios Comunales como al Ministerio de Finanzas y Precios, al de Economía y Planificación y al de Trabajo y Seguridad Social. Se acordó emitir entonces la Resolución 246 del Ministerio de Finanzas y Precios, en la que se modifican los tributos en el sector del trabajo por cuenta propia y su sistema de control, con el objetivo de incluir a las mipymes en la recogida de la basura, ya que ellas pueden importar equipamientos y manejar de forma más o menos autónoma su propio capital. Recaería entonces sobre los privados el peso de la basura.

Asimismo, en la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera aparece en  2014 la “oferta” de un negocio de reciclaje de residuos sólidos urbanos: “El objetivo principal del proyecto es la reducción gradual hasta sus niveles mínimos, del volumen total de residuos generados que hoy se envían a vertederos o rellenos sanitarios, evitando un impacto negativo al medio ambiente y la salud humana, el cual comprende todas las etapas del proceso, comenzando por su correcta selección, recogida, tratamiento, reciclaje y valorización energética para generar electricidad, calor y producir abono orgánico, enviando a los Rellenos Sanitarios solo los residuos no reciclables inertes sin posibilidades de valorización, aunque en etapas posteriores pudieran estudiarse algunos usos de esta fracción inerte”. El capital inicial se estima en 1000 millones de USD (primera etapa de la inversión) para una Planta Integral de Procesamiento de Residuos, lo que incluye el mejoramiento del sistema de recolección y vertido.

En el 2022, el Consejo de Ministros estableció que los municipios son los encargados de implementar sus propios métodos para el manejo de los servicios comunales (Foto: Joyme González).

Con la profunda crisis resultante del reordenamiento monetario, la pandemia de COVID-19, la hiperinflación y el cúmulo de medidas erráticas derivadas de dicha situación, el problema de la basura crece. Los particulares, al verse sobrepasados por los impuestos, la escasez de recursos y medios de protección, así como por la propia acumulación de residuos, se retiran de dichas labores.

Solo en Holguín, por citar un ejemplo, la basura alcanza los 6993 metros cúbicos diarios, y la prestación del servicio de barrido, recogida y deposición final de los desechos sólidos está seriamente afectada. Hasta finales del pasado año, de 804 carretoneros en la provincia trabajaban solo 465, mientras que en Las Tunas lo hacían unos 60 de los 230 que había meses atrás. En La Habana, terminando agosto de 2023 solo funcionaba el 40% de los equipos destinados a la recogida de basura. El coordinador de programas del Gobierno capitalino, Orestes Llanes Mestre, declaró en octubre de igual periodo que se recogía el 74% de la basura que se generaba diariamente, y que los municipios con mayor déficit en la recolección eran Cerro, Plaza de la Revolución, Marianao y Centro Habana. La cifra actual debe de estar bastante por debajo, si se atiende a la tendencia y a la crisis multisistémica que se vive en el país.

Hasta diciembre de 2023, las entidades estatales pagaban la basura a los privados hasta 50 pesos por metro cúbico; ellos, a su vez, deben agenciarse sus propios medios de trabajo. Entre las razones de la renuncia de tantos están los impagos de las entidades, el alza de los precios de la gasolina y el diésel, y el cambio del régimen de tributación, que establece un aporte del 10% sobre el impuesto de los servicios y del 5% sobre los ingresos personales, además de la contribución especial a la seguridad social, lo que apenas deja provecho en un oficio tan duro. Servicios Comunales tampoco facilita a los privados la adquisición de medios de trabajo y protección, lo que acrecienta la inconformidad de quienes pudieran ser un alivio a la crisis medioambiental y sanitaria de los residuos.

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Con el agravamiento de la crisis, la prestación del servicio de barrido, recogida y deposición final de los desechos sólidos está seriamente afectada (Foto: Periodismo de Barrio).

Las soluciones inmediatas son poco probables. Con una crisis político-económica que se agudiza en lo que pareciera ser su “rigor mortis”, no hay tiempo para ocuparse de la basura. Pudiera resultar un alivio que la inversión extranjera se encargara de la financiación de proyectos nacionales que tengan el reciclaje y el saneamiento de las ciudades como objetivo fundamental. Las autoridades sanitarias europeas prefieren la prevención y el reciclaje, mientras señalan como actividades más nocivas la quema de residuos y su eliminación a través de vertederos, aunque estos resulten más baratos a corto plazo. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), por ejemplo, promueve con fondos que exceden los 11 millones de francos suizos la utilización de biomasa como fuente de energía renovable, fundamentalmente en el medio rural. Liderada por la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey», en Matanzas, treinta han sido los municipios involucrados.

En las diferentes fases del proyecto se usaron las aerobombas ―conocidas como molinos de viento―, los calentadores solares de agua y los paneles fotovoltaicos para alumbrado y riego. Los resultados son alentadores. El empleo de biogás en las viviendas que poseen biodigestores ha reducido el consumo de electricidad entre un 40 y un 70%. De mayor complejidad y tamaño, varios biodigestores han sido instalados en centros porcinos de los municipios Martí y Calimete, con una notable capacidad de generación de electricidad. Fueron creadas, además, ocho redes de distribución de biogás en Cabaiguán, que benefician a 524 personas en 112 viviendas rurales. Este año COSUDE se retira de Cuba y los proyectos con financiación extranjera van disminuyendo. La mirilla se coloca ahora sobre los negocios particulares que, con muy poco (o ningún) beneficio estatal, son los únicos que pudieran importar y hacer de la basura un medio de sustento. Sin embargo, las mypimes no tienen infraestructura para otra cosa que alimentar los grandes vertederos provinciales.

¿Cuánto puede hacer con su basura un país sumergido en la peor crisis tras su última revolución? Muy poco. La medida más barata (y civilizada) sería reducir los desechos domésticos ―en un 10%, tal como recomienda la Unión Europea―, pero la salud no puede esperar a que esto sea implementable. Es el Estado quien debe responder a un problema que, más que estético, es sanitario, medioambiental. Al cabo de años de indolencia y crisis, la salud (en su sentido más amplio) requiere soluciones gubernamentales que atiendan lo urgente; de lo contrario, solo se multiplicará de forma significativa el gasto en tratamientos y terapias. El costo humano, el padecimiento nacional pocas veces puede ser desglosado en una hoja de presupuesto. Las prioridades siguen siendo otras.

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Algunos de los siguientes testimonios fueron grabados en apagón.

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Irán Capote, 34 años. Consejo Popular Celso Maragoto, Pinar del Río

Mi madre se ha puesto a cocinar con leña. Sale cada dos días hacia el monte y corta marabú con un hacha de poco filo. Mi madre tiene 50 años y ha vuelto al rito de los años 90. Solo así puede preparar la comida de toda la familia, de sus padres, su nieto y sus abuelos. Hace años cambiaron sus cocinas de petróleo por cocinas de electricidad cuando la “revolución energética”.

Desde la ciudad, a veinte kilómetros de mi madre, todo lo que puedo hacer es no volverme un problema más para ellos.

Desde la ciudad, a veinte kilómetros de mi familia, me resisto a contarles que apenas puedo comprar comida, que la vieja del CDR (Comité de Defensa de la Revolución) se negó a darme la tarjeta de compra en el quiosco por no ser el propietario de la casa prestada en la que vivo.

Desde la ciudad, a veinte kilómetros de ellos, no les digo que ya no tengo arroz, ni pollo y que he tenido que reunir para comprar unas libras de boniato y picadillo. Para mí. Para mis mascotas. Para mi hermano que trabaja 18 horas al día y llega a la casa de madrugada, en apagón; comerse fríos los boniatos y luego acostarse a sudar en el colchón al acecho de los mosquitos.

Desde la ciudad, a veinte kilómetros de mi familia, no soy capaz de decirles que me vencí, que esta realidad me supera con creces y apenas tengo cabeza para escribir.

Desde la ciudad, a veinte kilómetros de mi familia, trago en seco antes de responder la llamada de mi madre y decirle: “Aquí, mami, guapeando, tú sabes…”.

Vecinos de Pueblo Nuevo, Matanzas, sentados en la calzada (Foto: Lien Villavicencio Cabrera).

 Yenny Ferreiro, 45 años. Consejo Popular Colón, Sancti Spíritus

El asunto de los apagones siempre ha sido un problema. En otros momentos, cuando han salido las termoeléctricas de circulación por mantenimiento –según ellos– o cuando no ha habido combustible –según ellos– ha sido diferente. Eran más las horas que teníamos electricidad que las horas de apagón. Sin embargo, en esta última etapa, los últimos 15 días, eso ha cambiado; ya no son apagones, son alumbrones. En Sancti Spíritus hemos tenido jornadas con solamente cuatro horas de corriente en el día y cuatro horas en la noche, incluyendo la madrugada.

Durante esas cuatro horas de fluido eléctrico se supone que tenemos que hacerlo todo. A las personas que estamos en la casa puede ser que nos alcance el tiempo, por ejemplo, para hacer almuerzo y comida juntos, incluso no teniendo gas y suponiendo que tengamos los equipos electrodomésticos necesarios, claro, dígase olla arrocera, olla reina, etc. Ahora, las personas que trabajan en la calle, que no regresan a su casa hasta las cuatro o cinco de la tarde, no pueden adelantar la comida. ¿De qué manera van a resolver ese problema si hay un apagón de seis de la tarde a doce de la noche? ¿Cómo van a cocinar? ¿Qué van a comer?

Familia intentando encender la planta eléctrica en El Naranjal, Matanzas (Foto: Lien Villavicencio Cabrera).

Antiguamente en Sancti Spíritus había una planificación por horas: un día era “mejor para cocinar” y otro día era “mejor para dormir”. Ya no. Todo eso cambió. Diez o treinta minutos antes del apagón sale el anuncio en Telegram y no tienes tiempo de nada. Incluso lo informaron así: que ya no existiría una planificación; los cortes eléctricos se producirían en dependencia de las decisiones que se tomaran en cuanto al combustible, al déficit.

¿Cómo un niño, un adolescente que pasó la noche entera sin dormir porque le quitaron la corriente de ocho a doce de la noche y luego se la volvieron a quitar a las cuatro de la madrugada, hasta las diez de la mañana del otro día, se puede levantar a las seis para ir a la escuela a pie y estar el día entero recibiendo clases? ¿Después de tomarse qué desayuno, cuando esos niños no tienen leche y el pan prácticamente viene cada tres días a la panadería? ¿A merendar qué, cuando a los padres no les alcanza el salario para comprar lo que venden en la calle? ¿Puede ese niño tener deseos de estudiar, de ir a la escuela, de rendir en las asignaturas para obtener buenos resultados y tener un acumulado que le permita acceder a una carrera universitaria?

Además, cuando llegan a la escuela algunos maestros no están, porque al igual que esos niños, ellos también pasaron la noche entera sin dormir y están pensando en que, si no dejan la comida preparada antes de irse a trabajar, sus hijos no tendrán alimentos por la noche. ¿Qué es más importante: la comida de sus hijos o impartir clases?

En mi familia sobrevivimos mejor porque ni mi mamá ni yo trabajamos en la calle. Solo tenemos que estar pendientes de cuándo van a quitar la electricidad para poder cocinar, lavar, y hacer todas las tareas de la casa. Pero si cocinas mucho (nosotros somos cuatro: comida para cuatro personas, almuerzo y cena, es mucho), lo que sobre, guardado en el refrigerador, se echa a perder. La leche –si por casualidad se la compramos extremadamente cara a un guajiro que tenga una vaca– tenemos que hervirla todos los días para que no se descomponga; entonces tienes que cocinar con carbón en el patio porque también se acaba el gas.

Hay que hacerle un cuento. Mañana tiene que ir a la escuela. Matanzas (Foto: Lien Villavicencio Cabrera).

Yadira Hernández*, 36 años, dos hijas. San Luis, Santiago de Cuba

A nosotros nos ponen la corriente entre cuatro y seis horas al día. Ejemplo: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., apagón; de 7:00 p.m. a 2:00 a.m., apagón de nuevo. Es una tortura insoportable. Los refrigeradores botan agua todo el tiempo porque no les da tiempo a enfriar. Me paso la noche entera espantando moquitos y abanicando a las niñas, bañadas en sudor. La noche entera con los ojos pelados, abiertos, porque no me puedo dormir, velando la corriente para cargar el teléfono.

Hoy mandé a las niñas a la escuela porque tenían una competencia y estaban entusiasmadas. Si no hubiera sido por eso se hubiesen quedado durmiendo. Regresé al mediodía del trabajo y pensé en acostarme un rato, aunque sea media hora, para sentarme luego a trabajar en la computadora, pero quitaron la electricidad. Ni dormir ni trabajar. Es que no te dejan hacer nada.

La jornada laboral apenas se aprovecha por la falta de electricidad. No todos los documentos que redacto en mi perfil pueden ser manuscritos y, aunque pudiese escribirlos a mano, mi centro laboral no es el más iluminado que digamos. Sin embargo, las altas esferas cada día exigen más informes, más papeles; cada día inspeccionan más, sin tener en cuenta nuestras dificultades.

Las dos horas de corriente son para bañarse y hacer la comida. Matanzas (Foto: Lien Villavicencio Cabrera).

Entre apagón y apagón, metidas en el laboratorio, como pasó a llamarse la cocina de la casa gracias al desordenamiento monetario, tratamos de inventar una comida medianamente decente para mal alimentarnos. Lo podemos hacer porque no dependemos de la electricidad para cocinar, tenemos gas y carbón. Podemos decir que somos afortunados. Tenemos con qué cocinar, el qué es otra cosa.

Por otro lado, el nivel de violencia que existe es terrible. Nada más oyes que si un machetazo o una puñalada. Independientemente de que este pueblo toda una vida ha sido violento, el nivel de estrés que hay en la calle, la preocupación, tiene a la gente alterada. Los problemas económicos han acrecentado los problemas sociales. Todo se junta. No hay agua. No hay electricidad. No hay comida. No hay dinero. No hay nada. Tampoco hay vergüenza, respeto.

Mipyme que trabaja 24 horas. Los trabajadores usan linternas. Matanzas (Foto: Lien Villavicencio Cabrera).

Esther Vera*, dos hijos. Santiago de Cuba

Amanecí sin corriente. La pusieron a las siete de la mañana un rato y una hora después, cuando fui a cruzar la calle, se apagaron los semáforos. A veces se forma un quita y pon de la corriente que no te da tiempo a desconectar los electrodomésticos. Dentro de poco empieza la gente a quejarse de que se le han quemado los equipos. Tampoco hay conexión a Internet. Es un apagón digital. Te quedas sin nada. No tenemos gas desde hace casi una semana. Hay tres listas de espera. Hoy fui a anotarme y no están anotando. Y el gas sin llegar…

Como se ha pasado la madrugada sin corriente, en la panadería tampoco está listo el pan. Yo salgo y resuelvo algo para que mis hijos desayunen, pero tengo vecinos que no tienen dinero para comprar pan y han decidido no enviar a los niños para la escuela sin desayunar.

Karima Rodríguez, 41 años. Consejo Popular Ceferino Fernández Villa, Pinar del Río

Hemos tenido que deshuesar las carnes y trasladarlas a la nevera de casa de mi hermano, que es herméticamente cerrada, para que se mantengan. Como apenas tenemos dos o tres horas de corriente al día, freímos el pollo por cantidad para que la carne se conserve.

Yo prefiero que las pocas horas de electricidad sean en la noche para que mi hijo de ocho años pueda dormir con el aire acondicionado. Por supuesto que ya el niño, a su corta edad, detesta este país. Estamos esperando que nos llegue el parole desde enero del año 2023. Estamos medio muertas ya.

Sólo cuatro horas de corriente en el día en el Reparto Armando Mestre, Matanzas (Foto: Lien Villavicencio Cabrera).

El Carly, 33 años. Consejo Popular Hermanos Cruz, Pinar del Río

En mi casa estamos todo el tiempo preocupados por abrir el refrigerador lo menos posible. ¿Dormir? Hace rato no lo hago. La gente está tirada en los portales, buscando la vía para dormir lo más fresco posible; algunos colocan mosquiteros fuera de casa. Todo se invirtió, la preocupación ahora es que venga la luz el tiempo suficiente para poder subsistir las próximas 24 horas con un mínimo de condiciones. Tener energía eléctrica a cierta hora, por ejemplo, a la hora de comer, significa que vas a estar toda la madrugada sin nada.

Idania Rodríguez Hernández, 52 años, Florencia, Ciego de Ávila

Cortan la electricidad a las cuatro de la madrugada y la ponen a las diez de la mañana. Después sucesivamente cada cuatro horas, otras cada cinco. Unas veces son cortes programados, pero otras, cuando menos te lo esperas, te quitan la luz y te quedas a medias.

Vivo con una de mis hijas y uno de mis nietos y a veces no tenemos nada. Los refrigeradores los tenemos pelados. Un adulto puede aguantar, pero los niños no. Cuando dicen “tengo hambre”, “quiero comer”, y son las diez de la noche y no has podido hacer ni un bocadito… El problema es que la libra de pollo está a 350 pesos cubanos (CUP), una libra de carne de cerdo a 500 CUP, un huevo a 100 CUP. Nosotros no podemos con nuestro salario. Estamos pasando necesidad. Mi otra hija vive sola con sus dos niños. Está sequita. Imagínate, sola y con dos niños, uno de dos años y la otra cumple cuatro ahora en junio.

Tenemos que cocinar con la leña que encontramos en el monte. Los vecinos son buenos. Nos ayudamos. Pero si nosotros estamos pasando necesidad, imagínate los viejitos con su insuficiente chequera, algunos encamados. La necesidad más grande del mundo.

Cansados de esperar en El Naranjal, Matanzas (Foto: Lien Villavicencio Cabrera).

Jessica Toirac, 23 años, Baracoa, Guantánamo

Los apagones y el hambre son horribles. No es justo. El calor, la madrugada entera sin corriente, al otro día levántate a inventar, a ver qué cocinas, a ver qué inventas de comida. Mosquitos y enfermedades. Es una pesadilla total.

A la bodega no llega nada, todo tienes que comprarlo por la calle y a precios altos. El salario mínimo de un trabajador no alcanza. Si compras arroz, no puedes comprar picadillo; si compras picadillo, no puedes comer frijoles. Se pasa mucho trabajo para llevar un plato de comida a la mesa. Además, en Baracoa no hay gas; aquí el gas de la gente es el carbón.

Saúl Estévez*, 21 años, Cumanayagua, Cienfuegos

La zozobra. No podemos comprar comida y guardarla porque se descompone. Yo vivo con dos personas mayores, mis dos abuelos, que desgraciadamente sufren mucho. Mi abuela está recién operada y necesita cuidados especiales: no puede coger calor en la zona de la intervención quirúrgica, etc., y un apagón siempre complica las cosas. Mi papá es cuentapropista y cada vez que se va la corriente es un día que no gana dinero, una entrada menos.

Lo peor es que los apagones te afectan psicológicamente. Te cambian la rutina y te quedas sin ganas de hacer nada. No puedes cocinar, no puedes bañarte porque no tienes agua, no puedes planchar, no puedes trabajar. El cubano ha normalizado la miseria porque es lo que vive diariamente. Pero esta agonía cotidiana no se debe normalizar.

La planta eléctrica no funciona. Matanzas (Foto: Lien Villavicencio Cabrera).

* Algunos nombres han sido cambiados a petición de las personas testimoniantes.

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